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Supongamos que, en un México ficticio, dentro de un par de semanas se aprobara una reforma constitucional que ordenara que todas las personas se conviertan al Islam, que las mujeres vistan con burka y que si se niegan serán apedreadas públicamente hasta la muerte. Seguramente, en ese escenario todas coincidiríamos en que esa reforma debe ser invalidada por la Suprema Corte, aún y cuando haya sido aprobada por representantes democráticamente electos y siguiendo todos los procedimientos para reformar la Constitución. Desde una perspectiva legal y ética, una reforma constitucional no puede ser válida cuando contravine principios básicos y fundamentales de una sociedad democrática, con independencia de que ésta cumpla con las formas legales para ser aprobada.
¿Qué pasaría en un México no tan ficticio en que una reforma constitucional ordena la destitución de todos los ministros, magistrados y jueces, y la elección de nuevos a través del voto popular? ¿Es aceptable que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de esta reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, después de un procedimiento abrupto, politizado y plagado de irregularidades? A grandes rasgos, la reforma ordenó la destitución de todos las personas juzgadoras a nivel nacional; una nueva forma de designación a través de voto popular de dichos cargos a partir de candidaturas propuestas por los tres poderes de la unión; la creación de un tribunal de disciplina judicial con facultades arbitrarias, y la posibilidad de ser juzgados por jueces sin rostro o anónimos en casos de delincuencia organizada.
En consecuencia, diversos partidos políticos, autoridades y particulares promovieron distintos medios de control constitucional en contra de la reforma: acciones de inconstitucionalidad (A.I. 164/2024 y sus acumuladas), controversias constitucionales (C.C. 286/2024), amparos, y el mecanismo previsto en la fracción XVIII del art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Consultas a Trámite 4, 5, 6, y 7, todas de 2024). Estas impugnaciones suscitaron una de las preguntas más trascendentes del derecho constitucional: ¿Es posible analizar la constitucionalidad de reformas constitucionales?
En respuesta a esta pregunta, más de 50 académicos especializados en derecho constitucional presentaron un amicus curiae ante la Suprema Corte. Con base en un análisis pormenorizado de la línea jurisprudencial de la Suprema Corte, la práctica constitucional comparada, y la doctrina, el amicus persuasivamente concluye que la Corte debe ejercer un control de constitucionalidad sobre la reforma judicial, tanto por aspectos formales (procedimiento de reforma), como por aspectos de fondo (principios esenciales de la Constitución como el régimen democrático y el sistema de división de poderes con pesos y contrapesos).
El amicus destacó que la línea jurisprudencial de la Suprema Corte en el tema no es consistente ni definitivo. Durante poco más de 20 años la Corte ha oscilado entre dos posturas: 1) existe un constituyente permanente, cuyos actos tendientes a reformar la Constitución no pueden ser sujetos a revisión adjetiva o sustantiva y 2) existe un poder reformador constituido distinto al constituyente originario, cuyos actos tendientes a reformar la Constitución sí pueden ser sujetos a revisión de carácter adjetivo e incluso sustantivo para resguardar elementos básicos o esenciales de la Constitución.
Asimismo, el amicus evidenció que en el derecho comparado existen múltiples ejemplos de cortes constitucionales que llevan a cabo ejercicios de control de constitucionalidad de reformas constitucionales, tanto por motivos procedimentales como de fondo. Esta facultad democrática ha sido ejercida en países cuya constitución contempla expresamente cláusulas y principios irreformables como en países que no lo hacen, así como en países cuyas constituciones contemplan expresamente esa facultad en favor de un órgano judicial y en aquellos en que no lo hacen de forma expresa.
Sin embargo, el pasado 22 de octubre, tan solo un día después de que el amicus fue presentado, diversos senadores y diputados presentaron una nueva iniciativa de reforma a los artículos 1, 103, 105, y 107 de la Constitución. Esta iniciativa proponía prohibir la desaplicación de normas con base en un control de convencionalidad y establecía expresamente la improcedencia del juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de reformas o adiciones a la Constitución. Por si fuera poco, los artículos transitorios impedían la interpretación de dicha reforma y ordenaban sobreseer todos los juicios, recursos y consultas que se encontraran en trámite en los que se cuestionara la validez de una reforma constitucional.
Una reforma de ese calado implicaría una regresión histórica en materia de derechos humanos e implicaba incumplir con las obligaciones y compromisos internacionales del Estado Mexicano, al volver letra muerta la adjudicación del Sistema Interamericano. Afortunada e inesperadamente, la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Asuntos Legislativos modificaron la iniciativa y  reconocieron que era innecesario reformar el artículo 1, puesto que hacerlo afectaría el respeto, la protección y defensa de los derechos humanos. No obstante, sostuvieron la inimpugnabildiad de reformas constitucionales, y la aplicación regresiva de la reforma a los asuntos que se encontraran en trámite. La reforma fue aprobada en tiempo récord por el Congreso de la Unión y más de la mitad de las legislaturas locales, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre.
Pareciera que, en el corto plazo, la reforma busca blindar la reforma judicial e impedir que la Corte ejerza un control de constitucionalidad sobre ésta. Esto se confirma con el artículo Segundo Transitorio que ordena sobreseer los asuntos que se encuentren en trámite en los que se haya impugnado una reforma constitucional. En específico, los promotores de la reforma buscaban impedir que la Corte analice la Acción de Inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, cuyo proyecto de resolución fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y será discutido este martes 05 de noviembre. Sin embargo, técnicamente, un asunto se encuentra en trámite desde la presentación de la demanda hasta el cierre de instrucción. En el presente caso, el cierre de instrucción sucedió de forma previa a la publicación de la reforma y, por ende, no debe sobreseerse bajo ese argumento.
Ahora bien, algunas voces también han alegado sin razón la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad que será debatida este 05 de noviembre, al considerar que no se trata de una ley federal en materia electoral en términos del artículo 105, fracción II, de la Constitución. No obstante, el ministro González Alcántara argumenta en su proyecto una interpretación pro forma del artículo 105 constitucional, que permite válidamente concluir que este método de control constitucional es procedente contra normas generales, abstractas e impersonales de naturaleza electoral, independientemente de si se trata de normas contenidas en el texto constitucional o en ordenamientos legislativos federales o locales.
El proyecto del ministro González Alcántara es loable jurídica, política y moralmente. En un ejercicio de autocontención, el ministro omite analizar el régimen aplicable a los ministros de la Suprema Corte, a pesar de que no existe un impedimento para ello. Es decir, el ministro renuncia a la posibilidad de permanecer en su cargo a cambio de eliminar las violaciones más graves y severas de la reforma judicial, pero sin invalidarla en su totalidad.
Para comenzar, el proyecto argumenta que la Suprema Corte puede y debe analizar la constitucionalidad de reformas a la Constitución cuando éstas atenten contra principios esenciales e inalterables plasmados por el poder constituyente originario; es decir, la constitución de una república representativa, democrática laica y federal. A partir de esa premisa propone invalidar el cese masivo de juzgadores federales y locales, su elección mediante voto popular, los recortes salariales, las facultades arbitrarias del tribunal de disciplina judicial, la figura de jueces sin rostro, las limitaciones a la suspensión en el juicio de amparo, entre otras.
Evidentemente, en el discurso público existen dos posibles respuestas a la que actualmente es la pregunta más relevante para nuestro país: ¿la Suprema Corte puede invalidar reformas constitucionales? Por un lado, el Poder Judicial considera que es posible que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de las reformas constitucionales cuando estas atentan contra los principios esenciales de la Constitución que fueron establecidos por el poder constituyente originario. Por otro lado, los Poderes Ejecutivo y Legislativo consideran que una reforma emana directamente de una mayoría electa democráticamente que no tiene límite material alguno. Desde su perspectiva, una vez seguidos los procedimientos establecidos por la propia Constitución para hacer una modificación constitucional, el Poder Judicial no puede invalidar la norma constitucional.
En una democracia constitucional tan frágil como la nuestra, la autodefensa democrática de las cortes constitucionales es indispensable. Pretender limitar o eliminar esta facultad a través de una reforma constitucional implica dinamitar las reglas del juego democrático y, por ende, atentar contra los principios esenciales e inamovibles de la Constitución, los cuales representan un límite inquebrantable incluso para las mayorías coyunturales electas democráticamente. Es indispensable reconocer a la Constitución como una norma jurídica que funda y limita el poder político.
La postura de los poderes Ejecutivo y Legislativo carece de sustento lógico y legal. Sería absurdo pensar que el mero cumplimiento de procedimientos formalistas de modificación constitucional puede permitir una modificación que trastoque valores y principios fundamentales de una democracia, aun y cuando esas modificaciones hayan sido aprobadas por representantes elegidos por la mayoría de los votantes. Es importante entender la  democracia más allá del ejercicio del voto y las decisiones de las mayorías. El pacto democrático requiere necesariamente de procesos deliberativos y consensos que busquen el respeto de los derechos los derechos de las minorías y estos no sean socavados en aras de los intereses de una mayoría.
Consideramos que existen suficientes argumentos legales, políticos y sociales para que la Suprema Corte apruebe el proyecto propuesto por el ministro González Alcántara e invalide las porciones de la reforma judicial que trastocan principios y valores fundamentales establecidos por el poder constituyente. Desafortunadamente, hasta el momento no hay ninguna señal de diálogo y razonabilidad por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que existe la posibilidad de que desacaten la sentencia de la Corte y generen una fractura institucional en nuestro sistema constitucional democrático de derecho.
Ante este escenario catastrófico, es importante recordar que la autoridad de las personas juzgadoras se funda exclusivamente en sus razonamientos jurídicos y en la voluntad de los otros dos poderes de cumplir con las reglas del juego democrático. En cambio, el Ejecutivo está en posibilidad fáctica, mas no jurídica, de requerir fuerza pública para imponer su voluntad, convirtiéndonos en una autocracia en nombre de la supuesta voluntad popular. Ante este escenario plausible, es indispensable que las autoridades ejecutivas y legislativas demuestren su espíritu democrático y, en ánimo de priorizar la gobernabilidad, institucionalidad y la paz social, acaten la decisión que adopte nuestro máximo tribunal constitucional. Veamos qué nos espera en esta realidad surreal.
* Adriana Greaves y Estefanía Medina son codirectoras, e Isaac Felipe Martínez es director de litigio, los tres en TOJIL, organización sin fines de lucro integrada principalmente por abogadas que combaten la impunidad. A través del litigio estratégico quieren lograr que se reconozca que todo México es víctima de la corrupción. Desde TOJIL colaboran con las instituciones en el desarrollo de políticas públicas, para que todo México tenga acceso a la justicia.

La surreal democracia mexicana

El proyecto que ha hecho público el ministro Juan Luis Gonzalez Alcántara sobre la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial es una alternativa sensata para darle solución a una crisis constitucional que cada día se profundiza más. El ministro admite que puede haber otras fórmulas para integrar la Suprema Corte; al final del día se trata de nombramientos políticos que hasta ahora los hacía el Senado. Pero protege la carrera judicial y declara que las elección de jueces y magistrados sería inconstitucional. La meritocracia, el ascender por conocimientos y experiencia probadas, es que lo que se pretende preservar en el proyecto.
Sin duda se trata de una fórmula que podría ayudar a resolver la crisis en la que nos encontramos. Aún no sabemos si cuenta con los ocho votos necesarios, pero desgraciadamente las reacciones que ha provocado en el oficialismo hacer prever la cerrazón.
Si prospera la reforma en sus términos, lo que tendremos es una impartición de justicia muy lejana a lo que conocemos. Será más alejada del Derecho y más próxima a las causas justas. La lealtad de los juzgadores será con sus electores, no con la doctrina. Se renuncia a la profesionalización para abrirle paso a la militancia.
Si examinamos los perfiles de quienes integrarán los comités evaluadores, podemos tener un anticipo de lo que se viene. En el caso de las propuestas del Poder Ejecutivo y Legislativo, se trata de personajes con una cercanía manifiesta con el oficialismo; es de esperar que los candidatos que vayan perfilando tengan esa misma línea. Se aplasta la pluralidad. Insisto, más que una reforma al Poder Judicial, que sin duda hace falta, se trata de una captura, que me temo vamos a lamentar por mucho tiempo.
El signo de esta nueva administración ha sido la negación del diálogo. Ojalá me equivoque. Pero ciertamente estamos en un crisis constitucional cuyo desenlace aún no conocemos. Las resoluciones de los jueces, en un mundo normal, se acatan; el Poder Judicial carece de medidas de apremio.
Lo que hemos vivido estas semanas es demasiado grave. Me resulta muy difícil de entender quién se puede beneficiar de esta crisis, por qué iniciar el sexenio con tambores de guerra, a quién conviene.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://x.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Tambores de guerra

La anunciada reforma judicial y la elección que de ella se desprende nos coloca en escenarios inéditos en México y en una realidad de incertidumbres que solo Gramsci ha descrito adecuadamente: “cuando el pasado aún no muere, y el futuro tarda en aparecer, es el claroscuro donde surgen los monstruos”. Los monstruos en este caso son muchos.
El primero es la incertidumbre jurídica. La integridad electoral se sustenta en diversos pilares, siendo uno de ellos el de la certeza jurídica, esa que permite a todos los actores que participan en una elección conocer de antemano las reglas, los requisitos y el marco bajo el cual se desarrollará. En este caso la reforma constitucional no vino acompañada por una ley secundaria para el proceso extraordinario 2024-2025, dejando la responsabilidad al INE de emitir la reglamentación de este proceso.
Tras la publicación de la reforma constitucional que posibilitó la elección de personas juzgadoras, se dio inicio al proceso electoral. A raíz de eso, el Consejo General del INE mandató, hace ya un mes, que se elaborara una agenda de actividades que guiara el actuar profesional de las personas que participan en el proceso electoral, sin que a la fecha se haya establecido ese calendario.
En este inédito proceso se ha dado el banderazo de salida, se ha animado a las y los competidores a participar de la contienda, y apenas se dieron a conocer las vacantes a elegir y el presupuesto que se necesitaría para la organización de la elección. Los procesos para definir ambos puntos han estado, sin embargo, llenos de irregularidades también; el segundo monstruo.
La reforma constitucional publicada estableció que en el proceso de selección de los cargos a renovarse en el proceso electoral extraordinario debían elegirse la mitad de las personas juzgadoras y magistraturas de cada circuito judicial -una circunscripción geográfica que equivale normalmente a una entidad federativa-, considerando de inicio las vacantes por renuncia, jubilación o retiro, insaculando el resto hasta llegar a la cantidad pretendida. Para ello se requirió que el Consejo de la Judicatura Federal emitiera un listado de todas las plazas, ocupadas o no, para proceder a la insaculación en cada estado de la mitad de los cargos.
Sin embargo, y a pesar del transitorio en la reforma que solo permite su interpretación literal, en la sesión del Senado el procedimiento fue diferente: del universo total de cargos se realizaron dos listados -uno para juzgadoras y otro para magistradas- señalando materias especializadas (Administrativa, Penal, Civil, Laboral o Mixta) y se definieron a quienes se elegirían en el proceso extraordinario de 2025 y a quienes hasta las elecciones ordinarias de 2027 a través de un rústico sistema de esferas en una tómbola.
Otro gran monstruo es el presupuesto. Es conocido que el presupuesto de las autoridades electorales se solicita cada año y se encuentra detalladamente catalogado. Es por ello que el INE tuvo que solicitar un presupuesto diferenciado para la organización del proceso. El proceso costaría alrededor de 13 mil millones de pesos, cuya principal inversión iría en la impresión de boletas y otra documentación, y la producción de materiales electorales. Lo anterior teniendo en cuenta que la autoridad electoral ha recibido fuertes y graves recortes presupuestales en los últimos años, especialmente en áreas logísticas y administrativas internas.
Y, por ahora, el riesgo más difícil es el de las tensiones entre los poderes de la Unión. Ha habido diferentes intentos por parte de integrantes del Poder Judicial por detener la implementación de la reforma por diferentes razones, especialmente por violaciones a la Constitución, sin ningún éxito. Aunque estas tensiones no parecen tener un desenlace positivo en los próximos días, la Suprema Corte entrará el fondo del asunto. Sobre todos estos dimes y diretes hablaremos en una próxima entrega.
<a href="https://x.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">@Eleccionesymas</a>

Reforma judicial: vorágine de incertidumbres

“Existe una tentación reiterada de renovar a los poderes judiciales que resultan incómodos para el ejercicio del resto de los Poderes estatales. Sin embargo, existe también una respuesta reiterada ante estas prácticas: la resistencia constitucional y la condena ante los abusos del poder y el quebrantamiento del régimen democrático”, dice el <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2024-10/A.I.%20164-2024%20y%20sus%20acumuladas%20-%20Proyecto.pdf" target="_blank" rel="noopener">proyecto elaborado por la ponencia del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara</a>, dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 164/2024.
Sobre el proyecto se han dicho muchas cosas en los últimos días, no pocas han sido falsas.
Es falso que el proyecto carezca de sustento jurídico. Realiza un planteo constitucional sólido, fundado además en el derecho internacional de los derechos humanos. Desarrolla su premisa considerando que, por sus efectos, la reforma judicial es equiparable a una modificación de una norma general en materia electoral y puede, por ello, ser impugnada en vía de acción de inconstitucionalidad, excepcionalmente.
Es falso que el proyecto ignore la jurisprudencia reciente de la propia Suprema Corte. En realidad, la cuestión del control de las reformas constitucionales que violan derechos humanos o que atentan contra la estructura básica de una constitución, respecto de la forma o el fondo, a la luz de la trascendente reforma de derechos humanos de 2011, no estaba plena y cabalmente resuelta en México.
Es falso que lo que se propone sea inusitado en el derecho comparado. Los ejemplos de reformas constitucionales revisadas por las altas Cortes son abundantes a nivel internacional, sobre todo en contextos recientes de erosión democrática, y el proyecto enumera casos como los de Taiwán, Alemania, Turquía, Colombia, India, Perú o Belice, acudiendo también al valioso <a href="https://drive.google.com/file/d/1LbPpA9qlKxF_j51vp7nGchxz6Ihkp_vb/view">Amicus Curiae</a><a href="https://drive.google.com/file/d/1LbPpA9qlKxF_j51vp7nGchxz6Ihkp_vb/view" target="_blank" rel="noopener"> de reconocidas y reconocidos juristas</a>.
Es falso que el proyecto viole el artículo 135 de la Constitución al ignorar la relevancia del poder constituyente permanente. En realidad, la idea de que existe un “constituyente permanente” obedece a un desarrollo de la doctrina más añeja y autoritaria. Hoy se entiende que el Poder Reformador de la Constitución tiene límites.
Es falso que el proyecto conduzca a un estadio en el que la Constitución no pueda ser reformable o que abra paso al gobierno de los jueces. El proyecto expresamente afirma que el control sobre las reformas constitucionales sólo puede ocurrir de forma excepcionalísima y con “máxima deferencia” al Poder Reformador de la Constitución.
Es falso que el proyecto parta de una interpretación subjetiva o coyuntural sobre cuáles son las cláusulas inmodificables de la Constitución mexicana. Más bien elabora un recuento pormenorizado y erudito de la historia constitucional mexicana y encuentra unos cuantos principios que deben ser respetados, contenido en el artículo 40 constitucional, leídos a la luz del artículo 1.
Es falso que el proyecto sea sorpresivo proviniendo del Ministro González Alcántara. En su propia comparecencia en el Senado, durante la auscultación previa a ser electo, el jurista sostuvo esta misma posición que hoy mantiene con congruencia ejemplar.
Es falso que el proyecto propone anular toda la reforma judicial. Lo que se propone es mantener la elección para la SCJN, crear un tribunal de disciplina judicial (acotando sus funciones), suprimir los fideicomisos judiciales y eliminar la elección de personas juzgadoras y la adopción de este modelo en los estados.
Es falso que la discusión del proyecto sea imposible a partir de la atribulada reforma de pretendida “supremacía constitucional”. Ello equivaldría a dar a esta precipitada modificación una aplicación retroactiva.
La verdad es, como suele ocurrir, compleja y tiene matices: el proyecto, en sus más de 300 páginas, propone entender que la división de poderes es un principio esencial de la democracia constitucional mexicana, que –se argumenta– queda en riesgo con el modelo de elección por voto popular de todas las personas juzgadoras del país. Esto lo evidencia el proyecto con ejemplos como el siguiente: “[…] consideremos las candidaturas que competirán en el Primer Circuito judicial federal […] el electorado de la Ciudad de México tendrá que evaluar el perfil de hasta 1,155 candidaturas que compiten para ocupar los diferentes cargos a elegir a nivel federal […] la elección prevista por el sistema de listas de personas juzgadoras en México es realmente masiva y no encuentra un símil en otros procesos electorales. Esa masividad vuelve extremadamente improbable que una persona pueda realizar una valoración significativa o razonablemente profunda de las propuestas, trayectoria o perfil de cada una […] El diseño constitucional propuesto tiene un efecto antidemocrático al establecer un sistema que por sus características intrínsecas no permite votar de manera informada” (párrafos 505 a 511).
Así, el argumento central se resume con claridad en el párrafo 179: “En síntesis, la efectiva división de poderes defendida por la democracia constitucional es la consecuencia necesaria de la adecuada garantía y protección de los derechos humanos. Estos derechos, a su vez, constituyen una serie de precondiciones esenciales de las democracias contemporáneas y, en particular, de la democracia mexicana. Por lo tanto, diluir la efectiva división de poderes constituye el abandono de la protección a los derechos humanos que erigen nuestro propio sistema democrático. Sin una protección a tales precondiciones, entonces, cabe la posibilidad de una dilución de nuestros arreglos democráticos”.
En esencia, esto es lo que el martes se discutirá.
<a href="https://x.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

La Suprema Corte ante la reforma judicial

Estamos inmersos en una crisis constitucional como nunca antes en nuestra historia reciente. La reforma constitucional en materia judicial aprobada en el Congreso de la Unión por la coalición liderada por Morena y respaldada por legislaturas estatales, también morenistas, generó que se presentaran ante la Suprema Corte diversas acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional para combatirla.
Se trata de un auténtico laberinto para la legitimidad del poder político, para el futuro de dicha reforma judicial y la impartición de justicia, para la división de poderes, y para el futuro del país por muchas razones.
A ningún observador medianamente informado escapa el hecho de que la idea de una reforma constitucional que permitiera cambiar a todos los juzgadores federales (desde ministros de la Corte, pasando por los magistrados del tribunal electoral, hasta jueces de distrito) y poner en su lugar a leales al obradorismo surgió ante diversos fallos de la Corte que resultaron adversos al oficialismo, tanto en materia legislativa, administrativa como en materia de procuración de justicia. En su origen político, la reforma judicial tiene el objetivo expreso de remover cualquier contrapeso legal o institucional a los dictados de la hegemonía morenista.
Para que dicha reforma constitucional fuera posible, se necesitaba de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Ésta se logró dándole a la coalición que lidera Morena una sobrerrepresentación de poco más del 20 %, es decir: habiendo obtenido el 54.7 % de los votos, el INE y el TEPJF les otorgaron el 74 % de las curules. En su origen soberano, la reforma judicial proviene de una captura de la soberanía popular mediante el artilugio de la sobrerrepresentación. Tenemos una soberanía legislativa que no representa lo que ocurrió en las urnas.
Esa soberanía legislativa capturada aprobó, además, la reforma judicial violando el procedimiento legislativo. En diversas ocasiones, la Corte ha reconocido que el apego al procedimiento es necesario para dotar de validez formal las normas que el Congreso aprueba, incluso si reforman la Constitución. Toda autoridad, no sólo el legislativo, debe ceñir su actuación a los procedimientos que marcan las leyes para garantizar el principio de legalidad de sus actos y dar a la ciudadanía certeza juríca.
Presentadas las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional ante la Corte, la reforma judicial se tornó una auténtica manzana envenenada para nuestra democracia: si la Corte declina su competencia para revisar la constitucionalidad de la forma y del fondo de una reforma constitucional, se consumarían de facto alteraciones profundas a la división de poderes, a la independencia del poder judicial y a la forma en que desde la Constitución se distribuye el poder público. Cabe decir aquí que nuestra Constitución dice en su artículo 41 que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, de ahí que cuando dos poderes, controlados por una misma fuerza política, deciden reconfigurar al tercero por significarles un contrapeso indeseado, no solamente se altera el arreglo democrático fundamental sobre el poder, sino que se lastima la soberanía misma.
Ahora bien, si la Corte admite su competencia para realizar un control de forma y fondo de la constitucionalidad de la reforma judicial y defender así un pacto social originario (desde 1917) de pesos y contrapesos, entonces sería cuestionada por extralimitarse en su competencia, sobre todo después de la reforma llamada ‘supremacía constitucional’. Los líderes parlamentarios de Morena, ante la intención de la Corte de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, han realizado una reforma constitucional en tiempo récord (la dichosa ‘supremacía constitucional’), de nuevo de la mano de legislaturas estatales afines, para que sea imposible que actores políticos puedan impugnar modificaciones a su texto y que la Corte pueda conocer y pronunciarse sobre dichas controversias.
El sinuoso proceso que ha seguido la reforma judicial avalada por Morena y sus aliados ha sumido a México en una crisis constitucional en la que dos poderes se enfrentan a un tercero con el ánimo de avasallarlo.
El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá -que se discutirá este martes-, respecto de las acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional presentadas en contra de la reforma judicial, opta por una salida política que es el único camino para mantener no sólo la cordura institucional sino el mantenimiento de un pacto de civilidad política que el país necesita.
La presidenta Sheinbaum y los líderes de Morena en el Congreso de la Unión han manifestado expresamente que harán efectiva la reforma judicial en todos sus términos. El resultado previsible es nefando: el nuevo poder judicial de la federación nacerá como un can amedrentado y ovillado a la puerta de Palacio. El objetivo discursivo de la reforma judicial (acabar con la corrupción y nepotismo en el poder judicial y mejorar la impartición de justicia) no se cumplirá porque no habrá ningún juez que ose asomar la nariz con un fallo contrario a los intereses del oficialismo. Todos los juzgadores del nuevo poder judicial sabrán que, llegado el caso, los otros dos poderes de la Unión no tendrán remilgos en echarlos a la calle y someter a los risibles designios de la tómbola la elección de sucesores, cada vez más serviles al oficialismo y más lejanos a la justicia.
Es el reino de la sinrazón y del poder desnudo, ya que defender la Constitución en una democracia no puede implicar la anulación del derecho a discrepar y a disponer de vías legales y procedimentales para ello. Defender la Constitución mediante la supresión de toda vía para impugnar cambios que sean contrarios a su espíritu o al arreglo esencial de la configuración orgánica del Estado, la distribución del poder o la garantía de derechos humanos me parece no una forma de defenderla sino una vía franca hacia su indefensión. La democracia implica el reconocimiento del derecho a la diferencia y a la posibilidad de ejercicio de este derecho por vías procesales e institucionales, por lo que la Constitución no puede ser solamente de una mayoría que encuentra la forma de expropiársela a los demás.
Envenenada, nuestra república democrática se muerde la cola y se extingue. Y sólo sonríen quienes prepararon el veneno.
* Sergio López Menéndez (<a href="https://twitter.com/serlomen" target="_blank" rel="noopener">@serlomen</a>) es egresado de la UNAM (Ciencia Política). Consultor interesado en derechos humanos, instituciones y política. Actualmente estudio la licenciatura en derecho en la UNAM.

Defender la Constitución mediante su indefensión

Fue casualidad haber coincidido alguna tarde de septiembre con un amigo de antaño, quien después de jugar futbol conmigo se sinceró sobre el tiempo que estuvo dentro de un centro por consumo problemático de sustancias. Más allá de su experiencia, relataba con inquietud el trato hacia quien, para fines ilustrativos, describo de forma anónima, con rostro invisible, sumergido en las sombras de la indiferencia y recordado solo con desprecio si regresa al “vicio”, pero para fines realistas, una persona con nombre, historia de vida, sueños y metas.
“Fíjate, trajeron a un señor que estaba bien enfermo, dicen que además de lo del cristal, tenía VIH. Sabe que le pasó. Nos pedía que lo ayudáramos porque se moría. Le pegaban mucho y ps&#8217; nadie lo ayudó”.
El relato retumba intensamente en mi cabeza, aún más cuando leo en el periódico noticias que comprueban que su experiencia no fue aislada o cuando me cruzo con aquel edificio insípido en el cual ocurrieron los hechos. Se trata de una cuestión pública de gran relevancia, la cual no solo representa una amenaza para la seguridad y el bienestar de las personas, sino que refleja una falla sistemática de acceso a la salud mental y de las políticas relacionadas al uso de sustancias.
Los centros residenciales de atención en adicciones o anexos tienen casi sesenta años de existencia en México. La idea de aislar a una persona de su entorno mientras se le corta de golpe la droga sin supervisión médica ni psicológica conserva una lógica que, en su momento, tuvo sentido en el marco del nombrado modelo de ayuda mutua. Se creía que había que modificar y fortalecer el carácter de las personas “ingobernables”, de los “tazos dorados”, pues en esta falla tenía origen la adicción. Los primeros centros de atención no eran públicos, operaron por años sin regularizaciones. No fue hasta finales del siglo XX con la <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2053271&amp;fecha=12/04/2000#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">NOM-028</a> que se reconoció la necesidad de repensarlos. Se sumó el modelo mixto, en el que se añadió a un profesional disponible 24 horas, así como el modelo profesional, en el cual se incluyó, de forma general, el servicio de urgencias y hospitalización. Posteriormente, surgieron tanto centros públicos como medidas para financiar a establecimientos certificados.
Los datos actuales sobre la proliferación de centros de carácter privado, además de ir de la mano con una <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/835202/Hoja_de_datos_consumo_de_sustancias_2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">mayor demanda en el consumo problemático</a>, indican que el modelo de ayuda mutua sobrepasa la capacidad estatal para regular de acuerdo con las guías de operación establecidas. Se trata de centros que en su mayoría no se encuentran con licencia vigente por parte de CONASAMA ni de las comisiones estatales al interior del país. No es posible garantizar que se cumpla con el estándar de atención necesario.
“Lo metieron a la fuerza, no quería estar allá. Unos tipos que no eran sus familiares dizque lo amarraron y obligaron. Su familia no vive aquí, tons&#8217; quien sabe quién le firmó”.
No sorprende que las irregularidades y las violaciones a derechos humanos ocurran en su mayoría en este tipo de centros los cuales comparten prácticas similares, una de las más preocupantes, el internamiento forzado y la creencia de que el consumo problemático responde a un asunto moral, no a un tema de salud.
“Y ps&#8217; no le dieron nada, porque según también era droga que su cuerpo le pedía. Yo lo veía malito”.
Al pensar en iniciativas que favorezcan un mejor trato, es clave considerar a la autonomía. Parte del problema es asumir, erróneamente, que el consumo problemático se relaciona a una falla del carácter, por lo que es imposible dejar atrás las conductas de adicción, pues el cerebro fue metafóricamente “hackeado” y necesita una intervención a toda costa. Sin tanta chimichanga, las personas son autónomas, es deber del Estado reconocer y proteger sus derechos. En tal sentido, suscribo la consideración de la autonomía como una facultad presente en todos los seres humanos, pero diferida en grados. Desde una postura bioética, bajo una lógica de tratamiento, durante un estado alterado de consciencia, debe velarse por el bienestar de la persona; sin embargo, de manera posterior es obligación de las instituciones fortalecer la capacidad de elección individual en la medida de lo posible.
En 2022, se aprobaron <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref131_16may22.pdf" target="_blank" rel="noopener">reformas en materia de salud mental</a> que parten de un planteamiento similar. Además de contemplar la capacidad y autonomía de las personas mediante voluntades anticipadas, se rechaza enérgicamente el tratamiento coaccionado e involuntario, promoviendo el dispositivo ambulatorio sobre el residencial, pues se reconoce que aislar a una persona no es una solución frente a factores psicosociales del consumo problemático. Recalco que existe una zona gris en la que se evidencia un vacío en cuanto a las medidas de atención basadas en evidencia de los centros de ayuda mutua. Si bien es cierto que las instituciones públicas han sido rebasadas por los centros que deben supervisarse, <a href="https://elementaddhh.org/radiografia-de-la-prohibicion-politica-de-drogas-en-mexico-2018-2024-2/" target="_blank" rel="noopener">se trata de un problema que no se atendió durante el sexenio anterior</a> y del cual, hasta el momento, no han surgido propuestas durante el periodo 2024-2030.
La supervisión de los centros de ayuda mutua además de ser continua, debe enfocarse en la capacitación del personal; desde el cambio en la narrativa, hasta las estrategias basadas en evidencias y el cumplimiento de las medidas aprobadas por la reforma del 2022. Una vez más, mientras observo aquel edificio gris, el cual se asemeja más a una prisión que a un centro de ayuda, pienso en mi amigo, en aquel hombre con destino desconocido y en miles de protagonistas de anécdotas en las que se revela la crueldad detrás de paredes como las de ese lugar. Se trata de una realidad que nos desafía a trazar un camino alejado de prácticas arcaicas y de violencias implícitas en el tratamiento. La autonomía y la dignidad de cada persona deben ser el núcleo de cualquier intervención, al reconocer la complejidad biopsicosocial del consumo problemático. Solo así podrá construirse un futuro en el que las sombras recuperen su cuerpo, las caras su rostro y las personas sus nombres.
* Ozmar Saúl Gomez García (<a href="https://x.com/ozmargomezmx" target="_blank" rel="noopener">@ozmargomezmx</a>) es experto en bioética, salud pública y neurociencias, ha participado en la Comisión Estatal Contra Adicciones Nayarit y en proyectos internacionales de salud mental con la Alianza del Pacífico.
Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.

Quemar el cielo, enfriar la tierra: acceso digno al tratamiento de adicciones

Dice el dicho que geografía es destino. Hoy, la composición demográfica de los países presenta, como nunca antes, una serie de retos y oportunidades importantes. Las poblaciones envejeciendo y decreciendo en las grandes economías generan presiones financieras, de productividad y de capacidad económica.
En Estados Unidos, por ejemplo, la población económicamente activa (PEA) decreció el año pasado en medio millón de personas. Esto se debe a que los baby-boomers (la generación más grande en la historia) están saliendo del mercado laboral, mientras que la generación más joven, la Generación-Z, los está reemplazando. Esta disminución de la PEA va a continuar cuando menos por los siguientes diez años, hasta que las y los hijos de los millennials crezcan y se integren al mercado laboral.
Un problema adicional a la disminución en el número de trabajadores es el incremento de personas en retiro derivado del envejecimiento de la población. Esto genera, simultáneamente, presiones importantes para el sistema de salud pública y para el sistema de pensiones.
A pesar de ello, el consumo en Estados Unidos sigue al alza. El dinamismo y el crecimiento económico persisten. Esto ha generado algo inédito: el mercado laboral presenta más vacantes que personas desempleadas. Es decir, ante un hipotético escenario donde el cien por ciento de la población tuviera un empleo, aún habría cientos de miles de plazas desocupadas.
En China existe un problema aún mayor. La población, además de estar envejeciendo, se está reduciendo. Desde 2017, la tasa de natalidad en China ha disminuido alrededor del 70%. Si hoy es un problema, en las siguientes décadas puede ser una catástrofe. La capacidad productiva de China, de no ser eficientemente reemplazada por la tecnología, tendrá una caída significativa en los siguientes años, abriendo oportunidades a otras economías para llenar esos espacios.
México, por otro lado, tiene una pirámide poblacional sana y similar en distribución a la que tenía China hace 30 años. El promedio de edad en México es de 29 años; ocho años más joven que la población estadounidense y diez años menor que la canadiense. Además de que la población total sigue creciendo, México es uno de los países de la OCDE que más ingenieros e ingenieras produce. Sin embargo, las industrias nuevas, que buscan instalarse o expandirse en México –semiconductores, vehículos eléctricos, dispositivos médicos– buscan mano de obra altamente capacitada y bilingüe, que no necesariamente existe en México.
Estados Unidos quiere, debe y necesita seguir siendo la superpotencia mundial pero no puede lograrlo solo. El T-MEC, el CHIPs &amp; Science Act y el Inflation Reduction Act son políticas comerciales e industriales de magnitudes históricas, en donde el eje central es la reinstalación de industria en el país, anclado en la integración regional de Norteamérica y el distanciamiento de China y otros países asiáticos.
Existen los mecanismos fiscales, los apoyos y las inversiones gubernamentales, los tratados comerciales, las plataformas de diálogo regional, así como las políticas industriales. ¿Qué es lo que falta? Las personas.
La política migratoria en Norteamérica, así como en cualquier otra región del mundo, coexiste en dos universos que no siempre operan bajo las mismas reglas y lógicas: el universo político y el económico.
Cuando vemos la aplicación de estímulos económicos en Estados Unidos y el dinamismo de la economía estadounidense, también impulsado por el nearshoring, sobre una fuerza laboral limitada, la consecuencia lógica sería atraer mano de obra capaz de sostener e impulsar dicho sistema. De hecho, esa ha sido la fórmula ganadora para Estados Unidos desde su fundación.
Adicionalmente, México necesita aprovechar el conocimiento, la tecnología y el capital estadounidense para apalancar un crecimiento económico acelerado y robusto. La clave está en la integración de las MiPyMes a las cadenas regionales de valor. Para ello necesitamos de más personas con conexiones binacionales que sirvan como puentes de inversión, conocimiento y capital.
La migración y la movilidad laboral de nuestro talento, cuando menos desde lo que compete al sector privado binacional, es una oportunidad para incrementar la competitividad. Los sectores privados de ambos países deberían de apostar por canales más amplios para el flujo de talento. Conceptos como el de la migración circular y estacional deben explorarse. Hay que apostar por muchos más intercambios académicos entre ambos países, principalmente facilitando el acceso a financiamiento y becas. Tenemos que crear certificados profesionales con validez en toda la región para un intercambio de talento ágil y expedito. El siguiente paso para asegurar la era de Norteamérica es facilitar la movilidad y las oportunidades laborales y educativas de las personas entre México, Estados Unidos y Canadá. No cabe duda de que ése es el siguiente paso en la agenda.
* Pedro Casas Alatriste (<a href="https://x.com/PedroCasas" target="_blank" rel="noopener">@PedroCasas</a>) es Vicepresidente Ejecutivo y Director General de la Cámara Americana de Comercio de México (AMCHAM). Este texto fue elaborado por el autor a partir de su participación en el Foro <a href="https://mexicocomovamos.mx/liberando-el-potencial-de-norteamerica/" target="_blank" rel="noopener">Immigration on the road: Movilidad laboral en Norteamérica</a>.

Geografía, y ahora, demografía, son destino

Desde la Europa medieval hasta el Afganistán contemporáneo, el control sobre las mujeres ha sido una constante en sistemas religiosos, comunistas, totalitarios a lo largo de la historia. Aunque cada régimen y sistema ha tenido sus propias premisas e ideología,  su enfoque de dominación hacia las mujeres ha resultado inquietantemente similar. ¿Qué han tenido en común? Han instrumentalizado el cuerpo, la voz y la autonomía femeninas para imponer un orden social y moral. Hablemos de tres ejemplos claros: la Inquisición, la Unión Soviética y el régimen talibán, los cuales pese a sus diferencias ideológicas y distancia en el tiempo han coincidido en usar a las mujeres como elementos de legitimación y control.
En la Europa medieval y renacentista, la Iglesia católica estableció la Inquisición, una institución que buscaba combatir la herejía y mantener la pureza de la fe. Sin embargo, entre los perseguidos, las mujeres, especialmente aquellas que vivían fuera de los roles tradicionales o poseían conocimientos de medicina popular, fueron acusadas de brujería. Se estima que entre el 80 % y el 100 %  de las personas acusadas y ejecutadas por brujería fueron mujeres, dependiendo del momento y el lugar. Se las consideraba vulnerables a influencias demoníacas y el “peligro” que representaban justificaba la violencia en su contra. En especial, las mujeres con conocimientos de medicina, <a href="https://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario7.html" target="_blank" rel="noopener">las comadronas</a>, fueron perseguidas. Se les arrebató el derecho a apoyar a otras mujeres durante el nacimiento de sus bebés y se les sometió al control de los hombres “doctos” en medicina. Este control sobre las mujeres a través de la persecución religiosa y a nombre de la iglesia consolidó el patriarcado en las instituciones, reforzando la idea de que las mujeres debían mantenerse en un rol subordinado, lejos de la vida pública y sin derecho alguno. Usar su voz y conocimientos y ayudar a las personas podía costarles la vida.
Con la Revolución de 1917, el nuevo Estado soviético prometió igualdad de género y legalizó el aborto, promovió la participación laboral de las mujeres y creó servicios como guarderías para liberar a las mujeres del trabajo doméstico. Sin embargo, durante el régimen de Stalin, esta política progresista se revirtió. Aunque la mujer fue valorada como “madre de la patria” y trabajadora, sus derechos individuales fueron limitados en favor de la causa soviética y comunista. Las leyes a favor del aborto se derogaron, las mujeres debían ser las progenitoras de los hijos del sistema. Las demandas feministas que existían se silenciaron para priorizar la “unidad del proletariado”. Se acusó a las mujeres que buscaban la defensa de sus derechos de ser procapitalistas y el discurso predominante establecía que “la defensa de los derechos femeninos” era parte de la propaganda occidental. Las mujeres fueron relegadas a roles que servían al sistema estatal, demostrando que el discurso de igualdad podría ser un instrumento de control cuando la lucha de clases se volvía el objetivo primordial.
Hoy, en pleno 2024, presenciamos un retroceso igual de violento hacia las mujeres. En Afganistán, los talibanes han impuesto una interpretación estricta de la Sharía que niega a las mujeres y las niñas derechos básicos como la educación, el trabajo y la libertad de movimiento. Bajo este régimen, se prohíbe a las mujeres salir sin acompañante masculino y participar en la vida pública. Los talibanes justifican esta represión en nombre de una “pureza” y “moralidad” que aseguran representa los valores islámicos, aunque esta interpretación no es compartida por otras sociedades musulmanas. Se les ha prohibido hablar, cantar, leer, recitar o hablar frente un micrófono a nombre de las leyes sobre el vicio y la virtud, y en los últimos días la represión ha dado un paso más: se les ha prohibido rezar en voz alta y se les exige que cuando recen, sus rezos no sean escuchados por otra mujer, por lo que deben hacerlo en voz baja. Las mujeres han sido reducidas a roles domésticos y cualquier expresión de independencia es vista como una amenaza al orden social que el régimen busca imponer. Este uso de la religión no sólo les permite dominar a las mujeres, sino consolidar su poder en una sociedad ya vulnerada por décadas de conflicto.
<h2>¿Por qué la opresión hacia  las mujeres es una constante?</h2>
Estos ejemplos muestran que el control sobre las mujeres ha sido un recurso común para imponer un sistema de poder, ya sea bajo la justificación de la fe, de la causa comunista o del orden moral. En todos estos casos, las mujeres han sido vistas como figuras a “controlar” para mantener la cohesión social, moral e ideológica, y sus derechos han sido subordinados al “bien mayor” de la época.
Hoy, cuando se observan políticas y estructuras que parecieran atender las demandas de igualdad, es crucial reflexionar sobre los objetivos reales de estos esfuerzos. En muchos casos, la presencia de figuras femeninas en el poder o la creación de instituciones dedicadas a la “protección” de las mujeres pueden ser estrategias para consolidar agendas políticas y controlar la narrativa feminista. Esto recuerda el riesgo de que el discurso de igualdad se convierta en una herramienta de adoctrinamiento que, en vez de empoderar a las mujeres, las silencie bajo nuevas formas de control ideológico.
Los derechos de las mujeres no son secundarios ni “prescindibles” en la construcción de una sociedad justa y democrática. Por el contrario, son un pilar fundamental para medir la justicia y la igualdad de cualquier sistema de gobierno, sobre todo, los que se consideran democráticos.
<a href="https://x.com/LaClau" target="_blank" rel="noopener">@LaClau</a>

El silencio de las mujeres. Distintos sistemas, misma opresión

Durante las últimas semanas, la Radio Pública de Estados Unidos (NPR) ha emitido con insistencia una cápsula en la que su corresponsal en la Casa Blanca, Tamara Keith, nos anuncia -quizá para atenuar el tedio de su público- lo evidente: que un buen día, ya muy próximo, las elecciones presidenciales habrán concluido. Sin embargo, su cándido mensaje conlleva también una seria advertencia: quien resulte ganador, es decir presidenta o presidente, tendrá mucho más poder que antes.
Y así será. Y así fue en las últimas elecciones presidenciales celebradas en México. Todo mundo esperaba, con razón, que la ganadora seguiría el mandato de su antecesor; incluso se impuso el lema del “segundo piso de la transformación”. Sin embargo, nadie, o muy pocos, previeron el alcance que, gracias a la super mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo, la presidenta obtendría, en efecto, muchísimo más poder que antes y que no tardaría en utilizarlo en forma indiscriminada, sin equilibrios que la contengan, ni siquiera al interior del partido o movimiento que encabeza el Poder Ejecutivo.
Se pueden debatir hasta el fin de los tiempos las virtudes e inequidades de las propuestas del gobierno &#8220;del segundo piso&#8221;, pero lo cierto es que se trata de un poder unitario, que actúa y opera políticamente sin contrapeso alguno, en abierto rechazo a cualquier institución o figura pública que cuestione al nuevo gobierno, muestra inequívoca de su mayor, omnívoro poder. Ello nos remonta a los sexenios anteriores al del presidente Ernesto Zedillo, recientemente rebautizado como la nueva &#8220;bestia negra&#8221; en sustitución del hasta hace poco “innombrable” Carlos Salinas de Gortari.
¿Qué ha pasado tanto en México como en Estados Unidos para que la construcción de una democracia en el primer caso, y la llamada cultura cívica (legendario término acuñado por los politólogos Almond y Verba) en el segundo, hayan terminado en un desastre político, electoral, jurídico y por ende social, especialmente después de haber pasado por pruebas y desafíos no menores?
Una lista que avanza rápida, intercambiando países y experiencias: el asesinato de Kennedy; Diaz Ordaz, el 68 y el papel del ejército; Vietnam; Echeverría y la guerra sucia; la indigna presidencia de Nixon; la abusiva y corrupta por excelencia presidencia de López Portillo; el advenimiento de las Reaganomics y la mutación de la economía y la geopolítica mundiales; el fraude del 88 y la exitosa negociación del TLC; los Clinton y sus complicadas relaciones políticas y sentimentales; el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la capital en 1997; el desastre electoral entre los candidatos presidenciales Gore y W. Bush en 2000; la esperada salida del PRI de los Pinos el mismo año; Saddam y la segunda guerra del Golfo Pérsico; Calderón y la guerra contra el narco; la Gran Recesión y la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos en 2008; el regreso del PRI en 2012 y de sus prácticas cleptocráticas versión 2.0; Trump en 2016, AMLO en 2018…
¿Qué fue lo que en México y en Estados Unidos nos trajo hasta un punto de desencuentro con nuestras respectivas experiencias democráticas? Allá se tardaron 237 años para llegar al pleno desencanto, a la absoluta desconfianza en una forma de organizar el poder político a partir de libertades que, guste o no, pusieron el piso y condiciones para generar a su vez un crecimiento y poder económicos nunca antes vistos. Aquí, al sur, resultaron suficientes poco menos de treinta años para desencantarnos, no así para decepcionarnos, pues ello implicaría que alguna vez en México hubiésemos vivido y celebrado nuestra joven cultura de la democracia con la misma devoción con la que cada año festejamos a los muertos, a la Virgen y al Niño Dios, a los Reyes, a los Tigres del Norte, y más recientemente a la Barbie y a los narcocorridos.
Las explicaciones de corte cultural pueden ser tan incompletas y confusas como aquellas que nos ofrecen los politólogos y los economistas. Por donde se lo vea, es un hecho incontrovertible que en México la democracia no trajo consigo el crecimiento y desarrollo prometidos, ni mucho menos la reducción de las centenarias desigualdades sociales y económicas. Resultado: desengaño, indiferencia y escepticismo crecientes lo mismo en las capas medias que bajas. Por su parte, en Estados Unidos la degradación del empleo y del ingreso, de la cultura de masas, de los medios masivos de comunicación, de la política misma y de su discurso tergiversado difundido a escala continental, costa a costa a través de las redes sociales, de la cultura de las celebridades y su inserción, siempre forzada, en la oferta política de quienes se postulan a ocupar un puesto de elección popular, terminaron por aglutinar a los excluidos del reparto de las mega riquezas ―en los ámbitos de la industria, del campo, de los empleos de servicios― y su supuesto efecto de goteo hacia las bases y franjas intermedias de la pirámide social.
Con todas sus abismales diferencias y divergencias, tanto en México como Estados Unidos la respuesta al declive de la cultura democrática, así como al descreimiento en las formas de organizar la política bajo los preceptos básicos de la democracia, sus partidos, sus instituciones y sus poderes constitucionales, tuvieron como primera víctima a sus respectivas sociedades, aquí y allá. Dos líderes, tan distintos como parecidos, se encargaron de organizar la división social en dos campos radicalmente antagónicos.
Por último, cada líder en ambos lados de la frontera se encargó, predeciblemente, de explotar al máximo su discurso divisorio teniendo en el horizonte el próximo ciclo electoral. Allá, mujeres y hombres de a pie, gente común y corriente, están listos y dispuestos a votar en contra de sus libertades y de sus propios intereses. Aquí, en México, los liderazgos políticos han reciclado vejestorios provenientes del cuaternario político. Nuestra auténtica novedad en estas lides reside en que las generaciones “Y” o “Millennials”, “Z” o “Centennials” han resultado unos convencidos a muerte de la supremacía del sistema de Partido Único. Tenemos a cuadros oficialistas jóvenes, o aún jóvenes, dispuestos a hacer aquello que mandató el líder fundacional: mandar todo al diablo, instituciones, división de poderes, organismos autónomos. Algunos convencidos genuinamente por la desinformación y la polarización, otros a cambio de retribución económica. El problema, a ambos lados de la frontera, es que el diablo se mantiene siempre joven y siempre poseedor de un discurso polarizante y de una billetera de la que salen pesos y dólares hasta el infinito.
* Bruno H. Piché (<a href="https://x.com/BrunoPiche" target="_blank" rel="noopener">@BrunoPiche</a>) es ensayista y narrador. Ha sido editor, diplomático, promotor cultural y de negocios internacionales. Es autor de los libros Robinson ante el abismo, Noviembre, El taller de no ficción, Los hechos y más recientemente, La mala costumbre de la esperanza (Literatura Random House). En 2025 aparecerá su libro de ensayos biográficos del primer premio Nobel mexicano, Alfonso García Robles, por El Colegio Nacional, del cual García Robles fue un destacado miembro.

Dios y el diablo en las elecciones

Durante la conferencia de prensa matutina del <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VQRt5sbQeZs" target="_blank" rel="noopener">30 de octubre</a> pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó la <a href="http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=&amp;Seguimiento=4778759&amp;Asunto=4696970" target="_blank" rel="noopener">reforma constitucional</a> que transforma el estatus de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un nuevo régimen de Empresas Públicas del Estado. Un día antes, Pemex publicó sus <a href="https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx" target="_blank" rel="noopener">resultados al tercer trimestre de 2024</a>. En ellos destaca una pérdida neta equivalente a 430,102 millones de pesos y una deuda neta total de 1.91 billones de pesos.
Ambos indicadores están afectados por variaciones cambiarias. El 84.6 % de la deuda total está denominada en moneda extranjera y el 60 % de la pérdida neta reportada correspondió a pérdida cambiaria. ¿Qué implicaciones tiene esto para la empresa y para los ciudadanos?
La pérdida cambiaria existe cuando se realizan transacciones comerciales, financieras, o inversiones en monedas extranjeras y las fluctuaciones entre las divisas resultan negativas para la moneda base.
<h2>Una deuda que no para de crecer</h2>
De acuerdo con el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Pemex (<a href="https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/jun/Pemex-20240628.pdf" target="_blank" rel="noopener">ISE Pemex)</a> del segundo semestre de 2023, la proporción de la deuda en pesos respecto del total adeudado alcanzó su punto más alto en 2023, equivalente a poco más de 17 %. Esto a pesar de que es el punto más bajo de deuda en moneda extranjera en siete años: el 82 % restante. Ese 17 % de deuda en pesos contrasta con el 10 % que se registraba al segundo semestre del 2018.
A finales de 2023, Pemex consignaba en sus estados financieros una deuda total superior a los 100 mil millones de dólares. No sólo el monto es preocupante, como lo explicamos en nuestro artículo pasado, <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/lo-que-mexico-evalua/petroleo-deuda-nuestro" target="_blank" rel="noopener">“El petróleo es nuestro y la deuda de PEMEX también”</a>, también lo es la exigibilidad (entendida como la capacidad de una obligación financiera para ser liquidada o cumplida de manera efectiva).
En un contexto de pérdidas continuas e insuficiencia en caja, Pemex es incapaz por sí misma de hacer frente a sus obligaciones financieras. Forzosamente requiere de refinanciamientos, que aplazan y encarecen el costo de la deuda, de transferencias del gobierno federal provenientes de nuestros impuestos y de acceso a los mercados internacionales de deuda. Si bien hay que reconocer el esfuerzo por frenar el endeudamiento de Pemex, su deuda total en 2023 seguía representando el 45.36 % de su pasivo total, y al tercer trimestre de 2024 ronda el <a href="https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%2520de%2520Resultados%2520no%2520Dictaminados/Anexos%25203T24.pdf" target="_blank" rel="noopener">47.13 %</a>.
<h2>El efecto del tipo de cambio en la deuda</h2>
Ahora bien, consideremos el efecto que tiene el tipo de cambio sobre la deuda, pues parte de las obligaciones financieras de la petrolera son contraídas en moneda extranjera, principalmente dólares, euros y yenes.
En el sexenio del presidente López Obrador, el peso se apreció con respecto a otras divisas, y alcanzó su punto más alto en 2023. Esto tuvo un efecto reductor sobre la deuda. En 2018, último año de la pasada administración, el tipo de cambio dólar a peso era 19.68, mientras que en 2023 llegó a 16.92, la tasa de conversión más baja en siete años. Sin embargo, en el último tramo de la administración pasada, el peso sufrió una importante depreciación. Al 25 de octubre de 2024, la paridad era 19.97 pesos por dólar, muy cercana a la observada a principios del sexenio.
El efecto de estas diferencias en la conversión de divisas no es trivial. Para ejemplificar el punto anterior, podemos realizar un comparativo entre 2018 y 2023. En 2018, la deuda en dólares era de 68.7 mil millones de dólares (mmdd) Para 2023, ésta ascendía a <a href="https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%2520de%2520Resultados%2520no%2520Dictaminados/Webcast%25203T24.pdf" target="_blank" rel="noopener">73.9 mmdd</a>. El monto en 2018 es inferior al de 2023. Sin embargo, al ajustar a pesos, la deuda en 2018 era superior a la de 2023. Con un tipo de cambio de 19.68 pesos por dólar, la deuda en 2018 ascendía a 1.35 billones de pesos, mientras que en 2023, con un tipo de cambio de 16.92 pesos por dólar, el monto total de la deuda se registró en 1.25 billones de pesos. Es decir, en esta ocasión, la apreciación jugó favorablemente para Pemex.
De la misma manera, el tipo de cambio también puede jugar en contra. Por ello, Pemex ha optado en ocasiones por contratar coberturas cambiarias. Por ejemplo, en 2020, año más crítico de la pandemia por Covid-19, la petrolera y el gobierno federal <a href="https://energy-analytics-institute.org/2020/05/07/pemexs-44-bl-hedge-floor-adds-ps30bn-to-deficit/" target="_blank" rel="noopener">adquirieron coberturas</a> fijando el precio objetivo asegurado en alrededor de $44 por barril, con un costo de aproximadamente 30 mil millones de pesos. Esta estrategia ha permitido a Pemex compensar las pérdidas por depreciación del peso, aunque para el gobierno federal implique una carga presupuestaria adicional.
<h2>El riesgo cambiario de Pemex asegura la calidad de la transparencia</h2>
Pemex ingresó a los mercados internacionales de deuda en 1997. Desde entonces, cuando jurídicamente era un órgano descentralizado del gobierno federal, ha realizado diversas emisiones de bonos para financiar sus operaciones y cubrir pasivos. En 2013, por ejemplo, colocó 5 mmdd en bonos a 10 y 30 años, marcando una de las emisiones más grandes en la historia de la compañía. En 2023, la emisión fue de 2 mmdd, destinada principalmente a refinanciar su deuda.
Respecto a la reforma constitucional recientemente promulgada, habrá mucho qué analizar para los próximos años. En el corto plazo, diversas voces en la opinión pública han manifestado preocupación sobre si el cambio constitucional implica una amenaza a la transparencia financiera de Pemex como la conocemos hasta ahora. Es decir, en la publicación de informes financieros que nos permiten conocer sobre su desempeño. La respuesta es que no. Mientras Pemex mantenga una porción significativa de su deuda en moneda extranjera, especialmente en dólares, podemos confiar en que seguirá siendo obligada a informar a la <a href="https://www.sec.gov/" target="_blank" rel="noopener">Securities Exchange Commission</a> (SEC) de Estados Unidos mediante el <a href="https://www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/informacion_sec.aspx" target="_blank" rel="noopener">Reporte 20-F</a>.
La regulación norteamericana es muy estricta en cuanto a la calidad de la información que las empresas reportan a los reguladores, como la SEC. Las sanciones efectivas por reportar información falsa son muy graves. Por ello, los reportes 20-F son minuciosamente redactados. Esto garantizará que los ciudadanos tengamos acceso a información confiable sobre el desempeño financiero de la empresa.
<h2>Conclusión</h2>
El riesgo cambiario puede jugar a favor o en contra del desempeño de una empresa si su deuda y/o su operación están expuestas a la volatilidad del tipo de cambio. En un entorno de  inestabilidad tanto geopolítica como de asuntos interiores del país, Pemex y el gobierno federal deben reconsiderar para el 2025 la gestión de los riesgos cambiarios a través del uso de coberturas. También se recomienda que, a través de un buen diseño de leyes secundarias, se norme el tipo de gobernanza que ejercerá la Empresa Pública del Estado, sus resultados financieros no pueden ser considerados como un centro de costos del Estado únicamente; la entidad debe responder a un modelo de negocios de tipo productivo con un enfoque de eficiencia, es decir, de optimización de los recursos. Esto es fundamental para el envío de señales claras a los mercados, dada la importancia de Pemex en el gasto público y en la economía, particularmente cuando sus pérdidas implican un importante costo de oportunidad para la sociedad. Por ejemplo, las pérdidas netas acumuladas de la empresa, registradas al tercer trimestre de 2024, equivalen a 5.3 veces el presupuesto del Poder Judicial.
Desde la perspectiva de la transparencia, el cuidado que Pemex tenga respecto de la calidad de la información pública es crucial para alimentar la confianza no solo de los mercados, sino también de los ciudadanos y los interesados en seguir su desempeño. Es buena noticia saber que no obstante los cambios constitucionales y legales que corren, podremos contar, gracias a la SEC, con una fuente de información confiable.
* Ana Lilia Moreno (<a href="https://x.com/analiliamoreno" target="_blank" rel="noopener">@analiliamoreno</a>) es coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Miguel del Valle es colaborador en el mismo programa.

¿Qué implica el riesgo cambiario para Pemex y los mexicanos?

Una república democrática exige en su estructura formal la existencia del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial que son autónomos e independientes. Uno y otro juegan un papel de control y contrapeso.
Mañana cinco de noviembre, el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede decretar que la reforma al Poder Judicial recientemente aprobado por Morena y sus aliados es anticonstitucional y debe modificarse.
La responsabilidad de interpretar la Constitución, como lo señala la misma Carta Magna, corresponde solo al Poder Judicial y en el campo de sus atribuciones está también señalar si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en su actuación violan o no la Constitución.
Para la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, titular del Poder Ejecutivo, y para los dirigentes del Partido Morena y sus aliados que son la mayoría calificada en las dos cámaras del Poder Legislativo, ellos están sobre las decisiones del Poder Judicial.
Y en su interpretación esa superioridad se las otorga, como dice Ana Laura Magaloni (Reforma, 2.11.24), “El Poder Reformador de la Constitución -dicen- está por encima de cualquier decisión judicial. Es más: ese mismo Poder Transformador acaba de reformar la Constitución para que sea incontrovertible”.
La fundamentación de la decisión de la presidenta y de Morena y sus aliados no tiene razones jurídicas, es solo una decisión política basada en su fuerza, que no les dio el electorado sino una interpretación del INE y del TEPJF, para otorgarle una mayoría que no obtuvieron en las urnas.
En nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan, en un sistema democrático de división de poderes, la SCJN es la única intérprete de la Carta Magna; es una facultad que solo le corresponde a ella y no al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.
Si la SCJN mañana cinco de noviembre, día histórico, decide que la reforma al Poder Judicial de Morena y sus aliados, idea y propuesta original del presidente López Obrador (2018-2024), es anticonstitucional y debe de ser modificada, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben de acatar la resolución.
Y de no estar de acuerdo con ella deben de impugnarla ante la misma SCJN, con argumentos jurídicos constitucionales, no con las posiciones políticas. Debe entonces iniciar un proceso legal.
Y si la SCJN considera, con argumentos jurídicos constitucionales, que su posición es la correcta, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben de obedecer lo dicho por el máximo órgano jurídico del país.
Todo indica que la presidenta, titular del Poder Ejecutivo, y Morena y sus aliados, mayoría calificada en las cámaras, no harán caso a la resolución de la SCJN. México entraría en una crisis constitucional y política de enormes consecuencias para la vida del país en todos sus aspectos: legitimidad política del poder, ausencia de Estado de Derecho y una crisis económica ante la incertidumbre política y jurídica. Y estaríamos, por la vía de los hechos, en otro sistema político.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Mañana puede cambiar el sistema político de México

No es exagerado suponer que el proceso electoral de mañana en Estados Unidos perfilan, de casi como nunca, la pauta de nuestro futuro. Es difícil saber cuál será la correlación definitiva de fuerzas en la Unión Americana. Las encuestas arrojan datos contradictorios. De lo que decidan los votantes en ese país y de las trampas con las que disponga el equipo de Trump (si el desenlace le es adverso), que pudiesen revertir el resultado de las urnas, dependerá en gran medida el destino ambiental del planeta.
1. Vivimos en un <a href="https://tinyurl.com/2symnkfn" target="_blank" rel="noopener">perpetuo estado de negación</a>, cuando de la crisis climática se trata. The Guardian
2. ‘De las más de 60 especies de megafauna que había durante la última Edad de Hielo, <a href="https://tinyurl.com/54yyyjfk" target="_blank" rel="noopener">ya solo quedan ocho y la mayoría se encuentra en peligro crítico de desaparecer</a>’. El País 
3. ‘No queda nada’. Cómo el cambio climático desarraiga a un pueblo originario en Perú. Al Jazeera 
4. Los bosques de Nicaragua, en extinción. Al ritmo actual, <a href="https://tinyurl.com/39avua2z" target="_blank" rel="noopener">en dos décadas ese país se quedará sin cobertura forestal alguna</a>. El País 
5. Vendiendo un espejismo. El <a href="https://tinyurl.com/munfdz9b" target="_blank" rel="noopener">embuste del reciclaje ‘avanzado’ de plástico</a>, promovido por esa misma industria. ProPublica 
6. Mapa revela qué <a href="https://tinyurl.com/22bw92vn" target="_blank" rel="noopener">países son los que consumen la mayor cantidad de microplásticos</a>. Newsweek 
Crujen las instituciones autónomas, y la sociedad civil pierde terreno. Avanzan las ‘recetas’ autocráticas y se anulan los contrapesos. Ante el desbarajuste, es necesario mantener la obligación de seguirlos defendiendo.
7. Resistencia civil y terapia especializada. ¿Cómo enfrentan los expertos del clima?, <a href="https://tinyurl.com/f9vvwxc3" target="_blank" rel="noopener">el prospecto de vivir en un planeta moribundo</a>. Al Jazeera
8. ‘Sabemos que <a href="https://tinyurl.com/ymsrenbu" target="_blank" rel="noopener">la emergencia climática surge ante la existencia de sistemas económicos desiguales y no democráticos</a>’. A lo que nos estamos enfrentando: reflexión en Medium escrita por Julia Steinberger, académica e investigadora de la Universidad de Lausana.
9.<a href="https://tinyurl.com/24euty48" target="_blank" rel="noopener"> El lince ibérico deja atrás el peligro de extinción</a>. Huelva Información 
10. Vaquitas asiáticas multicolor (insectos), cóndores y tortugas gigantes: <a href="https://tinyurl.com/4sjkw5m3" target="_blank" rel="noopener">tres especies protagonistas de la conservación en América Latina</a>. Mongabay Latam (Videos)
11. Habitantes de la Isla de Pascua intentan reciclar el<a href="https://tinyurl.com/bdhnhrm9" target="_blank" rel="noopener"> tsunami imparable de plástico</a> que contamina sus playas. The Guardian 
12. ¿Es la<a href="https://tinyurl.com/2vekbhaf" target="_blank" rel="noopener"> inteligencia artificial</a> respetuosa con el medio ambiente? El País
<a href="https://x.com/alconsumidor" target="_blank" rel="noopener">@alconsumidor</a>

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