Violencia obstétrica: los límites de nombrarla en el código penal
La violencia obstétrica es un fenómeno apremiante, sin embargo, ello no justifica la adopción de cualquier tipo de respuesta. El uso del derecho penal como eje de la política pública tiende a producir más injusticias que soluciones sustantivas. Su tipificación en el código penal, como ocurrió en Michoacán, desconoce el carácter estructural de esta violencia y desplaza la responsabilidad del Estado hacia respuestas punitivas que resultan insuficientes para garantizar derechos.
A finales del año pasado el Congreso de Michoacán decidió sancionar conductas del personal de salud, tales como la falta de atención oportuna y eficaz durante el embarazo, parto o puerperio; la imposición de condiciones de parto contrarias a la voluntad o prácticas culturales de la mujer o persona gestante; la intervención injustificada en partos de bajo riesgo sin consentimiento informado; la omisión o negación de información que impida el apego precoz y la lactancia inmediata, así como cualquier forma de coacción o presión, ya sea verbal, física o psicológica, que inhiba la libre decisión sobre la maternidad. Las sanciones consisten en penas de seis meses a tres años de prisión y multas de setenta a ciento cincuenta días.
Con esta decisión, Michoacán se sumaría a la lista de entidades federativas que emplean la vía penal como respuesta a la violencia obstétrica, lo que refleja la persistencia de la idea de que, ante un fenómeno latente, es necesario recurrir a este enfoque. Planteamiento que se replicó durante la reunión celebrada el pasado noviembre entre presidentas de comisiones de igualdad de género de todo el país.
La incorporación de esta figura en los códigos penales no ha contribuido a disminuir estas prácticas o a mejorar de manera sustancial la atención en los servicios de salud. Esto se debe a que la penalización prioriza una respuesta punitiva, pues coloca el foco en atribuir conductas al personal médico en lo individual y no en las condiciones estructurales que hacen posible esa violencia, tales como sistemas de salud saturados, precarización de insumos, falta de protocolos o falta de claridad en ellos, jornadas laborales excesivas, ausencia de formación en derechos humanos y prácticas institucionales normalizadas que difícilmente se transformarán desde una lógica punitivista.
Con esta modificación en la ley, se puede percibir la disposición del estado michoacano por avanzar en el reconocimiento de la violencia obstétrica; sin embargo, se optó por una respuesta que no es la idónea. La tipificación no constituye una solución, por el contrario, puede operar como un distractor al generar la falsa idea de que el Estado ha agotado sus recursos para enfrentarla.
Desde GIRE sostenemos que es necesario priorizar regulaciones sanitarias y políticas públicas orientadas a la prevención y a la garantía de derechos, como el establecimiento de mecanismos de supervisión que permitan dar seguimiento a los casos; el fortalecimiento de vías accesibles y eficaces de queja y reparación; la formación continua del personal de salud, desde la etapa académica y a lo largo de su ejercicio profesional, así como la garantía de condiciones laborales adecuadas por parte del sector salud.
Todas las acciones mencionadas podrían generar cambios reales en la práctica médica y en las experiencias de las usuarias durante el embarazo, parto y puerperio, algo difícil de lograr al emplear un enfoque centrado en la penalización.
Valdría la pena repensar si el camino elegido dice más sobre las inercias legislativas que sobre una estrategia real de garantía de derechos. La decisión de llevar la violencia obstétrica al Código Penal de Michoacán no resuelve el debate: lo fija en una respuesta punitiva y deja sin explorar otras herramientas disponibles.
El llamado es a abandonar el uso del derecho penal y apostar por políticas públicas integrales que prioricen la prevención, la regulación y la transformación de las condiciones en las que ocurre la atención obstétrica. Ello implica fortalecer el sistema de salud, establecer responsabilidades institucionales claras, garantizar mecanismos efectivos de supervisión y reparación, y promover una atención centrada en la dignidad y la autonomía de las mujeres y personas gestantes, en lugar de insistir en respuestas centradas en la criminalización.
Un veredicto en su contra tuvo lugar menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión. Aún tiene pendientes varias acusaciones.
Dos bolsos Chanel, una concesionaria BMW y una polémica iglesia estuvieron en el centro del juicio a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee.
Esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, que fue destituido en 2025, fue arrestada en agosto por cargos que incluían soborno, manipulación bursátil e interferencia política, todos los cuales niega.
La fiscalía acusó a Kim, de 52 años, de ganar más de 800 millones de wones (US$552.570) al participar en una trama de manipulación de precios relacionada con las acciones de Deutsch Motors, una concesionaria de BMW en Corea del Sur, entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
También fue acusada de aceptar bolsos de lujo, un collar de diamantes y otros regalos por valor de hasta 80 millones de wones (US$56.000) como sobornos de la controvertida Iglesia de la Unificación a cambio de favores comerciales, y de recibir 58 encuestas de opinión gratuitas, por valor de 270 millones de wones coreanos, del empresario Myung Tae-kyun antes de las elecciones presidenciales de 2022.
El miércoles, un tribunal la declaró culpable de aceptar sobornos de funcionarios de la Iglesia de la Unificación y la condenó a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, fue absuelta de los cargos de manipulación del precio de acciones y de violar las leyes de financiación de campañas de Corea del Sur. Aún quedan dos acusaciones en su contra que el tribunal no ha escuchado.
El veredicto llega menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión por abuso de poder y obstrucción a la justicia en relación con su fallido intento de instaurar la ley marcial.
También marca la primera vez en la historia del país que la esposa de un presidente es acusada formalmente estando detenida.
Pero no es la primera vez que la propia Kim se ve envuelta en controversias.
Credenciales cuestionables
Antes de ser la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, cuyo verdadero nombre es Kim Myeong-sin, era empresaria y amante del arte.
Se graduó con una licenciatura en educación artística de la Universidad Femenina de Sookmyung en 1999, pero posteriormente enfrentó repetidas acusaciones de plagio durante su época de estudiante allí.
La universidad anuló su título en 2025 después de que su comité de ética de investigación descubriera que la tesis de Kim tenía problemas.
Nunca ha respondido públicamente a estas acusaciones.
En 2009 fundó la empresa de exhibiciones de arte Covana Contents, de la que sigue siendo directora ejecutiva y presidenta. Sin embargo, en 2019 medios de comunicación surcoreanos informaron que Kim presuntamente había evadido impuestos y recibido sobornos por organizar exposiciones.
Kim fue absuelta de estos cargos en 2023, pero un fiscal especial está reexaminando el caso.
Posteriormente, antes de las elecciones presidenciales de 2022, que finalmente ganó su esposo, surgieron acusaciones de que Kim había presentado solicitudes a universidades y empresas con títulos y premios falsos, lo que desató un escándalo por posibles credenciales falsificadas.
En respuesta a estas acusaciones, que algunos miembros de la oposición intentaron utilizar como arma política contra Yoon, Kim emitió una disculpa pública por lo que describió como “exageraciones” en su currículum.
Además, prometió que si su esposo llegaba a la presidencia, se centraría exclusivamente en su rol como esposa.
Sin embargo, es su conducta durante ese periodo lo que ha provocado algunas de las críticas más duras en su contra.
El escándalo del bolso
A finales de 2023 aparecieron imágenes de una cámara espía que mostraban a Kim recibiendo un bolso de lujo de un individuo en una oficina de Seúl en septiembre de 2022.
Se informó que las imágenes fueron grabadas en secreto por el pastor Choi Jae-young con una cámara en su reloj, y su publicación intensificó el escrutinio público sobre Kim y Yoon.
Al parecer, mostraban a Choi caminando hacia una tienda para comprar un bolso de piel grisáceo, con un recibo que estimaba su costo en 3 millones de wones (US$2.200). Choi luego visitó Covana Contents, una empresa en Seúl propiedad de la primera dama, donde Kim le preguntó al pastor: “¿Por qué sigue trayéndome estas cosas?”.
La ley surcoreana prohíbe que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban regalos por un valor superior a 1 millón de wones(US$698) de una sola vez, o un total de 3 millones de wones en un año fiscal.
Si bien el video no muestra explícitamente a Kim aceptando el regalo, el diario Korea Herald informó en ese momento que la oficina presidencial confirmó la recepción de la bolsa y afirmó que estaba “registrada y almacenada como propiedad del gobierno”.
La oficina presidencial no respondió de inmediato a la grabación, lo que avivó aún más la controversia, ya que grupos cívicos presentaron denuncias ante la fiscalía alegando posibles violaciones de la Ley Anticorrupción.
Este incidente fue una de las 16 acusaciones investigadas por el equipo de fiscales especiales, 12 de las cuales fueron remitidas a la policía para su posterior investigación.
Sin embargo, el veredicto de este miércoles se centró en la presunta aceptación de sobornos por parte de Kim de la Iglesia de la Unificación, así como en su presunta participación en la manipulación de las acciones de Deutsch Motors y en una presunta manipulación electoral.
Kim negó los cargos, aunque admitió haber recibido bolsos de Chanel, que, según afirma, luego devolvió sin usar.
El mes pasado la fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión y una multa de 2.000 millones de wones, alegando que Kim había actuado “por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para socavar la “separación constitucional entre religión y Estado”.
Destituido
Si bien la serie de escándalos de Kim ensombreció la carrera presidencial de su esposo, fue el propio Yoon quien finalmente selló su destino como uno de los exlíderes más desacreditados de Corea del Sur.
El 16 de enero de este año Yoon fue declarado culpable de abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia al intentar, sin éxito, imponer la ley marcial en el país en 2024. También fue condenado a cinco años de cárcel.
Este fue el primero de los veredictos en cuatro juicios relacionados con el decreto de ley marcial de Yoon. Aunque efímero, la medida desató una agitación nacional, provocando protestas cuando los parlamentarios acudieron a la Asamblea Nacional para revocar la decisión de Yoon.
Las acciones de Yoon “sumergieron al país en una crisis política”, declaró un juez al emitir el veredicto, señalando que Yoon “no había mostrado remordimiento alguno”.
Fue durante una investigación de un año sobre el fallido intento de Yoon de instaurar la ley marcial que los fiscales especiales comenzaron a investigar muchas de las acusaciones contra Kim.
Juntos, la otrora poderosa pareja forma una dupla histórica: si bien Corea del Sur tiene antecedentes de expresidentes acusados y condenados, Yoon y Kim marcan la primera vez que un expresidente y una exprimera dama son encarcelados.
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