Juzgar derechos reproductivos con perspectiva de género: una obligación a medio camino
Juzgar con perspectiva de género es un mandato indispensable para garantizar sentencias más justas y protectoras de los derechos humanos. Implica analizar todos los elementos que, en cada caso, pueden ser motivo de discriminación o desigualdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha reconocido en sus sentencias que toda expresión de género está protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Opinión Consultiva 24/17).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptó, en 2013, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género —actualizado en dos ocasiones desde entonces—, con el objetivo de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, en particular en lo relativo a los derechos de las mujeres. Además, dicho documento pretende contribuir a eliminar la discriminación y los estereotipos de género dentro del mismo sistema de justicia federal.
El Protocolo establece que las personas que imparten justicia tienen la responsabilidad de asegurarse de que las normas jurídicas no se sustenten en prejuicios de género que deriven en tratos desiguales. También les obliga a visibilizar cualquier elemento que pueda obstaculizar el acceso a la justicia o el ejercicio de otros derechos humanos. En consecuencia, se deben eliminar la discriminación y las desigualdades basadas en diferencias sexuales (Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género). La SCJN explica que el género produce impactos diferenciados en la vida de las personas y que ello debe tomarse en consideración al apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar y aplicar la ley; además, advierte que las normas y las prácticas institucionales pueden perjudicar en especial los derechos de las mujeres, niñas y minorías sexuales.
A partir de la publicación del Protocolo se han desarrollado jurisprudencia y criterios relevantes que han precisado las bases para juzgar con perspectiva de género. Asimismo, se ha establecido que esta perspectiva es una obligación que debe operar como regla general y reforzarse en casos que afecten los derechos de grupos en situación de especial vulnerabilidad (Expediente varios 1396/2011), incluso si las partes no lo solicitan de manera expresa (Amparo Directo en Revisión 2655/2013). Sin embargo, esto no significa que, en los hechos, todas las personas juzgadoras y todos los órganos jurisdiccionales asuman la perspectiva de género.
El propósito de GIRE, como organización de la sociedad civil, es que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos. Para ello, a través de la incidencia en legislación y políticas públicas, el acompañamiento y litigio de casos, la investigación y la comunicación impulsa avances en materia de aborto, salud reproductiva —incluida la violencia obstétrica, la muerte materna y la reproducción asistida—, cuidados y corresponsabilidad de la vida laboral con la reproductiva.
Sin embargo, en el ámbito del acompañamiento y el litigio de casos relacionados con derechos reproductivos se observa con frecuencia que muchos órganos judiciales no aplican la perspectiva de género, pasando por alto sentencias relevantes en ese sentido. Por ello, sigue siendo fundamental insistir en que se consideren aspectos que pasan desapercibidos en muchas de las resoluciones judiciales.
El ámbito de los derechos reproductivos favorece que se establezcan relaciones de poder asimétricas, en especial cuando el personal médico controla o decide sobre la vida reproductiva de las niñas, mujeres y personas gestantes, relegando sus derechos y su capacidad de decisión. Revertir estas situaciones requiere que, durante el proceso judicial de los casos, las personas juzgadoras cumplan con su obligación de juzgar con perspectiva de género y así se evite generar retrasos en el acceso a la justicia, pues es común que en la mayoría de los casos se tengan que impugnar sobreseimientos porque no se adoptó la perspectiva de género.
En ese sentido, es fundamental atender los criterios judiciales nacionales e interamericanos que reconocen las relaciones de poder entre el personal médico y las personas usuarias de los servicios de salud, con el objetivo de evitar las relaciones desiguales y los estereotipos de género. En la sentencia del Caso I.V. vs. Bolivia, por ejemplo, se estableció que la salud sexual y reproductiva debe ejercerse sin violencia, coacción y discriminación. También se señaló que el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, así como a la información, la educación y los medios que permitan ejercer el derecho a decidir de manera libre y responsable; ello debido a que la ausencia de salvaguardas legales en esta materia limita gravemente la autonomía y la libertad reproductiva.
Entre otros aspectos, es imprescindible tomar en cuenta los requisitos del consentimiento informado, el cual no puede considerarse válido si no se otorga después de recibir y comprender información completa sobre los procedimientos médicos, como lo determinaron tanto el Caso I.V. vs. Bolivia como el Caso Sandra (resuelto de manera ejemplar por la entonces Primera Sala de la SCJN). Asimismo, se ha reconocido que ciertas prácticas del ámbito médico pueden dar lugar a tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso a actos de tortura, como lo establecieron el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México y el Caso Fernanda (resuelto por la anterior Segunda Sala de la SCJN).
En el contexto actual, en el que las personas que conforman la nueva integración del Poder Judicial no necesariamente cuentan con trayectorias de formación, carrera judicial o especialización en temas como los derechos fundamentales o las perspectivas de infancias o de género, resulta indispensable retomar esta perspectiva y sus precedentes relevantes, así como profundizar de manera decidida en ellos.
La perspectiva de género trasciende el ámbito judicial; resulta esencial en la creación, modificación y derogación de leyes, la atención de usuarias en los servicios médicos, la resolución de expedientes de queja en las comisiones de derechos humanos, la investigación de delitos y la reparación de daños a las víctimas de delitos y/o violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, cuando el feminismo y los estudios de género han sido cuestionados y puestos bajo sospecha, y se han frenado los avances igualitarios en muchos países de nuestro continente, no solo es necesario, sino indispensable exigir el cumplimiento de esta obligación.
* Luisa Fernanda Tello es Coordinadora de Documentación y Litigio de Casos de @GIRE_mx.
Según el gobierno ucraniano, Rusia recluta a través de Telegram a niños y adolescentes ucranianos para llevar a cabo sabotajes y atentados con explosivos.
En julio de este año, un joven de 17 años viajó 800 kilómetros desde su casa en el este de Ucrania para recoger una bomba y un teléfono escondidos en un parque de la ciudad Rivne, al oeste del país.
Afirma que le prometieron US$2.000 por colocar la bomba en una furgoneta utilizada para el servicio militar obligatorio de Ucrania.
“Cuando estaba conectando los cables, pensé que podía explotar en ese momento. Pensé que podía morir”, declaró a la BBC.
Vlad es uno de los cientos de niños y adolescentes que, según el gobierno ucraniano, han sido reclutados en línea por Rusia y a quienes se les ha ofrecido dinero para llevar a cabo sabotajes u otros ataques contra su propio país. Cambiamos su nombre para proteger su anonimato.
Dice que le ordenaron configurar el teléfono para transmitir en directo la escena a su contacto, de modo que este pudiera detonar el dispositivo a distancia cuando alguien entrara en el vehículo.
Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) estaba vigilando y frustró el ataque. Vlad, ahora con 18 años, espera juicio por cargos de terrorismo que podrían acarrearle una pena de hasta 12 años de prisión.
Sentado en el centro de detención de Rivne, férreamente custodiado, junto a su abogado, reconoce que pudo haber participado en un asesinato.
“Lo pensé. Pero a nadie le caen bien los reclutadores”, afirma. “Pensé: bueno, seré como todos los demás”.
Cómo reclutan a los jóvenes
El SBU afirma que en los últimos dos años se ha identificado a más de 800 ucranianos reclutados por Rusia, 240 de ellos menores de edad, algunos de tan solo 11 años.
Sin embargo, la experta en ciberseguridad Anastasiia Apetyk, que imparte cursos sobre seguridad en internet en Ucrania, tiene conocimiento de casos aún más extremos: “Intentaron reclutar a niños de nueve o diez años”.
Andriy Nebytov, subdirector de la Policía Nacional de Ucrania, cree que existe una estrategia deliberada para buscar a personas vulnerables que puedan ser manipuladas.
“Los niños no siempre comprenden del todo las consecuencias de sus actos”, afirma.
Alega que “el enemigo no tiene reparos en utilizar a menores para fabricar explosivos con productos químicos domésticos y colocarlos en diversos lugares, como oficinas de reclutamiento militar o comisarías”.
El SBU afirma que el reclutamiento se realiza principalmente a través de la aplicación Telegram, pero también en TikTok e incluso en plataformas de videojuegos.
Según las autoridades, quienes son reclutados casi siempre están motivados por el dinero, más que por simpatías prorrusas.
Vlad asegura que no apoya a Rusia y que no tenía antecedentes penales.
Se unió a dos canales de Telegram y publicó que buscaba trabajo remoto. Media hora después, un hombre que se hacía llamar Roman le respondió. Cuando hablaron por teléfono más tarde, Vlad cuenta que Roman hablaba ruso con acento callejero.
Vlad relata que al principio se mostró reacio, pero que lo convencieron para realizar una serie de tareas cada vez más peligrosas.
Primero, le ordenaron recoger una granada, pero al llegar al lugar indicado, no estaba. Aun así, le pagaron US$30.
Unos días después, surgió otro encargo: incendiar una furgoneta de un centro de reclutamiento, grabarlo y huir.
Por ese ataque, Vlad asegura haber recibido unos US$100 en criptomonedas, mucho menos de los US$1.500 que le habían prometido. Roman le dijo que recibiría el resto si colocaba la bomba en Rivne.
Dinero por sembrar el caos
Los canales de Telegram que ha visto la BBC donde se lleva a cabo el reclutamiento no son explícitamente prorrusos, pero amplifican la indignación que sienten algunos ucranianos hacia el servicio militar obligatorio, plagado de acusaciones de brutalidad y corrupción.
Usando un teléfono desechable y un alias, nos unimos a varios canales de los que nos habían contado.
Los canales contenían vídeos de incendios y explosiones que, según afirmaban los administradores, se habían llevado a cabo bajo sus órdenes. La BBC no ha podido verificar las circunstancias que muestran esos vídeos.
Una cuenta con la que nos pusimos en contacto ofreció de inmediato un pago, en criptomonedas o mediante transferencia bancaria, por provocar incendios. Nos indicaron que contactáramos con una segunda cuenta para obtener más detalles y después recibimos un mensaje con una lista de precios que detallaba cuánto ofrecían pagar por diferentes objetivos.
Los pagos oscilaban entre US$1.500 por incendiar una oficina de correos y 3.000 por un banco. Explicaron que los bancos valían más porque el cristal de seguridad dificultaba los ataques.
“Hay que verter gasolina dentro o lanzar varios cócteles molotov adentro”, aconsejaba la cuenta.
Incluso ucranianos comunes que buscan empleo pueden recibir ofertas de dinero para realizar sabotajes.
Encontramos anuncios que ofrecían una alta remuneración por trabajos de medio tiempo no especificados en diversos grupos ucranianos de Telegram no relacionados entre sí, incluidos algunos sobre refugiados o incluso consejos de belleza.
Al contactar con uno de ellos, un reclutador volvió a ofrecer miles de dólares por ataques incendiarios y nos pidió que enviáramos vídeos como prueba.
“Necesito todos los incendios que pueda conseguir”, escribió. “Encontrar a alguien de confianza es mucho más difícil que pagar. Por eso pago exactamente lo que digo y lo hago muy rápido, normalmente un par de horas después de recibir el vídeo”.
La BBC denunció varios de estos canales, cuentas, chats y bots a Telegram, que eliminó algunos, pero no la mayoría.
Uno de los canales que sigue activo ha crecido en más de 750 suscriptores desde que empezamos a monitorizarlo; también permanece abierta una cuenta que, como informamos a Telegram, nos ofreció directamente un pago por un ataque incendiario.
En un comunicado, Telegram afirmó: “Las incitaciones a la violencia o a la destrucción de la propiedad están explícitamente prohibidas en Telegram y se eliminan inmediatamente al detectarlas”.
Funcionarios ucranianos han nombrado públicamente a miembros de los servicios de inteligencia rusos sospechosos de ser responsables de este tipo de sabotajes.
La BBC no ha podido verificar de forma independiente que el propio Estado ruso sea responsable.
Sin embargo, varios gobiernos europeos han afirmado tener pruebas de que agentes rusos reclutan a jóvenes para llevar a cabo actos de vandalismo, incendios o inclusive vigilancia en sus países.
En Reino Unido, seis hombres fueron encarcelados por su participación en un ataque incendiario, ordenado por Rusia, contra un almacén de Londres que suministraba ayuda a Ucrania.
En Ucrania cientos de presuntos saboteadores esperan juicio, pero para otros las consecuencias pueden ser mortales: varios sospechosos murieron por cuenta de los explosivos que llevaban consigo.
El SBU afirma que agentes rusos han detonado deliberadamente dispositivos a distancia, a sabiendas de que sus agentes morirían.
En marzo, un joven de 17 años murió y otro de 15 resultó gravemente herido cuando explotó una bomba que, según se cree, llevaban a una estación de tren en Ivano-Frankivsk.
La BBC remitió las acusaciones del SBU a la Embajada rusa en Londres, que en un comunicado acusó a Ucrania de una campaña de sabotaje similar utilizando a ciudadanos rusos.
“Las prácticas que ustedes mencionan se han convertido en una marca registrada de los servicios especiales ucranianos. En particular, el reclutamiento de civiles, incluidos niños, para llevar a cabo incendios, sabotajes o atentados con bombas contra personas, edificios o vehículos”, señala el comunicado.
Aunque se han publicado informes que atribuyen actos de sabotaje dentro de Rusia al reclutamiento ucraniano a través de Telegram, es muy difícil verificar exactamente quién está detrás de estos ataques.
Mientras tanto, Vlad tiene un mensaje para quienes se sientan tentados por los reclutadores.
“No vale la pena. O te engañan y vas a la cárcel como yo, o acabas con una bomba en las manos que te volará por los aires”, afirma.
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