Crisis de derechos humanos en México: lo que no se nombra, no existe
El 17 de octubre de 2024 se cumplieron 71 años de la promulgación de la reforma constitucional que permitió a las mexicanas gozar de la ciudadanía plena, y el próximo año se conmemoran 70 años de la primera vez que las mujeres mexicanas pudieron emitir su voto en elecciones federales.
Cito estos hechos porque son parte del importante legado de la lucha ancestral de las mujeres mexicanas por hacer valer sus derechos, en este caso los político electorales.
Debo decir, honestamente, que no pensaba dirigir esta columna a la presidentA de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, los hechos referidos inevitablemente me llevan a vincularlos con la trascendencia de su toma de posesión. Así que empiezo:
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos: como ciudadana y directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional saludo que la población de nuestro país haya decidido elegirla como la primera mujer en ocupar la presidencia de la república, un precedente histórico en México.
Su elección y la renovación del Gobierno abren oportunidades para generar espacios de escucha, diálogo e interlocución para construir una ruta que permita incorporar las experiencias, luchas, demandas y voces de las mujeres en las políticas públicas. Esta es una oportunidad trascendente para continuar avanzando en el reconocimiento de los derechos de todas nosotras, así como de todas las diversidades y grupos históricamente discriminados.
En su primer discurso como presidentA de la república, usted hizo la muy atinada invitación a que le nombremos presidenta con A, así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A, porque lo que no se nombra no existe. Acompaño y abrazo plena y profundamente su petición y exigencia, en la que reconoce una de las demandas históricas del feminismo.
Nombrar la crisis de derechos humanos en México
Tomándole la palabra, me permito invitarla también a reconocer y nombrar las múltiples violaciones a derechos humanos que siguen sucediendo en nuestro país. El cuatro de septiembre de 2024, desde Amnistía Internacional le enviamos una carta abierta en su calidad de presidenta electa. En ella le expresamos la preocupación de nuestro movimiento porque en México se violan derechos humanos todos los días.
Los datos son alarmantes y nombro algunos a continuación: en nuestro país son asesinadas en promedio 10 mujeres cada día. De estos crímenes, al menos una tercera parte son investigados como feminicidios y la mayoría de ellos quedan impunes. Las cifras oficiales contabilizan ya más de 115,000 personas desaparecidas y no localizadas. En México cada día son desaparecidas más de 35 personas. Frente a un Estado que no busca, son las propias familias –mayoritariamente las mujeres– quienes se abocan a la tarea de buscar con sus propios recursos y herramientas a sus seres queridos, exponiéndose a numerosos riesgos que incluyen asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado, afectaciones a la salud, empobrecimiento, estigma y criminalización. Esto no debería ocurrir porque es deber del Estado proteger a las mujeres buscadoras.
Por otro lado, nuestro país está considerado como altamente peligroso para defender los derechos humanos. En 2023, fueron asesinadas en México 18 personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, con lo que volvimos a ocupar el tercer lugar entre los países más letales para las y los defensores de estos derechos. Las personas que ejercen el periodismo también lo hacen frente a graves riesgos y amenazas que incluyen asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado.
Desde Amnistía Internacional hemos manifestado también nuestra preocupación por la militarización de la seguridad pública. Los estándares internacionales establecen que el uso de fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública debe ser proporcional, temporal, extraordinario y subordinado a corporaciones civiles, dados los riesgos de violaciones a derechos humanos que han sido constatados tanto en México como en otros países. Por ello advertimos la urgencia de un plan que permita el retiro progresivo de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, que incluya el fortalecimiento de las corporaciones policiales para que podamos avanzar hacia el diseño de una estrategia de seguridad ciudadana que ponga en el centro a las personas.
Todas estas preocupaciones las hemos documentado en nuestros informes y en la interlocución política que mantenemos con las autoridades. Algunas de estas fueron retomadas por diversos Estados durante el Examen Periódico Universal (EPU), aplicado a México este año. Esperamos que su gobierno dé seguimiento a las recomendaciones que le fueron presentadas por los Estados parte. En ese contexto, Amnistía Internacional presentó también un informe paralelo, en el que evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a México en su EPU anterior.
Cinco décadas de Amnistía Internacional en México
En la carta también le comento que México es uno de los países prioritarios para nuestro movimiento dada la profunda crisis de derechos humanos que atravesamos desde hace varias décadas.
La sección mexicana de Amnistía Internacional se fundó en 1971, durante el período de la llamada “guerra sucia”. Durante las últimas cinco décadas, Amnistía Internacional ha investigado y acompañado a víctimas de algunas de las más graves violaciones de derechos humanos que han cometido diversas autoridades, entre ellas tortura –en diversos informes–, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres y ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos , –también en diversos informes– entre muchas otras. Asimismo, hemos acompañado con acciones de comunicación, incidencia, movilización, activismo y educación en derechos humanos el trabajo de las colectivas y organizaciones de la sociedad civil mexicana que trabajan para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos todos los días.
Durante estos 53 años hemos mantenido una relación respetuosa y cordial de trabajo con autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno, con miras a que nuestro país cuente con un aparato normativo e institucional que permita garantizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, pero -sobre todo- a que, como parte ineludible de las garantías de no repetición, todas las personas podamos ejercer todos nuestros derechos humanos.
Amnistía Internacional, como siempre, reitera su total disposición para entablar un diálogo amplio y constructivo con las nuevas autoridades, sobre la situación de los derechos humanos en el país. Por ello, me permito reiterar mi solicitud para una reunión en la que podamos presentar nuestras investigaciones más recientes y recomendaciones sobre los temas que he señalado a lo largo de este texto. Asimismo, expresamos nuestro compromiso de participar activamente en todos los espacios de diálogo donde podamos contribuir con propuestas concretas para garantizar y fortalecer los derechos humanos en México.
PresidentA: la sabiduría popular nos enseña que para resolver un problema, primero debemos reconocer que existe. Nombramos las desapariciones, los feminicidios, los riesgos que viven las mujeres buscadoras, los asesinatos y desapariciones de periodistas, las violaciones a derechos humanos que han cometido elementos de las fuerzas armadas mexicanas, los riesgos que viven las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, la estigmatización y represión que han experimentado colectivas feministas por ejercer su derecho a la protesta, para hacer visible que todas esas violaciones a derechos humanos existen en México.
Muy respetuosamente la invito a nombrar esas violaciones a derechos humanos. Cientos de miles de personas en nuestro país sentirán que existen para las autoridades cuando la escuchen a usted nombrarlas, y mayor satisfacción habrá cuando el Estado emprenda acciones para atenderlas.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
“Una crisis de gestión”
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
Resiliencia en medio del caos
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Impacto más allá del bolsillo
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
Estrés en el tráfico
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
“Volver al siglo 18”
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Voz de aliento
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
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