Mitos usados para justificar la eliminación del INAI
“El INAI no ha servido para combatir la corrupción, es muy grande y costoso”. Este tipo de falacias se han utilizado en los últimos días sobre este organismo autónomo en un escenario donde hay una lucha mediática con el legislativo para aprobar su eliminación y muchas dudas en la sociedad sobre la utilidad del organismo. Lo cierto es que lo ausente en el discurso son los impactos que generará en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales el no contar con un órgano independiente que vigile el cumplimiento de estos derechos, los cuales se evidencian al desmontar estos dichos.
1. La función de “combatir la corrupción”
Al INAI no le corresponde de manera específica el combate a la corrupción. Por el contrario, la obligación sustantiva de investigar la comisión de actos de corrupción es de la institución a la que se pretende trasladar las funciones del INAI, la Secretaría de la Función Pública. Por ejemplo, es tarea de la Función Pública investigar a las personas servidoras públicas involucradas en el desvío de recursos en el caso SEGALMEX e informar a la ciudadanía en qué van esos procesos y qué ha hecho para prevenir que vuelvan a suceder. Sin embargo, en los portales de la SFP ni en sus informes públicos se ha dado cuenta a la ciudadanía de manera clara y amplia sobre el avance de este y otros casos de corrupción. En tanto que al INAI le corresponde vigilar que la Función Pública informe sobre estas funciones.
El INAI tiene una función preventiva importante en el combate a la corrupción. Además de vigilar que las entidades públicas garanticen el acceso a la información a la ciudadanía para evitar que estas decidan discrecionalmente qué datos nos quieren dar, también funge de vigilante de las instituciones para evitar un mal ejercicio de su presupuesto y sus funciones.
Esto es importante para prevenir hechos irregulares pues, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos se dan en entornos de opacidad, dónde no existe vigilancia ni controles externos. 1 Sin controles nada garantiza que se transparente ampliamente qué hacen nuestros gobiernos.
2. “No es necesaria la existencia del INAI”
También se ha mencionado que sin un organismo autónomo se puede garantizar la transparencia. Lo anterior sería cierto si históricamente las instituciones públicas señalaran ampliamente cómo funcionan. No obstante, de acuerdo con los datos en los informes del INAI, las inconformidades presentadas por la ciudadanía por falta de transparencia son en su mayoría de entidades que pertenecen a la administración pública y, en comparación con 2018, las negativas de información de estas se han incrementado en 92 %. 2 Además, desde el Ejecutivo federal se han emitido decretos para reservar información por muchos años sobre la construcción de los proyectos prioritarios, incluso previo a que sea solicitada. 3
Precisamente la creación de un organismo autónomo y especializado como el INAI surgió del impulso ciudadano ante la falta de rendición de cuentas de las entidades sobre temas tan relevantes como las contrataciones públicas que realizan, los costos de sus proyectos de infraestructura, la manera en que proporcionan servicios públicos, entre otros.
Debido a la existencia de un organismo autónomo que vigila la transparencia, las y los periodistas han podido acceder a datos para fortalecer investigaciones que han dado cuenta de la comisión de actos de corrupción, como es el desvío de recursos de SEGALMEX o la CONADE, y que han obligado a las instituciones a tomar acciones que de otra forma no haría, pues nadie les podría exigir que rindan cuentas.
3. “Se generarán ahorros si se elimina al INAI”
De manera superficial, pareciera que el gobierno ahorrará 1000 millones de pesos al año, -presupuesto promedio anual del INAI- pero lo cierto es que eliminar al INAI no generaría ahorros realmente significativos, pues este monto apenas representa 0.01 % del gasto del gobierno. Mientras, la falta de prevención de la corrupción seguirá generando gastos y desvíos, como lo más de 9000 millones de pesos que ha costado el caso SEGALMEX. Y a largo plazo generará otros costos en la gestión y en la sobrecarga de trabajo de las y los servidores públicos que tendrán que atender ahora estas funciones, lo que implicaría una nueva asignación presupuestaria.
Los argumentos que se han intentado colocar en la discusión no son ciertos, pero sí es necesario que se analice la estructura del INAI para maximizar su utilidad en la garantía de los derechos que protege, así como lograr que el uso de la información llegue a distintos sectores de la sociedad. Fortalecer sus funciones como órgano garante para que pueda realmente obligar a las instituciones públicas a entregar y divulgar información de interés público. Además de robustecer los procesos de designación de sus titulares para que sean los mejores perfiles los que dirijan a esta institución y se verifiquen sus propios mecanismos internos de control. Si se abren las discusiones públicas hacia la mejora y fortalecimiento del INAI se evitaría la regresión institucional, normativa y de estándares de derechos que estamos por enfrentar con su eliminación.
* Sarahí Salvatierra es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
1 Comisión Interamericana de derechos humanos. Corrupción y derechos humanos. 06 de diciembre de 2019. Párrafo: 332. Disponible aquí.
2 Article 19 México y Centroamérica. Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y el derecho a la información. 2024.
3 En 2019 y 2021 el Ejecutivo Federal emitido decretos para reservar por seguridad nacional los proyectos y obras del gobierno que considerara como de interés público.
Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
