Las implicaciones de la reforma judicial en la justicia penal
La iniciativa de reforma constitucional en materia judicial del presidente López Obrador se ha colocado como uno de los temas centrales en la actual conversación pública. La propuesta busca transformar radicalmente al Poder Judicial de la Federación y, eventualmente, a los 32 poderes judiciales locales.
De aprobarse, supondría cambios profundos a la función judicial, que es compleja y diversa, afectando todas materias de impartición de justicia en México: la penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral, etcétera. En este breve texto abordaremos cómo impactará específicamente a la impartición de justicia en el sistema de justicia penal, en donde se encuentran en juego la vida y libertad de las personas.
El derecho penal es la ultima ratio: el poder punitivo es el último recurso que tiene el Estado para atender un hecho social determinado. Por ello, todo cambio trascendental en el sistema de justicia penal debe llevarse a cabo con prudencia, seriedad, honestidad, así como con miras de mejora y progresividad en los derechos humanos.
Lamentablemente, la reforma planteada en sus términos actuales generará problemas graves de debido proceso y derechos humanos en el contexto del procedimiento penal. Aquí expongo tres razones:
No atiende un punto central: la impunidad
De acuerdo con el INEGI, 21.1 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en 2022, de los que sólo un 10.9 % fueron denunciados ante una fiscalía, autoridad encargada de la procuración de justicia ajena al Poder Judicial. De éste último porcentaje, la fiscalía correspondiente inició una carpeta de investigación en el 69.3 % de los casos. Es decir, durante 2022 se denunció e inició una carpeta de investigación únicamente en el 7.6 % de aquellos 21 millones de delitos cometidos.
Ahora bien: de ese 7.6 % de casos en que sí se inició una investigación, en casi la mitad de los casos “no pasó nada o no se continuó la investigación”, lo que nos remite a una cifra contundente: poco menos del 1 % de los más de 21 millones de delitos cometidos en 2022 fue atendido por el Poder Judicial.
¿Qué pasa con el 99 % restante? La reforma judicial no aborda este tema. Mejorar la justicia en México requiere necesariamente de la profesionalización de las fiscalías: fortalecer sus capacidades de investigación y litigio; contar con servicios periciales profesionales; establecer mecanismos para facilitar la denuncia; impulsar a la justicia cívica, entre otras acciones. El carácter sistémico del aparato de justicia significa que resulta imposible mejorar la justicia reformando lo jurisdiccional, sin tocar a las fiscalías.
Someter la función judicial penal a las lógicas electorales es problemático
Un aspecto preocupante de la propuesta de reforma es la elección popular de jueces y juezas, pues puede generar incentivos perversos para que las personas juezas, magistradas y ministras comiencen a tomar decisiones para obtener popularidad o apoyo político, aunque sean incompatibles con los derechos humanos. En este sentido, con tal de continuar en su puesto (o de ascender en el nuevo escalafón judicial), podrían emitir sentencias con el objetivo de que sean bien vistas ya sea por ser “de mano dura” o “tajantes contra los delincuentes”, pero no necesariamente justas o apegadas al derecho.
¿Qué va a pasar cuando un juez penal en alguna región muy conservadora sea abiertamente contrario al derecho de las mujeres y personas gestantes de decidir sobre su cuerpo cuando deba resolver al respecto? ¿Qué pasará cuando tenga criterios popularmente aceptados, pero racistas, clasistas o sexistas y eso determine su decisión sobre una persona acusada penalmente? ¿Qué sucederá cuando un juez tenga en sus manos el caso penal de un político con popularidad y aceptación pública?
Las personas juzgadoras no deberían tener que realizar un cálculo electoral al decidir sobre un asunto, especialmente cuando tienen en sus manos la libertad de una persona. Esta situación se podría prestar a graves injusticias que podrían incluso agravar dinámicas de desigualdad y discriminación.
La reforma dejaría procesos penales en el aire
En sus términos actuales, la reforma plantea destituir a todas las personas juzgadoras federales de un día para otro una vez aprobada. Esto acarrea muchos problemas: ¿qué pasará con los juicios que ya están en marcha? ¿Qué deparará a todas las personas que están actualmente en prisión preventiva (oficiosa o justificada) esperando su sentencia? ¿En dónde quedan los derechos de las víctimas?
La reforma penal de 2008 estableció que en México se cumpliría con el principio de inmediación, que dicta que la etapa de juicio oral debe ser atendida y resuelta por la misma persona juzgadora de inicio a fin, quien no puede delegar ninguna de sus funciones. ¿Vamos a renunciar a esta garantía del debido proceso?
Una reforma al Poder Judicial que en verdad mejore el sistema de justicia debería tomar acciones para atender el problema estructural de la impunidad y la inseguridad. Pero la libertad de las personas amerita que lo hagamos bien: con base en la evidencia, sin retrocesos democráticos y de manera integral.
El reemplazo de toda la judicatura actual por una electa popularmente no implicará ninguna mejora por sí misma. Al contrario, traerá diversos problemas para la impartición de justicia en el corto y mediano plazo. Al revisar la propuesta, el Poder Legislativo debe poner la lupa en estos peligrosos riesgos y hacer las modificaciones pertinentes para avanzar a una reforma viable y que efectivamente dote a las personas juzgadoras de mayor independencia judicial y garantice el derecho de todas las personas al acceso a la justicia.
* Gerardo Álvarez es investigador en la dirección de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia. Ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. Ha realizado investigación y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.
La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
El caso contra Morales
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
Rivalidad con Arce
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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