El panorama de la libertad de expresión y del derecho a manifestar es poco positivo y los intentos por regular y limitar estos derechos son cada vez más constantes en las legislaturas estatales.

18 de julio, 2014

Por: Fundar, Centro de Análisis e Investigación

@FundarMexico

Por: Miguel Moguel

Es poco halagüeño el panorama de la libertad de expresión y del derecho a manifestar nuestra inconformidad frente al autoritarismo y a presionar a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones y den atención a nuestras demandas y necesidades. Más aún, tal como hemos insistido en el informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno del Frente por la libertad de expresión y la protesta social,[1] la perspectiva es poco positiva y los intentos por regular y limitar estos derechos son cada vez más constantes en las legislaturas estatales. El recuento nos arroja por lo menos siete entidades que han impulsado iniciativas que pretenden regular las manifestaciones públicas y hasta en algunos casos, incorporar esquemas de uso de la fuerza para reprimirlas:

Quintana Roo (may-2014)

Chiapas (may-2014)

Puebla (may-2014)

Distrito Federal (abr-2014) Jalisco (sept-2013)

San Luis Potosí (mar-2014)

Oaxaca (Abr-2014)

La protesta social es un derecho ciudadano y un vehículo para manifestar y expresar nuestras opiniones e ideas, pero también para mostrar nuestra inconformidad frente a problemáticas que afectan distintos ámbitos relacionados con el ejercicio y la vigencia de derechos.

El escenario es pesimista y son persistentes las muestras de graves retrocesos en el ámbito del ejercicio de derechos. Para muestra, los hechos ocurridos en días pasados en el estado de Puebla dan cuenta de los excesos a los que pueden llegar, con total impunidad, las fuerzas del Estado al intervenir amparados bajo un ordenamiento legal. Obviando con ello la obligación de proteger y garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse y de abstenerse de obstaculizar la libre expresión de este derecho y que se desprenden de estándares internacionales contenidos en diversos instrumentos de derechos humanos que apelan a la responsabilidad de todas las instituciones del estado mexicano.^{^[2]}

¿Qué nos queda ante un panorama tan poco halagador? Nos queda resistir. Oponernos a la imposición autoritaria de reglas que condicionen y den pauta a cualquier expresión de descontento e inconformidad. Insistir en que la protesta no es capricho. Que en el fondo lleva consigo problemáticas que requieren de la acción pública para atenderlas efectivamente y remediarlas. Insistir en que el disenso, también construye democracia.

[1] El ‘Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social’ es un colectivo de organizaciones civiles de derechos humanos articuladas en torno a los objetivos de: i. Vigilar la acción legislativa (que busque limitar, inhibir o castigar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la protesta social); ii. Informar a la sociedad e; iii. Incidir en la incorporación de los más altos estándares en las discusiones legislativas sobre iniciativas con una orientación punitiva y restrictiva de los derechos humanos.

[2] CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, 2012, párr. 133 y 137.

Entidades con iniciativas actualmente aprobadas

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