El saldo es la desintegración institucional
Este 15 de diciembre concluye formalmente el primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura. En materia de designaciones de altas responsabilidades públicas el saldo es la desintegración. El Congreso, en línea con la estrategia de debilitamiento institucional emprendida por el proyecto de la “cuarta transformación”, no resolvió ninguna designación del paquete rezagado desde la Legislatura pasada ni mucho menos atendió las que fueron surgiendo ante la conclusión de varias responsabilidades. El Senado solamente tuvo a bien hacer una: ratificar para un segundo periodo a la cuestionada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
¿Cuáles son las designaciones rezagadas? Son 26 y comprenden: cinco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (1 desde 2016, 3 de 2023 y 1 a partir de este año); tres del Instituto Federal de Telecomunicaciones (1 desde 2020 y 2 de 2021); nueve de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; tres del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2 vacantes desde 2022 y otra a partir de 2023); dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (desde octubre de 2023); una de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (2024); dos de la Comisión Reguladora de Energía (2024) y una del Comité de Participación Ciudadana (también de 2024).
A este paquete se suman las 6 vacantes ocurridas entre el primero de septiembre y 15 de diciembre: dos en el Tribunal Electoral, que concluyeron su responsabilidad el 31 de octubre; tres en el Consejo de la Judicatura Federal y una en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente a partir del primero de diciembre.
Sin embargo, la mayoría de estas vacantes (17 en total) ya no se renovarán debido a dos reformas de gran envergadura: la de simplificación orgánica que desaparece estos órganos autónomos y semiautónomos bajo el argumento de la austeridad presupuestal, y la judicial que plantea que las responsabilidades judiciales serán elegidas por voto popular, como una vía para dotarlas de legitimidad de origen. Las elecciones judiciales se realizarán el primero de junio de 2025 y las siguientes en 2027.
A esto se suman las 10 designaciones relativas al Sistema Nacional Anticorrupción que están en riesgo por otra de las reformas presentadas el 5 de febrero en materia de simplificación administrativa, pero que no cuenta (aún) con dictamen.
Esta situación confirma una tendencia de debilitamiento institucional y erosión democrática. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas reiteradamente insistimos en que estas omisiones de designar por parte del Ejecutivo Federal y el Senado de la República fueron deliberadas y se circunscriben en esta transformación hacia un régimen que tiene como sello la reconcentración del poder, la eliminación de los controles y contrapesos, y las designaciones con base en la lealtad en lugar de los méritos.
No es menor que en este periodo solamente se haya resuelto la designación de la CNDH, pese a la cantidad de cuestionamientos a la actual gestión, la parcialidad en su actuación y contar con la más baja evaluación.
Con todo y este escenario poco esperanzador, es importante seguir exigiendo que los procesos de designación de altas responsabilidades públicas garanticen perfiles idóneos y se den en un marco de transparencia, apertura y rendición de cuentas. Esto contrasta profundamente con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los trabajos de los Comités de Evaluación instalados por la reforma judicial, los cuales deberán de publicar la lista de las personas que cumplen con los requisitos este 15 de diciembre y, sin embargo, hasta la fecha, dos de ellos no han publicado una lista confiable del total de registros ni mucho menos de sus expedientes. Aproximadamente hablamos de 33 220 personas registradas. Las responsabilidades que se elegirán a través de voto popular son:
- 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte;
- 3 magistradas y 2 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal desaparece;
- 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral;
- 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral;
- 464 magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Tribunales Colegiados de Apelación; y
- 386 juezas y jueces de distrito.
Todas ellas, responsabilidades de suma relevancia para garantizar el derecho de acceso a la justicia que tenemos todas las personas y que por lo mismo deberían de definirse con toda la seriedad y rigurosidad posible, tal y como se vendió desde la narrativa oficial.
El 2025 será un año clave. Hay que recordar que no solamente la desintegración de órganos vulnera derechos, también lo hace colocar perfiles no adecuados que por la misma razón incumplen cabalmente con sus encomiendas. Además de este voluminoso paquete de responsabilidades judiciales, el Ejecutivo y el Senado deben resolver las 5 responsabilidades pendientes que hay en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, así como las que concluirán el próximo 31 de diciembre en el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más las correspondientes a 2025, como la de la Auditoría Superior de la Federación. Esperamos que el saldo sea una integración idónea y que no se siga profundizando la desintegración institucional.
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
Siria está dividida y controlada por el presidente Assad o por varios grupos armados y entidades declaradas unilateralmente con diferentes ideologías y lealtades.
Aunque la guerra en Siria continúa tras 13 años de combates, el conflicto desapareció de los titulares hasta este diciembre, cuando el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) llevó a cabo un sorpresivo avance en Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, conquistando grandes territorios en pocas horas.
El jueves HTS tomó la ciudad de Hama, donde vive un millón de personas. Y ahora se dirigen a Homs, una ciudad de importancia estratégica.
El avance del grupo yihadista ha sido descrito como “rápido y asombroso” y ha vuelto a trazar las líneas de esta guerra de más de una década.
Todo empezó en 2011 cuando un levantamiento pacífico contra el presidente sirio Bashar al Assad se convirtió en una guerra civil a gran escala.
El conflicto ha dejado medio millón de muertos y se ha convertido en una guerra subsidiaria en la que participan países de la región, Rusia y Estados Unidos.
Hoy Siria está dividida en cuatro secciones diferentes, controladas por el régimen de Assad o por varios grupos armados y entidades declaradas unilateralmente con diferentes ideologías y lealtades.
El control de cada parte de Siria ha cambiado significativamente desde el comienzo de la guerra.
Al principio, el gobierno del presidente Assad perdió vastos territorios ante las fuerzas rebeldes, pero a partir de 2015 logró obtener el apoyo de Rusia y recuperó el control de alrededor de dos tercios del país hasta el último avance rebelde sobre Alepo y Hama.
En el norte, donde Siria limita con Turquía, hay numerosas fronteras trazadas por autoridades autoproclamadas o grupos armados respaldados por actores internacionales.
“Desde el este de la capital, Damasco, hasta las tierras que llegan al río Éufrates, existe la influencia iraní”, afirma Serhat Erkmen, del Centro de Análisis de Riesgos y Seguridad.
“La costa mediterránea, las zonas desde allí hasta Damasco y las tierras del sur están bajo la influencia de Rusia”, añade.
Irán y Rusia han estado entre los partidarios más vocales del gobierno de Asad.
Pero los recientes acontecimientos en la región cambiaron fundamentalmente la dinámica de poder.
Enfrascados en un conflicto con Israel, Irán y Hezbolá se distrajeron y Rusia se está centrando en su guerra en Ucrania.
Aunque todos estos actores siguen declarando su apoyo al gobierno de Asad, los analistas afirman que su apoyo sobre el terreno durante la última escalada ha disminuido.
Alepo y las regiones circundantes, incluida la ciudad de Hama, están ahora bajo el control de Hayat Tahrir al Sham (HTS), una organización política y armada islamista sunita.
Latakia, el principal puerto de Siria en el Mediterráneo, está bajo el control de Asad y ha desempeñado un papel fundamental desde que estalló la guerra civil.
¿Quién controla Idlib?
A poco más de 120 km hacia la frontera norte se encuentra la provincia de Idlib, que ha estado controlada por varias facciones rivales de la oposición desde que las fuerzas gubernamentales perdieron el control de esa provincia en 2015.
Ahora está en su mayor parte bajo el poder de HTS.
“Solía llamarse Frente Nusra y mucha gente estará familiarizada con ese nombre. Era la rama de Al Qaeda en Siria”, explica Mina al-Lami, especialista en medios yihadistas de BBC Monitoring.
En 2016, el Frente Nusra anunció que rompía sus vínculos con Al Qaeda, ya que los grupos rebeldes locales se negaban a trabajar con ellos debido a la marca Al Qaeda.
“Todo el mundo tenía miedo a Al Qaeda. Por eso, el grupo anunció su independencia”, señala Mina al-Lami.
Aunque HTS insiste en que es independiente y no está vinculado a una entidad externa, y afirma que no tiene ambiciones yihadistas globales, la ONU, Estados Unidos y Turquía lo consideran un grupo todavía asociado con Al Qaeda y lo incluyen en la lista de organizaciones terroristas.
El periodista sirio Sarkis Kassargian afirma que hay muchos grupos radicales que apoyan a HTS en la región, como el Partido Islámico de Turkestán, un grupo yihadista dominado por los uigures chinos.
Después de obligar a la mayoría de los militantes respaldados por Turquía a salir de Idlib, HTS estableció una autoridad administrativa de facto en la región.
“Tiene ministerios, tiene ministros que son muy activos en las redes sociales, inauguran nuevos proyectos, se centran en la reconstrucción, asisten a graduaciones”, dice Mina al-Lami.
“Así que realmente intenta presentarse como un microestado, un pequeño estado dentro de un Estado, que dirige sus propios servicios, y realmente han tratado de obtener la aprobación de la comunidad internacional”.
En 2017, Turquía, que se oponía al gobierno sirio, y los aliados de Siria -Rusia e Irán-, llegaron a un acuerdo en las conversaciones en la capital kazaja, Astaná, para establecer zonas de distensión, incluida Idlib, con el objetivo de detener los combates.
Al año siguiente, Rusia y Turquía acordaron crear una zona de amortiguamiento desmilitarizada en la provincia de Idlib para separar a las fuerzas gubernamentales de los combatientes rebeldes estacionados allí.
¿Quién controla Afrin?
Afrin, que alguna vez fue un enclave controlado por los kurdos y se encuentra en el noroeste de Siria, está hoy bajo el control de grupos anti-Assad respaldados por Turquía.
En 2018, Turquía inició un ataque masivo contra las fuerzas kurdas del otro lado de la frontera tras la decisión de Estados Unidos de formar una fuerza de seguridad fronteriza integrada por combatientes kurdos de las YPG (Unidades de Protección del Pueblo), a quienes Ankara considera una amenaza para la seguridad nacional y una rama del grupo militante PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), que lleva más de tres décadas librando una guerra en el sureste de Turquía.
Desde entonces, Turquía y sus aliados sirios controlan la región de Afrin.
Turquía reunió a los grupos militantes que respaldaba bajo el paraguas de lo que denominó Ejército Nacional Sirio (ENS) en 2017. Anteriormente se llamaban Ejército Libre Sirio (ELS).
El ENS estaba compuesto por grupos directamente vinculados al ejército turco o a la inteligencia, como la División Sultán Murad, y otros grupos con afiliaciones a los Hermanos Musulmanes y Qatar.
“Hasta donde sabemos, estos grupos no trabajan junto con grupos yihadistas, pero por supuesto están en línea con la propia agenda, prioridades y ambiciones de Turquía en la región. Por lo tanto, están fuertemente en contra de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos y también, por supuesto, de las fuerzas del gobierno sirio”, señala Mina al-Lami de BBC Monitoring.
Con el respaldo de Turquía, el ENS controla hoy áreas desde Afrin hasta Jarablus, en el oeste del río Éufrates, y desde Tell Abyad hasta Ras al-Ayn en el este.
El 30 de noviembre, lanzaron una operación contra las fuerzas kurdas en el norte de Alepo, logrando avances y tomando el control de áreas como la ciudad de Tell Rifaat, anteriormente controlada por los kurdos.
El ENS es parte de la autoridad administrativa denominada Gobierno Provisional Sirio, y el gobierno y el ejército turcos también juegan un papel importante en la región.
¿Quién controla Manbij?
Otro grupo destacado en el norte son las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).
Esta coalición de milicias étnicas kurdas y árabes y grupos rebeldes controla áreas desde el este del río Éufrates hasta la frontera iraquí y la ciudad de Manbij en el oeste.
Las FDS han declarado unilateralmente una entidad bajo el nombre de Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria en 2018, controlan una cuarta parte del territorio sirio y albergan bases militares estadounidenses y rusas.
“A diferencia de otros grupos de oposición, las FDS intentan establecer una legitimidad internacional utilizando ambos canales, a través de Moscú y Washington”, dice el analista de seguridad Serhat Erkmen.
“Por un lado, mantienen conversaciones con el gobierno sirio para determinar cómo pueden integrarse en el futuro del país, y por el otro, mantienen una estrecha cooperación política, económica y militar con EE.UU., a quién Damasco se opone vehementemente”, agrega.
La presencia de las FDS en la frontera turca es una de las principales preocupaciones para Ankara, y muchos analistas sostienen que uno de los objetivos de los recientes avances rebeldes en Alepo es obligar al gobierno de Asad a negociar un acuerdo con el presidente turco Erdogan sobre una zona de amortiguamiento en el norte.
¿Terminó la amenaza de Estado Islámico en Siria?
El grupo autodenominado Estado Islámico (EI), también conocido como ISIS o Daesh en árabe, proclamó su califato en 2014 y durante años logró apoderarse de vastas secciones de Siria e Irak.
La aparición del EI cambió el curso de la guerra en Siria y motivó la formación de una coalición liderada por Estados Unidos que incluía a más de 70 naciones para derrotarlo.
En 2019, esa coalición finalmente expulsó a EI de su último refugio en Siria.
Pero, ¿terminó por completo la amenaza del EI en Siria?
“Ha vuelto a ser un grupo insurgente, que lleva a cabo ataques relámpago, pero sigue siendo muy activo en Siria y sus ataques han aumentado significativamente este año”, señala Mina al-Lami.
Agrega que EI lograría un punto de inflexión significativo si pudiera liberar a sus combatientes y a sus familias detenidas y retenidas en varios campamentos controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias.
Amnistía Internacional asegura que, más de cinco años después de la derrota de EI, decenas de miles de personas siguen detenidas: unos 11.500 hombres, 14.500 mujeres y 30.000 niños están recluidos en al menos 27 centros de detención y dos campos de confinamiento: Al-Hol y Roj.
“Estado Islámico tiene los ojos puestos en esos campos. Está esperando cualquier crisis, cualquier debilitamiento de la seguridad para poder entrar y asaltar esos campos y prisiones y liberar a la gente que está allí”, afirma Mina al-Lami.
“Ejemplos de esa crisis serían una importante operación militar dirigida por Turquía en el norte de Siria, posiblemente contra las fuerzas kurdas, o una importante operación estadounidense contra las milicias chiitas en Siria”, añade.
*Con información de Fatima Celik, BBC News Turquía.
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