25N: Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, obligación del Estado mexicano
La violencia contra las mujeres en México es generalizada y se perpetúa por el alto índice de impunidad que la acompaña. Se expresa en diferentes ámbitos: en las familias, en las calles, en los trabajos, en los espacios digitales, y es de diferentes tipos: económica, psicológica, física, sexual. Sin duda alguna, la violencia feminicida es la más grave y más cruel expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres, y su erradicación nos convoca a manifestarnos cada 25 de noviembre.
La violencia de género debe ser un asunto de atención urgente en la agenda del Estado mexicano, lo he dicho reiteradamente en este espacio. Este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, activistas de Amnistía Internacional nos sumamos a las colectivas que marcharon para reiterar la exigencia al Estado de que se respete nuestra vida y nuestros derechos humanos.
En la Ciudad de México, partimos de la Glorieta de las mujeres que luchan, un espacio que es ya símbolo de la lucha feminista y donde honramos la memoria de las compañeras que iniciaron la lucha, a las mujeres que han sido víctimas de la irracional violencia de género y a las que siguen luchando por diversas agendas que van desde los feminicidios, pasando por la defensa de la tierra y el territorio, la violencia digital, el acoso sexual, la búsqueda de personas desaparecidas, entre muchísimas otras.
La imparable violencia ha sido la causa de que entre enero y octubre de 2025, 2,378 mujeres fueran víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país: en promedio fueron asesinadas 8 mujeres cada día. De ese periodo, el mes con mayor número de feminicidios y homicidios dolosos fue marzo, con 255. Los Estados con mayor número de feminicidios son Edomex, Sinaloa y Chihuahua. Cuando hablamos de homicidios dolosos de mujeres, los estados con mayor número son Guanajuato, Baja California y Edomex, de acuerdo con datos oficiales del SESNSP.
Entre los datos de esta dependencia hay un tema en el que no se ha puesto la debida atención y tiene que ver con el número de mujeres desaparecidas que en enero-septiembre de 2025 fue de 2,901; de esa cifra, 1,248 fueron menores de edad. Al comparar esta última cifra con el mismo periodo de 2024 vemos que fue de 870, lo que en relación con el año 2025 representa un incremento del 43.4 %.
Esto muestra que las niñas y adolescentes están siendo cada vez más afectadas por las desapariciones. Las entidades con mayor número de desapariciones de niñas y adolescentes son la Ciudad de México (371) y el Estado de México (274), lo que establece una tendencia preocupante que requiere atención prioritaria.
Los niveles de violencia presentan altas y bajas, pero no hay indicios de su erradicación, pese a que México cuenta desde hace más de 35 años con instituciones y leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, cuya creación fue impulsada por las colectivas de mujeres de todo el país. Todo luce bien en el papel, incluso todo ese andamiaje es reconocido en los exámenes periódicos de la CEDAW.
Sin embargo, los resultados se obtienen a cuentagotas porque, como detallamos en nuestro informe Juicio a la Justicia, las instituciones no trabajan como deben al no contar con recursos económicos, materiales y equipo suficientes y adecuados ni con personal especializado.
El tema de fondo
No es nueva nuestra insistencia en que se trabaje en la raíz del problema. La CEDAW lo expuso claramente en 2017 en su Recomendación general 35, vinculante para México, al señalar que para la erradicación de los feminicidios se requiere de una política pública integral que contemple no sólo la sanción penal, sino también medidas preventivas que incorporen la perspectiva de género en ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo urbano, entre otros.
En 2018, la CEDAW toca nuevamente el tema de fondo e insta al Estado mexicano a adoptar “una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, y elimine las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres”.
En sus Observaciones finales sobre el décimo informe periódico de México, emitidas en julio de 2025, la CEDAW incluye nuevamente recomendaciones sobre los estereotipos de género y prácticas nocivas; violencia de género contra las mujeres y las niñas; para que se haga efectiva la igualdad de género y sobre el acceso a la justicia. Es urgente implementar los procesos que permitan acelerar los cambios estructurales necesarios para prevenir y erradicar las violencias que nos aquejan a las mujeres. En Amnistía Internacional llevamos más de 30 años señalando esto. Claramente el Estado mexicano está en deuda.
Con el presupuesto hemos topado
La incorporación en la Constitución del derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia es condición necesaria, pero no suficiente para que se cumpla. Para ello se requiere de políticas públicas efectivas que la lleven a cabo y esto pasa por diferentes variables, una de ellas, fundamental, es el ejercicio de presupuestos adecuados.
Al respecto, el 18 de noviembre las personas integrantes de la nueva SCJN abrieron un debate donde menos se esperaba, al eliminar la garantía de que exista un presupuesto mínimo para las medidas de “ayuda, asistencia y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos”. Es una decisión que contraviene el principio de progresividad en materia de derechos humanos, de acuerdo con el cual un derecho ya establecido no puede ser restringido, al contrario, en su aplicación debe procurarse siempre el máximo alcance posible.
La reparación del daño es un principio del derecho internacional y su cumplimiento se hace desde una perspectiva integral. Está establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es uno de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que la Constitución mexicana reconoce y establece –en su artículo 1°– que se deben aplicar en el país, “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido innumerables sentencias relacionadas con la forma en que se debe aplicar la reparación del daño y la propia SCJN acordó que dichas sentencias son obligatorias y su jurisprudencia orientadora. Además, la Recomendación 35 de la CEDAW establece que se debe proporcionar reparaciones efectivas a las víctimas de violencia por razón de género. Por si esto no bastara la reparación del daño está en la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dado ese contexto la pregunta es necesaria: ¿por qué la SCJN emitió la determinación referida?
En nuestra experiencia con los casos que hemos acompañado, relacionados con feminicidios y represión de colectivas feministas, lograr que una autoridad repare el daño a las víctimas es una tarea titánica. El ejemplo más reciente sucedió este 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, donde la autoridad municipal debió dar una disculpa pública a un grupo de mujeres que fueron reprimidas el 9 de noviembre de 2020, por elementos policiacos en esa ciudad, cuando protestaban contra la violencia de género. El caso lo documentamos en nuestro informe La era de las mujeres.
En lugar de ofrecer una disculpa pública, como lo recomendó la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, la autoridad ofreció lo que denominó “garantías de no repetición”, que es uno de los varios aspectos que conforman la reparación integral del daño. El video de dicho acto público puede verse en la siguiente liga.
Además, las mujeres que fueron víctimas de la represión se han quejado de que no se les brindó una atención médica y psicológica adecuadas; que la erogación económica establecida en la ley para compensarles el daño tampoco estuvo en los parámetros fijados. Durante cinco largos años, las víctimas han resistido enfrentando una enorme carga emocional, porque en su lucha por la justicia han experimentado violencia institucional expresada en tensas reuniones con las autoridades, tácticas dilatorias, negación de medidas de reparación, entre otras.
Esa es la realidad que viven las víctimas de violaciones a derechos humanos en México. La decisión de la SCJN de eliminar la garantía de que exista un presupuesto mínimo para las medidas de reparación para las víctimas agrava el problema.
Represión imparable
La represión a las mujeres del Comité 9N en Cancún del año 2020 no fue aislada. Durante ese año, después de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer -que fue un hito, fue apoteótica, por qué no darle ese calificativo- miles de mujeres tomamos las calles para denunciar la persistente violencia machista, así como los feminicidios, y para gritar al Estado los nombres de las mujeres asesinadas, para demandar justicia y el fin de la impunidad, que es una de las causas de que se perpetúe la violencia feminicida y de género.
Al día siguiente, 9 de marzo de 2020, las mujeres detuvimos el país con un paro nacional inédito motivado por las razones ya descritas convocado con un mensaje demoledor: “si paramos nosotras, para el mundo, unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un sólo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52 % de la población”.
Lamentablemente, ese mismo año, 2020, fueron reprimidas diversas colectivas feministas que salieron a las calles para protestar contra la violencia de género. Así lo documentamos en el Estado de México, Sinaloa, CDMX, Guanajuato y en el referido caso de Cancún.
Pese a los exhortos al Estado mexicano para que respetara el derecho a la protesta, la represión continuó. De ello damos cuenta en nuestros informes anuales de 2021/22, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Chiapas; 2022/23, Estado de México y Guanajuato; 2023/24, Chiapas, Puebla, Yucatán y Guanajuato. Los casos más recientes tuvieron lugar este año en Puebla, el 30 de agosto, y en Zacatecas el 9 de septiembre.
En nuestro informe La era de las mujeres, advertimos que “las autoridades responden a las protestas de mujeres (…) con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”, además de que la autoridad, con su discurso, deslegitima el activismo de las colectivas feministas.
Durante el referido acto efectuado en Cancún este 9 de noviembre, David Montoya, presidente del Comité Directivo de la sección mexicana de Amnistía Internacional hizo una precisión fundamental al respecto: “cuando el Estado reprime a mujeres que exigen justicia por un feminicidio el mensaje institucional es doblemente doloroso, por ello la reparación integral del daño no es un gesto simbólico es una obligación derivada de estándares internacionales que México ha aceptado”.
Hacer que se respeten los derechos humanos de las mujeres no es un mero trámite o un requisito, es una obligación que no pueden continuar eludiendo las instituciones del Estado. Al 25 de noviembre no llegamos todas: nos faltan las que fueron víctimas de la violencia feminicida, las que han sido desaparecidas, las que viven con miedo de salir a las calles, las que no protestan por temor a la represión.
Por eso seguiremos tomando las calles, para exigir que el Estado cumpla su obligación de garantizar nuestra seguridad y nuestra vida, y para mantener la voz de las mujeres que nos abrieron paso, por las que siguen alzando la voz, por las que vienen detrás, hasta que la justicia se haga costumbre en este país.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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