¿Cómo podría la ONU lograr que Facebook pague impuestos en México?
Es altamente probable que en los últimos días hayas hecho un pedido por Amazon, solicitado un taxi por Uber, visto una película en Netflix y utilizado por horas Facebook o Instagram para leer las noticias o simplemente scrollear. Nuestra vida cotidiana está ligada desde hace algunos años al uso constante de plataformas tecnológicas que brindan diversos servicios digitales. Como resultado, muchas de estas empresas de la llamada “economía digital” han aumentado sus ingresos rápidamente hasta ubicarse entre las más ricas del mundo. Sin embargo, el aumento de sus ganancias no ha desencadenado necesariamente más beneficios económicos en los países donde tienen actividad económica. Estas empresas no pagan impuestos donde scrolleamos y utilizamos sus servicios.
Para buscar soluciones a esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el pasado 16 de agosto un primer documento que podría cambiar radicalmente este escenario. Los “Términos de Referencia” acordados guiarán las futuras negociaciones sobre mejores mecanismos para controlar la evasión y elusión tributaria de grandes empresas multinacionales, incluidas las de la economía digital. Es decir, los Estados miembros han vuelto a subrayar la necesidad de regular de una manera más justa y equitativa el pago de impuestos de empresas que realizan actividades en diferentes países, aunque no necesariamente tengan oficinas, sucursales o fábricas instaladas en dichos territorios.
Por dar un ejemplo pensemos en la empresa Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Muchos de nosotros y nosotras utilizamos diariamente estas aplicaciones, vemos anuncios en ellas, aceptamos compartir nuestros datos personales con terceros, compramos productos y nos redirigen a tiendas virtuales. Todas estas actividades generan ingresos para la empresa. En muchas ocasiones nuestros clicks y likes están contribuyendo a las metas publicitarias por las cuales otra empresa o individuo decide anunciarse y comprar un espacio en redes sociales. Esta interacción con el usuario de la aplicación es tan fundamental para empresas como Meta, que el 98 % de sus ingresos provienen de la venta de espacios de publicidad. Asimismo, quizás y sin saberlo, cada vez que abrimos estas redes y aceptamos la utilización de nuestros datos personales, estamos aceptando igualmente que dichos datos puedan ser vendidos a otra empresa. Ambas formas de generar ganancias no pagan impuestos directos en México y, por lo tanto, no aportan a las finanzas públicas del país a pesar de tener más de 100 millones de personas usuarias en el país.
Lo anterior es posible debido a las injustas reglas internacionales en materia de tributación. Estas reglas han sido elaboradas e implementadas principalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para defender los intereses de los países ricos, de donde provienen la mayoría de las grandes empresas multinacionales. En concreto, la OCDE ha privilegiado por muchos años la idea de que las empresas multinacionales solo deben pagar impuestos en el país donde está registrada legalmente su casa matriz, sin importar que muchos de sus ingresos se originen por actividades realizadas por usuarios en otros países. En el caso de Meta, esto significa que si bien la empresa tiene millones de personas usuarias alrededor del mundo consumiendo sus servicios, esta solo está obligada a declarar ingresos y pagar impuestos en los Estados Unidos (EEUU).
Curiosamente, Meta y muchas de sus empresas subsidiarias están formalmente registradas en Delaware, territorio considerado por muchos como uno de los mayores paraísos fiscales en el mundo. Según la organización Tax Justice Network, los EEUU y algunos países europeos como Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo o Suiza también forman parte de la lista de paraísos fiscales, aunque habitualmente pensemos únicamente en islas caribeñas. Por lo tanto, no es de extrañar que estos y otros países ricos no votaran en favor del texto recientemente aprobado por Naciones Unidas y continúen defendiendo las reglas impuestas por ellos mismos en espacios como la OCDE.
Sin embargo, a pesar de la evidente defensa de los intereses de las empresas provenientes de los países ricos, la ONU logró aprobar por insistencia de los países de ingresos bajos y medios (incluido México) una esperanzadora guía para las negociaciones de los próximos años. Los compromisos esperados deberán construir mecanismos más inclusivos y eficientes para un reparto más justo de los impuestos entre los países donde empresas como Meta tienen operaciones. Desde Fundar seguiremos de cerca este proceso en donde sabemos que el Estado mexicano podría verse altamente beneficiado.
* Ana María Morales Chacón es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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