No hay duda: el crimen es uno de los más graves problemas que enfrenta México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización 2020 (ENVIPE), en 2019 se cometieron 30.3 millones de delitos asociados a 22.3 millones de víctimas en el país. La misma encuesta señala que 68.2% de la población mayor de 18 años considera que la inseguridad pública es el principal problema que aqueja a México (seguido del desempleo, con 34.6%, y de la salud, con 36.2%). De igual forma, 78.6% de la población considera que vivir en su entidad federativa es inseguro como consecuencia de la delincuencia.1
Al hablar de crimen, la pobreza siempre surge como un elemento determinante. La explicación más socorrida es la que señala a la pobreza y a la falta de oportunidades como los orígenes de índole estructural, que deben ser atendidas para combatir la violencia. Una sociedad menos pobre, se nos dice, acarreará menos violencia y una incidencia delictiva más baja.
Sin embargo, la relación entre estos dos problemas es mucho más compleja. Lo que queda claro es que el crimen también causa mayor pobreza, creando un círculo vicioso difícil de romper. No obstante, parece que nuestros gobiernos sólo se enfocan en la relación que va de la pobreza al crimen. En este contexto, es importante recordar los principales mecanismos por medio de los cuales el crimen puede incidir en una mayor pobreza y desigualdad. Estos son los siguientes:
- La delincuencia y la inseguridad afectan negativamente el desarrollo del capital humano, elemento necesario para la movilidad social. Una primera razón es que la inseguridad ocasiona un mayor estrés emocional y una menor asistencia a la escuela, lo que a su vez incide en un menor aprovechamiento y en una mayor deserción escolar. Una segunda razón es que en ambientes donde la delincuencia es parte de la cotidianidad, la percepción por parte de los individuos de los beneficios de estudiar es menor.
- De igual forma, la inversión física desciende en lugares donde hay mayores tasas de crimen. Esto se traduce en menores oportunidades de empleo y en menores salarios para los trabajadores.
- Para la población en situación de pobreza, el ser víctima de un delito implica la pérdida de activos (herramientas de trabajo), lo que provoca una disminución —muchas veces permanente— de sus ingresos al ser difícil poder recuperar lo perdido.2
- Las personas en situación de pobreza padecen más los efectos del crimen y/o de la violencia que las personas de ingresos más altos. Esto se debe a que estos últimos grupos de población utilizan sus mayores recursos para reducir su exposición a actos criminales, lo que presenta una externalidad negativa a las personas que no lo pueden hacer.
Toda política pública bien diseñada y evaluada que busque reducir los niveles de pobreza en el país debe ser aplaudida, pero la política social no puede ser la única forma de enfrentar al crimen. En este sentido, entender la compleja relación entre crimen y pobreza es —sin duda— esencial para el diseño e implementación de políticas públicas. Es decir, es necesario un abordaje integral y específico de los determinantes sociales y de las condiciones de vida para reducir las tasas de criminalidad y de personas en situación de pobreza.
* César Velázquez Guadarrama (@Cevel68VG) es académico del departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.
El tema de este texto proviene del artículo próximo a publicarse: “A systematic literature review of the mechanisms linking crime and poverty” de Pablo Gaitán Rossi y César Velázquez Guadarrama.
1 Debido a la pandemia, la encuesta se realizó en marzo y luego entre julio septiembre y no en marzo y abril como se tenía planeado. Por esta razón, la encuesta señala que es posible que haya cierta subestimación con relación a las víctimas y a la incidencia delictiva.
2 La ENVIPE 2020 estima que el costo del crimen en 2019 fue de 282.1 miles de millones de pesos (1.53 del PIB). Esto es la suma de 94.8 miles de millones de pesos en medidas preventivas y 187.3 miles de millones de pesos en pérdidas por victimización.
