La reducción de riesgos y daños en México, una tarea pendiente
En un contexto de política de drogas, las estrategias de reducción de riesgos y daños son aquellas que, reconociendo que eliminar el consumo de sustancias psicoactivas no ha sido y no es un objetivo realista, están encaminadas a reducir los riesgos y daños asociados con el mismo, como son las posibles sobredosis o la transmisión de enfermedades como VIH/SIDA o hepatitis C (VHC) por el uso de jeringas compartidas y no esterilizadas. Las políticas de reducción de riesgos y daños, así, responden a un enfoque de salud pública y derechos humanos como ejes centrales del actuar estatal frente al fenómeno de las drogas.
En días recientes, en los Estados Unidos, una sentencia se posicionó como un importante precedente en esta materia. El juez federal Gerald McHugh, titular de un juzgado de distrito radicado en Filadelfia (Pensilvania), decidió que el plan de la organización Safehouse para abrir salas de inyección segura para personas usuarias de opioides en dicha ciudad no vulnera las disposiciones federales en materia de estupefacientes, dando lugar a la apertura legal de las primeras instalaciones de este tipo en los Estados Unidos. En su sentencia, el juez McHugh señaló que “el objetivo de Safehouse no es promover el consumo, sino la reducción de los daños provocados por el uso de las sustancias”.1
A reserva de que ésta muy probablemente será impugnada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dejando en entredicho sus efectos, dicha sentencia es una derrota significativa para el gobierno de Donald Trump, dado su conservadurismo, sus políticas de “mano dura” y su renuencia a modificar la política de drogas en Estados Unidos y en el mundo. Es también una victoria y un paso en la dirección correcta para las y los activistas que suscriben la lucha para reformular la política de drogas en dicho país, así como para las víctimas de la crisis de opioides que actualmente sigue azotando con fuerza a los Estados Unidos, siendo 130 las personas que mueren por sobredosis diariamente.2
La decisión del juez McHugh tiene importancia en el contexto mexicano precisamente porque el gobierno federal sigue sin dar a conocer las medidas que tomará para atender un asunto esencial para toda política de drogas basada en evidencia científica y respetuosa de los derechos humanos: las estrategias de reducción de los riesgos y daños asociados al consumo de sustancias. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el Gobierno Federal estimó necesaria la reformulación de la política de drogas en México como parte de sus objetivos de política y gobierno. En el punto 1.5 de dicho documento, establece que “en materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública”.3 De esta manera, la política de drogas inevitablemente debe estar atravesada por el enfoque de salud pública y derechos humanos, a partir de estrategias de reducción de riesgos y daños.
Así lo demuestra Cuqueando la chiva: contextos del consumo de heroína en la frontera norte de México, un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). Dicho estudio es un recuento brillante y devastador de la situación en la que viven las personas consumidoras de opioides en Ciudad Juárez (Chihuahua), San Luis Río Colorado (Sonora) y Tijuana (Baja California). El documento logra arrojar luz a un fenómeno que normalmente se encuentra relegado a las sombras del bordo de Tijuana o de los centros de internamiento de la frontera norte. También refleja los importantes esfuerzos de distintas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema de la reducción de riesgos y daños (Verter, PrevenCasa, Programa Compañeros), así como del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA).4
Se trata de un enérgico llamado a las autoridades a la atención efectiva a la población con usos problemáticos de sustancias, que ha sido discriminada, estigmatizada y olvidada histórica y sistemáticamente por la sociedad y por las instituciones del Estado. Destacan algunos hallazgos:
- El estudio encontró que 66.8% de las personas entrevistadas han experimentado sobredosis alguna vez en la vida (equivalente a 401 casos), siendo 4.2 la cantidad promedio de sobredosis que estas personas ha sufrido. Resultan ilustrativos los remedios a los que acuden estas personas para revertir las sobredosis: agua con sal inyectada (32%), hielo en distintas partes del cuerpo (13.4%), golpes (9%).
- También son relevantes los datos sobre las prácticas de riesgo asociadas al consumo. En este sentido, 75.1% reportó haber prestado a alguien una jeringa previamente usada, mientras que 69.8% reportó haber usado una jeringa que alguien más ya había usado. Este tipo de situaciones es lo que ha provocado que, en centros de tratamiento, el porcentaje de casos reactivos para hepatitis C (VHC) fuera de 76.9% (455 casos).
- En lo concerniente al trato discriminatorio sufrido, se encontró que 58.6% de la población usuaria mencionó que alguien de su familia le ha mostrado desprecio, rechazo o le ha ofendido por su consumo de drogas. Por otro lado, 49.5% ha sufrido rechazo al solicitar empleo. Lo que nos da luz sobre la precariedad de las condiciones e injusticias que viven estas poblaciones todos los días.
Así, Cuqueando la chiva —cuyo título proviene del término utilizado por la población consumidora para referirse a la preparación (cuquear) de las dosis de heroína (la chiva)— pinta un panorama general del contexto al que la población consumidora de la frontera norte se encuentra sometida. Se expone un contexto de estigmatización, discriminación, marginalidad, violencias (física, psicológica, sexual, económica), insalubridad y ausencia del Estado. El estudio concluye resaltando la necesidad de medidas de reducción de riesgos y daños, desde una mirada no drogocentrada, es decir, con un enfoque holístico que se preocupe por la totalidad del contexto de las personas consumidoras y no únicamente por su consumo.
Cobra importancia el diagnóstico y las propuestas de Cuqueando la chiva: contextos del consumo de heroína en la frontera norte de México porque, en el mismo PND, el gobierno federal reconoció la necesidad de dichas estrategias de reducción de daños al señalar que “la alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica”.5 A esto se suman las declaraciones del Dr. Gady Zabicky, nuevo Comisionado Nacional contra las Adicciones, quien en la presentación del documento destacó la necesidad del empleo de estrategias de reducción de riesgos y daños (salas de inyección segura y supervisada para evitar sobredosis, distribución de naloxona sin receta, capacitación a pares, sensibilización de corporaciones policiacas), así como de reinserción social (oportunidades laborales y educativas, apoyo psicológico y social) para atender este problema.6
Resulta grata la abismal diferencia de este enfoque con el de Manuel Mondragón y Kalb, anterior Comisionado Nacional contra las Adicciones y paladín incansable de la prohibición. Sin embargo, el enfoque del Dr. Zabicky no parece coincidir con el del presidente López Obrador, dado el reciente llamado explícito del último a la estigmatización de las personas con adicciones.7 Es importante señalar que esta postura también es disonante con la realidad, pues, desde 2016 a la fecha, tanto la CONADIC como las autoridades de salud locales han sido omisas en proporcionar opciones de tratamiento sustitutivo en Hermosillo, tras el cierre, sin explicación ni previo aviso, de la clínica privada AMCA; la cual se dedicaba al suministro de metadona como tratamiento sustitutivo al uso problemático de heroína.8 Además de la falta casi absoluta de naloxona en los distintos contextos de usos problemáticos. El abandono ha sido la norma de todos los gobiernos con respecto a las personas consumidoras de sustancias; la administración de López Obrador, de esta manera, está ante una oportunidad para reafirmar su compromiso con los sectores más vulnerables de la población mexicana.
El informe del INPRFM y CONADIC y la sentencia del Juez McHugh nos invitan a repensar la forma en la que el Estado debe aproximarse al fenómeno de las drogas y las adicciones. Un enfoque de salud pública y derechos humanos ante el fenómeno de las drogas, dentro del que se encuentran las medidas de reducción de riesgos y daños, es una deuda y una obligación del Estado, y más cuando el plan de gobierno ordena la implementación de políticas reformistas. Acabar con la prohibición y la criminalización es un imperativo para poder reformular la política de drogas, pero estas acciones deben venir acompañadas con políticas públicas basadas en evidencia científica, respetuosas de derechos humanos y, por ello, desprovistas de todo atisbo de estigmatización y discriminación.
* Gerardo Álvarez es Abogado Junior en México Unido Contra la Delincuencia (@MUCD).
3 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Reformular el combate a las drogas. Pp. 20. Disponible aquí.
4 Cuqueando la Chiva: contextos del consumo de heroína en la frontera norte de México. Disponible aquí.
5 Ibídem.
