La reforma de AMLO a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
El pasado 18 de septiembre, la Cámara de Diputados publicó en su Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), presentada unos días antes por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa pretende modificar cerca del 65 % de los artículos de la ley.
La LFAFE es el principal instrumento legal con el que cuenta el Estado mexicano para el control de armas de fuego y municiones. Es allí en donde se encuentran definidos los “casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas,” tal y como lo dispone el artículo 10 de la Constitución Federal.
Desde su publicación en 1972 a la fecha, el Congreso de la Unión ha reformado la LFAFE en 15 ocasiones. Tres de estas modificaciones ocurrieron durante el último sexenio. La iniciativa de reforma de septiembre de 2024, no obstante, plantea cambios de un alcance y profundidad importantes. A continuación, me referiré a algunos de sus principales puntos positivos y negativos: 1
Aciertos de la iniciativa
- Adopta una definición legal de “arma de fuego” similar a la contenida en el Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, lo que abona a la certidumbre jurídica en un contexto de cambio tecnológico constante.
- Incluye la prohibición de armas, piezas y componentes fabricados a través de máquinas de impresión tridimensional (3D) y de mecanismos para la conversión de armas semi-automáticas en automáticas (bump stocks). Adicionalmente, propone la prohibición de cualquier uso no militar de silenciadores, equipos de visión nocturna, designadores láser, miras holográficas y térmicas, así como de todos los desarrollos tecnológicos que “igualen o excedan” el poder las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
- También prohibe la compraventa de armas, municiones, piezas y componentes a través del internet, así como el envío de estos artefactos mediante servicios de mensajería o paquetería.
- Establece la facultad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para recibir informes periódicos por parte de las instituciones de seguridad (policías y fiscalías) sobre las armas de fuego y municiones a su cargo. Esto resulta fundamental para que se haga realidad la integración, mantenimiento y actualización del Registro Nacional de Armamento y Equipo (RENAE) contemplado en el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Reduce los plazos de vigencia de las licencias de portación de armas. Las particulares individuales pasan de dos a un año; las particulares colectivas (asociaciones de tiro deportivo o cacería; empresas de seguridad privada) se mantienen en dos años; y las oficiales (instituciones de seguridad) pasan de un plazo indefinido —mientras dura el cargo que las motivó– a los dos años. Esto genera condiciones para un control más actualizado de las armas que circulan legalmente en México, así como para la detección de desvíos al mercado ilícito o malas prácticas de almacenamiento.
Aspectos negativos y preocupaciones
- Insiste en el aumento de penas y sanciones económicas, así como en la ampliación de medidas como la prisión preventiva oficiosa, en lugar de apostar por la construcción de capacidades institucionales para el control, el desarme, la investigación en balística y la desarticulación del tráfico ilícito. Con los niveles de impunidad que prevalecen en México, resulta incluso ingenuo pensar que el incremento de las respuestas punitivas tendrá algún impacto medible en la prevención de los delitos relacionados con las armas.
- Mantiene la rectoría casi absolutamente castrense en la materia. Pierde la oportunidad de construir un sistema de control de armas mixto (cívico-militar) que incluya mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, evaluación, profesionalización y coordinación interinstitucional.
- En concordancia con lo anterior, concede privilegios injustificados para los militares con jerarquía en activo o retirados (generales, jefes y oficiales, así como sus equivalentes en la Armada). Por ejemplo, se les permite la posesión de armas y municiones sin licencia, además de que se les otorga un trato preferencial para el abastecimiento de municiones.
- Incluye muchos errores tipográficos y de técnica legislativa, así como contradicciones. Por ejemplo, elimina –parece que inadvertidamente– la fracción que contiene los requisitos para la obtención de una licencia particular de portación (fracc. I, art. 26), para luego hacer referencias directas a la misma en otro apartado de la ley.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que, de los 17.1 millones delitos con víctima presente estimados en 2023, en un 22.2 % el perpetrador portaba un arma de fuego. Es decir, independientemente de que se haya o no accionado, se estima que un arma de fuego fue utilizada en la comisión de aproximadamente 3.7 millones de delitos durante el año 2023.
De tal forma, es indudable que una revisión y actualización a la LFAFE resulta necesaria para la construcción de una política integral para la reducción de la disponibilidad de armas de fuego y municiones y, consecuentemente, de la violencia armada y sus efectos en las comunidades. La iniciativa presentada por el presidente contiene algunos aspectos que van hacia esa dirección. Sin embargo, la propuesta de reforma también contiene falencias y omisiones importantes que se deberían corregir y atender.
En este panorama es sumamente necesaria la ampliación de la discusión y la participación, preferentemente en audiencias públicas y abiertas, de especialistas, personas funcionarias del sector seguridad y organizaciones de la sociedad civil para el enriquecimiento del proceso legislativo y de la regulación resultante. Es posible construir un marco legal que responda a la política de control de armas que urgentemente requiere México para la reducción de las violencias.
* Gerardo Álvarez es investigador en la dirección de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. Ha realizado investigación y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.
Biden ha dado luz verde a Ucrania para que use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar en territorio ruso. La medida ha causado revuelo en Rusia.
Vladimir Putin ha reiterado en oportunidades pasadas que Moscú consideraría la medida como una “participación directa” de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania.
El Kremlin acusó este lunes a la administración de Joe Biden de “echar leña al fuego y seguir avivando la tensión” al permitir que Ucrania use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso.
El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que la medida representa un nuevo nivel de participación de Estados Unidos en la guerra de Rusia en Ucrania.
Moscú reiteró que consideraría un ataque con un misil estadounidense en su territorio como una agresión proveniente de Estados Unidos y no de Ucrania, en un comunicado publicado este lunes.
Ucrania ya lleva más de un año utilizando el Sistema de Misiles Tácticos de Largo Alcance del Ejército estadounidense (ATACMS por sus siglas en inglés) para atacar objetivos rusos en territorio ucraniano.
Pero la decisión del presidente Joe Biden permitiría a Kyiv atacar al ejército ruso en su propio territorio con misiles que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros y son difíciles de interceptar debido a su alta velocidad.
La medida ha provocado una furiosa respuesta por parte de diversos medios y personalidades políticas en Rusia, según reporta Steve Rosenberg, corresponsal y editor de la BBC en Moscú.
El sitio web del periódico ruso Rossiyskaya Gazeta, controlado por el gobierno, afirma que Biden ha tomado una de las decisiones más provocativas e imprevisibles de su administración y que puede tener “consecuencias catastróficas”.
El diputado Leonid Slutsky, jefe del Partido Liberal-Demócrata de Rusia, simpatizante con el gobierno de Vladimir Putin, también asegura que la decisión provocaría a una gran escalada y graves consecuencias.
Por su parte, el senador ruso Vladimir Dzhabarov la calificó como “un paso sin precedentes hacia la Tercera Guerra Mundial“.
El presidente Vladimir Putin hasta ahora ha guardado silencio.
Para muchos analistas y líderes occidentales, es Rusia quien recientemente ha “echado leña al fuego” al enviar tropas norcoreanas a la zona de guerra para luchar junto a las fuerzas rusas contra Ucrania.
De acuerdo con las fuentes de los medios estadounidenses, el cambio de rumbo por parte del gobierno de Biden se debe a la participación de tropas de Corea del Norte en las filas del ejército ruso.
Esperando el asalto
A finales de septiembre, Moscú anunció cambios a la doctrina nuclear rusa y a las condiciones previas bajo las cuales Rusia podría usar armas nucleares.
La medida fue interpretada en Occidente como un mensaje indirecto a Estados Unidos y Europa para que no autorizaran a Ucrania usar misiles estadounidenses de largo alcance en territorio ruso.
Ucrania lleva meses pidiendo permiso para utilizar ATACMS dentro de Rusia.
“Esta es una decisión muy importante para nosotros”, dijo a la BBC Serhii Kuzan, presidente del Centro de Cooperación y Seguridad de Ucrania, con sede en Kyiv.
“No es algo que vaya a cambiar el curso de la guerra, pero creo que hará que nuestras fuerzas sean más equitativas“.
Kuzan dijo que la decisión llegó justo a tiempo para contrarrestar el esperado inicio de un gran asalto por parte de tropas rusas y norcoreanas, diseñado para desalojar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk.
Se estima que el asalto se producirá en los próximos días.
Los cálculos de Occidente
Análisis de Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC
Desde que el ejército ruso lanzó su guerra a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, la OTAN, Occidente y, específicamente, la Casa Blanca, se han visto atrapados frente a un gran desafío: ¿cómo brindarle a Ucrania suficiente apoyo militar sin entrar en una confrontación directa con Rusia?
Es un desafío que persiste actualmente.
Los comentaristas occidentales más radicales, incluidos exgenerales estadounidenses y británicos, argumentan que las reiteradas amenazas de represalias por parte de Putin nunca se cumplieron y que simplemente tenían la intención de asustar a la OTAN para que no enviara el tipo de armas que Ucrania necesitaba.
Se sabe que Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es cauteloso con ese tema y hay reportes de que estaba molesto por la postura más agresiva de Londres y su envío de armas pesadas como grandes tanques de batalla y aviones de combate F-16.
En última instancia, Putin entiende que el viejo concepto de la Guerra Fría de Destrucción Mutua Asegurada (DMA) sigue vigente hoy en día.
Puede que Rusia tenga el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, pero el Kremlin sabe que si alguna vez se utilizara un arma nuclear en alguna ciudad occidental, Moscú quedaría destruida en cuestión de minutos.
Sin embargo, hay muchas otras formas menos apocalípticas en las que Rusia podría responder al uso de misiles ATACMS en territorio ruso.
Estas incluyen sabotear cables submarinos o armar a los hutíes de Yemen con poderosos misiles antibuques.
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