
Más de treinta años después del nacimiento de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC) en Río, la COP30 regresó a la Amazonía en un momento decisivo. Con un multilateralismo desgastado y con pocos resultados, en esta cumbre estaba en juicio la capacidad de avanzar en conjunto frente a la crisis climática.
Brasil, desde la presidencia, buscaba recuperar credibilidad y lograr acuerdos concretos. Tras tres COP presididas por petroestados, llegar a la Amazonía elevó las expectativas. Pero estas chocaron con una realidad conocida: posiciones profundamente atrincheradas, tensiones geopolíticas y una limitada disposición para ceder. Las esperanzas de un gran avance en financiamiento y en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles volvieron a diluirse entre corchetes y opacidad.
Aun así, la COP30 no dejó las manos vacías. Una de las mayores victorias, una que ofrece una ruta hacia adelante, fue el acuerdo para crear un mecanismo que asegure transiciones justas, el “BAM”, que entrará en operación formal en la COP 31. Este logro, impulsado por la sociedad civil, establece que la transición debe diseñarse con trabajadores, comunidades, mujeres, pueblos indígenas y juventudes al centro, respetando derechos humanos y garantizando el consentimiento libre e informado. México y Brasil jugaron un papel clave para empujar un texto progresivo y establecer un mecanismo que fortalecerá la cooperación, la asistencia técnica y el apoyo financiero para que cada país pueda construir y ejecutar su propia ruta de transición justa. Sin embargo, los elefantes en la sala siguen ahí. No hubo acuerdo para un “phaseout” de combustibles fósiles; la principal causa de la crisis ni siquiera aparece mencionada en los textos finales. El grupo Árabe y varios países en desarrollo rechazaron cualquier lenguaje que comprometiera explícitamente su eliminación. Al mismo tiempo, muchos países concuerdan: sin financiamiento climático suficiente, predecible y no basado en deuda, la transición será inviable. En este punto, la Unión Europea volvió a quedarse corta: si quieren ser un campeón climático, deben asumir planes ambiciosos propios y ofrecer apoyo financiero a la altura del reto.
Pese a la falta de acuerdo global sobre la salida de los fósiles, Colombia, con el apoyo de Países Bajos, lanzó una iniciativa para construir una hoja de ruta para su eliminación. Con más de 80 países que apoyaban este resultado en las negociaciones, estas “coaliciones de las voluntades” pueden convertirse en catalizadores que aceleren avances y presionen a las negociaciones formales a la acción.
En adaptación, el resultado fue insuficiente. No hubo señales claras de cierre de brechas y la promesa de triplicar el financiamiento se pospuso hasta 2035, un golpe para los países más vulnerables.
El nuevo mecanismo de transición justa, sumado a alianzas para abandonar los fósiles bajo principios de justicia, podría abrir ventanas para atraer financiamiento que reduzca emisiones y, a la vez, fortalezca la resiliencia comunitaria, comprando tiempo para adaptarnos y evitar mayores pérdidas y daños.
También hubo avances en materia de género: se adoptó el Plan de Acción de Género pese a la resistencia de algunos gobiernos, reforzando la importancia de integrar cuidados y derechos humanos en la acción climática. Esto conecta directamente con México, que pronto presentará un plan estratégico nacional que vincula clima, cuidados y derechos humanos, y cuya NDC ya incorpora de manera destacada el enfoque de cuidados.
México jugó un rol relevante en estas negociaciones al lado de Brasil y otros países latinoamericanos. Ahora debe concentrarse en tres prioridades al interior:
La COP30 no resolvió las tensiones que amenazan al multilateralismo, pero dejó una herramienta concreta para colocar la justicia social en el corazón de la acción climática y una coalición de países dispuesta a usarla para acelerar la transición.
El reto de enfrentar la crisis climática es ineludible, pero también es la puerta hacia un México más próspero, justo y resiliente. Cuidar el planeta no es solo una obligación moral: es la oportunidad de México para liderar una transformación global que genere empleos, bienestar y un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible capaz de mejorar la vida de millones personas.
* Jorge R. Martínez es coordinador del Programa de Justicia Climática de Oxfam México. Ingeniero Eléctrico y de Sistemas por la Universidad de Pensilvania, con especialidad en Energía y Sostenibilidad. Ha sido consultor en el sector energético y de política climática para los 3 niveles de gobierno y el sector privado a nivel internacional. Ha participado en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas como observador y negociador.

Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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