PPEF 2025: los números cuentan otra historia
La justicia fiscal es fundamental para mejorar la vida de la mayoría y para que podamos transitar hacia la justicia social que millones de personas exigimos en nuestro país. Por ello, año con año, en Fundar analizamos el Paquete Económico que publica la Secretaría de Hacienda del gobierno federal y que entrega al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación. Lo hacemos desde la perspectiva de los derechos humanos y en temas que hemos trabajado durante años, relacionados con los derechos de las mujeres, la salud, la transición energética, entre otros.
Este año, el análisis del Paquete Económico tiene una relevancia especial porque se trata del primero del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México. Desde su toma de posesión, Claudia Sheinbaum presentó las prioridades de su administración al anunciar los “100 compromisos para la transformación”. Dada su relevancia en la agenda pública de este sexenio, nuestro análisis incluye la identificación de los recursos públicos que serán asignados a dichos compromisos, así como los cambios en materia presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas reconocidos en la recién aprobada reforma constitucional indígena.
Sin embargo, las primeras impresiones del análisis del Paquete Económico[1] no son las mejores. A pesar del énfasis que ha hecho la presidenta en fortalecer la seguridad, así como asegurar desde su campaña que México sería potencia en la educación, la cultura y la ciencia, los números cuentan otra historia. Además, no se prevén nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes, lo que implica que las únicas vías para que el Estado mexicano obtenga más recursos para garantizar los derechos humanos de todas las personas será mejorar la recaudación de los impuestos actuales o recurrir a un mayor endeudamiento.
Aunque se estima que se obtendrá 3.3 % más recursos por mejorar la recaudación, también observamos que se reducirá el ritmo al que México se había estado endeudando durante los últimos años: mientras que en 2024 el déficit presupuestario (la diferencia entre los ingresos y los egresos) fue de 5.0 % del PIB, para 2025 se propone un déficit de 3.2 % del PIB (1.8 % menor que el del año anterior).
Las decisiones de no contratar tanta deuda como en años anteriores y, sobre todo, de no aumentar impuestos o crear nuevos harán que el Estado mexicano incumpla dos obligaciones internacionales de derechos humanos que le obligan a adoptar medidas económicas y técnicas, “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente […] la plena efectividad de los derechos”[2].
Es decir, no cobrar más impuestos ni endeudarse más contraviene la obligación de usar hasta el máximo de los recursos disponibles, mientras que reducir los presupuestos destinados a cumplirlos limita la progresividad de los derechos. Estas decisiones dejarán al gobierno sin los recursos suficientes para cumplir sus principales obligaciones constitucionales: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Al analizar el presupuesto que propone la Secretaría de Hacienda en su clasificación funcional (la que responde a la pregunta para qué se gasta), encontramos que hay funciones relacionadas con el cumplimiento de derechos que tienen disminuciones relevantes. Dichos recortes, son consecuencia de continuar postergando la discusión de una reforma fiscal progresiva, lo que ha llevado al gobierno a tener que implementar una consolidación fiscal a través de medidas de austeridad.
Las disminuciones de presupuesto en atención a la violencia de género, medio ambiente, salud y cultura, entre otras, aún podrían evitarse si la Federación opta por incrementar el pago de impuestos de las empresas y las personas más ricas del país.
De igual manera, analizamos la situación del presupuesto de las instituciones anticorrupción de cara a la posible extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), organismo que en los últimos años ha jugado un rol clave en la promoción y la garantía del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. En caso de aprobarse la reforma constitucional en materia de organismos autónomos, la mayor parte del presupuesto del Inai debería destinarse a las instituciones del Poder Ejecutivo que asumirán las funciones del organismo autónomo.
Como lo señalamos, estas no son buenas noticias para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Las obligaciones de financiar el gasto público hasta el máximo de recursos disponibles y de hacerlo de manera progresiva y sin discriminación son relevantes para que la población acceda a mejores servicios públicos. Sin la inversión adecuada del Estado, muchas personas no pueden gozar plenamente de sus derechos humanos.
La discusión sobre las finanzas públicas permite quitarle la demagogia a la política. Como hemos mencionado en múltiples ocasiones, el presupuesto es donde se ven reflejadas las verdaderas prioridades de los gobiernos. Puede decirse mucho en el discurso, pero si lo enunciado no se ve respaldado por una asignación presupuestaria suficiente, se quedará en buenas intenciones.
Cuando vemos a quiénes se les cobran más impuestos y a quiénes y cómo se les regresan esos recursos en forma de bienes y servicios públicos, podemos analizar qué tan justo es un gobierno, cuál es su verdadero compromiso con las personas en mayor situación de pobreza y discriminación y cuál es el alcance de sus decisiones para cerrar o ampliar las múltiples brechas de desigualdad en un país.
En los próximos días, desde Fundar publicaremos nuestro análisis completo al Paquete Económico, donde además ofrecemos diferentes propuestas para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y progresivo.
[1] Comunicado de Prensa. Paquete Económico 2025: ¿avances o retrocesos en derechos humanos?
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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