Una política industrial sostenible: que se mida y sea transparente
En México, la creciente preocupación por la degradación ambiental y los efectos del cambio climático han generado una necesidad urgente de contar con sistemas eficaces para evaluar, gestionar y monitorear los impactos de las actividades industriales. Sin embargo, la legislación ambiental no ha evolucionado al ritmo necesario para abordar los desafíos actuales. A pesar de la existencia de normas y leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estas no han sido suficientemente actualizadas para reflejar los avances científicos y tecnológicos en la comprensión de los procesos industriales que afectan al medio ambiente, y tampoco existen indicadores precisos que las industrias deberían implementar en sus procesos productivos ni mucho menos la claridad de quién sería la instancia que vigilará que estos indicadores se cumplan.
Por ello, una forma de abordar los problemas de la política industrial sostenible podría ser la revisión de las leyes ambientales para que existan datos que posibiliten evaluar los impactos que las industrias generan y sus repercusiones en el ambiente. Por ejemplo, los indicadores ambientales que son herramientas que permiten medir, monitorear y evaluar el desempeño ambiental de las industrias, ofreciendo una visión clara de cómo sus actividades impactan los recursos naturales, la biodiversidad y la salud pública. Esto es relevante porque la meta 10 del Plan México propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que refleja su visión sobre el desarrollo del país, hace referencia a la sostenibilidad ambiental de las industrias y plantea como objetivo promover inversiones con prácticas que incluyan al ambiente, la sociedad y la gobernanza (ASG). Algunas de las acciones mencionadas en el Plan incluyen el reúso de agua, inversión en energía con capacidad de almacenamiento, sistemas de manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario.
La necesidad de estos indicadores es especialmente urgente en México por varias razones. Una de ellas es la evolución de las industrias del sector energético y minero, y sus impactos ambientales negativos como la contaminación del aire, agua, suelo, deforestación y pérdida de biodiversidad, por mencionar algunos. Además, debido a la falta de una legislación ambiental rigurosa los megaproyectos de energía se han aprobado a través de instrumentos de política pública como la evaluación de impacto ambiental y de impacto social con serias deficiencias ampliamente documentadas.
Aunque la legislación ambiental en México establece ciertos límites para las emisiones contaminantes y la gestión de residuos, estas leyes no se han actualizado de manera adecuada para reflejar las nuevas realidades ambientales, sociales, económicas y tecnológicas. La ley ambiental aún se basa en paradigmas y datos de décadas pasadas, lo que limita su efectividad para enfrentar problemas contemporáneos como la contaminación de micro plásticos, las emisiones de gases de efecto invernadero o la gestión de residuos electrónicos, y no incluye la emergencia climática por la que atraviesa el mundo. Por ello, los indicadores ambientales pueden servir como una herramienta que complemente y actualice el marco normativo, permitiendo una regulación más precisa y adaptada a los desafíos actuales. Además, pueden ayudar a la industria a cumplir con estándares internacionales, a mejorar su competitividad a nivel global y ayudar a la resiliencia de los procesos productivos.
De igual manera, la falta de transparencia y la debilidad en la rendición de cuentas es otro de los mayores retos en la gestión ambiental en México. En muchos casos, las empresas no informan de manera veraz sobre sus impactos ambientales o manipulan los datos para cumplir con los requisitos mínimos. Por ejemplo, ha habido derrames de petróleo en donde no hay mecanismos de reparación del daño, tampoco es transparente qué origina estos derrames, ni existen consecuencias claras para las industrias que ponen en riesgo nuestro derecho a un medio ambiente sano. Por eso es necesario implementar herramientas estandarizadas y basadas en datos verificables para contribuir a mejorar la transparencia y facilitar el acceso público a la información sobre el desempeño ambiental de las industrias mexicanas.
Esta administración tiene un desafío importante pues es prioridad regular y construir rutas hacia una política industrial sostenible y armoniosa con el medio ambiente y con un enfoque de derechos humanos y derechos colectivos. Nos toca exigir que esta ruta de acción sea con instrumentos de política pública que sean vinculantes y adecuadas a la crisis climática, que sean transparentes y medibles para su monitoreo porque retrasar esto puede tener consecuencias irreparables. Es ahora o nunca.
* Ariana Escalante Kantún es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
El Vaticano había ordenado en 2023 una investigación y en 2024 ya había apartado al fundador de una comunidad que llegó a tener miles de miembros.
El papa Francisco disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana, la comunidad religiosa católica con sede en Perú investigada durante años por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos por parte de su fundador y otros responsables.
Un comunicado de la Asamblea del Sodalicio confirmó una noticia que se había filtrado días antes en el portal especializado en información eclesiástica Infovaticana.
El comunicado del Sodalicio no da detalles de una decisión sobre la que el Vaticano no ha hecho aún ningún anuncio oficial. No es habitual que el Papa disuelva una comunidad religiosa católica aunque esté envuelta en un escándalo.
El Sodalicio, formado por laicos y sacerdotes católicos, fue fundado en Perú por Luis Fernando Figari en 1971 y llegó a contar con unos 20.000 miembros en América Latina y Estados Unidos.
Reconocido oficialmente como comunidad religiosa por el papa Juan Pablo II en 1997, el grupo ha sido objeto de varias investigaciones por parte de la fiscalía peruana y el Vaticano en la última década.
Un informe encargado por la sociedad publicado en 2017 concluyó que Figari y otros exmiembros de alto rango habían abusado de al menos 19 menores y 10 adultos.
Cómo se ha llegado hasta aquí
En 2023, tras años de denuncias, el papa Francisco envió a Perú al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, con la misión de investigar los numerosos abusos presuntamente cometidos en el seno del Sodalicio.
En 2024, la Santa Sede expulsó del grupo a Figari, que negó haber cometido delito alguno.
La periodista Pao Ugaz, coautora del libro “Mitad monjes, mitad soldados” sobre los escándalos de la sociedad, le dijo a BBC Mundo cuando se conoció la expulsión de Figari que se trataba de “una decisión valiente” que “anuncia el principio del fin de una organización que hasta ahora había gozado de impunidad”.
La decisión final sobre una sociedad ampliamente percibida como ejemplo de abuso e impunidad era esperada desde hacía meses por sus críticos.
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