En estos 10 años de lucha en el caso Ayotzinapa podemos identificar tres grandes etapas: la de la resistencia, la de la esperanza y la de la decepción.
La primera etapa corresponde a los 3 años en que la investigación estuvo a cargo de la administración de Peña Nieto, donde padres y madres, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, lograron resistir el embate gubernamental para cerrar el caso a través de la llamada “verdad histórica”: una versión de los hechos fabricada en el contexto de una indagatoria sin sustento científico y plagada de irregularidades y violaciones al debido proceso y otros derechos humanos.
La etapa de la esperanza se inauguró en el marco del cuarto aniversario de la tragedia de Iguala, cuando en una reunión celebrada el 26 de septiembre de 2018 en el Museo Memoria y Tolerancia, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de crear una Comisión de la Verdad (posteriormente conocida como la COVAJ) para esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. En aquella reunión, el presidente expresó lo siguiente: “Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”. 1
Sin embargo, la esperanza pronto empezó a diluirse para dar paso a la decepción. Para mediados de 2021, padres y madres de los estudiantes intensificaron su exigencia de resultados concretos por parte del Ejecutivo Federal y de la FGR, lo cual coincidió con un contexto electoral adelantado que requería empezar a generar narrativas triunfalistas por parte del gobierno. Así, en agosto de 2022, la presidencia de la COVAJ dio una vuelta de tuerca a sus trabajos, y anunció la emisión de su primer informe, sin consulta previa con el GIEI ni con las familias y sus representantes.
Dicho informe, si bien retomó y ordenó diversa información valiosa generada por el GIEI y la COVAJ, también presentó una nueva narrativa que pretendía dar una nueva explicación global del caso, donde se concluía que los estudiantes habían sido “ultimados” en circunstancias de extrema crueldad, afirmación que generó profundos impactos psicológicos y emocionales, agudizados por la imposibilidad de cuestionar o pedir explicaciones detalladas sobre la forma en que se llegaba a dicha conclusión. En ese sentido, el principal sustento del informe de la presidencia de la COVAJ fue un conjunto de capturas de pantalla de un celular de origen no esclarecido y que, posteriormente, el GIEI demostraría que carecían de sustento técnico y, por tanto, de confiabilidad.
La publicación de esta narrativa fue un punto de inflexión y el inicio del declive del proceso de búsqueda de verdad y justicia durante la administración de López Obrador. La esperanza de las familias, que tanto trabajo había costado recuperar, se volvió a romper, no sólo por la lógica unilateral en la actuación de la presidencia de la COVAJ, sino también por su falta de sustento en evidencia y su manejo mediático, el cual inevitablemente hizo revivir la experiencia de la “verdad histórica” de Peña Nieto.
Después del informe de la presidencia de la COVAJ, el GIEI demostró que el Ejército ocultaba información con relevancia para el caso Ayotzinapa. Los poco más de dos años que han pasado desde entonces se han caracterizado por la exigencia para lograr el acceso a la información en posesión del Ejército. A pesar de que la SEDENA ha negado sistemáticamente la existencia de la información, en el último año el gobierno federal ha tenido que reconocer su existencia ante la perseverancia de las víctimas. Sin embargo, actualmente el gobierno federal niega que la información tenga relación para el caso, sin que esa negativa esté mediada por la entrega de la misma.
Ante la negativa de la SEDENA a seguir colaborando con la investigación, con el respaldo del presidente López Obrador, los integrantes restantes del GIEI no tuvieron más opción que abandonar el país a mediados de 2023, no sin advertir públicamente que su salida obedecía a la falta de condiciones para continuar su trabajo; y, en particular, el GIEI señaló la obstrucción del Ejército para entregar información relevante que podría llevar al esclarecimiento del caso.
Las conversaciones entre las madres y padres de Ayotzinapa con el presidente cayeron en un punto muerto; en ellas el presidente se ciñó a una estrategia de comunicación donde el mensaje central era excluir al Ejército de cualquier responsabilidad y atribuir a otros actores, incluidos los representantes legales de las familias, intereses políticos para hacer fracasar la investigación y dañar la imagen del gobierno y en especial del Ejército. 2 En sus conferencias matutinas, informes y hasta en su libro de memorias sobre su presidencia, el presidente construyó un relato donde acusó a las organizaciones de favorecer la impunidad de los responsables, y a los organismos internacionales de orquestar un contubernio con agencias de seguridad de los Estados Unidos para socavar la soberanía nacional.
Así concluye la administración de López Obrador con un colectivo de padres y madres decepcionados y más deteriorados física y emocionalmente. Y si bien la futura presidenta ha sido receptiva al diálogo, no existe una perspectiva concreta de futuro. La pregunta que queda en el aire es si ella será capaz de romper las resistencias e impunidad del poder militar.
* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de Derechos Humanos de @FundarMexico.
1 México: AMLO se compromete con familiares de víctimas de Ayotzinapa a esclarecer lo sucedido con los 43 estudiantes, BBC News Mundo, 27 de septiembre de 2018, disponible aquí.
2 Para dar cuenta de las implicaciones físicas y emocionales de estos 10 años de impunidad en las víctimas, el día de hoy Fundar publica su informe Ayotzinapa: una década de impunidad, una mirada psicojurídica de las violencias de Estado.
Más de 170.000 migrantes indocumentados de India han sido detenidos en EE.UU. desde 2022. Analistas plantean 4 factores que explican su migración masiva.
Un vuelo chárter, que partió de Estados Unidos con destino a India, estaba lleno de ciudadanos del país asiático cuando despegó en octubre pasado.
No se trataba de un vuelo cualquiera, sino de uno de los múltiples “vuelos de expulsión” a gran escala realizados este año por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles).
Cada avión suele transportar a más de 100 pasajeros. Llevan a grupos de migrantes indios que “no habían establecido una base legal para permanecer en Estados Unidos”, detalla ICE.
Según funcionarios estadounidenses, el último vuelo se dirigió a Punjab, cerca de los lugares de origen de muchos deportados. No se facilitó un desglose preciso de las ciudades de origen, pero marca una notable tendencia de deportaciones a India que ha venido realizando el gobierno de EE.UU. en los últimos mees.
En el año fiscal estadounidense 2024, que terminó en septiembre, más de 1.000 ciudadanos indios fueron repatriados tanto en vuelos chárter como comerciales, según Royce Bernstein Murray, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“Esto forma parte de un aumento constante de las expulsiones de ciudadanos indios de Estados Unidos en los últimos años, que se corresponde con un aumento general de los encuentros con ciudadanos indios en los últimos años”, declaró Murray en una rueda de prensa.
En la terminología de ICE, los “encuentros” se refieren a los casos en que las autoridades estadounidenses detienen a extranjeros que intentan cruzar las fronteras del país con México o Canadá.
A medida que Estados Unidos intensifica las repatriaciones de ciudadanos indios, crece la preocupación sobre cómo les afectarán las políticas de inmigración del presidente electo Donald Trump, quien ya ha prometido la mayor deportación de inmigrantes de la historia.
Desde octubre de 2020, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, por sus siglas en inglés) han detenido a casi 170.000 migrantes indios que intentaban cruzar sin autorización las fronteras terrestres tanto del norte como del sur.
“Aunque menores que las cifras procedentes de América Latina y el Caribe, los ciudadanos indios representan el mayor grupo de migrantes de fuera del hemisferio occidental encontrado por CPB en los últimos cuatro años”, afirman Gil Guerra y Sneha Puri, analistas de inmigración del Niskanen Center, un think tank con sede en Washington.
Se calcula que en 2022 había 725.000 inmigrantes indios indocumentados en EE.UU., lo que los convierte en el tercer grupo más numeroso después de los procedentes de México y El Salvador, según nuevos datos del Pew Research Center.
En total, los inmigrantes indocumentados representan el 3% de la población total de EE.UU. y el 22% de la población nacida en el extranjero.
Al analizar los datos, Guerra y Puri han detectado tendencias notables en el aumento de indios que intentan cruzar ilegalmente la frontera.
Por un lado, los inmigrantes no pertenecen a los estratos económicos más bajos. Pero no pueden conseguir visados de turista o estudiante para entrar en Estados Unidos, a menudo debido a su bajo nivel educativo o de inglés.
En su lugar, recurren a agencias que les cobran hasta US$100.000, a veces utilizando rutas largas y difíciles, diseñadas para esquivar los controles fronterizos. Para permitírselo, muchos venden granjas o piden préstamos.
No es de extrañar que los datos de los tribunales de inmigración estadounidenses de 2024 revelen que la mayoría de los emigrantes indios eran varones de entre 18 y 34 años.
En segundo lugar, Canadá se ha convertido en la vía más accesible para los indios, con un tiempo de tramitación del visado de visitante de 76 días (frente a casi un año para un visado estadounidense en India).
El sector de Swanton -que abarca los estados de Vermont y condados de Nueva York y Nuevo Hampshire– ha experimentado un repentino aumento de los encuentros con ciudadanos indios desde principios de este año, alcanzando un máximo de 2.715 en junio, según los investigadores.
Anteriormente, la mayoría de los migrantes irregulares indios entraban en América por la frontera sur con México, que es la más transitada, a través de El Salvador o Nicaragua, que facilitaban la migración. Hasta noviembre del año pasado, los ciudadanos indios podían viajar sin visado a El Salvador.
“La frontera entre Estados Unidos y Canadá es también más larga y está menos vigilada que la frontera entre Estados Unidos y México. Y aunque no es necesariamente más segura, los grupos delictivos no tienen allí la misma presencia que a lo largo de la ruta desde Sudamérica y Centroamérica”, afirman Guerra y Puri.
En tercer lugar, gran parte de la migración parece proceder del estado indio de Punjab, dominado por los sijs, y del vecino Haryana, que tradicionalmente ha sido una región de migrantes al extranjero. La otra fuente de origen es Gujarat, el estado natal del primer ministro indio Narendra Modi.
El Punjab, donde se concentra gran parte de los migrantes indocumentados indios, se enfrenta a dificultades económicas, como una elevada tasa de desempleo, problemas en la agricultura y una inminente crisis de drogas.
La migración también es habitual desde hace tiempo entre los punjabíes, y los jóvenes de las zonas rurales siguen deseosos de marcharse al extranjero.
Según un estudio reciente de Navjot Kaur, Gaganpreet Kaur y Lavjit Kaur sobre 120 encuestados en Punjab, el 56% emigró entre los 18 y los 28 años, a menudo después de la secundaria. Muchos financiaron su traslado mediante préstamos no institucionales, enviando después remesas a sus familias.
Por otra parte, han aumentado las tensiones en torno al movimiento separatista Khalistan, que pretende establecer una patria independiente para los sijs. “Esto ha provocado el temor de algunos sijs de India a ser objeto de ataques injustos por parte de las autoridades o los políticos. Estos temores también pueden proporcionar una base creíble para las peticiones de asilo por persecución, sea cierto o no”, afirma Puri.
Pero determinar con exactitud las causas de la migración es todo un reto.
“Aunque las motivaciones varían, las oportunidades económicas siguen siendo el motor principal, reforzado por las redes sociales y el orgullo de tener familiares establecidos en Estados Unidos», afirma Puri.
En cuarto lugar, los investigadores descubrieron un cambio en la demografía familiar de los ciudadanos indios en las fronteras.
Cada vez más familias completas intentan cruzarlas. En 2021, la inmensa mayoría de los detenidos en ambas fronteras eran adultos solos. Ahora, las unidades familiares representan entre el 16% y el 18% de las detenciones en ambas fronteras.
Esto ha tenido a veces consecuencias trágicas. En enero de 2022, una familia india de cuatro miembros -que formaba parte de un grupo de 11 personas procedentes de Gujarat- murió congelada a solo 12 metros de la frontera en Canadá cuando intentaba entrar en Estados Unidos.
Pablo Bose, especialista en migración y estudios urbanos de la Universidad de Vermont, afirma que los indios intentan cruzar a Estados Unidos en mayor número porque tienen más oportunidades económicas y “más posibilidades de entrar en las economías informales de las ciudades estadounidenses”, especialmente las grandes como Nueva York o Boston.
“Por lo que sé y las entrevistas que he realizado, la mayoría de los indios no se quedan en las zonas más rurales, como Vermont o el norte del estado de Nueva York, sino que se dirigen a las ciudades en cuanto pueden”, dice Bose a la BBC.
Allí se dedican sobre todo a trabajos informales, como el servicio doméstico y los restaurantes.
Es probable que las cosas se compliquen pronto.
El veterano funcionario de inmigración Tom Homan, que estará a cargo de las fronteras del país tras la asunción de Trump en enero, ha dicho que la frontera norte con Canadá es una prioridad porque la migración ilegal en la zona es un “enorme problema de seguridad nacional”
Lo que sucederá después no está claro.
“Queda por ver si Canadá impondría políticas similares para evitar que la gente emigre a EE.UU. desde sus fronteras. Si eso ocurre, cabe esperar un descenso de las detenciones de ciudadanos indios en la frontera”, afirma Puri.
Sea como sea, es poco probable que los sueños que impulsan a miles de indios desesperados a buscar una vida mejor en Estados Unidos se desvanezcan.
Aunque el camino por recorrer sea cada vez más peligroso.
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