Cuando la justicia es insuficiente: el desafío de sancionar el acoso en las instituciones públicas
Nadia trabajaba en la Cámara de Diputados. El 7 de febrero de 2020 se sentía mal y a mediodía decidió acudir a los servicios médicos para que la revisaran. Al entrar al consultorio, el médico en turno le preguntó su nombre y el motivo de la consulta, ella le explicó que tenía un dolor en la parte abdominal y él le pidió que se acostara en la camilla para revisarla. El médico desabrochó el pantalón de Nadia sin su consentimiento y comenzó a acariciarle el abdomen mientras indagaba sobre su última fecha de menstruación y si podía estar embarazada. Ella respondió que no tenía vida sexual activa a lo que él empezó a hacerle preguntas y comentarios sexuales, como “¿por qué no tienes vida sexual activa?”, “si yo fuera tu novio no te dejaría ni un solo día en paz”, “estás muy bonita para no tener novio”, “tienes unas manos muy suaves, hubieras sido una buena enfermera”, “si tú quisieras yo podría darte clases del cuerpo humano por fuera porque soy maestro de medicina”, al tiempo que la acariciaba también en el brazo. Posteriormente, él quiso darle un medicamento negándose a mostrarle qué era, por lo que Nadia salió rápidamente del consultorio. 1
Las conductas que enfrentó Nadia, además de constituir violencia sexual muestran que la violencia hacia las mujeres en todas sus formas aún prevalece, incluso dentro de las instituciones públicas. Nadia tuvo la valentía de denunciar al médico con su superior jerárquico dentro de la Cámara de Diputados, quien le ofreció una disculpa y la promesa de que no volvería a ocurrir. Esto, a pesar de que una mujer había vivido una experiencia previa similar con el mismo médico. El superior también le pidió “llevarle una carta con su testimonio para ver qué podía hacer”, pero no sucedió nada.
Animada por sus amigas, Nadia denunció en la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y también ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta última concluyó que ella había sufrido afectaciones psicológicas y emocionales.
Por su parte, la Cámara de Diputados después de investigar determinó una probable responsabilidad por parte del médico y envió el caso de Nadia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Éste sanciona a servidores y servidoras públicas o particulares que incurren en conductas indebidas –llamadas faltas administrativas graves–, prohibidas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El caso de Nadia generó un precedente importante para que el Tribunal se pronunciara sobre conductas o faltas administrativas que tienen una incidencia grave en las instituciones públicas, constituyen violencia de género y afectan desproporcionadamente a las mujeres. De hecho, el INEGI señala que el 79 % de las agresiones y acosos que viven las mujeres ocurren en las instalaciones del trabajo y que los principales agresores de las víctimas han sido sus compañeros de trabajo, seguido de sus jefes.
Como parte de su defensa el médico negó lo sucedido y sostuvo que él no era un agresor sexual serial ni compulsivo y, revictimizando a Nadia, señaló que ella “contaba con rasgos y tendencias a la mentira, al ocultamiento, a distorsionar la realidad y tendencia a ser manipulada”.
El Tribunal desechó las pruebas del médico al reconocer que revictimizaban a Nadia y realizó un análisis con base en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para” –y otras leyes– en el que privilegió su testimonio y determinó que la conducta del médico constituía abuso de funciones y que se extralimitó en el ejercicio de éstas, perjudicando a Nadia. Por ello, le impuso la sanción máxima que consistió en la inhabilitación del servicio público por 1 año.
La decisión del Tribunal y la interpretación que realizó demuestra que las instituciones anticorrupción pueden analizar las investigaciones con enfoque de género para avanzar hacia la sanción y erradicación de la violencia de género dentro de las instituciones públicas. Pero aún puede hacerse más, pues aún no hay una falta administrativa que sancione el acoso y hostigamiento sexual a pesar de que el 8 de marzo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó considerar como falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual y turnó el dictamen a la Cámara Alta. Sin embargo, nunca se votó y su aprobación sigue siendo un asunto pendiente.
La experiencia de Nadia revela cómo la violencia sexual y el abuso de poder persisten en instituciones públicas, todos los días. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es importante seguir reflexionando sobre qué rol y acciones pueden implementar las instituciones anticorrupción y los diversos poderes para prevenirla y atenderla. Pero, sobre todo, es importante reconocer la valentía de personas como Nadia que, a pesar del miedo y la revictimización, hacen valer las leyes y sus derechos.
* Anaid García Tobón es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
1 Información retomada del expediente 767/21-RA1-01-8 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La gestión del desastre suscita críticas y abre el debate sobre cuán preparado está España ante las emergencias y el cambio climático.
La magnitud de la tragedia por las inundaciones y riadas que dejaron decenas de muertos en el sureste de España ha generado dudas sobre la preparación y la respuesta de las autoridades ante la emergencia.
La provincia de Valencia, la más afectada, y las de Albacete y Cuenca sufrieron lluvias torrenciales que desbordaron los cauces de los ríos, inundaron calles y campos, arrastraron autos, derribaron puentes y dejaron la mayor cifra de muertos y desaparecidos por un desastre natural en la historia reciente de España.
Mientras los servicios de emergencia aún buscan a los desaparecidos entre el lodo y el agua que anega las localidades afectadas, en España crecen las preguntas sobre la gestión del desastre.
Residentes de las zonas impactadas denunciaron en los medios de comunicación locales y en las redes sociales que las autoridades no les avisaron para que se prepararan adecuadamente.
Exponen que recibieron en sus teléfonos la alerta de Protección Civil llamando a evitar los desplazamientos cuando ya llevaba varias horas lloviendo y muchos habían quedado atrapados en edificios y en vehículos arrastrados por la fuerza incontenible del agua.
Bárbara Jiménez, camarera de un restaurante en Valencia, le dijo a Televisión Española que su jefe no le dejó irse a casa porque no veía la situación “lo bastante grave” hasta que llegó la alerta telefónica a las 20:00 hora local del martes, pero entonces “ya era demasiado tarde”.
A esas alturas, el agua ya había bloqueado muchas carreteras y cientos de conductores estaban atrapados en ellas.
Cuál fue la respuesta de las autoridades a la DANA
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) venía desde el jueves 24 alertando de la llegada a la Península Ibérica de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), el fenómeno atmosférico que ha ocasionado el desastre.
El martes 29 a las 07:30 de la mañana, la Aemet elevó una alerta roja por lluvias, lo que implica la previsión de “fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto”.
A las 11:50, la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del gobierno español encargado de gestionar las aguas del río Júcar, que recorre la zona afectada, informaba a través de la red social X que uno de sus afluentes mostraba una “crecida considerable” y otro veía crecer su caudal “de forma importante”.
Alrededor de las 13:00 h, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, el gobierno regional de la Comunidad Valenciana, pedía en las redes sociales “prudencia en las carreteras y mucha atención a las indicaciones de las autoridades”.
Pero Mazón dijo también: “según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que hacia las 18.00 disminuya su intensidad” en la Comunidad Valenciana.
En lugar de eso, se desplazó por la región sembrando el caos.
Según el recuento de la agencia Efe, a las 19:17, la Generalitat elevaba la alerta a Nivel 2 en las comarcas de Utiel, Requena y la Plana.
Y finalmente, a las 20:00, enviaba el mensaje de alerta a los teléfonos móviles de toda la población.
Para entonces, la mayoría de los valencianos ya sabían que la situación era excepcional y peligrosa porque lo estaban viendo con sus propios ojos.
A las 20:36, el gobierno español ordenaba el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a petición del gobierno autonómico valenciano para colaborar con los servicios de emergencia locales.
Finalmente, pasado el mediodía de este miércoles, cuando ya se sabía que había decenas de muertos y desaparecidos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dirigía un mensaje televisado a la población ofreciendo el apoyo y la solidaridad del país a las zonas afectadas.
El gobierno español anunció también la declaración de Zona Catastrófica en las áreas afectadas.
Qué falló
La gestión de la emergencia ha suscitado críticas de ciudadanos y autoridades locales.
Andreu Salom, alcalde de L’Alcúdia, una de las poblaciones afectadas, dijo sentirse en el “abandono y una absoluta impotencia”. Señaló: “como alcalde, nadie me informó de que el río Magro podía desbordarse”. Contó que la población “se ha llenado de agua, barro y escombros”.
El gobierno regional de Carlos Mazón ha sido criticado porque una de las primeras decisiones que tomó al llegar al poder fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, a lo que ha respondido que no era más que “otra organización ficticia, con cero bomberos, cero materiales y cero eficiencia”.
Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante, le dijo a BBC Mundo que “aunque la cantidad exacta de agua que terminó por caer era imposible de prever, hubo un aviso meteorológico con tiempo suficiente, y lo que falló fue la transmisión de ese aviso a la población”.
Por eso, según dice, “la gente siguió haciendo vida normal pese a la alerta”.
Para Olcina, “la información a la sociedad no se dio con la celeridad necesaria”.
Olcina recuerda que “España lleva tiempo tratando de implantar el sistema europeo de avisos de emergencia por teléfono, pero el proceso se delegó a las comunidades autónomas y se está tardando mucho”.
Pero el experto detecta otros problemas.
“En España no hay una educación de la población para la prevención de riesgos en desastres como la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos con los huracanes y deberíamos empezar a trabajar en eso”, señala.
“En una situación así, deberían haberse suspendido las clases y la gente no debería haber ido a trabajar si no era indispensable. Obviamente, eso tiene un costo, pero el precio que vamos a pagar va a ser ahora más alto”, añade.
Para Olcina, episodios como el de Filomena, la borrasca que sembró el caos en Madrid y otros puntos de España en 2021, deberían llevar a una reflexión en su país sobre cómo se afrontan estas emergencias.
Olcina apunta también al “problema estructural provocado porque en muchas zonas del Mediterráneo español ha habido un crecimiento urbano descontrolado desde mediados del siglo XX y se ha construido en zonas inundables, que, como hemos visto ahora, son las primeras afectadas”.
Los científicos alertan de que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos potencialmente catastróficos como la Depresión Aislada en Niveles Altos, una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y desciende sobre otra de aire caliente produciendo grandes perturbaciones atmosféricas y precipitaciones muy intensas.
Es una situación típica de las regiones del litoral mediterráneo español en los meses de septiembre y octubre, y los lugareños están habituados a ella.
Pero, “con las aguas del Mediterráneo cada vez más calientes, se están formando nubes cada vez más potentes y que producen más precipitaciones”, explica Olcina, que recuerda que “España está recibiendo ahora los fondos Next Generation de la Unión Europea y uno de sus objetivos es financiar proyectos de adaptación al cambio climático”.
“Estamos ante una oportunidad de utilizarlos bien en las zonas más vulnerables, como la Comunidad Valenciana”, afirma.
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