2024 será decisivo para el futuro de la democracia en México. No únicamente porque se llevará a cabo la elección más grande del país en la historia moderna sino también porque en los últimos nueve meses de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador empleará toda la maquinaria política a su disposición para consolidar la política militarista que impulsó en el país.
Un primer elemento que demuestra la vulneración de la democracia y el Estado de derecho con acciones relacionadas a la militarización es la necedad del presidente de no sólo desacatar, sino de contradecir e intentar revertir abiertamente las disposiciones de otro poder de la Nación. Y es que una de las acciones centrales será, como ya lo ha anunciado, insistir con que sea la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y no una institución civil la que controle y opere la Guardia Nacional (GN).
El presidente avanzará en este cometido con la presentación de una nueva reforma legislativa que pretende sea aprobada por Morena y sus partidos aliados en los congresos de la Unión y locales, pese al antecedente de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que, en abril de 2023, estableció firmemente que la SSPC es la institución que debe tener el mando operativo y administrativo de la GN, y no una institución militar.
Un segundo elemento que muestra cómo el sentido democrático del Estado en México está en juego este año es que se sigue reduciendo la participación de instituciones civiles en la vida pública para dar lugar a la de instituciones militares: con el argumento de mayor eficiencia y eficacia a las Fuerzas Armadas (FFAA) le han sido asignadas tareas como la construcción de obra pública, la administración y control de los aeropuertos, aduanas y puertos, mismas que corresponderían a secretarías civiles.
Solamente en el arranque de este 2024, Obrador ha anunciado la asignación a militares de tareas que no le corresponden como el mantenimiento en carreteras cercanas al Tren Maya, la remodelación de un centro deportivo en Yucatán, el control de aeropuertos y Mexicana de Aviación, la distribución de medicamentos, la construcción de una planta tratadora de agua en BC y la continuación de control migratorio, entre otras. 1
Esta excesiva e indiscriminada asignación de tareas civiles trae una tercera consecuencia que trastoca nuestra democracia: la puesta de una excesiva cantidad de recursos públicos, nuestros impuestos, al servicio de militares. El poderío económico de las FFAA crece y su enriquecimiento se da a través del Presupuesto de Egresos de las Federación (PEF).
En 2024, la Sedena tendrá el 2.86 % del gasto total federal, alcanzando el tercer puesto del presupuesto destinado a las secretarías, sólo después de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación las que obtienen altas cantidades de presupuesto, por conceptos de pensiones y becas. Sin mencionar que, a lo largo del ejercicio fiscal, el presupuesto desviado a las FFAA puede incrementarse si instituciones civiles y los gobiernos locales continúan transfiriéndoles recursos para tareas de seguridad u otras esferas -como ya señalamos-. Tan sólo este 3 de enero, el gobierno de Yucatán anunció que la Sedena será la responsable de la remodelación del estadio de béisbol Kukulcán, por un gasto que asciende a 630 millones de pesos.
Por supuesto, un cuarto e importante componente es que el Estado mexicano está siendo omiso en su obligación de proteger los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad, la integridad y la vida. Tan sólo para analizar un elemento, baste insistir en el hecho de que la consolidación de una GN militarizada no garantiza el derecho a la seguridad pública, por el contrario, lo pone en riesgo, ya que las FFAA no se caracterizan por su apego al respeto de los derechos humanos. Hay 428 quejas registradas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército sólo en 2023. Sin mencionar que su capacitación y operación obedecen a valores castrenses que se resumen, grosso modo, en eliminar al enemigo.
Estos elementos son todos sostenidos y profundizados en un preocupante discurso premilitar manejado por el presidente en todo su sexenio, consistente en expresar su más alto respeto y admiración a las FFAA y un profundo desdén a las instituciones civiles.
Estos aspectos demuestran que la militarización pone en riesgo a la democracia porque esta tendencia posibilita que las FFAA, que son actores con alta capacidad coercitiva, adquieran un carácter protagónico en la esfera política, social y económica del país, poniendo en riesgo la forma de gobierno y el tipo de diseño institucional democrático del Estado mexicano.
Así como en 2024 AMLO empujará su agenda militarista, en MUCD instamos a empujar un activismo ciudadano que logre una seguridad ciudadana, la defensa de las instituciones civiles y el Estado de derecho, poniendo especial atención a la presión necesaria para concretar un plan de retiro de las FFAA para 2028.
Todxs nosotrxs somos la alternativa a la militarización. Somos la posibilidad de la defensa del Estado democrático de derecho.
* Jonathan De Vicente Encarnación es director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia A. C. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la SEDATU en donde ha dado seguimiento a la agenda internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM en el área de política exterior.
1 El traspaso de funciones y presupuestos a favor de las FFAA ha sido documentado en diversas investigaciones como en “El Negocio de la Militarización” y el “Inventario Nacional de lo Militarizado”.
La violencia estalló cuando judíos ultranacionalistas irrumpieron en zonas palestinas de la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén Oriental.
Grupos de extrema derecha israelíes insultaron y agredieron a palestinos durante el desfile anual del Día de Jerusalén, celebrado el lunes en esta ciudad.
Los radicales entonaron cánticos de “¡Muerte a los árabes!” y consignas nacionalistas durante el evento, que conmemora la toma de Jerusalén Oriental -de mayoría palestina- por las fuerzas de Israel durante la guerra árabe-israelí de 1967.
La violencia estalló cuando judíos ultranacionalistas irrumpieron en zonas palestinas de la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén.
El líder de la oposición, Yair Lapid, afirmó que el evento se había convertido en un festival de “odio y racismo”, y lo calificó como “una vergüenza y un insulto al judaísmo”.
La policía israelí se desplegó poco después del mediodía, tras los disturbios en la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén Oriental.
Miles de israelíes nacionalistas se congregaron en la Puerta de Damasco, una de las entradas principales a la ciudad vieja, portando pancartas que decían “67 – Jerusalén en nuestras manos; 2025 – Gaza en nuestras manos”.
Los comerciantes árabes del barrio musulmán, que aún no habían cerrado sus tiendas, fueron acosados por jóvenes israelíes, según testigos.
Se escucharon cánticos de “¡Que arda tu pueblo!” y “¡Tu casa será nuestra!” durante toda la marcha.
La policía israelí arrestó y expulsó de la Ciudad Vieja a manifestantes agresivos.
El ministro de seguridad nacional, Itamar Ben Gvir, del partido Poder Judío, pidió la pena de muerte para los “terroristas” en un discurso dirigido a la multitud.
Gvir también visitó el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam y conocido por los judíos como el Monte del Templo.
Los judíos lo veneran por ser la ubicación de dos templos bíblicos y el lugar más sagrado del judaísmo.
El recinto está administrado por una fundación islámica jordana y los judíos pueden visitarlo, aunque no rezar en él.
Un portavoz de la presidencia palestina, con sede en Cisjordania, condenó la marcha y la visita de Ben Gvir a Al-Aqsa.
La actual guerra de Israel en Gaza, las “repetidas incursiones en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa y actos provocadores como el izamiento de la bandera israelí en la Jerusalén ocupada amenazan la estabilidad de toda la región”, declaró Nabil Abu Rudeineh en un comunicado.
En una reunión de gabinete el lunes por la mañana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió mantener a Jerusalén “unida, íntegra y bajo la soberanía israelí”.
El líder de la oposición de izquierda, Yair Golan, calificó como “impactantes” las imágenes de violencia en la Ciudad Vieja.
“Así se ven el odio, el racismo y el acoso”, declaró en un comunicado en X. Y agregó: “Lucharemos por Jerusalén para todos nosotros: judíos, cristianos y musulmanes, laicos y religiosos”.
“Jerusalén pertenece a todos los que la aman. Lucharemos por ella y la restauraremos como una ciudad para todos nosotros”, concluyó.
Lapid, otro líder de la oposición, afirmó que “No hay nada judío en esta violencia” y aseguró que “los ministros del gobierno que guardan silencio ante estos sucesos son cómplices de esta vergüenza”.
Cada año, miles de israelíes marchan a través de Jerusalén y la Ciudad Vieja anexada hasta el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado en el que los judíos pueden rezar en Jerusalén.
El domingo se desplegó una gran bandera israelí en la plaza del Muro de las Lamentaciones.
El desfile conmemora la toma de Jerusalén Oriental por parte de Israel en la guerra de 1967 y la “unificación” de una ciudad que el gobierno israelí considera su capital eterna.
Los palestinos también desean que Jerusalén sea su futura capital y gran parte de la comunidad internacional considera Jerusalén Oriental como territorio palestino ocupado por Israel.
La Marcha de la Bandera de este año coincidió nuevamente con la guerra en Gaza y la escalada de las operaciones militares israelíes contra militantes palestinos en Cisjordania.
Israel lanzó una campaña militar en Gaza en respuesta al ataque de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas mil 200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Cincuenta y siete personas siguen secuestradas, de las cuales se cree que unas 20 están vivas.
Al menos 53 mil 939 personas, entre ellas unos 16 mil 500 niños, han muerto en Gaza desde entonces a causa de los ataques israelíes.
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