100 compromisos y una duda: ¿habrá recursos para cumplir las promesas?
Las que pudieron detonarse como promesas electorales en la campaña de la presidenta Sheinbaum, se formalizaron el 1 de octubre en la toma de posesión con 100 compromisos que sintetizan las prioridades de la presidencia para transformar las necesidades de las y los mexicanos, aun cuando algunas no encuentran consenso entre sociedad y gobierno.
Dichos compromisos se desagregan en derechos como la salud, la educación, la cultura, la vivienda, el agua, y los derechos de las mujeres; y otros temas que, con ayuda de adjetivos como fraterna, próspera, científica, humanista, soberana, justa, y conectada, aspirarían a consolidar el tipo de país que queremos. Pero, entre promesas y compromisos, la distribución de las apuestas fue cambiando.
Si pensamos en las modificaciones de la cantidad de compromisos, entre la campaña y la toma de posesión, lo que resultan son dudas. Ya no es claro en qué lugar de las prioridades ha quedado, por ejemplo, el fortalecimiento y seguimiento a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, o el fortalecimiento de las defensorías públicas, o el seguimiento a la coordinación de las fiscalías.
Resultan enigmáticos los motivos que permitieron aglutinar en una sola apuesta todas las estrategias que marcarán el rumbo de la seguridad en este país, y darle, por ejemplo, el mismo énfasis a la culminación de una línea de tren. Lo que se nombra importa y también lo que se visibiliza. ¿Por qué entonces eliminar compromisos concretos en materia de seguridad y justicia y, en su lugar, visibilizar con mayor énfasis los referentes a infraestructura y conectividad en el tema de una República próspera y conectada? o en el caso de una República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales ¿qué explica la anulación del compromiso que textualmente indicaba “No se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto […] No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”? Sobre todo, porque aun cuando pueden existir iniciativas que se estén discutiendo en estos temas, las problemáticas siguen siendo apremiantes.
Respecto de la salud, aun cuando la construcción y modernización de la infraestructura hospitalaria representa una prioridad mayúscula, llama la atención la desaparición de los compromisos orientados a la prevención primaria en salud, la prevención de adicciones, y el Programa Nacional de Salud mental. Y al indicar su desaparición, no nos referimos a la agenda, donde continuarán como pendientes, sino en su visibilidad como compromisos concretos.
En este proceso de ajuste también se sumaron otros compromisos sumamente relevantes, entre ellos el compromiso de la verdad y justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa; las becas para todos los estudiantes de nivel básico en escuelas públicas; la atención médica domiciliaria para los adultos mayores; el programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional; la Cartilla de derechos para las mujeres y redes comunitarias de apoyo ‘Cuidadoras de la Patria’; el Plan de Alimentación para el Bienestar; el Programa de paneles solares para viviendas en el norte del país, y los proyectos estratégicos para reciclamiento de agua en 16 entidades.
Al revisar los documentos y el discurso, probablemente uno de los cuestionamientos que sobresale tiene que ver con las diferencias en el alcance de cada uno. Por ello, la participación y el monitoreo, como claves del proceso democrático, deberán centrarse en verificar si la persona que ganó las elecciones cumple o no lo que comprometió en campaña, y que, a partir de su nombramiento, ha tenido y tendrá efectos en la vida de las personas que votaron o no por ella. Porque el asunto no es sólo el reconocimiento de los temas, sino también la capacidad real para atajarlos, los recursos necesarios para cumplir con lo que se promete, y, principalmente, los beneficios sociales que tengan o no, y su impacto en la vida de las personas.
Estamos a unos días de conocer el Paquete Económico (el primero de la autodenominada segundo piso de la trasformación) y será importante evaluar la capacidad de nuestras finanzas públicas para lograr los compromisos de este gobierno. Si pensáramos que el presupuesto responderá a las prioridades tal y como se visibilizan los compromisos, será necesario poner atención en cuánto dinero habrá disponible para el aseguramiento de derechos.
Si tomamos los compromisos enunciados en la toma de posesión como la formalización de las apuestas presidenciales, y si hiciéramos un balance de la importancia de los temas únicamente por la cantidad de compromisos que los integran, podríamos pensar que dos serán las apuestas principales de este gobierno: el desarrollo de infraestructura para la movilidad y la conectividad (República prospera y conectada) que concentra el 18%, y la gobernabilidad (República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable) con el 17%. Y, en menor medida, la educación (República educadora, humanista, y científica) con 10% y los programas sociales (República fraterna) con 8%. Estos cuatro temas integran más de la mitad (53%) de los compromisos.
Imaginemos que el presupuesto son cien pesos y que a cada compromiso le corresponde un peso. ¿Hacia dónde queremos que esté inclinada la balanza? ¿Hacia obras de infraestructura y movilidad, o hacia la seguridad, la justicia, la salud, la vivienda, la cultura y el acceso al agua? Dado que en el proceso presupuestario juegan diversos niveles de negociación, será responsabilidad del Legislativo lograr un balance más razonado.
De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de estos 100 pasos (compromisos) para el segundo piso de la transformación. Valdrá la pena hacer una pausa a mitad del camino para evaluar su avance, y, si es el caso, reconocer fallas y corregirlas. Pero, por encima de todo evaluar, desde la vía de los hechos, si estos compromisos estarán transformando de manera real y positiva a las personas.
* Eduardo Alcalá es coordinador del área de Planeación, Seguimiento y Evaluación de @FundarMexico.
Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la nueva agencia, un repaso a la trayectoria del fundador de Tesla puede dar algunas pistas.
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo.
Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
Qué se sabe del DOGE
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
El precedente de Twitter/X
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ’empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Musk contra las regulaciones
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer“, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
¿Altruismo o interés?
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses“.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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