Violencia y justicia reproductiva
En México no existen condiciones para que las mujeres puedan tomar decisiones en torno a su vida reproductiva de manera libre y sin discriminación, porque cotidianamente enfrentan violencia institucional y de género.
A las niñas y adolescentes que cursan un embarazo producto de violación se les niega o retrasa el acceso al aborto; a quienes desean interrumpir su embarazo, se les criminaliza; el maltrato normalizado en la salas de parto y las muertes maternas por causas prevenibles son un grave problema enraizado en las fallas estructurales del sistema de salud; la falta de una regulación integral para el acceso a servicios de reproducción asistida provoca actos arbitrarios, y la feminización de los cuidados dificulta la conciliación de la vida laboral y la reproductiva.
A pesar de los avances legislativos y judiciales, quienes deciden abortar son denunciadas, la mayoría de las veces por el personal de las instituciones de salud que, por desconocimiento o prejuicio, condiciona la atención médica a requisitos injustificados y ejerce presión para conocer las circunstancias específicas de la interrupción, dejando en segundo plano las responsabilidades de brindarles atención y consejería.
En el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio imperan los regaños, las burlas, las humillaciones, las intervenciones médicas injustificadas y la falta de información. Datos de la ENDIREH 2021 señalan que 30.9 % de las mujeres en edad reproductiva que informaron haber tenido al menos un parto en los últimos cinco años experimentaron violencia obstétrica; quienes viven con discapacidad la enfrentaron con mayor frecuencia, particularmente en forma de gritos, regaños y presión para aceptar procedimientos anticonceptivos o ser esterilizadas.
En el extremo de este tipo de violencia se encuentran las muertes maternas prevenibles, que ocurren en un contexto de desigualdad en el acceso a la atención obstétrica. Las entidades federativas donde hay más casos son las que presentan mayores índices de rezago social y de población indígena. Esto evidencia el impacto diferenciado de las fallas estructurales del sistema de salud: las personas que viven en situación de pobreza y marginación tienen que recorrer largos trayectos para acudir a centros de salud que se encuentran en malas condiciones, no cuentan con personal médico de base ni con intérpretes de lenguas indígenas, y donde suelen recibir actitudes discriminatorias por parte del personal médico.
Por otra parte, quienes presentan un problema de salud o no pueden lograr un embarazo sin asistencia, tienen que recurrir a servicios de reproducción asistida, pero la falta de un marco normativo integral que regule, a nivel general, el acceso a estos procedimientos y su práctica ha provocado que sean víctimas de actos arbitrarios. Un caso acompañado por GIRE y que fue resuelto por la SCJN es ejemplo de ello. A una mujer derechohabiente del ISSSTE se le negó el acceso a servicios de reproducción asistida debido a criterios discriminatorios. La Corte declaró inconstitucionales requisitos como la edad límite, que las personas beneficiarias sean una pareja o estén en una unión con reconocimiento legal y el no tener enfermedades genéticas heredables a su descendencia. Decisiones como ésta, además de sentar precedentes para orientar a los tribunales de todo el país en la resolución de casos similares, contribuyen a frenar la violencia institucional que obstaculiza el ejercicio de los derechos reproductivos.
Otra manifestación de las múltiples violencias en contra de las mujeres, y que está profundamente arraigada en los estereotipos de género, es la distribución desigual del trabajo de cuidados. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, ellas dedican 3.2 veces más tiempo que los hombres a la limpieza, la preparación de los alimentos, los cuidados familiares, entre otras labores no remuneradas. Esta carga desproporcionada les dificulta conciliar la vida laboral y la reproductiva, y condiciona sus decisiones respecto a tener hijes y cuándo, sobre todo si carecen de recursos, tiempo y redes de apoyo para atender las responsabilidades en torno a los cuidados.
En el marco del #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, visibilizar las violencias que atraviesan el ejercicio de los derechos es prioritario para avanzar hacia la justicia reproductiva. Y este avance implica, a la vez, que el Estado genere las condiciones políticas, sociales y económicas que permitan a las mujeres determinar su destino reproductivo en libertad y sin discriminación.
Los esfuerzos para controlar el incendio continúan mientras los residentes esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.
“Cuando te acercas, el calor sube y se siente, y el humo es muy denso”, dice el estudiante Thomas Liu.
Él es una de las muchas personas que acudieron al lugar del letal incendio que arrasó gran parte del complejo de ocho edificios de viviendas Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po en Hong Kong.
Al menos 65 personas han muerto y hay cientos de desaparecidos en el devastador incendio que comenzó el miércoles, y se espera que esta cifra aumente.
Aún se desconoce la causa, pero tres ejecutivos de una constructora fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario relacionado con materiales inflamables, como mallas y láminas de plástico, que pudieron haber permitido la rápida propagación del fuego.
“Es un desastre”, dice Thomas sobre el incendio, y agrega que vio cómo se llevaban un cuerpo.
“Mucha gente nos envió mensajes de WhatsApp o nos llamó diciendo que todavía tenían familiares dentro o que no los encontraban”, le dijo a BBC China Mui Siu-fung, concejal del distrito de Tai Po.
Más de mil personas se vieron obligadas a evacuar la urbanización a medida que las llamas se propagaban.
Algunas se dirigieron a centros habilitados como albergues. La policía también trasladó a personas de edificios cercanos.
El incendio se estaba apagando gradualmente, pero las autoridades indicaron que desconocían cuándo se extinguiría por completo.
Se veían llamas saliendo de algunos apartamentos mientras muchas personas observaban en silencio.
Una mujer comentó que sus amigos viven dentro del edificio y que estaba esperando saber si habían logrado salir.
Harry Cheung, quien ha vivido en el edificio dos del complejo Wang Fuk Court durante más de 40 años, le dijo a Reuters que escuchó “un ruido muy fuerte” y vio cómo se desataba un incendio en un edificio cercano.
“Regresé inmediatamente a empacar mis cosas”, dijo el residente de 66 años.
“Ni siquiera sé cómo me siento ahora mismo. Solo estoy pensando dónde voy a dormir esta noche porque probablemente no podré volver a casa”.
Una mujer de unos 60 años, de apellido Kam y residente en la urbanización adyacente Kwong Fuk, le dijo al South China Morning Post (SCMP) que varios de sus amigos que vivían en el complejo Wang Fuk Court habían sido localizados, pero no todos.
Kam señaló que una de sus amigas suele dormir la siesta a diario y es posible que estuviera durmiendo cuando se declaró el incendio a las 14:51 hora local. Agregó que las hijas de la mujer aún no han podido contactarla.
Otro residente, Jason Kong, de 65 años, declaró a Reuters que un vecino lo llamó y le dijo que seguía atrapado dentro de uno de los edificios.
“Estoy devastado. Hay tantos vecinos y amigos. Ya no sé qué está pasando. Mira, todos los departamentos están en llamas. No sé qué hacer. Espero que el gobierno pueda ayudar a instalarnos después de esto”.
Una anciana que vive en uno de los bloques afectados le dijo a la BBC que no estaba en su casa cuando se declaró el incendio, pero que estaba preocupada por su departamento porque no estaba asegurado.
“Estoy muy disgustada porque ahora no tengo un hogar al que ir”, dijo.
Aunque se desconoce la causa del incendio que devastó los edificios de gran altura, la policía afirma que se encontró una malla metálica y láminas de plástico en el exterior de los edificios. Se cree que ninguno de estos materiales es resistente al fuego.
También se encontró poliestireno en las ventanas del edificio. Estos materiales podrían haber acelerado la propagación del fuego, según la policía.
Algunas personas expresaron su indignación por la magnitud del incendio y criticaron la respuesta.
“Cuando hay un incendio forestal, despliegan helicópteros y lanzan bombas de agua, pero ¿por qué no se despliegan aquí y cómo pueden dejar los edificios en llamas?”, preguntó la señoira Poon, otra residente de Wang Fuk Court, de unos 60 años.
“La comunidad está muy cerca de la estación de bomberos y pensamos que el incendio se podría extinguir pronto, pero ahora se ha propagado. Estoy muy decepcionada”, le dijo al SCMP.
Poon dijo que no había recibido instrucciones del gobierno sobre dónde buscar ayuda.
La BBC habló con algunos residentes de Tai Po que habían llevado suministros a las víctimas y a los residentes afectados, incluyendo docenas de mantas y compresas térmicas.
El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, afirmó que las dependencias gubernamentales estaban ayudando a los residentes afectados por el incendio.
Cuando se le preguntó a los residentes su opinión sobre lo ocurrido, afirmaron que “el gobierno es incompetente” y que estaban “profundamente desconsolados”.
“No queremos ver más víctimas”, dijo uno.
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