México sabotea su ventaja en materia comercial
Todo apunta a que, de nuevo, no se llegará rápidamente a un acuerdo entre México y Estados Unidos, esta vez en torno a la comercialización de maíz amarillo. La Secretaría de Economía informó el 27 de febrero, a través de un comunicado, que la reunión sostenida tres días antes con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, terminó con una divergencia de opiniones. Para México, la prohibición de la importación de maíz transgénico no afecta las importaciones estadounidenses, mientras que Estados Unidos señala que esta medida representa una amenaza para el comercio agrícola entre ambos países y no está basada en argumentos científicos.
Independientemente de los potenciales efectos negativos de dicha medida, lo cierto es que en el T-MEC se indica claramente que la evidencia científica es un elemento necesario para justificar la restricción al comercio de productos agrícolas. El decreto publicado por el gobierno mexicano el 13 de febrero no la contiene, por lo que se incurre en una violación al tratado.
El problema es que van ya varias medidas adoptadas en México que son contrarias a las disposiciones del T-MEC. Además del decreto sobre el maíz amarillo, la imposición de un arancel a la exportación de maíz blanco decretada el 16 de enero también entra en conflicto con la obligación de no establecer restricciones a la comercialización de algún producto. Y a esto se suman las contradicciones de la política energética con el tratado, que ha afectado a las empresas estadounidenses y canadienses para beneficiar a la CFE y a Pemex.
Todas estas acciones envían una señal de falta de compromiso de México con sus acuerdos comerciales y aumentan el riesgo de enfrentar represalias. Esta manera de proceder en materia comercial es desconcertante, sobre todo si se toma en cuenta la importancia del comercio exterior para la economía mexicana. El PIB creció 3.1 % en 2022, una cifra por encima de las expectativas de distintas organizaciones, como Banxico o el FMI. 1 Aunque este resultado fue algo sorpresivo, la razón detrás es bien conocida: el sector externo. El impulso dado principalmente por el T-MEC es evidente; en 2022, 84 % de nuestras exportaciones fueron hacia Estados Unidos o Canadá.
Dadas las ventajas que ha traído la mayor integración con dichos países, lo lógico sería procurar que el T-MEC funcione adecuadamente. Sin embargo, las medidas de política pública antes mencionadas, lejos de contribuir a este objetivo, más bien lo obstaculizan.
Lo que realmente se necesita es desbloquear rápidamente las disputas existentes y, además, avanzar en atender los pendientes regulatorios que existen para permitir que el T-MEC funcione adecuadamente en distintas materias como el comercio de productos de biotecnología agrícola, los acuerdos multilaterales de medio ambiente, las políticas de competencia, y las obligaciones laborales, entre otras cosas.
Esto es de particular importancia si se considera que en tres años se llevará a cabo la primera revisión del tratado, en la que los países miembros decidirán si se mantendrá por más tiempo, después de que finalice su vigencia en 2036, tal como se estableció en la cláusula de revisión. El gobierno mexicano deberá llegar a 2026 con argumentos que demuestren su voluntad de mantener el acuerdo comercial, si es que existe.
Es preciso cambiar la forma de proceder en materia comercial para dejar de sabotear la ventaja que representa para el país el contar con el T-MEC. Hay aún muchos pendientes por atender y poco tiempo para mostrar avances significativos y convincentes de la disposición de México para avanzar hacia una mayor y más provechosa integración con América del Norte.
* Nataly Hernández (@Nataly_Hdez_) es investigadora del IMCO.
1 Los pronósticos del FMI, la OCDE y el Banco Mundial fueron cercanas al 2%, mientras que Banxico pronosticó un 2.9%.
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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