El alto costo de priorizar el desarrollo sobre la vida
“Ahora que abrazo la tierra soy la semilla que rompe concreto… Ahora que viajo en el viento esparzo mi lucha en los cuatro vientos”.
Berta Cáceres
Desde Sonora hasta Oaxaca se extiende con el viento el silencio por la partida de dos grandes que hicieron de su voz un arma contra la impunidad, y de su cuerpo el escudo con el que defendieron la tierra y la vida.
El pasado 16 de febrero Martha Patricia, activista del Comité de Cuenca del Río Sonora, falleció en Hermosillo, allá donde con su firme y contundente discurso se convirtió en representante de los habitantes de ocho poblados afectados por el derrame de desechos tóxicos provocado por la mina de Grupo México en agosto de 2014, en lo que ella misma calificó como una “negligencia criminal”; denunciando no sólo la irresponsabilidad de la empresa, sino también la impunidad y pasividad de las autoridades para atender la emergencia, así como el resarcimiento a las personas afectadas por la contaminación. Martha Patricia, como miles de habitantes, padeció los efectos de la contaminación y, tras años de lucha, falleció a causa de las altas concentraciones de plomo en su sangre, resultado de aquel derrame.
Ahora, marzo inicia con el asesinato del compañero Cristino Castro, quién fue brutalmente privado de su vida debido a su lucha en contra de la invasión de tierras sobre la playa y la tala ilegal de manglares en la comunidad de Barra de la Cruz, municipio de Santiago Astata, en Oaxaca. “Tino”, como solían decirle sus compañeros en el béisbol y en la Asamblea, fue un férreo defensor contra el despojo del territorio frente a proyectos de desarrollo inmobiliarios y la destrucción de espacios naturales de alto valor ecológico en la zona para beneficiar al turismo.
Pese a haberse aprobado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales -también llamado Acuerdo de Escazú, el primer instrumento regional de carácter vinculante en la materia- el Estado Mexicano ha hecho poco o nada por construir una política pública congruente con el mandato internacional, y con ello ha fallado en brindar protección y garantía de seguridad a las y los defensores del ambiente y el territorio.
Lo anterior deja en evidencia que la idea hegemónica de “desarrollo” se ha vuelto incompatible con la vida y la sostenibilidad de ésta en el planeta, pero también una amenaza directa a la integridad y la vida para aquellas y aquellos que se atreven a defenderlas. Tan sólo en 2023 se registraron 20 asesinatos perpetrados contra personas defensoras, según el Informe Sobre la Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, 1 elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C.
Y es que no basta con sostener un discurso sobre la justicia social y la protección ambiental, cuando en el diseño de la política pública persiste una clara ponderación a continuar la tendencia extractivista y de megaproyectos que en más de treinta años han favorecido el despojo y consentido la destrucción ambiental en el país. En este sentido, el reciente anuncio del Plan México, 2 con ambiciosas metas de relocalización de empresas y construcción de 100 parques industriales, además del análisis presupuestario para 2025, nos dan algunas luces sobre el grado de interés del Estado por atender las necesidades de protección ambiental.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, la función Protección Ambiental recibió con un total de 17, 081 millones de pesos, una reducción del 5.6% respecto al presupuesto aprobado en 2024. 3 Del monto total de Gasto para la protección ambiental, la subfunción encargada de la política para reducir la contaminación recibió un presupuesto igual a cero. 4
Es decir, que todas aquellas actividades esenciales para la administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de actividades relacionadas con la reducción y el control de la contaminación como son la protección del aire y del clima, la protección del suelo y de las aguas subterráneas, la reducción de los ruidos y las vibraciones y la protección contra la radiación –la mayoría, resultado de actividades industriales–, no fueron consideradas dentro del paquete presupuestario. Este vacío que provoca la falta de presupuesto se torna un agujero negro en cuanto contextualizamos la información:
En México, 70 % de los ríos se encuentran contaminados, 5 en su mayoría por las descargas industriales, que desde hace más de diez años se sabe que estas contaminan en un 340 % más que las aguas residuales municipales, 6 por lo que, además de las afectaciones a los ecosistemas que dependen de los ríos, se debe enfatizar en los daños inmediatos a la salud de las personas, como en el caso de Martha Patricia.
Es en este escenario, en el que las y los defensores ambientales y de derechos humanos han tratado de cubrir con la organización comunitaria, con su voz, sus cuerpos y sus propias vidas los enormes huecos en la política pública que mantiene en la realidad, más allá del discurso, una clara preferencia del modelo de desarrollo hegemónico, el cual se ha vuelto totalmente incompatible con la vida, no sólo por la amenaza que representan las actividades industriales y los intereses económicos sin responsabilidad ambiental y social del entorno donde se desarrollan, sino porque también atentan contra la vida de toda persona que se oponga a la destrucción de su territorio.
Tino y Martha Patricia, como miles más, han sido mártires de una apuesta mercantilizadora de la vida, y el testimonio de su lucha, junto a la de Samir, Beti Cariño, Eugui, Paulina, e Isaac en los últimos años, no debe ser una estadística más; ahora son símbolo de resistencia, son semilla y son viento que guía a nuevos horizontes de vida y justicia para los pueblos que defienden la Tierra.
* Charlie es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
3 Benumea, I. Castaño, P. (et al.). (2024). Nuevas propuestas, menos presupuestos. Análisis del Paquete Económico 2025. Colección ppef 2025, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, pp. Ciudad de México, p.89
4 Ídem
Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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