Justicia reproductiva
Tener o no tener descendencia pareciera ser, a simple vista, el resultado de una decisión personal. El artículo 4.° de la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de su descendencia. Sin embargo, es necesario analizar qué tan sencillo es en los hechos tomar una decisión al respecto y llevarla a cabo.
Con frecuencia, el derecho a decidir se ve influenciado, condicionado e, incluso, obstruido por múltiples factores; ello pone en duda que la autonomía sobre el cuerpo y la autodeterminación reproductiva puedan ejercerse en todos los casos. Entre las circunstancias que intervienen en este sentido se encuentran los determinantes de salud: el grado de escolaridad, el ingreso, el empleo, la vivienda, el transporte, el acceso a alimentos de calidad y agua limpia, y el acceso a servicios de atención de la salud.
Una vez que una mujer o persona con capacidad de gestar toma una decisión reproductiva, hay otros factores que pueden impedirle llevarla a cabo: la falta de recursos o no tener acceso a servicios de salud; el no conseguir embarazarse y no tener acceso a tratamientos de fertilidad; que las autoridades le impidan practicarse un aborto, le nieguen el servicio o la criminalicen por ese motivo; ser sometida a procedimientos de anticoncepción permanente contra su voluntad, por señalar algunos ejemplos. Si bien estas situaciones se relacionan con el derecho a decidir, la salud reproductiva y los derechos reproductivos, corresponden, de forma más general, al ámbito de la justicia reproductiva.
El concepto de justicia reproductiva fue acuñado por un grupo de mujeres afroamericanas estadounidenses que, en 1994, lucharon por incluir la salud reproductiva en las políticas en materia de salud. Su argumento era que el hecho de que no existieran leyes que vincularan el aborto con la justicia social violaba diversos derechos humanos, sobre todo, económicos, sociales y culturales e incidía de manera determinante en la decisión personal de llevar a término o no un embarazo. Así, a partir de conceptos relacionados con los derechos reproductivos y la justicia social (como justicia económica, educación, derechos de las personas inmigrantes, justicia ambiental, derechos sexuales y globalización), construyeron el término justicia reproductiva e iniciaron campañas para incluir al aborto en el marco legal de los derechos humanos y a los derechos reproductivos en las leyes de salud (Reproductive choice and reproductive justice).
Este grupo señaló que el movimiento por los derechos de las mujeres no había representado ni defendido a las personas de color, transgénero y de otros grupos y comunidades de mujeres en situación de marginación. Para revertir esto, no había que limitarse a buscar el reconocimiento del derecho a decidir, sino enfocarse en el acceso general a los derechos reproductivos y a la salud reproductiva. Planteaban que, la legalización del aborto, por ejemplo, resultaba insuficiente para garantizar que todas las mujeres y personas gestantes tuvieran acceso a ese servicio desde un punto de vista geográfico o económico. Sin acceso, el derecho a decidir no puede ejercerse.
La justicia reproductiva implica garantizar el acceso a distintos derechos y servicios, como los siguientes: aborto, métodos de anticoncepción, educación integral en sexualidad, prevención de infecciones de transmisión sexual, opciones de parto alternativo, cuidados prenatales, asistencia en caso de violencia doméstica, salarios suficientes para mantener a las familias y viviendas seguras (Sister Song). Desde esta perspectiva, la capacidad de las personas para determinar su destino reproductivo se relaciona con el derecho a decidir, pero también depende, de manera directa, de las condiciones de las comunidades.
La justicia reproductiva ofrece una perspectiva amplia e inclusiva que contempla tanto las barreras que enfrentan ciertas poblaciones y grupos para acceder a los derechos reproductivos, como las formas de discriminación cruzadas. Es decir, las que padecen quienes viven en condiciones de mayor opresión social, como las personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, habitantes de comunidades rurales, en situación de pobreza, así como quienes tienen una identidad de género no normativa. Estas personas enfrentan mayores obstáculos para decidir de manera autónoma sobre su vida reproductiva.
De conformidad con Loretta Ross, los postulados de la justicia reproductiva en un inicio comprendían: 1) el derecho a tener descendencia; 2) el derecho a no tenerla y, 3) el derecho a criar a la descendencia, así como a controlar las propias opciones de natalidad, como la partería, y las condiciones necesarias para su realización. Después, se incluyó uno más: 4) la autonomía corporal, el derecho a afirmar la propia identidad de género y el derecho al placer sexual (Reproductive choice and reproductive justice).
Por su parte, GIRE entiende a la justicia reproductiva como el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que permiten que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar tengan poder y autodeterminación sobre su destino reproductivo. Para ello, es indispensable garantizar sus derechos humanos, es decir, tomar en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan su salud, sus derechos y el control de su vida. Esto supone que el Estado tiene la obligación de generar condiciones óptimas para la toma de decisiones.
Su consecución implica reconocer las barreras formales para el ejercicio de los derechos reproductivos y los factores estructurales sociales, políticos y económicos que permitan tener el poder y la autodeterminación sobre el propio destino reproductivo. Si bien todo esto se vincula con el derecho a decidir, para hacerlo efectivo es necesario desarticular los obstáculos que impiden tomar decisiones relativas a la reproducción.
GIRE trabaja para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos. A través de la incidencia en legislación y políticas públicas, acompañamiento de casos, investigación y comunicación busca lograr avances en materia de aborto, salud reproductiva (violencia obstétrica, muerte materna y reproducción asistida) y trabajo y cuidados.
* Luisa Fernanda Tello es investigadora y colaboradora de GIRE.
En plena frontera con Estados Unidos, un pequeño pueblo mexicano presta servicios dentales a miles de estadounidense que cruzan la frontera a pie todos los días. Un reflejo de la interacción entre ambos países que hoy está en tela de juicio. Crónica.
“Son muy amables, cariñosos y considerados con mi fobia”, dice, mientras hace fila para volver a Estados Unidos.
Los Algodones es un pequeño pueblo mexicano de 10.000 habitantes en la frontera con Estados Unidos donde uno de cada diez habitantes es dentista. El dato me lo confirma la alcaldesa, Herminia Marín; también dentista.
Le llaman “la capital mundial dental”, o “ciudad muela”.
Y cada día es visitado por entre 3.000 y 5.000 norteamericanos que vienen no solo al dentista, sino a tomarse un par de margaritas, comerse unos tacos y bailarse unas “rolas”.
Nancy vive en un pueblo de Wisconsin llamado Cleveland que está a 3.000 kilómetros de esta población. Es febrero y por estos días la temperatura en el norte de EE.UU. promedia los cero grados centígrados. Se reporta una tormenta, nieve. Y acá, mientras tanto, hace sol y la temperatura no baja de los 15.
Su esposo Bruce, un grandulón de bigote ranchero que lleva una gorra con la frase “no estoy en el campo porque estoy acá”, añade: “Volamos hasta aquí (Arizona), alquilamos un coche, nos quedamos un par de noches, fuimos al dentista, nos ahorramos miles de dólares y de paso disfrutamos de unas agradables vacaciones”.
Como esta pareja de jubilados, gente de toda Norteamérica se desplaza al sur de Estados Unidos sobre todo durante los meses invernales; parquea su auto en un gigante estacionamiento y cruza la frontera a pie para entrar a Los Algodones.
Alguna jerga coloquial les llama “los ángeles de la nieve”, o “las aves migratorias”.
Son turistas que luego se van de México con una sonrisa reluciente, fascinados por la hospitalidad de meseros y dentistas. Un flujo migratorio que revela cómo es —o cómo ha sido por décadas— la interacción cultural y comercial entre mexicanos y estadounidenses, a pesar del muro de acero de 10 metros de alto que se ve desde cualquier punto del pueblo.
De algodoneros a dentistas
Los Algodones fue, como su nombre lo indica, un epicentro de la pujante industria algodonera que se desarrolló en el norte de México durante el siglo XX, tuvo su mayor auge durante la Segunda Guerra Mundial —que disparó la demanda por la fibra— y cayó en parcial decadencia a partir de los años 70.
Aunque los cultivos de algodón aún se ven cada tanto en la zona, durante las últimas décadas la economía de la frontera se volcó a los servicios para estar más a tono con la demanda que viene del norte.
“Todas las ciudades de la zona norte de México, sin excepción, reciben gigantescos volúmenes de demanda, a veces incluso promovidos por las mismas farmacéuticas, por servicios médicos desde Estados Unidos”, dice José Zavala, un ingeniero y experto en desarrollo del Colegio de la Frontera, en Tijuana.
“Lo que pasa es que en Los Algodones eso se nota más porque es un poblado pequeño y porque en esa zona, al norte de la frontera, hay muchos campos de retiro”, explica.
La interacción entre el norte de México y el sur de EE.UU. es histórica, arraigada, casi estructural. Millones de familias crecieron a ambos lados. Hasta los años 70 los norteños podían cruzar sin pasaporte. Lo que se ve en Los Algodones es una postal de una relación comercial y cultural de gran envergadura.
Una relación que con Donald Trump en la presidencia, con la amenaza de los aranceles a la importaciones mexicanas y con su mano dura hacia los migrantes, se ha puesto en tela de juicio. Pero que, precisamente por su arraigo histórico, es difícil de interrumpir.
“Los aranceles van a entorpecer, por supuesto, pero la continuidad de la intensa relación económica es muy difícil de desaparecer”, asegura Zavala.
Carlos Rubio fue uno de los primeros dentistas de Los Algodones en los años 80. Oriundo de Sinaloa, cuando joven vino a la frontera a probar suerte y se encontró con una demanda por servicios dentales que lo llevó a especializarse y montar un consultorio que hoy es una sofisticada clínica dental.
Mientras me da un recorrido, le pregunto qué tipo de sonrisa les gusta a sus clientes, y entonces una de sus asesoras, de origen venezolano, mete la cucharada entre risas: “A los gringos les obsesiona la sonrisa blanca tipo bleach“.
Rubio, que reside en Yuma, Arizona, y cruza todos los días al trabajo, opina que “el sistema de salud estadounidense no es social. De 300 millones que son, un 60% no tiene seguro dental o lo tiene de manera parcial. Eso son entre 80 millones y 160 millones de personas con mala cobertura. O sea entre 80 y 160 millones de oportunidades para nosotros”.
Según la Asociación Dental Americana, un tercio de los adultos entre 19 y 64 años no tiene seguro dental a pesar de tener seguro médico. Y la gran mayoría de los seguros dentales no cubren más que una limpieza o un control.
Para todo lo demás los estadounidenses no tienen otra opción que sacar decenas de miles de dólares de sus bolsillos. O ir a Los Algodones.
El problema del seguro dental en EEUU
Roger Graves es un veterano de guerra de Florida que vino con su esposa y su hija por cuarta vez a Los Algodones a hacerse tratamientos dentales. Esta vez se quedaron un par de noches, y hacen si fila para volver a cruzar la frontera con maletas y entre vendedores ambulantes de artesanías y alimentos mexicanos.
“Yo tengo seguro médico por ser veterano, pero no incluye tratamientos dentales, y como mis ingresos son los de un retirado, así como los de mi esposa, esta opción es muy buena para nosotros”, dice.
Según sus cálculos meticulosos, se ahorró entre un 67 y un 75% de dinero con venir acá.
“El sistema médico estadounidense necesita ser arreglado, es demasiado caro”, añade, en una queja que todos los entrevistados coinciden.
“Es un sistema inflado, solo un poco”, dice con ironía June Spinler, originaria de Iowa pero que pasa los inviernos en el sur.
Y Juan Ramón Soto, un campesino de origen mexicano que es ciudadano estadounidense, añade: “Me puedo sacar todos los dientes aquí y ponérmelos de nuevo y aun así me va a salir más barato que sacarme una muela allá”.
La falta de regulación de precios, la fragmentación del sistema, el poder de las farmacéuticas y los costos administrativos, entre otras cosas, hacen del sistema de salud estadounidense el más caro del mundo.
El mexicano también tiene profundos problemas, pero en el norte ha desarrollado una infraestructura moderna con especialistas entrenados para aprovechar la demanda que viene de EE.UU.
Y lo hacen con esa hospitalidad típica de los mexicanos: te recogen en carrito de golf en la frontera, te llevan al consultorio y luego dejan en alguna de las plazoletas de comida al aire libre donde te comes unas enchiladas, te tomas una margarita y escuchas música en vivo.
June Spinler lo resume así: “Es como un negocio de ventanilla única. Lo tienes todo en un solo lugar”.
Así parece más fácil luchar contra la fobia al dentista.
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