El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas.

Seguridad 180°

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Adolf Eichmann, Tomasso Buscetta y Genaro García Luna. ¿Qué tienen estas personas en común?
En principio, que los tres fueron protagonistas de juicios emblemáticos para la historia contemporánea de la violencia en el mundo. Cada uno tuvo, desde el estrado, una aparición que combinaba deseos de justicia con aspiraciones para reparar los daños sufridos por episodios significativos de violencia. Las tres experiencias reúnen la esperanza de justicia, reparación y castigo. Pero también los deseos por neutralizar al violento, al malvado, a ese villano en el que reside el detonante de los crímenes y las agresiones que evidencian los puntos más bajos de la civilización humana. La lógica detrás es relativamente simple. Se espera que, al neutralizarlo, termine por averiarse al dinamo del terror. Es una expectativa comprensible, pero usualmente incumplida. ¿Será el caso con García Luna?
Adolf Eichmann fue un oficial nazi juzgado en Jerusalén a inicios de los sesenta por ser el encargado de la logística de los campos de concentración del nazismo. Su trabajo consistía en cuantificar y movilizar personas entre estos campos para maniobrar con la capacidad de cada uno, ya sea como reclusos o como víctimas mortales. Era, pues, un administrador de la muerte. Escondido en Argentina, la operación para presentar a Eichmann ante el juez representó una operación de inteligencia que ha sido incluso retratada cinematográficamente. Una vez agendada la audiencia, la prensa alrededor del mundo volteó los ojos ante lo que se presumía como uno de los juicios del siglo. Era razonable: los juicios de Nuremberg habían terminado y Eichmann era la cara viva y contenida de uno de los episodios más obscuros. Además, ya existía suficiente documentación para dimensionar el tamaño del horror. Con todo ese contexto, juzgarlo en Jerusalén era un simbolismo significativo.
La decepción, sin embargo, fue sustantiva. Las crónicas relatan a un hombre dócil y sumiso que pedía permiso a su custodio para levantarse de la cama de su celda, y no al cínico y malévolo que se esperaba dada su tarea durante la guerra. Aunque Eichmann no era el supervillano que se anticipaba, la docilidad de su personalidad en el contexto del juicio sí detonó una de las elaboraciones más sofisticadas sobre la violencia contemporánea. Hannah Arendt, prominente pensadora del siglo XX, acudió al juicio como corresponsal del The New Yorker, lo entendió como la banalidad del mal, una idea que le permitió estudiar cómo las estructuras sociales son las que habilitan la violencia como un instrumento ligado a fines. La violencia, dijo, se vuelve racional en la medida en la que se reconoce su carácter instrumental. Entender su fin implica entender su uso.
El segundo caso es el juicio de Tomasso Buscetta, reconocido como el primer pentito o arrepentido de la mafia siciliana, la famosa Cosa Nostra. Buscetta fue apresado en Brasil cuando era prófugo doble: de la justicia italiana y del propio grupo mafioso después de haberse confrontado con las jerarquías del grupo criminal. Su detención y regreso a Sicilia permitió a los renombrados jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino construir el “teorema Buscetta”, una revelación de estructura y operación que permitió encaminar las acusaciones y generar un entendimiento (aún vigente) sobre cómo funciona la mafia. El teorema fue profundamente relevante porque ocurrió en un contexto en el que aún había quien afirmaba que la existencia de la mafia era un mito. La información fue utilizada junto con pilas de documentos en el más grande juicio antimafia, el Maxiproceso.
La foto de Buscetta sentado frente al estrado en el Palacio de Justicia de Palermo es famosa porque aparece rodeado de mafiosi arrestados horas antes. Sus excolegas, relatan las crónicas, le insultaban y acusaban de traidor mientras el pentito confirmaba sus declaraciones previamente recolectadas, sistematizadas y presentadas por Falcone y Borsellino. Aunque el juicio permitió el encarcelamiento de mafiosos, probablemente su más grande valor fue la capacidad para construir la narrativa de que las prácticas mafiosas eran perniciosas para la sociedad siciliana en su conjunto. El Maxiproceso es uno de los momentos más luminosos en la historia de la contención de la violencia criminal. Sin él no se entiende la fortaleza del exitoso movimiento antimafia siciliano. Sin embargo, este juicio también tuvo el efecto de detonar un incremento de la violencia mafiosa. Falcone y Borsellino serían víctimas de ello. Así, y a pesar de los notables éxitos, el Maxiproceso es un juicio más que no significó por sí solo la neutralización de la violencia ni de “los violentos”.
Finalmente, el tercer caso es el juicio a Genaro García Luna. Han transcurrido semanas desde que un jurado en Nueva York le encontrara culpable por unanimidad de los cinco cargos que se le acusaban. De varias maneras, estos cargos se encadenan entre sí y lo exhiben como el máximo operador y diseñador de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y, simultáneamente, un protector y beneficiario de criminales a quienes, en el lenguaje de la época, “combatía”. Llevaba una “doble vida”, concluyeron los miembros del jurado. Lo cierto es que, tanto esa doble vida como el juicio en su conjunto, son reveladores de cómo funcionan las lógicas criminales en países como México: a partir de redes políticas y económicas, en las que un actor gubernamental puede ser simultáneamente un actor criminal con capacidad, en ambos flancos, de acción, intermediación y negociación.
García Luna encarna lo que Guillermo Trejo y Sandra Ley llaman las zonas grises, y que se habilitan por lo que el antropólogo indio Akhil Gupta llama las fronteras borrosas de la sociedad: zonas de indefinición en donde se entremezclan lo legal y lo ilegal, lo público y lo privado, y que son habilitados por espacios de poder marcados por corrupción y violencia. Así, que la principal persona a cargo de la estrategia de seguridad de México -en uno de los momentos de mayor incremento de violencia- también haya sido un operador criminal no sólo es empíricamente posible; de hecho, también es constitutivo del fenómeno llamado “crimen organizado”. Y ante ello, vale la pena preguntarse cuáles son las expectativas que pueden depositarse ante la contundencia del veredicto en este juicio. En otras palabras, y una vez que García Luna ha sido encontrado culpable, ¿es razonable esperar que la sentencia se acompañe de reducción de la violencia en México o de reparación para las víctimas?
La realidad se impone y el escepticismo predomina. Las dinámicas de violencia criminal en México parecen ir varias vueltas por delante de este juicio y ocurren al margen de detenciones de violentos e hipotéticos malvados. Todo esto sin restar culpabilidad a los culpables. Además de protagonistas en emblemáticos juicios, Eichmann, Buscetta y García Luna también son depositarios frustrados de nuestras esperanzas por neutralizar la violencia a través de neutralizarlos a ellos. Aunque culpables los tres, también son casos reveladores que cristalizan que la violencia, el crimen y la impunidad se sostienen políticamente sobre estructuras de poder que habilitan a estos pistones de la violencia a gran escala y no al revés. Esto no anula la importancia ni la necesidad de justicia, todo lo contrario. Ambas guían los deseos de verdad y reparación que construyen sociedades más justas y equitativas. Sin embargo, es indispensable evitar la tentación de pensar que, una vez neutralizado el malvado, se acaba el mal.
Las experiencias a posteriori de los juicios de Eichmann y Buscetta combinan, por un lado, sed de justicia y, por el otro, deseos de no repetición. Sin embargo, una no necesariamente se acompaña de la otra. Todo parece indicar que tampoco lo será en el caso de García Luna. Difícilmente el veredicto desmontará las redes que siguen habilitando la ocurrencia de violencias, la falta de verdad, de justicia, y de reparación a las víctimas. García Luna es culpable de sus cargos, pero no es el único responsable ni su juicio será suficiente para evitar la repetición. Pensarlo así llevará más temprano que tarde a una frustración ante la evidencia de que las violencias siguen ocurriendo a pesar de haber neutralizado a un pistón de la violencia en México. Ello podría conducir a lo que Naomi Klein llama doctrina del shock. Inspirada por manuales de tortura de la CIA, Klein argumenta que en momentos de crisis y choque (como ocurre en ciertos procesos de tortura) las personas están dispuestas a ceder y conceder ante lo que normalmente no lo harían. Lo fue el golpe de Estado en Chile, o las restricciones asociadas a la guerra contra el terrorismo después de los atentados en contra de las torres gemelas. La frustración derivada de que ante la culpabilidad de García Luna no cese la violencia en México no debe condensar las tentaciones de restricción de derechos en un contexto, por ejemplo, de militarización.
* Rodrigo Peña González (<a href="https://twitter.com/ro_pena" target="_blank" rel="noopener">@ro_pena</a>) es Doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden (Países Bajos). Actualmente es investigador y director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.

Entre juicios te veas

En el mundo globalizado los medios de comunicación han sido claves para informarnos sobre temáticas de interés común y registrar los acontecimientos más trascendentales de la historia de la humanidad moderna.
Transmitir información lleva consigo una gran responsabilidad, toda vez que esta tiene la capacidad de incidir en los comportamientos de las masas. Los vacíos en la información y el condicionamiento de la misma por algún tipo de interés económico o político conllevan, en muchos casos, a repercusiones negativas para la opinión pública.
No en vano desde las ciencias de la comunicación, la sociología, la antropología o el derecho existen múltiples reflexiones que han surgido con relación a la contribución a la violencia por parte de los medios de comunicación y, mas recientemente, de las redes sociales como indiscutible canal de comunicación especialmente entre la población joven. Sin embargo, sin importar la edad, cuando no se ejerce un análisis crítico, se es fácilmente influenciable.
Previo a la pandemia, diferentes países venían registrando movimientos de protesta social, que en algunos casos resultaron en estallidos, lo que estaba desencadenando una situación compleja para la seguridad pública en distintas latitudes. Los medios fueron protagonistas. A la prensa se le atribuyó cierta incidencia con los episodios de violencia que todos conocimos, el portal de la Fundación Gabo <a href="https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/debate/como-informar-sobre-protestas-sociales-sin-estigmatizar-los-manifestantes" target="_blank" rel="noopener">en una publicación</a> formulaba la pregunta: ¿cómo informar sobre protestas sociales sin estigmatizar a los manifestantes?
El caso de Chile es ilustrativo. Las consignas más repetidas por los manifestantes en pancartas y grafitis hacían alusión al inconformismo de la ciudadanía frente a la información emitida. El sitio web <a href="https://latamjournalismreview.org/" target="_blank" rel="noopener">LatAm Journalism Review</a> registró que con escritos en las calles como “¡Apaga la tele!”, “¡Sal a marchar!”, “¡La tele miente!” los protestantes hicieron eco de su creciente <a href="https://latamjournalismreview.org/es/articles/estallido-social-en-chile-y-crisis-de-credibilidad-de-la-prensa-tradicional-generaron-mas-medios-alternativos-y-de-fact-checking/" target="_blank" rel="noopener">desconfianza hacia la prensa</a>.
Por su parte, <a href="http://www.cadem.cl/encuestas/estudio-medios-de-comunicacion-post-crisis/" target="_blank" rel="noopener">un estudio de la encuestadora Cadem</a> citado por el medio de comunicación <a href="https://www.france24.com/es/20200131-protestas-chile-desconfianza-medios-tradicionales-plataformas" target="_blank" rel="noopener">France24</a> da cuenta de la percepción de la ciudadanía frente a medios de alto impacto, como la televisión. Al respecto, los resultados fueron categóricos: “un 80 % cree que la televisión es quien más se ha centrado en la violencia y los destrozos de las movilizaciones y un 61 % considera que representa más los intereses de la elite. Asimismo, 90 % cree que a los medios de comunicación les importa más mostrar las noticias que convienen para tener más audiencia y mejores resultados económicos”.
En este caso, la credibilidad de los medios se ha puesto en entredicho ante una percepción de magnificación o sesgo informativo por el cubrimiento exagerado de incendios, saqueos o actos de vandalismo en propiedad pública y privada en el marco de las manifestaciones, minimizando e incluso desconociendo la otra cara de la moneda: la protesta pacífica.
Al respecto, el Centro de Investigación Periodística CIPER señaló <a href="https://www.ciperchile.cl/2019/10/31/periodismo-precarizado-puede-quiere-la-prensa-proteger-a-los-ciudadanos/" target="_blank" rel="noopener">en una de sus columnas de investigación</a> que los medios, como instituciones sociales que son, imponen una manera de hacer las cosas muy dependientes de las contingencias políticas, culturales y económicas. &#8220;En ese contexto, los discursos audiovisuales hipertrofiados de ciudadanos e, incluso, familias hurtando masivamente los supermercados, los incendios, los costos de la reparación de la red de Metro o actores económicos tradicionales dominando el discurso (gobierno, Luksic y otros empresarios, asociaciones de AFP y de supermercados y las clasificadoras de riesgo del país) muestran un compromiso con un ángulo particular, tensionado entre cierto oficialismo y el espectáculo&#8221;.
<h2>De la información al juicio</h2>
Está claro que las interpretaciones, valoraciones o enfoques que algunos periodistas suelen dar a determinados hechos pueden llegar a generar cierta representación ideológica de la violencia. Si bien es preciso aclarar que no toda la responsabilidad compete exclusivamente al universo mediático, también vale la pena expresar que las posiciones amañadas de la prensa en el cubrimiento de situaciones de riesgo público tienen cierta incidencia en la transmisión de valores violentos.
En Colombia <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54095677" target="_blank" rel="noopener">un caso relacionado con la muerte de un hombre en un acto de sometimiento por parte de miembros de la Policía</a> desató una ola de violencia inédita en Bogotá y varias ciudades del país.
El hecho, como era de esperarse, tuvo un amplio despliegue de los <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54125522" target="_blank" rel="noopener">medios de comunicación</a> que repetían incansablemente las imágenes del momento de la detención; video que rápidamente también se viralizó en las redes sociales, emitiéndose juicios de responsabilidad sin contar con suficientes elementos probatorios y a sabiendas que, ante este tipo de situaciones, son las autoridades judiciales las llamadas a dictaminar.
El rechazo hacia agentes policiales y hacia la Institución fue inmediato. <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54106609" target="_blank" rel="noopener">La ciudad vivió un complejo episodio de protesta con acciones violentas</a>. Aproximadamente un tercio de los 156 Comandos de Atención Inmediata CAI de Bogotá fueron destruidos e incendiados. Mientras esto sucedía, el caos se apoderó de otras áreas de la capital del país y una ola de inseguridad impactó de manera significativa, así como cuantiosos daños a la propiedad privada producto de los actos vandálicos.
<h2>Enredados</h2>
Las redes sociales están logrando un alcance tan significativo como exponencial, complementando e incluso <a href="https://www.france24.com/es/20200131-protestas-chile-desconfianza-medios-tradicionales-plataformas" target="_blank" rel="noopener">desplazando</a> el alcance de los medios tradicionales. Buena parte de las nuevas generaciones prefieren informarse, opinar y hasta generar información desde estas plataformas. En Chile, por ejemplo, Facebook fue el medio más utilizado (50 %) durante la mencionada crisis de descontento social, según el estudio de CADEM citado por France24.
Con el vertiginoso crecimiento de las redes se ha evidenciado también <a href="https://unamglobal.unam.mx/van-de-la-mano-fake-news-y-linchamiento-digital/" target="_blank" rel="noopener">la proliferación de diferentes tipos de violencias contra la integridad de las personas</a>, como la suplantación de identidad, el ciberbullying, el acoso cibernético, los linchamientos digitales o las amenazas, entre otros.
Al mismo tiempo, las<a href="https://www.savethechildren.es/actualidad/violencia-viral-9-tipos-violencia-online" target="_blank" rel="noopener"> incitaciones a la violencia y el desorden social</a> logran propagarse rápidamente en el entorno digital, sin mayor regulación y en ocasiones trascendiendo al ámbito offline. Con frecuencia, hemos sido testigos de la proliferación de discursos extremistas, que promueven mensajes de odio hacia un grupo poblacional, una minoría, o un sector político, entre otros.
También hemos evidenciado casos en los cuales las <a href="https://www.eltiempo.com/bogota/barristas-protagonizan-batalla-campal-en-san-cristobal-535925" target="_blank" rel="noopener">rivalidades entre grupos sociales</a> han conllevado a hechos violentos, a partir de disputas que se fraguan desde las redes sociales. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se han presentado diferentes protagonizadas por hinchas de equipos de fútbol, que se dan cita a través de estas plataformas.
La problemática de la falta de control de lo que los usuarios publican se ha evidenciado en <a href="https://www.lasexta.com/noticias/internacional/el-video-de-la-matanza-en-nueva-zelanda-que-uno-de-los-asaltantes-retransmitio-en-redes-sociales-video_201903155c8b5abc0cf2b779bc2f6d70.html" target="_blank" rel="noopener">acontecimientos insólitos</a>. En 2019 un asesino transmitió en directo por Facebook Live una masacre que perpetuó en una mezquita de Nueva Zelanda, donde disparó indiscriminadamente a quienes estaban allí orando y ocasionó la muerte de 50 personas.
La transmisión de este ataque terrorista, que tuvo una duración de 17 minutos, fue vista en directo por unas 200 personas y 4,000 más lograron reproducir la grabación antes de que Facebook eliminara el video. Pero la cosa no paró ahí. Durante las horas posteriores al atentado se publicaron cientos de copias del video en Youtube, al punto que se alcanzó el ritmo de una subida por segundo.
La lista de eventualidades violentas asociadas a las redes sociales es larga. En su artículo, el portal Buzzfeed News <a href="https://www.buzzfeednews.com/article/alexkantrowitz/heres-how-bad-facebook-lives-violence-problem-is" target="_blank" rel="noopener">denunció</a> que desde diciembre de 2015 hasta mediados de 2017 se transmitieron en vivo alrededor de 45 casos de violencia en Estados Unidos, entre asesinatos, violaciones, tortura, maltrato infantil, tiroteos y suicidios, entre otros.
Si bien con inteligencia artificial las plataformas logran eliminar algunas de los contenidos más atroces, los usuarios han encontrado la forma de viralizarlos en otras plataformas, o de engañar al algoritmo creando formatos que no permiten ser identificados para suprimirlos.
Mientras los delincuentes, en su delirio de popularidad, se ufanan del morbo y el alcance que generan sus publicaciones, a los expertos nos preocupa que la apología, exaltación y consumo de actos violentos contribuyan a que estos lamentables episodios se propaguen por cuenta de personas que quieran imitarlos generando riesgos en detrimento de la seguridad ciudadana.
<h2>Responsabilidad</h2>
Sin regulaciones concretas y políticas públicas claras que ejerzan un control claro sobre lo que se publica en los medios de comunicación y las redes sociales con sus posibles injerencias en acciones violentas, no es muy claro cuál es el camino para evitar la emisión y viralización de este tipo de contenido.
Desde luego, estos tiempos desafiantes ameritan un mayor rigor en la moderación de los contenidos que allí se emiten, sin caer en la censura de la libertad de expresión, pero sí con consciencia social en función de la gran responsabilidad que tienen al ser herramientas tan importantes para la sociedad.
Recordemos que, teóricamente, el activo principal para un medio de comunicación es su credibilidad y su reputación.  Publicar información amañada, como en el caso de Chile, o permitir que contenidos inapropiados se propaguen por las redes, como en Nueva Zelanda, son acciones que ponen en jaque dicho activo.
Sin embargo, ya lo mencionaba: no toda la responsabilidad en esta historia compete exclusivamente a los medios tradicionales y las redes sociales. Frente a esta situación tendremos que reflexionar de manera más holística. ¿Cómo formamos a la ciudadanía para el consumo adecuado de la información? ¿Cómo fortalecemos el criterio de la opinión pública? ¿Cómo seguiremos reaccionando frente a la escalada de contenidos nocivos que se multiplican a diario? ¿Cómo deberán actuar las autoridades frente a quienes emiten mensajes violentos sin medir consecuencias de su alcance?
* Henry Mario Rodriguez Zambrano (<a href="https://twitter.com/henryanalista" target="_blank" rel="noopener">@henryanalista</a>) es PhD en Políticas Públicas, Magister en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Administrador Público.

La contribución de los medios en hechos de violencia

El 2022 fue un año diferente para el equipo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSYDE, en el que nos pusimos como objetivo fortalecer la metodología de nuestro importante proyecto, la <a href="https://insyde.org.mx/certificacion-policial-ciudadana-certipol/" target="_blank" rel="noopener">Certificación Policial Ciudadana</a> (CERTIPOL).
CERTIPOL es una iniciativa de INSYDE que impulsa el fortalecimiento de las instituciones policiales a partir de tres pilares: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. De esta manera, la naturaleza de la certificación se encuentra en la participación ciudadana. Un grupo de ciudadanos son los responsables de verificar el cumplimiento de 57 estándares y, en caso de acreditarlos, otorgar la certificación.
En 2022 continuamos con el <a href="https://sseguridad.edomex.gob.mx/sites/sseguridad.edomex.gob.mx/files/files/Comunicados/2021/NOVIEMBRE/1091.pdf" target="_blank" rel="noopener">acompañamiento técnico</a> a la Policía del Estado de México, la cual podría convertirse en la primera institución estatal en conseguir la certificación los próximos meses si el Comité Ciudadano así lo decide; las <a href="https://twitter.com/agCussi/status/1502159295026118663?s=20&amp;t=-XEAYc1UnMZIeGDpbF2efA" target="_blank" rel="noopener">policías municipales de Morelia</a>, <a href="https://cpjannybarrera.com/2021/10/27/promueve-tono-astiazaran-certipol/" target="_blank" rel="noopener">Hermosillo</a> y <a href="https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&amp;urlredirect=/buscara-monterrey-certificar-a-la-policia/ar2519765?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--" target="_blank" rel="noopener">Monterrey</a> también decidieron iniciar este año el proceso de CERTIPOL.
En mayo, la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, <a href="https://front.animalpolitico.com/seguridad-180/la-historia-de-certipol-en-la-policia-de-cuauhtemoc-chihuahua/" target="_blank" rel="noopener">consiguió la certificación</a> luego de un proceso muy intenso que llevó casi seis años. En Ciudad Juárez también continuamos el trabajo de acompañamiento técnico a la policía municipal, institución pionera en obtener la certificación y la recertificación. Además, este año, la <a href="https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/anexos/2022-05/ANEXO%2037-2022%20PLAN%20ESTATAL%20DE%20SEGURIDAD%20CIUDADANA%20Y%20PROCURACION%20DE%20JUSTICIA%202022-2027%20.pdf" target="_blank" rel="noopener">Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Chihuahua</a> anunció que dentro de su estrategia estatal de seguridad se encuentra el fortalecimiento de las policías municipales por medio de CERTIPOL, por lo que muy pronto podríamos iniciar el fortalecimiento de 13 policías municipales más en Chihuahua.
Por su parte, las <a href="https://blog.sanpedro.gob.mx/news/re-certifica-insyde-a-policia-de-san-pedro/" target="_blank" rel="noopener">policías de San Pedro Garza García</a>, Nuevo León; <a href="https://pueblacapital.gob.mx/noticias/comunicados-de-prensa/item/15851-ssc-ya-trabaja-para-obtener-la-recertificacion-certipol" target="_blank" rel="noopener">Puebla</a>, Puebla, e <a href="http://www.opinionbajio.mx/2022/12/03/irapuato-logra-recertificacion-policial-ciudadana/" target="_blank" rel="noopener">Irapuato</a>, Guanajuato, consiguieron la recertificación, una prueba de persistencia de cumplimiento de los 57 estándares validados por el Comité Ciudadano de Evaluación.
Además de Certipol, iniciamos también un importante proyecto en Hermosillo, Sonora, con la aplicación de una encuesta de victimización y percepción, grupos de enfoque y entrevistas a profundidad que permitieron obtener un amplio diagnóstico para el diseño del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Reforma Policial. Este proyecto es impulsado por el Comité Ciudadano de Seguridad de Hermosillo, Son.
En Irapuato aplicamos una <a href="https://www.claroscuronoticias.com/articulo/anuncia-lorena-alfaro-dialogos-por-la-paz-y-seguridad-en-irapuato-22254" target="_blank" rel="noopener">encuesta de victimización y percepción</a>, además de un recuento de los últimos 10 años sobre la evolución de la violencia y acompañaremos al municipio en la realización de una estrategia participativa que recoja la opinión de sectores representativos de la localidad.
Logramos también iniciar uno de los proyectos más importantes en la historia del Instituto y que sin duda sentará un precedente en materia de <a href="https://ficosec.org/fortaleceran-el-sistema-de-control-interno-de-la-policia-municipal-de-chihuahua/" target="_blank" rel="noopener">procesos disciplinario</a>s. Se trata del proyecto que impulsa el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana FICOSEC y el Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua, cuyo objetivo es el fortalecimiento de los procesos de recepción, canalización, investigación y sanción de las quejas contra la policía, así como el fortalecimiento del área de asuntos internos y de la Comisión de Honor y Justicia. Este proyecto es el inicio de un largo camino para alcanzar la instalación de un mecanismo de supervisión civil externa.
En Guanajuato, con el apoyo de Fundación Actuando por Guanajuato y el CASEDE, iniciamos la implementación el Diplomado “La seguridad ciudadana y el uso de información en instituciones policiales&#8221;, a través del cual, personal de INSYDE participó activamente en la impartición de distintos módulos.
Fortalecimos nuestras alianzas con universidades y sociedad civil en México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y República Dominicana a través de foros de análisis y discusión como lo son los <a href="https://www.youtube.com/channel/UC4eWlFpX8vcgNvJx4ckdNlA" target="_blank" rel="noopener">Diálogos sobre Seguridad en América Latina</a> y el <a href="https://violenciaypaz.colmex.mx/publicacion/consorcio-incidencia-para-la-paz-cdmx-comunicado-de-prensa" target="_blank" rel="noopener">Consorcio Incidencia para la Paz</a>.
También, el Instituto fue seleccionado para participar en la integración del <a href="https://www.resdal.org/" target="_blank" rel="noopener">School on the Oversight of Security Sector</a>, programa único construido con el objetivo de que la sociedad civil puede hacer que las instituciones de seguridad (policía, ejército, servicios de inteligencia, seguridad privada) rindan cuentas. Se trata de un programa único en el mundo financiado por la Global Partnership of Security and Pace y RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina).
INSYDE se integró a la <a href="https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2292-ssc-tomo-protesta-integrantes-de-organizaciones-civiles-para-formar-parte-de-la-comision-de-honor-y-justicia" target="_blank" rel="noopener">Comisión de Honor y Justicia de la policía de la Ciudad de México</a> como representantes de organizaciones civiles que atiendan el tema de Seguridad Ciudadana.
Este año INSYDE cumplirá 20 años de acompañar a las instituciones de seguridad y justicia promoviendo mejoras con enfoque de derechos, estamos seguros de que será el mejor año del Instituto, y como cada año, queremos que este sea el mensaje de agradecimiento a todas las personas que han estado cerca, sepan que les tenemos gran aprecio, todas y todos ustedes han sido parte de este camino de incidencia y de posibilidad de la reforma policial. A todas las personas con quienes colaboramos este año, muchas gracias. Deseamos que el 2023 sea el año de la supervisión externa para tener mejores instituciones policiales.
* Miguel Garza Flores es director ejecutivo de <a href="https://twitter.com/InsydeMx" target="_blank" rel="noopener">@InsydeMx</a>.

El 2022 en el Instituto para la Seguridad y la Democracia: seguimos caminando con la Policía

El 2022 en el Insyde: seguimos caminando con la Policía

Latinoamérica tiene los países y las ciudades con las tasas de homicidio más altas del mundo. Y también es la región con la mayor proporción de homicidios cometidos por armas de fuego: mientras la proporción en el mundo es del 54 %, en Las Américas esta llega al 75 %. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Esta violencia también tiene impactos diferenciados entre mujeres y niñas. Violentos grupos asociados al tráfico de drogas, pandillas e individuos están fuertemente armados en la región. De la misma manera, las mujeres son victimizadas y asesinadas con armas tanto en espacios públicos como en espacios privados por sus parejas y otros familiares. Y gran parte de este armamento y munición fueron vendidos legalmente por distribuidores con licencia federal en los Estados Unidos.
Partiendo del hecho que, aparte de las armas de fabricación casera, todas las armas son producidas por una fábrica debidamente registrada y legalizada, las posibles fuentes de desvío de armas parten el momento del comercio internacional, donde documentos del comercio como certificados de usuario legal y certificados de importación son falsificados. Luego cuando las armas pasan a manos de los estados, estos los distribuyen entre sus fuerzas militares, en donde hay amplias posibilidades de desvíos por medio de agentes corruptos, así como por la inseguridad y el mal manejo de almacenes de armas, así como débiles procesos en cadenas de custodia. Riesgos similares se identifican en las armas que están bajo el control de empresas de seguridad privada, que son fuente importante de armas ilegales en la región.
Sin embargo, nos enfocaremos aquí en el importante flujo que puede haber de un país a otro, cuando existen debilidades en la normatividad de armas. Estas pueden fluir por medio de un tráfico transfronterizo medio de tráfico hormiga (pequeñas cantidades), enviado por medio de correo certificado, camuflado en otros bienes o por partes.  Hay producción y comercio de partes de armas por medio de sistemas de impresión de 3D, Compras de armas por internet, Compras de armas por medio de grupos de redes sociales, incluyendo Facebook, WhatsApp y otras redes incluida la deep web, así como alquiler de armas.
En estos casos, son claras las limitaciones de las regulaciones en la producción y el comercio de armas en los Estados Unidos ha generado un gran mercado ilegal, incluyendo el provocado por las “straw man purchases” o “compras de hombre de paja”, inundando de armas de fuego todo el continente americano, impactando principalmente a México. La producción de armas en Estados Unidos se ha triplicado desde el año 2000 a esta parte, de acuerdo al informe de la ATF. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> La falta de regulaciones tanto para la producción como para la venta de armas impacta crudamente en nuestra región. Como el mayor exportador e importador de armas en el mundo, los Estados Unidos desempeñan un papel desproporcionado en facilitar el suministro continuo de armas al resto de las Américas. Luego de México, las armas se mueven con facilidad a países como los del Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Honduras y Guatemala-, los cuales tienen las tasas de homicidio más altas del mundo y están sumidos en una profunda crisis causada por grupos de crimen organizado, incluyendo las maras o pandillas.
Una investigación realizada por la Universidad de San Diego y el Instituto Igarapé encontró que las armas compradas libremente en Estados Unidos por los “hombres de paja o prestanombres” son la mayoría de las armas que fluyen en la región fronteriza. Entre 2010 y 2012, se estima que aproximadamente 212 mil armas (incluyendo rifles de uso militar, las cuales están en el centro de la problemática del tráfico) fueron adquiridas de esta manera en la frontera entre Estados Unidos y México. Por otro lado, la mayoría de las armas incautadas en México son originarias de los Estados Unidos. El 70 por ciento de las armas de fuego declaradas recuperadas en México desde 2014 hasta 2018 y sometidas a rastreo provenían de Estados Unidos (sólo la Fiscalía General de la República de México presenta solicitudes de rastreo a la ATF). <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
De la misma manera, un reporte del Center for American Progress <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> encontró que entre 2014 y 2016, más de 50 mil armas originarias de los Estados Unidos han sido encontradas en 15 países de todo el continente como parte de investigaciones criminales. Se identifica que un 49 % de las armas asociadas a delitos en El Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos, así como el 45 % de las armas en Honduras y 29 % en Guatemala, y grandes porcentajes en el Caribe.
En otro caso, en junio de 2017 fue capturado el traficante de armas brasilero Frederik Barbieri, acusado de enviar más de mil armas a Brasil -incluyendo 60 fusiles- por medio de correo certificado desde Estados Unidos. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Solo a través de medidas contra el tráfico en los Estados Unidos, fortalecimiento de las verificaciones de antecedentes, la criminalización de los prestanombres, la existencia de acuerdos bilaterales, la generación de transparencia en la información -como en los datos de los compradores en las tiendas fronterizas  así como un registro de armas en manos de privados, podrían generar impactos en la reducción de la dimensión del tráfico desde Estados Unidos. Esto pasa también por la efectiva implementación del Tratado de Comercio de Armas, del cual son parte la mayoría de  los países de la región. En particular, el TCA alienta al intercambio de información entre los Estados Partes para prevenir el desvío de armas y  fortalecer la cooperación entre estados para minimizar los riesgos de desvío.
Frente a este contexto,  México ha enfilado sus esfuerzos en una batalla legal contra grandes productores de armas en Estados Unidos, la cual fue desestimada recientemente. Las empresas productoras son completamente  intocables de litigios civiles y penales relacionados con tiroteos masivos, suicidios o asesinatos como los que cometen día a día los cárteles del narcotráfico, con sus armas legalmente producidas y comercializadas. México ha planteado otra estrategia con un nuevo litigio en contra de cinco armerías de Arizona, considerando que menos del 10% de los comercios  que hay en Estados Unidos (entre Tucson-Arizona y Nogales-Sonora) venden el 90% de las armas ilegales. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Adicionalmente, tanto en Estados Unidos como los demás países del continente americano deben realizarse campañas para desestimular el uso y el acceso a las armas, pasando por considerar el rol de la masculinidad en la cultura de las armas, teniendo en cuenta que la propiedad y el uso de armas están estrechamente vinculados a expresiones específicas de masculinidad hegemónica relacionadas con el control, el poder, la dominación y la fuerza. La experiencia de violencia normaliza la presencia y el uso de armas de fuego. Las expectativas sobre la masculinidad también alientan los actos de violencia de los hombres contra mujeres, niños y otros hombres considerados inferiores. 
Los Estados Unidos han sido negligentes en la prevención del tráfico ilegal de armas. Las víctimas no son solamente los ciudadanos de los Estados Unidos sino todos los de América Latina.
* Katherine Aguirre &#8211; Red Amassuru: Mujeres en seguridad y defensa en América Latina y el Caribe. Agradecemos los aportes y comentarios realizados por Carina Solmirano, ATT Monitor Project Lead  y Lucía Camardón, Directora Agencia Más Estado. Ambas son miembros de la red Amassuru.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_3.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ver <a href="https://www.atf.gov/firearms/docs/report/national-firearms-commerce-and-trafficking-assessment-firearms-commerce-volume/download" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> United States  Government Accountability Office Report to Congressional Requesters. Tráfico de armas de fuego: Los esfuerzos de EE.UU. para interrumpir el tráfico de armas de fuego a México se beneficiarían de datos y análisis adicionales (2021). Disponible <a href="https://www.gao.gov/products/gao-21-336" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> <a href="https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/" target="_blank" rel="noopener">Beyond Our Borders: How Weak U.S. Gun Laws Contribute to Violent Crime Abroad</a>. Datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ATF.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Disponible <a href="https://www.huffpost.com/entry/weapon-smuggling-us-brazil_n_5aa053d8e4b0d4f5b66d14e8" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Disponible <a href="https://elpais.com/internacional/2022-10-17/mexico-redobla-su-batalla-legal-para-frenar-el-trafico-de-armas-desde-estados-unidos.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Armas de fuego en EU: el fracaso de las regulaciones alimenta la violencia armada en Latinoamérica

El fracaso de las regulaciones de armas en EU alimenta la violencia en AL

La ciberseguridad ha sido tema pendiente en la agenda política mexicana por un largo tiempo. Ya hace un par de años el ataque ransomware <a href="https://front.animalpolitico.com/seguridad-180/ciberseguridad-en-mexico-cuando-el-futuro-nos-alcanzo/" target="_blank" rel="noopener">WannaCry</a> evidenció el bajo nivel de preparación del Estado mexicano y del sector privado para hacer frente a las amenazas cibernéticas.
Hoy más que nunca se requiere de un enfoque integral de ciberseguridad que involucre la protección de infraestructura crítica y de canales de comunicación confidenciales y de datos, así como la adopción y continua actualización de marcos legales y manuales de prácticas para el tratamiento, transferencia, análisis y almacenamiento de información sensible. A la par se necesitan técnicas y programas de encriptación, software y habilidades tecnológicas. En pocas palabras, se trata de toda una cultura de ciberseguridad que hoy por hoy resulta urgente en nuestro país.
El ataque del grupo hacker Guacamaya recalca la debilidad en uno de los flancos más importantes de la economía y la política actual: el espectro digital. Un terreno en el que actualmente se libran también las batallas entre Rusia y Ucrania, un espacio que, en su momento, el grupo terrorista ISIS explotó con fines propaganda y reclutamiento, y donde la desinformación es una de las amenazas más importantes para las democracias actuales.
El ataque, a manera de ironía, se dirigió a una de las instituciones más importantes de la seguridad nacional dejando claro que en México se requieren mejores prácticas y una ley que nos ayude a cerrar la brecha que hoy nos coloca como <a href="https://latam.kaspersky.com/blog/ciberataques-en-america-latina-crecen-un-24-durante-los-primeros-ocho-meses-de-2021/22718" target="_blank" rel="noopener">uno de los países con más ciberataques en América Latina</a>.
Panorama de la ciberseguridad en México
De acuerdo con proyecciones de <a href="https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/" target="_blank" rel="noopener">Cybersecurity Ventures</a>, para 2025 el crimen cibernético le costará a todo el mundo 10.5 trillones de dólares; pese a esto, en México no existe una ley de ciberseguridad. Si bien en el sexenio pasado contábamos con una estrategia nacional, que más que un plan de acción consistía en una serie de ejes generales, poco aterrizados y sin entidades responsables por cada ámbito de aplicación, <a href="https://ciberseguridad.com/normativa/latinoamerica/mexico/" target="_blank" rel="noopener">el panorama actual no es mucho mejor</a>.
Pese a que delitos como phishing, robo de identidad, fraude, robo electrónico, entre otros, sí están incluidos en el Código Penal Federal, <a href="https://ciberseguridad.com/normativa/latinoamerica/mexico/" target="_blank" rel="noopener">hay imprecisiones en terminología</a>, además se requieren protocolos de acción y equipos de respuesta inmediata a ciberataques que sean robustos y actualizados.
En el plano financiero, la economía digital se está convirtiendo en un importante motor de progreso en el mundo; en México contribuye con un 5.0% al PIB, además durante los últimos años ha presentado una <a href="https://www.cemla.org/actividades/2021-final/2021-01-compilacion-de-estadisticas-de-balanza-de-pagos/2021-01-compilacion-de-estadisticas-de-balanza-de-pagos5.pdf" target="_blank" rel="noopener">tendencia en aumento</a>. Adicionalmente, con la pandemia por COVID-19, los medios electrónicos se transformaron en un canal central de comunicación para la educación, el comercio y diversos sectores laborales.
A nivel global, diversos foros e instituciones abogan por la transformación digital, el uso de tecnologías para el desarrollo educativo, el impulso a la agricultura, la resiliencia ante desastres naturales, etc. Sin embargo, la transición digital es imposible sin un entorno seguro, y sin prácticas y leyes adecuadas de ciberseguridad.
El ataque de la Guacamaya
El pasado septiembre se dio a conocer el ataque del grupo hacker conocido como ¨Guacamaya¨ contra una institución mexicana. La operación vulneró y extrajo información de los sistemas de comunicación de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA); los correos electrónicos obtenidos fueron y están siendo <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/9/29/latinus-reporta-hackeo-de-miles-de-correos-de-sedena-revelarian-estado-de-salud-de-amlo-294295.html" target="_blank" rel="noopener">filtrados a la prensa</a>.
<a href="https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/30/hackeo-a-la-sedena-quienes-son-guacamaya-responsables-de-la-filtracion-de-documentos-del-gobierno-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">Guacamaya ha estado particularmente activo en América Latina, especialmente en Chile, El Salvador, Perú y Colombia</a>. <a href="https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/30/hackeo-a-la-sedena-quienes-son-guacamaya-responsables-de-la-filtracion-de-documentos-del-gobierno-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">El grupo se autodenomina hacktivista</a>, y se posiciona en contra de la represión por fuerzas estatales, por lo que en esta ocasión sus ataques se dirigieron a la SEDENA.
Los datos filtrados consisten en 6 Terabytes de información confidencial y altamente sensible (emitida entre 2016 y 2022), <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63167331" target="_blank" rel="noopener">relacionada con el ejército, las labores de inteligencia por parte de la milicia</a>, la Secretaría de Marina, operaciones de seguridad nacional, y prácticas de espionaje contra periodistas y activistas. La noticia causó controversia en los medios nacionales e internacionales y <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/9/30/amlo-admite-hackeo-de-grupo-guacamaya-la-sedena-que-esta-enfermo-294305.html" target="_blank" rel="noopener">fue vagamente abordada durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.</a>
Tan importante es el medio como el mensaje 
Las consecuencias de la cantidad de información &#8211;<a href="https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/10/1/la-sedena-al-desnudo-con-el-hackeo-del-colectivo-guacamaya-294384.html" target="_blank" rel="noopener">más de 4 millones 144 mil documentos</a> que se sustrajeron-, se conocerán en los próximos meses y marcarán la historia de la seguridad en México. La operación del grupo Guacamaya se trata del ciberataque más importante (conocido) en contra del Estado mexicano que pone de manifiesto una vulnerabilidad casi increíble en una de las economías más importantes de América Latina, y uno de los socios comerciales más relevantes para Estados Unidos; se trata de un ataque a una institución vital de seguridad en un país que enfrenta severos desafíos en materia seguridad pública.
La incidencia de ataques de esta naturaleza siempre envía un mensaje entrelíneas, uno que habla de un insuficiente nivel de preparación por parte de las instituciones gubernamentales para proteger datos sensibles y constituye una invitación para que otros hackers ya sea por hacktivismo o por ransomware sepan que ahí existen vulnerabilidades.
Tan importante fue el medio como el mensaje: hoy México debe aprobar una ley de ciberseguridad eficiente (aunque hecha al vapor), apoyada en instituciones, protocolos, personal capacitado, recursos financieros y -indispensable- con respeto a los derechos humanos.
Parece tratarse de la última llamada para legislar en materia no sólo de crimen cibernético, sino de protección de datos personales, del ejercicio de derechos digitales, de la responsabilidad de los intermediarios de internet, de plataformas digitales, de neutralidad de internet, y otros temas en donde necesitamos avanzar como las implicaciones de la inteligencia artificial, todo esto sin caer en la securitización de Internet y en la instalación de un gobierno espía.
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><a href="https://twitter.com/InsydeMx" target="_blank" rel="noopener">@InsydeMx</a>

Ciberseguridad en México: entre Guacamaya y la SEDENA

Cien mil son dos palabras pronunciadas en segundos. Que su significado sea mucho o poco depende del contexto; si se refiere a delitos o personas desaparecidas es un número alarmante, ya que las cifras importan y las personas detrás de ellas aún más.
En mayo de este año en la prensa nacional e internacional pudieron leerse notas sobre cien mil personas desaparecidas en México. En ese momento la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias externaron preocupación ante las violaciones a los derechos humanos, injusticia e impunidad que circundan esta problemática. Este <a href="https://news.un.org/es/story/2022/05/1508892#:~:text=M%C3%A9xico%20ha%20registrado%20oficialmente%20100.000,personas%20de%201964%20a%202022.&amp;text=La%20cuenta%20registra%20las%20desapariciones,ha%20sentenciado%20a%20los%20perpetradores" target="_blank" rel="noopener">Comité y Grupo de Trabajo</a> señala que 97 % de las desapariciones conocidas ocurrieron a partir de 2006 en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En la encuesta <a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/desapariciones-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Desapariciones Forzadas</a> del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México poco más de un tercio indicó que esta problemática tiene 20 años o más, para 31 % en un asunto que tiene entre 10 y 20 años de antigüedad, 24 % considera que ocurre de cinco a diez años y 8 % cree que tiene menos de cinco años.
Ya sea que los mexicanos asocien las desapariciones como acontecimientos ocurridos en décadas del siglo pasado, tal vez vinculadas a cuestiones políticas o bien establezcan que este fenómeno se concentra en los últimos tres sexenios, los datos muestran un país donde sistemáticamente desaparecen sus ciudadanos.
El periódico <a href="https://elpais.com/mexico/2022-05-18/el-pais-de-los-100000-desaparecidos.html" target="_blank" rel="noopener">El País</a> apunta 17.000 reportes de desaparición durante el gobierno de Felipe Calderón; 35.000 en la gestión de Enrique Peña Nieto, y más de 30.000 con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Quién es más propenso a ser víctima de desaparición? En percepción de la población, 38 % considera que son las mujeres en edad adolescentes-jóvenes; 26 % indica que todos podemos ser víctimas de este delito; 14 % cree que el grupo de hombres jóvenes-adultos; 11 % opina que las mujeres jóvenes-adultas, y 9 % que hombres adolescentes-jóvenes.
La impresión de la ciudadanía es de mayor riesgo para las mujeres, lo cual es entendible por el clima de inseguridad para las mujeres en el país; prueba de ello son las cifras de violencia, alertas de género y feminicidios. Sin embargo, <a href="https://media.datacivica.org/pdf/Compendio_Desaparicion_Forzada.pdf" target="_blank" rel="noopener">Data Cívica</a> refiere -con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda- que 59 % de los registros de personas desaparecidas son hombres. Adicionalmente, mayor porcentaje de hombres no son localizados y mayor número son localizados sin vida.
Los hallazgos por grupo de edad acentúan la complejidad del fenómeno dado que de los desaparecidos hombres, 25.9 % tienen entre 20 y 29 años y 28.8 % pertenece al grupo de 30 a 44 años; de las mujeres 56.1 % están en un rango de 10 a 19 años. Ante esta última cifra y las modificaciones ocurridas en los últimos años para las mujeres, sus desapariciones, origen y destino es imprescindible analizar este tema con perspectiva de género.
Aunque los motivos de las desapariciones pueden ser distintos para hombres o mujeres, es innegable que ambos son vulnerables, ambos están en riesgo. Y cómo no estarlo cuando se vive en el país con más desapariciones en América Latina y de <a href="https://cedehm.org.mx/es/wp-content/uploads/2021/01/03B-La-gravedad-de-las-desapariciones-en-Mexico-y-su-incidencia-municipal.pdf" target="_blank" rel="noopener">mayor incidencia en el mundo</a>.
Los niños tampoco están exentos. <a href="https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/desapariciones-forzadas-el-tormento-de-nunca-acabar/" target="_blank" rel="noopener">Amnistía Internacional</a> ha apuntado que diariamente desaparecen siete menores reclutados por grupos de narcotráfico, estos grupos son señalados como los principales responsables de causar una desaparición. Autoridades estatales, federales, la policía, la guardia nacional y ejército también son señalados por la población, de acuerdo con la encuesta del <a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/desapariciones-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">COPUVM</a>, misma que refiere que las motivaciones detrás de las desapariciones son la trata de personas (45 %), 12 % reclutamiento para el crimen organizado, 11 % secuestro y 7 % reclutamiento para actividades relacionadas con la droga (cosecha, venta y distribución), etc.
Al reparar en las causantes de la desaparición y en el instante que comienza la incertidumbre para las familias es inevitable pensar en los momentos opuestos: el reencuentro y en la sanción que recibirá el responsable. A pesar de la cifra de desaparecidos, en el <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/4870/2022/es/" target="_blank" rel="noopener">Informe 2021/2022</a> La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, Amnistía Internacional alertaba la impunidad en el país porque a enero de 2022, solo 35 sentencias condenatorias se habían emitido por el delito de desapariciones forzadas.
Con respecto a este tema Michelle Bachelet, en su momento alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó “el prolongado patrón de impunidad” y exhortó a unir esfuerzos para dar a las víctimas verdad y justicia. No obstante, la confianza en las autoridades es un punto endeble, ya que no solo se desconfía de la efectividad de las autoridades e instituciones para realizar su trabajo en la investigación y sentencia, también existe desconfianza desde que inicia el proceso de denuncia, lo cual dificulta tener datos confiables: los colectivos dudan de las cifras de desaparecidos proporcionados por las autoridades, incluso la misma comisionada de la ONU comentó que el número podría ser mayor debido a que no todos los casos se informan a las autoridades.
En la encuesta del<a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/desapariciones-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener"> COPUVM</a> 36 % considera que las familias no denuncian una desaparición porque desconfían de las autoridades, 30 % por temor a la delincuencia (a quien adjudican en mayor porcentaje la responsabilidad de las desapariciones), 19 % porque las autoridades no resuelven y 11 % por temor a las autoridades. Ya sea por incredulidad ante la incompetencia o por desconfianza, el desaliento para denunciar está tan asociado a grupos delincuenciales como a las autoridades e instituciones responsables de brindar y garantizar seguridad pública a la población.
Por lo anterior, no sorprende que el desempeño de las autoridades sea ampliamente cuestionado: 86 % estima que estas son ineficientes o muy ineficientes para reaccionar rápidamente ante una denuncia; 76 % tampoco considera que haya castigo para los responsables; 64 % considera que el gobierno lo está haciendo mal o muy mal haciendo leyes que atiendan el tema… En resumen, 8 de cada 10 no considera que se tenga una estrategia para combatir la creciente situación de desapariciones en un país donde 79 % se siente muy o algo vulnerable de ser víctima de este hecho.
* Adriana Rico Villanueva (<a href="https://twitter.com/CopUVM" target="_blank" rel="noopener">@CopUVM</a>) socióloga egresada de la UNAM, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México.

El drama de las desapariciones

A finales de 2016 en Chihuahua, por primera vez una institución policial logró la Certificación Policial Ciudadana (CERTIPOL), una metodología diseñada e implementada por Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE). Se trata de la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Este importante hecho ocurrió con el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC); meses después en INSYDE iniciamos pláticas con la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, y en julio de 2017 <a href="https://ficosec.org/certificacion-policial-insyde-en-cuauhtemoc/" target="_blank" rel="noopener">realizamos la revisión inicial para el proceso CERTIPOL</a>.
Al hacer la revisión inicial y formalizar el acompañamiento de INSYDE para iniciar la Certificación, la institución policial desarrolla lineamientos, políticas, procedimientos y acciones para el fortalecimiento institucional que serán la base de un proceso de reforma policial. Al finalizar, la institución debe presentar la evidencia de cumplimiento de cada uno de los 57 estándares que conforman el <a href="https://insyde.org.mx/certificacion-policial-ciudadana-certipol/" target="_blank" rel="noopener">Manual CERTIPOL</a>, a un comité ciudadano que evalúa si efectivamente cumple o no con los requisitos.
En el camino para lograr el cumplimiento de los estándares CERTIPOL, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, surgieron graves dificultades derivadas de la situación de violencia en la región. Entre otros hechos, el comandante Edgar Edmundo Pérez de la Peña, quien había sido designado como enlace para la CERTIPOL y con quien habíamos sostenido varias reuniones de trabajo, <a href="https://www.eluniversal.com.mx/estados/difunden-video-de-asesinato-de-jefe-policiaco-en-chihuahua" target="_blank" rel="noopener">fue asesinado mientras comía con su esposa en diciembre de 2017</a>.
En el mes de abril de 2017 la Policía de Cuauhtémoc <a href="https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1084306&amp;md5=f9bb994e20cbe7a629f0c7baccfbea28&amp;ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe" target="_blank" rel="noopener">entregó el mando operativo a la Policía Estatal</a>, de acuerdo con un decreto del entonces gobernador Javier Corral. A partir de ese momento la Policía Estatal de Chihuahua ha tenido el control operativo de la policía municipal; sin embargo, se determinó que la municipal tendría un director administrativo para hacerse cargo de los temas de nómina, recursos y funcionamiento administrativo de la policía. Esta situación excepcional presenta varios retos, uno de ellos es la constante tensión entre agentes estatales a cargo del mando y agentes municipales que debe cumplir instrucciones operativas al mismo tiempo que reciben su salario y prestaciones desde el Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
Con algunos mandos estatales ocurrieron momentos graves de tensión, por ejemplo, <a href="https://www.elsoldeparral.com.mx/local/detienen-al-director-de-policia-en-cuauhtemoc-y-a-11-oficiales-2731041.html" target="_blank" rel="noopener">la detención del propio director municipal y 11 agente</a>s por parte de la entonces Comisión Estatal de Seguridad.
En febrero del 2019 <a href="https://aristeguinoticias.com/2602/mexico/matan-al-director-de-seguridad-publica-de-cuauhtemoc-chihuahua/" target="_blank" rel="noopener">asesinaron al director de la Policía, el doctor Efrén Peñaflores Rodríguez y a su escolta, el agente Leobardo Alejandro López Rivera</a>.
En los últimos años los homicidios se volvieron lastimosamente parte del contexto cotidiano de Cuauhtémoc. La siguiente gráfica muestra las cifras de homicidio doloso desde el mes de enero 2015 hasta el mes de mayo 2022 con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=876616" rel="attachment wp-att-876616"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-876616 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/homicidio-doloso.png" alt="" width="1334" height="368" /></a>
Además del grave problema de homicidio en la localidad, Cuauhtémoc también presenta un serio problema de personas desaparecidas. <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/aseguran-en-rancho-dolores-2424-pequenos-fragmentos-oseos-y-evidencias-de-interes-criminalistica/" target="_blank" rel="noopener">En diciembre de 2021 se reportó el hallazgo de más de dos mil fragmentos óseos en el Rancho Dolores</a>.
En medio de este terrible panorama, la policía municipal debía atender el proceso de fortalecimiento institucional y de reforma policial que implica la CERTIPOL. Hay que destacar que la autoridad local y FICOSEC siempre mantuvieron la intención de seguir trabajando para fortalecer la institución de policía municipal.
El proceso de acompañamiento que hicimos desde INSYDE para apoyar en el desarrollo de políticas, procedimientos y otros lineamientos llevó más tiempo del que normalmente se requiere para lograr la certificación, el proceso inició en 2017 y finalizó en 2022 con la revisión final por parte del Comité Ciudadano.
Los estándares que componen la CERTIPOL implican un proceso de transformación en prácticamente todas las áreas de la policía. En Cuauhtémoc un reto adicional fue que algunas cosas estuvieron a cargo de la policía municipal y otras a cargo del “mando único”, forma en la que llaman al comandante de la Policía Estatal comisionado para dirigir la operación de la policía. Un ejemplo de este reto se explica con el protocolo de detención y traslado de personas detenidas, personal que se encontraba a cargo del proyecto desarrolló con el acompañamiento de INSYDE el protocolo, luego este documento fue revisado por el área jurídica del Ayuntamiento, luego por el área operativa de la policía cuyo mando en este momento es un agente estatal, una vez todas la partes estuvieron de acuerdo el protocolo fue revisado y aprobado por el Cabildo Municipal. Ya aprobado el siguiente paso es diseminarlo entre las y los agentes de policía, quienes fueron evaluados por el Comité Ciudadano como parte de la revisión final. Este proceso que se platica en unas cuantas líneas es en realidad un camino que no es sencillo.
El Comité Ciudadano de Evaluación en Cuauhtémoc está integrado por cinco integrantes locales:
Jaime Domínguez Sáenz, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo; Sabás Argüello Marrufo, del Colegio de Abogados Benito Juárez; Ana Isabel Terrazas Cerros, de COPARMEX-Centro Empresarial de Cuauhtémoc S.P; Gustavo Herón Pérez Daniel, de la División Multidisciplinaria-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Cd. Cuauhtémoc, y Juan Ramón Camacho Rodríguez, de la DGETI en el Estado de Chihuahua.
Además, el Comité fue acompañado por dos especialistas nacionales, Lucía Carmina Jasso López, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Keyla Harummi Vargas Rojas, investigadora en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C.
Este Comité Ciudadano recibió capacitación en cada uno de los estándares para realizar durante dos días una revisión profunda de la implementación por parte de la policía; como parte de la revisión aplican exámenes a agentes, visitan instalaciones, verifican el estado de las patrullas, el área de resguardo de armamento, y conocen el proceso para la entrega y recepción de éste. También realizan entrevistas a personal administrativo y operativo, revisan los lineamientos y otras actividades que les permiten comprobar si la policía ha logrado desarrollar en documentos y además ha puesto en marcha lo plasmado en el Manual CERTIPOL.
En Cuauhtémoc, Chihuahua, la revisión por parte del Comité Ciudadano ocurrió los días 18 y 19 de mayo del presente año. En este ejercicio estuve presente en compañía de nuestra consejera Lilian Chapa Kolofon y del equipo de INSYDE que realizó el acompañamiento técnico en los últimos años a la policía municipal.
Aquí relato lo que considero más relevante: el comité mostró siempre una actitud imparcial, preguntaban sobre algún lineamiento y luego solicitaban los documentos probatorios. En diferentes momentos dijeron frases que quiero recuperar: “ésta es nuestra policía y por eso estamos aquí”, “no sabía que hacían todo este esfuerzo, ¿por qué no lo comunican?”, “esfuerzos de participación como el comité ciudadano tienen que permanecer activos más allá de la revisión Certipol, tenemos que seguir visitando a la policía”, “se les tiene que acompañar”, “todavía falta implementar mejor algunas cosas, pero considero que han hecho un gran esfuerzo”. El comité ciudadano en Cuauhtémoc participó tan activamente que incluso solicitaron tener una reunión de trabajo con el equipo de INSYDE en la que nos hicieron preguntas sobre la metodología y algunas recomendaciones que han fortalecido nuestro trabajo de acompañamiento a las instituciones policiales.
El comité ciudadano determinó que la institución policial cumplió con cada uno de los 57 estándares para lograr la certificación. Si bien hizo varias observaciones que la Policía Municipal debería subsanar, decidió otorgarles la Certificación y puedo afirmar que como en ningún proceso que hemos acompañado de fortalecimiento institucional en INSYDE vi el orgullo y la emoción de las personas del Comité por saber que la Policía, aún en el complicadísimo contexto de la localidad, tuvo la determinación de adelantar un proceso de fortalecimiento institucional que significa dedicar tiempo y esfuerzo adicional.
Una vez en un curso escuché decir al especialista colombiano Hugo Acero: “ojalá las personas que cometen delitos se esperaran un año sin delinquir y así la policía podría tomar ese año para realizar su fortalecimiento; sin embargo, eso no es posible, hay que trabajar al mismo tiempo que transformamos”. Tiene razón el doctor Hugo, y solo las instituciones policiales que tienen una gran determinación realizan procesos de fortalecimiento y reforma policial a pesar del terrible contexto de violencia en algunas localidades de nuestro país.
* Miguel Garza <a href="https://twitter.com/mgarzaf">@mgarzaf</a> es director ejecutivo del INSYDE (<a href="https://twitter.com/InsydeMx" target="_blank" rel="noopener">@InsydeMx</a>).

La historia de Certipol en la Policía de Cuauhtémoc, Chihuahua

¿Quién quiere un empleo donde se duerme sobre cartones? ¿Quién quiere un empleo donde no podrá celebrar Navidad ni Año Nuevo en casa? ¿Quién quiere un empleo donde se arriesga la vida? Estos detalles no aparecen en las convocatorias de empleo, pero podrían ocurrir si la vacante es para desempeñarse como policía.
Las convocatorias de las distintas Secretarías de Seguridad Pública establecen para unirse a esta fuerza requisitos generales tales como nacionalidad, edad, estatura, escolaridad, buena salud, buena conducta, carencia de antecedentes penales, tatuajes no visibles y contar con cartilla militar. Algunas convocatorias mencionan beneficios obtenidos al unirse a la fuerza de seguridad (unas más detalladas que otras), pero hay elementos que no todas abordan, por ejemplo vocación de servicio, salarios y plan de carrera.
¿Acaso no es importante tener una fuerza de seguridad pública dedicada a servir por vocación? ¿Acaso no vale la pena informar a quien aspira a emplearse como policía que puede crecer, ascender y profesionalizarse e idealmente con un ingreso acorde a su desempeño o tareas?
En la mirada de la población, una persona decide unirse a la policía por necesidad económica (41 %), por falta de oportunidades laborales (29 %) y porque no tiene estudios ni preparación (14 %); porcentajes menores consideran que lo hacen para ayudar a la población (19 %), para combatir a la delincuencia (9 %) o por un sentimiento patriótico, es decir, de acuerdo con la encuesta <a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/ser-policia-en-mexico-que-rol-asume-la-sociedad/" target="_blank" rel="noopener">Ser Policía en México</a> del COP UVM, la percepción del ciudadano sobre la policía es que tienen esta profesión por necesidad, por falta de mejores oportunidades laborales derivadas de su falta de preparación, pero claramente para la población no se es policía por vocación.
Miembros de distintas corporaciones compartieron sus testimonios informando, en su mayoría, llegar a este empleo por convicción, por amor, por vocación, por una tradición inculcada en una familia con generaciones de policías o al servicio de la seguridad:
<ul>
<li>“Yo entré por pasión, la verdad me gusta saber que puedo hacer algo por la gente”.</li>
<li>“A mí me llamaba la atención desde niño…y lo busqué ¿por qué no, si es lo mío?”.</li>
<li>“Yo entré porque toda mi familia es policía y militares”.</li>
</ul>
También existen quienes llegaron por otros motivos:
<ul>
<li>“Estoy aquí porque el sueldo de mi esposo es muy poco y no había otra cosa”.</li>
<li>“Por equivocación, estaban solicitando personal para edecanes, empecé a hacer trámites y cuando me di cuenta era para la policía”.</li>
<li>“No encontré trabajo en otros lados, es más fácil entrar a la policía que entrar a una empresa”.</li>
</ul>
Aunque el motivo puede estar fincado en la necesidad, esto no impide desarrollarse en esta profesión con compromiso:
<ul>
<li>“Yo entré por necesidad, pero al paso del tiempo uno porta el uniforme con orgullo”.</li>
</ul>
Algunas convocatorias anuncian frases como “sueldos competitivos”, “compensaciones”, listan las prestaciones y otras indican la cantidad recibida por este empleo. El ingreso promedio de policías y agentes de tránsito fue de $ 7,180 pesos al primer trimestre de este año de acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Secretariado Ejecutivo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en mayo de 2021 informaron en el documento <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649079/SESNSP_Proyecto_policias.pdf" target="_blank" rel="noopener">Salario Digno Policías</a> que el sueldo nacional promedio fue de $ 13,283 pesos -tomando como referencia policía estatal, agente de tránsito municipal, celador de reclusorio y granadero-.
<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649079/SESNSP_Proyecto_policias.pdf" target="_blank" rel="noopener">Salario Digno Policías</a> señala que el ingreso mensual más bajo es de $ 6,357 (Chiapas) y el mayor de $ 21,090 (San Luis Potosí). En la búsqueda por definir un salario digno para los policías por entidad determinaron que el rango ideal iría de $ 8,651 (Veracruz) a $ 18,024 (Quintana Roo).
La retribución de un policía por el trabajo realizado resulta inadecuada para 60 % de la población, sobre todo al considerar las dificultades enfrentadas: encarar a la delincuencia, al crimen organizado, estar expuesto constantemente a la violencia, es decir, una profesión donde ponen en riesgo la vida (37 %), de acuerdo con la encuesta de <a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/ser-policia-en-mexico-que-rol-asume-la-sociedad/" target="_blank" rel="noopener">COP UVM.</a>
Desde la perspectiva de los policías, su ingreso resulta incongruente si se considera el peligro que afrontan, las condiciones laborales, las guardias. También hay quienes ven en el sueldo (aunque sea poco) estabilidad y seguridad, y quienes externaron su desconocimiento ante los procesos que determinan las diferencias de sueldo entre corporaciones y entidades. En palabras de estos servidores:
<ul>
<li>“La percepción económica no es satisfactoria con el conjunto de actividades y el riesgo que se corre”.</li>
<li>“Y nuestro sueldo está para llorar, no te alcanza”.</li>
<li>“Estás trabajando, te quedas a la guardia. Entras a las 9 y sales a las 9, ya vas a salir y te dice el comandante &#8216;quédate a una puesta&#8217; y haces la disposición a las 4 o 5 de la mañana, te reciben hasta el otro día en el MP, te quedas hasta la 1 o 2 de la tarde, ya estaba en mi franca (descanso)”.</li>
</ul>
Convocar a mujeres y hombres para servir al país con la oportunidad de hacer carrera policial como una opción de vida puede leerse en algunos despliegues de las secretarías de seguridad pública. Destacar en ellas la profesionalización implica dos elementos indispensables de donde derivarán otros más. Por lo pronto, aludir el tema ayudaría en ir cambiando la percepción de la policía en términos de capacitación, eficiencia, adiestramiento, legalidad, es decir, tanto aspirantes como sociedad tendríamos conocimiento de la existencia de un proceso formativo y, por otra parte, el ingreso de un aspirante a la policía es de formación inicial, pero puede desarrollarse profesionalmente, hacer una carrera, lo que habla de ofrecer la oportunidad de una capacitación continua bajo los parámetros de la <a href="https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/prp-seguridad-publica-formacion-inicial" target="_blank" rel="noopener">normativa de Seguridad Pública</a>.
¿Cómo viven los elementos de seguridad estas iniciativas de profesionalización? ¿Qué perciben de ellos? ¿Notan cambios en la preparación y profesionalización al interior de la institución? En voz de los policías apreciamos que no es sencillo, hay retos pendientes y también cambios:
<ul>
<li>“Muchas veces somos renuentes a la educación, sabemos de un curso y no vamos”.</li>
<li>“Yo fui una seleccionada (para estudiar licenciatura en seguridad pública) y hay compañeros del grupo que dicen que los jefes nada más por hacerles la maldad los mandaron”.</li>
<li>“Cuando vamos a algún curso o un adiestramiento hay muchos compañeros que van a disgusto, te dicen cómo debes actuar ante determinada situación y hay muchos que no ponen atención y cuando pasa algo el compañero lo hace mal, no saben qué van a hacer”.</li>
<li>“Antes no pedían un perfil para entrar a la policía, incluso cuando yo entré había comandantes con primaria; ahora para ingresar piden preparatoria o licenciatura, mínimo”.</li>
</ul>
La profesión respetable del servidor por convicción e interesado en ser útil al Estado y proteger a la ciudadanía podría ocupar un papel protagónico en los despliegues que buscan la incorporación de nuevos integrantes a la seguridad pública.
* Adriana Rico Villanueva es socióloga egresada de la UNAM, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (<a href="https://twitter.com/CopUVM" target="_blank" rel="noopener">@CopUVM</a>).

¿Quién quiere un empleo donde se arriesga la vida?

Es amplia la lista de creaciones cinematográficas, televisivas o literarias donde el protagonista, al ser víctima de un acto infame, inicia una cruzada para dar castigo a quienes le ocasionaron daño. Hacia el desenlace se habrá hecho justicia, pero no en todos los casos el personaje principal recobrará lo que ha perdido: un hijo, una esposa, un patrimonio y mucho menos la tranquilidad. Las autoridades pueden intervenir o no, pueden ayudar u obstaculizar la misión, pero el mensaje es claro: el personaje decide hacer justicia por su cuenta.
Por más recurrente que resulte esta historia, los justicieros, héroes o antihéroes no figuran en la ley. La Constitución Mexicana establece en el artículo 17 que Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, también detalla que los tribunales administrarán la justicia de manera pronta, imparcial y gratuita.
Pese a este precepto constitucional, los casos de justicia por propia mano se presentan, incluso se justifican. En diversas mediciones la aprobación a ejercer justicia por cuenta propia el porcentaje cambia notablemente, por ejemplo, en el <a href="https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO920es.pdf" target="_blank" rel="noopener">Barómetro de las Américas</a> los ciudadanos que la apoyan representan en promedio el 30% hasta 2014 (en años previos también fluctuó entre el 20% y 30%).
En la <a href="http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/pdf/Mexicanos_Constitucion.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Cultura Constitucional</a> el apoyo a este tipo de conducta cuando las autoridades no actúan también ha tenido fluctuaciones: del 30% ha descendido a 20% y finalmente ha superado el 30% en 2016. (aunque el porcentaje puede llegar al 46% si se considera aquellos que dan apoyo total y parcial). La <a href="http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Jur_6.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENCOVE 2017</a> indica un apoyo que llega al 50%. En 2019 la encuesta <a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/cultura-de-la-legalidad-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Cultura de la Legalidad en México del Centro de Opinión Pública de UVM</a> 39% indicaba que es preferible que las personas hagan justicia por su propia mano cuando el sistema de justicia no castiga a los criminales.
Aunque la mayor parte de los entrevistados en las distintas mediciones desaprueban que un ciudadano tome por su cuenta la justicia, no deja de ser un foco el porcentaje de quienes justifican o entienden esta práctica. Igual alarma causa que esas fluctuaciones puedan superar el cuarenta por ciento. ¿Qué envuelve esta postura del ciudadano? Lleva consigo hartazgo social por la situación de inseguridad, decepción por la actuación de las autoridades e instituciones, una atmósfera de impunidad donde el reclamo unánime es justicia, la necesidad de saber que se castigará al culpable y un cuestionable Estado de derecho.
La ciudadanía no percibe acciones eficientes de las autoridades para castigar delincuentes y de existir no ocurren en la misma proporción en que se presentan los actos delictivos. Al menos no ocurre así por lo que vemos en medios de comunicación, en redes sociales y en las cámaras de videovigilancia que facilitan imágenes de distintos delitos, entre los que destacan el robo a transeúntes, robo a negocios y robo en el transporte público colectivo. Este último aparece con más frecuencia, aunque los casos expuestos son menores a los registradas; solo en este año el <a href="https://drive.google.com/file/d/1wRzhEq0p73KzbOwf1Q0aMH6fVeTjJmpF/view" target="_blank" rel="noopener">Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública</a> reporta a abril 4264 robos en transporte colectivo a nivel nacional de los cuales 64.6% fueron con violencia, porcentaje inferior a los años previos (aunque esta cifra es de un cuatrimestre). La ciudadanía, ávida de castigar al infractor y de contener la situación de inseguridad, ha emprendido en solitario o en colectividad acciones contra los delincuentes
Es frecuente ver en medios de comunicación o encontrar en redes sociales videos donde un ciudadano desarma, neutraliza y da una golpiza a la persona que estaba despojándolo de sus pertenencias en el transporte o negocio. Estos videos suelen recibir en redes sociales y plataformas de videos comentarios como: “Excelente, muy grande la justicia por mano propia así es como deben ser ejecutados”, “da tanta felicidad y alegría, larga vida a esos mexicanos valientes que hicieron patria”, “se arriesgaron mucho, pero ya los ciudadanos estamos cansados”, “los ciudadanos tenemos que hacer el trabajo que la policía no hace”, “nos cansamos de esperar justicia y los ciudadanos comenzamos a buscarla por nuestra cuenta”.
En calles de la ciudad pueden leerse advertencias dirigidas a ladrones que de ser atrapados serán linchados, quemados, algunos incluso enfatizan que no llamarán a la policía. Aunque resulta complicado establecer el número de actos de linchamiento o linchamientos, estudios académicos tomados por la <a href="http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Jur_6.pdf" target="_blank" rel="noopener">CNDH refieren 222 casos entre 1991 y 2003 (18 actos por año); 403 acciones de linchamiento de 2000 a 2011, es decir, 33.5 hechos en promedio al año y 336 casos de 2015 a 2018</a>.
De manera individual o colectiva se emprenden acciones defensivas o reactivas para resguardarse de una amenaza, desencadenando con ello una serie de actos anómicos: el presunto delincuente se convierte en víctima y la víctima en victimario; la presunción de inocencia y otros derechos, entre ellos un juicio justo, queda sometido a un enjuiciamiento comunitario, es sentenciado y ejecutado, es así como la violación a la ley es bilateral, ambas partes olvidan los derechos del otro y ambas partes esperan salir sin castigo.
Aunque la Constitución establece que serán los tribunales los encargados de administrar justicia de manera pronta, a ojos de la ciudadanía esa justicia no llega, no castiga; hoy la videovigilancia y las cámaras colocadas por las empresas, por los vecinos, y en los ojos vigilantes en cada dispositivo celular exhiben más que nunca los delitos y lamentablemente, también las fallas sistemáticas de los órganos de seguridad y de procuración de justicia.
* Adriana Rico Villanueva es socióloga egresada de la UNAM, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (<a href="https://twitter.com/CopUVM" target="_blank" rel="noopener">@CopUVM</a>).

El hartazgo social por la inseguridad

Más de setenta años han transcurrido desde la proclamación de la <a href="https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights" target="_blank" rel="noopener">Declaración Universal de los Derechos Humanos</a> y con recurrencia escuchamos diferentes voces, medios y organismos denunciando violaciones a estos derechos. Amnistía internacional en el informe <a href="https://www.amnesty.org/es/location/americas/north-america/mexico/report-mexico/" target="_blank" rel="noopener">México 2021</a> da a conocer el contexto nacional; con cifras y ejemplos denuncia las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y atentados contra la libertad de expresión.
En opinión de la ciudadanía, los derechos humanos en México no son respetados (56%); 43% cree que la situación de derechos humanos en el país es tan mala como en otros países y 31% piensa que es peor aquí que en resto de mundo, de acuerdo con la encuesta <a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/situacion-de-los-derechos-humanos-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Situación de los derechos humanos en México del COP UVM</a>. ¿Qué está ocurriendo al interior del país que está provocando la idea de un mundo con reiteradas violaciones a los derechos humanos ?
En la misma encuesta del COP, 78% refiere que ha sabido de casos donde una autoridad cometió violaciones a los derechos humanos. Al preguntar concretamente por casos específicos, descubrimos una amplia lista de ejemplos, lo que corrobora la prevalencia de prácticas que atentan contra los derechos humanos. Algunos mencionados son los casos de violencia hacia las mujeres, los normalistas de Ayotzinapa, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, encarcelamientos injustos, detenciones ilegales, abusos de la Guardia Nacional, abusos a migrantes, figuran en una amplia lista de sucesos.
El caso de los normalistas desaparecidos en uno de los más aludidos y condensa una serie de faltas que vulneran los derechos de todo individuo y cuestionan la existencia de un estado de derecho. Hace unas semanas y, a seis años de lo ocurrido en Ayotzinapa, <a href="http://www.conavim.gob.mx/">Francisco Cox Vial</a>, miembro de la Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes, ratificó que hubo declaraciones bajo tortura, jóvenes torturados, heridos, asesinados y desaparecidos. En el <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WqIzkkRs7Xo&amp;t=2648s" target="_blank" rel="noopener">Informe a seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa</a>, que contó con la participación de Cox Vial, también María Martínez Zeferino comentó:
“Ya seis años y pues no tenemos nada… nos siguen faltando nuestros seres queridos en la casa… nos dolió que el año pasado estuvieron saliendo varios (detenidos) libres, llevándose información, nos da coraje ver que los detienen y no dan la información que tienen… nos quitaron lo que más queremos… es horrible que te arrebaten un hijo. No exigimos nada material, es nuestro derecho, son nuestros hijos y tenemos el derecho de tenerlos con nosotros”. 
(Al referirse a las autoridades comenta) “En vez de venir a defender a los mexicanos, vienen a desaparecerlos, a matarlos… dicen que a nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia, a nosotros eso no nos interesa, se los llevaron los policías, participaron militares, hubo videos, hubo fotografías, el C4 y ¿dónde quedaron?”.
Entre las palabras de Cox Vial y Martínez Zeferino, en el informe pueden identificarse un cúmulo de faltas: “destrucción de pruebas, pruebas contaminadas, líneas de investigación tergiversadas y corrompidas, autoridades ocultando a los jóvenes, ocultando el paradero de los chicos, encubrimiento en todos los niveles municipal, federal y estatal, procesos judiciales invalidados por las violaciones a los derechos humanos”.
¿Cuántas familias esperan tener respuesta para encontrar a sus hijos, hijas o madres? ¡¿Dónde están!? es una pregunta dolorosa, es un reclamo para un Estado que ha fallado. Más grupos de la sociedad hacen el mismo reclamo: conocer el paradero de sus familiares. Al 26 de noviembre de 2021, la <a href="https://mexico.un.org/es/163814-95000-personas-desaparecidas-y-52000-personas-fallecidas-sin-identificar" target="_blank" rel="noopener">ONU</a> retoma cifras del gobierno mexicano para denunciar que hay más de 95,000 personas desaparecidas y 52,000 cuerpos no identificados de personas fallecidas. En el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Recuperados pueden revisarse el número de fosas clandestinas (174) y cuerpos encontrados (393) en el primer semestre de 2021. No faltan 43, faltan más de 90,000.
Fosas que han sido localizadas por brigadas conformadas por familiares y madres de personas desaparecidas. En entrevista realizada por <a href="https://elpais.com/mexico/2022-02-26/cecilia-flores-quiero-volver-a-ver-a-mis-hijos-aunque-sea-en-un-punado-de-huesos.html" target="_blank" rel="noopener">El País</a> a Cecilia Flores de Madres Buscadoras puede leerse: ”No buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa” y señala el diario “su ruego dirigido a los delincuentes da una señal muy clara de la ineficacia de las autoridades”.
La <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf" target="_blank" rel="noopener">Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a> establece en el artículo primero que todas las autoridades “tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos… En consecuencia (el Estado) deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”. ¿Qué rol están llevando las autoridades para proteger los derechos humanos, para garantizarlos? Y ante una violación, ¿qué hace para sancionar y reparar? ¿Esperaríamos una actuación de las autoridades acorde a un estado de derecho cuando se desconfía ellas?
En la encuesta del COP incluso se distingue que las autoridades no suelen respetar los derechos humanos, quienes menos lo hacen son los policías (69% considera que pocas veces o nunca los respetan); 62% piensa que los funcionarios electos mediante voto popular pocas veces o nunca los respetan; 45% los jueces y 35% los militares. Estas son figuras que representan al Estado mexicano, responsables de proteger y garantizar los DDHH, son vistos, en términos generales, como figuras que faltarán a su obligación de proteger, investigar y sancionar. Si violentar los derechos humanos ya es un hecho grave, ilegal e inconstitucional esto puede empeorar al quedar impune, al no ser atendido, como ocurre en los casos de las desapariciones.
Las autoridades han referido que las desapariciones ocurren en centros neurálgicos del crimen, en centros neurálgicos de distribución de droga y, ¿dónde están los centros neurálgicos de la cultura de Derecho? ¿Hay más centros o plazas del crimen que de legalidad? ¿Hay más fosas clandestinas o desaparecidos que autoridades atendiendo las observaciones de organismos defensores de derechos humanos? Mientras las respuestas a estas preguntas se inclinen hacia la ilegalidad, impunidad, desigualdad y violencia, México continuará con un contexto adverso para los derechos humanos.
* Adriana Rico Villanueva es socióloga egresada de la UNAM, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (<a href="https://twitter.com/CopUVM" target="_blank" rel="noopener">@CopUVM</a>).

Percepción sobre la situación de los derechos humanos en México

“Un día sin nosotras” nuevamente se avecina para concientizar a la población sobre la situación de violencia de género, a la par de visibilizar la indispensable participación de las mujeres. Ha habido avances, sí; no obstante, los pendientes aún son cuantiosos para lograr condiciones igualitarias para resolver los miles de casos de feminicidios en el país, así como para erradicar la violencia.
Hace apenas unos meses México vivió el 6 de junio de 2021 elecciones intermedias, catalogadas como históricas por ser las más grandes: estuvieron en disputa 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 renovaciones de congresos locales y 1923 ayuntamientos. Histórico también fue el resultado en el congreso con una composición con igual número de hombres y mujeres.
Para las mujeres fue una elección sin precedente por el número de mujeres postulantes a una candidatura y mujeres que resultaron electas para ocupar un puesto de elección popular. También es de trascendencia el número de mujeres víctimas de violencia, en particular, víctimas de violencia política por razón de género.
El Instituto Nacional Electoral <a href="https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/12/Resumen_ejecutivo_INE_revisiones_FINAL-18112021.pdf" target="_blank" rel="noopener">(INE)</a> recuperó datos del <a href="https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellekt.html" target="_blank" rel="noopener">Séptimo Informe de Violencia Política en México de Etellekt,</a> indicando que hubo 1,066 delitos en contra de políticos ocurridos entre septiembre de 2020 y el 6 de junio de 2021; este número incluye 36 homicidios a personas candidatas y aspirantes, de los cuales 14 fueron mujeres (aunque <a href="https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-proceso-electoral-de-2021-el-mas-violento-hacia-las-mujeres-21-candidatas-asesinadas-20210608-0002.html" target="_blank" rel="noopener">Observatoria Ciudadana Todas MX</a> precisó que fueron 21.
Este panorama de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPCMRG) ha saltado a la discusión pública, entre otros motivos, para concientizar sobre la problemática, para exponer las prácticas que la alimentan y las contradicciones que encierra. Por ejemplo, la encuesta <a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/violencia-politica-hacia-la-mujer-por-razones-de-genero" target="_blank" rel="noopener">Violencia política hacia la mujer por razones de género</a> del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México expone el desconocimiento de la población sobre este tipo de violencia y, pese a la desinformación, se distingue que las mujeres en la política enfrentan un entorno adverso:  80% considera que en una contienda electoral es probable que una mujer sea discriminada por su género.
69% considera probable o muy probable que en una campaña el partido político desaliente a una mujer ante una candidatura; 71% estima probable que reciba menos recursos que un candidato hombre y 88% cree que recibirá comentarios inapropiados de sus competidores o rivales; 86% indica que probablemente sufra de acoso sexual y 83% piensa que recibirá amenazas para abandonar su candidatura.
¿Cómo viven estas situaciones las mujeres militantes de partidos, aspirantes, precandidatas y candidatas? El <a href="https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/12/Resumen_ejecutivo_INE_revisiones_FINAL-18112021.pdf" target="_blank" rel="noopener">INE</a> informó que, en un cuestionario aplicado a mujeres con este perfil durante el proceso electoral 2020-2021, 45.71% señala que son marginadas de las actividades políticas y/o en sus funciones en el cargo por el hecho de ser mujeres; 42.86% sabe de otras mujeres que han tenido problemas al registrarse como candidatas, y 34.29% percibe que existe miedo en las mujeres de ser asesinadas al realizar una carrera política.
Adicionalmente a estos puntos es necesario considerar la participación de los propios partidos políticos ya que las agresiones hacia las mujeres no solo vienen del exterior, del crimen organizado interesado en localidades, en la violencia política como en la violencia doméstica el enemigo también está casa, está presente en la propia estructura y clase política. Aquí podemos encontrar varios ejemplos, en la encuesta del <a href="https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/violencia-politica-hacia-la-mujer-por-razones-de-genero/" target="_blank" rel="noopener">COP UVM</a> 52% cree probable que una mujer denuncie que está siendo víctima de violencia política, 44% dice que es poco probable y 4% nada. Los encuestados piensan que las razones para no denunciar serían que las mujeres “ya saben que así es la política” (25%), la segunda causa es que denunciar arruinaría la carrera política de la mujer (24%), el partido no lo permitiría (19%), no presentará la denuncia para no verse débil (17%) y porque la mujer no sabe que es víctima de violencia política (10%).
En voz de las mujeres involucradas en la política, el <a href="https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/12/Resumen_ejecutivo_INE_revisiones_FINAL-18112021.pdf" target="_blank" rel="noopener">INE</a> comparte que 22.86% de las mujeres en campaña no cree que sea efectivo acudir a su partido político para denunciar hechos de VPCMRG, es decir, ante la ocurrencia de un acontecimiento que violente a la mujer, confiar en la actuación del partido y las propias bases del partido puede ser la diferencia para alzarla voz o no. La congruencia al interior y exterior de esta institución política es de la mayor relevancia: ¿cómo erradicar la VPCMRG cuando solo <a href="https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/12/Resumen_ejecutivo_INE_revisiones_FINAL-18112021.pdf" target="_blank" rel="noopener">6 de 10</a> partidos con presencia nacional tienen protocolos de atención en materia de VPCMRG? ¿Cómo confiar en al partido cuando al menos <a href="https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-02/la-otra-violencia-electoral-en-mexico-los-candidatos-con-denuncias-por-agresiones-contra-mujeres.html" target="_blank" rel="noopener">70 candidatos</a> de las distintos partidos fueron señalados o tenían denuncias por violencia de género (abuso, violación, agresiones, violencia familiar o violencia política contra una mujer)? O cuando más de 100 candidaturas no cumplieron con la iniciativa 3 de 3 contra la violencia.
Aunque la población considera que la política es un espacio donde pueden participar hombres y mujeres, reconoce la importancia de tener un <a href="https://coplab.uvm.mx/mujeres-hacia-la-igualdad-de-derechos-politicos.html" target="_blank" rel="noopener">Congreso</a> paritario, además de contar con normatividad para garantizar una vida libre de violencia, esto no es un escenario que muestre que en corto plazo desaparecerán las reiteradas prácticas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, pero lo ocurrido en los últimos procesos electorales son base para ir abordando un problema estructural y cultural donde las mujeres siguen en desventaja.
* Adriana Rico Villanueva es socióloga egresada de la UNAM, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (<a href="https://twitter.com/CopUVM" target="_blank" rel="noopener">@CopUVM</a>).

Violencia política por razones de género, otra más

Recientemente, la agencia de investigación <a href="https://lexia.cc/" target="_blank" rel="noopener">Lexia</a> nos compartió una serie de hallazgos muy preocupantes sobre la percepción que tiene la población respecto a la seguridad en el país. Se trata de un resumen de los diferentes estudios cualitativos que esta empresa realizó durante 2021, entre personas provenientes de los sectores populares y las clases medias vulnerables (entre ambas 80% de la población).
¿Por qué decimos que los hallazgos son preocupantes? A continuación, se los resumimos y usted mismo saque sus propias conclusiones: los entrevistados están más preocupados por la economía que por la seguridad pública, a ésta última no la consideran como un problema que se pueda resolver, consideran también que la guerra contra el narco es una guerra perdida, su principal temor no es que haya delincuencia, sino que reine la delincuencia y no les preocupa la militarización.
Estos hallazgos explican muchas cosas, en primer lugar, por qué la administración actual no ha pagado un costo político ante la falta de resultados en materia de seguridad pública, por qué la población en general no ha levantado la voz en contra de la militarización de la seguridad cuando una de las consignas de campaña del actual gobierno fue que se iba a retirar a los militares de las calles y por qué el saludo a la mamá del Chapo no tuvo mayores consecuencias para el presidente en términos de imagen.
Los mexicanos están en otra cosa, es decir, están tratando de sobrevivir a la pandemia y a las penurias económicas con una inflación creciente y una contracción del crecimiento económico.
Y es por eso por lo que en este momento es más importante que nunca que las organizaciones civiles sigamos insistiendo en la gravedad de la situación de inseguridad que se vive en todo el país y en la errada estrategia de continuar con la militarización.
Desde el INSYDE hemos insistido en que el camino debe ser la vía civil a través del fortalecimiento de las policías; sin embargo, no somos los únicos que lo hemos dicho, las organizaciones agrupadas en el Colectivo Seguridad Sin Guerra hemos señalado en múltiples ocasiones los riesgos que implica la militarización y los pocos resultados que se han logrado con esta medida.
El riesgo más importante de la militarización es que se establece un estado de excepción que de alguna manera justifica las violaciones a los derechos humanos. Esto en una democracia no puede tolerarse.
Si nos remitimos a los resultados de la militarización encontramos que no hay buenas noticias. Un estudio realizado por <a href="https://www.jstor.org/stable/26532712?refreqid=excelsior%3A25218d492019e25392234e9034453b41" target="_blank" rel="noopener">Gustavo Flores-Macías</a> y publicado en enero de 2018 encontró que:
“En términos de seguridad pública, los resultados sugieren que, en promedio, cada año la militarización incrementó 17 por ciento la tasa de homicidios y la tasa de secuestro uno por ciento. En términos de extracción fiscal, se redujo la recaudación 0.09 puntos con respecto al PIB – lo que equivale a alrededor de 30 por ciento de los impuestos recaudados en los estados militarizados”.
Es decir, la militarización no solamente ha incrementado la tasa de homicidios y secuestros, sino que ha impactado en la recaudación fiscal.
Pero no solamente las organizaciones de la sociedad civil mexicanas hemos estado alertando sobre estos riesgos, también organismos internacionales como la <a href="http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Organización de las Naciones Unidas</a> y el <a href="https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/los-riesgos-de-militarizar-la-respuesta-a-la-inseguridad-en-america-latina/" target="_blank" rel="noopener">Banco Interamericano de Desarrollo</a> han hecho señalamientos a este respecto.
Las propuestas que ha hecho el <a href="https://www.seguridadsinguerra.org/" target="_blank" rel="noopener">Colectivo Seguridad Sin Guerra</a> como alternativas a la militarización son las siguientes:
<ul>
<li>Respeto a la constitución vigente y los tratados internacionales.</li>
<li>Adopción de medidas excepcionales como el uso del ejército en tareas de seguridad pública solo a partir de los mecanismos ya previstos: regulación de los artículos 29 y 119.</li>
<li>Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública.</li>
<li>Profesionalización de las policías civiles.</li>
<li>Elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública.</li>
<li>Regulación en ley del uso de la fuerza.</li>
<li>Establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad.</li>
</ul>
En INSYDE no solo apoyamos estas propuestas, sino que trabajamos específicamente en la que se refiere a la profesionalización de los policías civiles a través de la Certificación Policial Ciudadana (CERTIPOL), que trabaja en el desarrollo de estándares profesionales en la policía para generar procedimientos operativos, documentar procesos y hacer menos discrecionales sus actividades primordiales.
Es necesario convencer a los ciudadanos que el problema de la inseguridad puede solucionarse paulatinamente. Si la gente considera que es un asunto que no tiene remedio, entonces sí habremos perdido la guerra.
* Sophie Anaya (<a href="https://twitter.com/sophieanaya" target="_blank" rel="noopener">@sophieanaya</a>) es presidenta del consejo del <a href="https://twitter.com/InsydeMx" target="_blank" rel="noopener">@insydemx</a>.

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