¿Cuáles son los alcances y límites del programa “Sí al Desarme, Sí a la paz” de Claudia Sheinbaum?
El pasado 6 de enero, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó los lineamientos del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz en el Diario Oficial de la Federación. Señaló que su objetivo es “contribuir en la prevención y disminución de las lesiones, muertes accidentales, homicidios, feminicidios, así como cualquier otro delito o expresión de violencia en general, como producto de la manipulación o uso de armas de fuego”, a través de la reducción de la cantidad de armas de fuego y municiones en circulación.
El programa exhorta a la población a entregar cualquier tipo de armamento en su posesión a cambio de un estímulo económico. El intercambio será voluntario, anónimo y sin consecuencias jurídicas, de acuerdo con los lineamientos.
Los programas de desarme voluntario no son una novedad en México. En 2023, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó haber recibido 5,336 armas de fuego a través de programas de canje. En 2022, esta cifra fue de 6,168 armas; en 2021, de 1,167; en 2020, de 1,662; en 2019, de 7,146; y en 2018, de 4,443. 1
Estas cifras resultan insignificantes si se contrastan con los estimados más conservadores de la cantidad de armas de fuego en manos de civiles en el país (16.8 millones), así como del tráfico ilícito proveniente desde la frontera norte (200,000 armas anuales). De esta manera, uno de los grandes retos de Sí al Desarme, Sí a la Paz será lograr un aumento considerable en la recolección de armamento, por lo que los reportes sobre el desplazamiento continuo de la campaña por las distintas entidades federativas del país son, en este sentido, una buena noticia.
El otro gran reto del programa no está relacionado con la cantidad, sino con las características del armamento recuperado. La evidencia disponible sugiere que el impacto de los programas de canje de armas se ve limitado por cuestiones como la tendencia a recuperar armas de fuego desproporcionadamente viejas, inutilizables, de bajo calibre o muy distintas a aquellas utilizadas frecuentemente en delitos. Por otro lado, una barrera adicional a la efectividad de este tipo de acciones institucionales tiene que ver con el hecho de que son los adultos de mediana edad o mayores quienes suelen acudir a canjear armas, mientras que la población de adultos jóvenes, el grupo etatario con mayor probabilidad de ser víctima o victimario de violencia armada, tiende a no participar.
Así, el diseño de los programas de desarme voluntario cobra gran relevancia. De acuerdo con Braga y Wintemute, este tipo de programas deben centrarse en la obtención de armas de “alto riesgo”. Estos especialistas en medicina preventiva estudiaron la dinámica de distintos programas de canje en Boston, Massachusetts, y reportaron que un programa será más exitoso si: 1) se incrementan los estímulos económicos; 2) se solicita prueba de residencia; 3) se establecen puntos de recolección que no sean departamentos de policía, y 4) se lleva a cabo una campaña de comunicación dirigida y focalizada. En suma, argumentan que el diseño de los programas puede influenciar el tipo de armas entregadas por los participantes, lo que impacta su efectividad. En este contexto, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz resulta sumamente ambivalente, ya que combina, por ejemplo, centros de entrega en iglesias con la presencia de militares.
Sin duda existen áreas de oportunidad para mejorar el programa. Por ejemplo, los lineamientos no establecen mecanismos de medición y evaluación que permitan ilustrar el impacto —de haberlo— del programa en las dinámicas de violencia e inseguridad. El informe ¿Qué funciona para reducir los homicidios en América Latina y el Caribe?, sostiene que no existe evidencia en América Latina y el Caribe de que los programas de desarme sirvan para reducir los homicidios. Los autores llegan a esa conclusión porque las evaluaciones disponibles (en Argentina y Brasil) presentan fallas metodológicas, como la dependencia en variables indirectas o el uso de series temporales muy cortas. Sí al Desarme, Sí a la Paz podría evitar estos problemas al enfocarse, desde el inicio, en la comprobación empírica de su éxito y alcances.
Si bien no contamos con evidencia concluyente de la efectividad de este tipo de programas en la reducción de la violencia y la inseguridad, sí existe evidencia de que éstos pueden servir a otros propósitos, como concientizar a la población sobre los riesgos de la posesión de armas de fuego; conectar a personas participantes con servicios públicos; promover la educación sobre posesión segura de armas, y construir coaliciones entre agencias gubernamentales y grupos comunitarios.
Otra cuestión importante está en que el programa omite por completo a las autoridades sanitarias, pese a que la Secretaría de Salud ya se adentra en estos temas, pues es la autoridad encargada de reportar las lesiones cometidas con arma de fuego. En Estados Unidos, por ejemplo, la gran mayoría de los estudios que evalúan estos programas son elaborados por especialistas en medicina preventiva o con su participación. La violencia armada también es un asunto relacionado con la salud pública, la epidemiología y los determinantes sociales de la salud, por lo que resulta esencial incluir en estos esfuerzos a instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y universidades públicas en estos esfuerzos.
Es inviable que un programa de desarme por sí solo resuelva el problema de la amplia disponibilidad de armas de fuego en México. Por esta razón, es fundamental que la iniciativa Sí al Desarme, Sí a la Paz se integre como parte de una política integral de control de armas que refuerce las capacidades de registro, rastreo e investigación del Estado. En este contexto, la discusión amplia y democrática de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, propuesta por el presidente López Obrador en septiembre pasado y actualmente en manos de la Cámara de Diputados, representa una valiosa oportunidad para avanzar en este objetivo, siempre que integre la visión de académicos, expertos, defensores de derechos humanos y víctimas de la violencia armada.
* Gerardo Álvarez es egresado de Derecho por el ITAM. Ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. Ha realizado investigación y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.
1 Información obtenida a través de la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a la solicitud de información con folio 330026424000847.
El retardante de incendios que se usa en California es uno de los más extendidos a nivel mundial.
Mientras los equipos de rescate luchan contra los devastadores incendios forestales en el sur de California, han surgido imágenes vívidas de aviones cisterna arrojando un polvo rojo y rosa brillante sobre los suburbios de Los Ángeles.
La llamativa sustancia, un popular retardante de fuego, es ahora una imagen común en la zona, cubriendo las entradas de las casas, los techos y los automóviles.
Las autoridades dijeron que se arrojaron miles de galones de la sustancia en la última semana para detener la propagación de las llamas.
Pero, ¿qué contiene exactamente y cómo ayuda a combatir los incendios forestales?
“Retardante” de fuego
El retardante de llama es un producto llamado Phos-Chek, que vende una empresa llamada Perimeter.
Se ha utilizado para combatir incendios en los EE.UU. desde 1963 y es el principal retardante de fuego a largo plazo utilizado por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. También es el retardante de fuego más utilizado en el mundo, según un informe de 2022 de Associated Press.
La fórmula exacta de Phos-Chek no es de conocimiento público, pero la empresa ha dicho en presentaciones anteriores que el producto es 80% agua, 14% sales de tipo fertilizante y 6% agentes colorantes e inhibidores de corrosión.
En cuanto a su color, la empresa dijo que es “una ayuda visual para pilotos y bomberos por igual”. Después de unos días de exposición a la luz solar, el color se desvanece a tonos tierra, dijo.
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El retardante generalmente se rocía alrededor de un incendio forestal en la vegetación y la tierra que es propensa a incendios para evitar que las llamas se propaguen a esa zona.
Según el Servicio Forestal de EE.UU., los retardantes “ralentizan la velocidad de propagación enfriando y recubriendo los combustibles, agotando el oxígeno del fuego y ralentizando la velocidad de combustión de los materiales a medida que las sales inorgánicas del retardante cambian la forma en que se queman los combustibles”.
Efectos secundarios
Su uso ha sido controvertido en el pasado por sus posibles efectos sobre el medio ambiente.
Una demanda presentada en 2022 por los Empleados del Servicio Forestal por la Ética Ambiental, una organización formada por empleados presentes y pasados del Servicio Forestal de Estados Unidos, acusó a la agencia federal de violar las leyes de agua limpia del país al arrojar retardantes de fuego químicos desde aviones sobre los bosques.
Argumentó que el químico mata a los peces y no es efectivo.
Al año siguiente, una jueza de distrito de Estados Unidos estuvo de acuerdo con los empleados, pero en su fallo permitió que el Servicio Forestal continuara usando el retardante mientras busca un permiso de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).
El caso atrajo la atención de las comunidades devastadas por incendios forestales en el pasado, incluida la ciudad de Paradise, California, que fue destruida por un incendio en 2018.
Su entonces alcalde, Greg Bolin, elogió la decisión del juez y dijo que garantiza que las comunidades “tengan una oportunidad de luchar” frente a los incendios.
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El Servicio Forestal le dijo a la cadena de radio NPR que este año eliminó gradualmente el uso de un tipo de fórmula Phos-Chek, Phos-Chek LC95, a favor de otro, MVP-Fx, diciendo que este último es menos tóxico para la vida silvestre.
El Servicio Forestal también tiene una prohibición obligatoria de arrojar retardantes de fuego en áreas ambientales sensibles, como vías fluviales y hábitats de especies en peligro de extinción.
Sin embargo, existen excepciones a la prohibición en los casos “en los que la vida humana o la seguridad pública estén amenazadas”.
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