Justicia reproductiva
Tener o no tener descendencia pareciera ser, a simple vista, el resultado de una decisión personal. El artículo 4.° de la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de su descendencia. Sin embargo, es necesario analizar qué tan sencillo es en los hechos tomar una decisión al respecto y llevarla a cabo.
Con frecuencia, el derecho a decidir se ve influenciado, condicionado e, incluso, obstruido por múltiples factores; ello pone en duda que la autonomía sobre el cuerpo y la autodeterminación reproductiva puedan ejercerse en todos los casos. Entre las circunstancias que intervienen en este sentido se encuentran los determinantes de salud: el grado de escolaridad, el ingreso, el empleo, la vivienda, el transporte, el acceso a alimentos de calidad y agua limpia, y el acceso a servicios de atención de la salud.
Una vez que una mujer o persona con capacidad de gestar toma una decisión reproductiva, hay otros factores que pueden impedirle llevarla a cabo: la falta de recursos o no tener acceso a servicios de salud; el no conseguir embarazarse y no tener acceso a tratamientos de fertilidad; que las autoridades le impidan practicarse un aborto, le nieguen el servicio o la criminalicen por ese motivo; ser sometida a procedimientos de anticoncepción permanente contra su voluntad, por señalar algunos ejemplos. Si bien estas situaciones se relacionan con el derecho a decidir, la salud reproductiva y los derechos reproductivos, corresponden, de forma más general, al ámbito de la justicia reproductiva.
El concepto de justicia reproductiva fue acuñado por un grupo de mujeres afroamericanas estadounidenses que, en 1994, lucharon por incluir la salud reproductiva en las políticas en materia de salud. Su argumento era que el hecho de que no existieran leyes que vincularan el aborto con la justicia social violaba diversos derechos humanos, sobre todo, económicos, sociales y culturales e incidía de manera determinante en la decisión personal de llevar a término o no un embarazo. Así, a partir de conceptos relacionados con los derechos reproductivos y la justicia social (como justicia económica, educación, derechos de las personas inmigrantes, justicia ambiental, derechos sexuales y globalización), construyeron el término justicia reproductiva e iniciaron campañas para incluir al aborto en el marco legal de los derechos humanos y a los derechos reproductivos en las leyes de salud (Reproductive choice and reproductive justice).
Este grupo señaló que el movimiento por los derechos de las mujeres no había representado ni defendido a las personas de color, transgénero y de otros grupos y comunidades de mujeres en situación de marginación. Para revertir esto, no había que limitarse a buscar el reconocimiento del derecho a decidir, sino enfocarse en el acceso general a los derechos reproductivos y a la salud reproductiva. Planteaban que, la legalización del aborto, por ejemplo, resultaba insuficiente para garantizar que todas las mujeres y personas gestantes tuvieran acceso a ese servicio desde un punto de vista geográfico o económico. Sin acceso, el derecho a decidir no puede ejercerse.
La justicia reproductiva implica garantizar el acceso a distintos derechos y servicios, como los siguientes: aborto, métodos de anticoncepción, educación integral en sexualidad, prevención de infecciones de transmisión sexual, opciones de parto alternativo, cuidados prenatales, asistencia en caso de violencia doméstica, salarios suficientes para mantener a las familias y viviendas seguras (Sister Song). Desde esta perspectiva, la capacidad de las personas para determinar su destino reproductivo se relaciona con el derecho a decidir, pero también depende, de manera directa, de las condiciones de las comunidades.
La justicia reproductiva ofrece una perspectiva amplia e inclusiva que contempla tanto las barreras que enfrentan ciertas poblaciones y grupos para acceder a los derechos reproductivos, como las formas de discriminación cruzadas. Es decir, las que padecen quienes viven en condiciones de mayor opresión social, como las personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, habitantes de comunidades rurales, en situación de pobreza, así como quienes tienen una identidad de género no normativa. Estas personas enfrentan mayores obstáculos para decidir de manera autónoma sobre su vida reproductiva.
De conformidad con Loretta Ross, los postulados de la justicia reproductiva en un inicio comprendían: 1) el derecho a tener descendencia; 2) el derecho a no tenerla y, 3) el derecho a criar a la descendencia, así como a controlar las propias opciones de natalidad, como la partería, y las condiciones necesarias para su realización. Después, se incluyó uno más: 4) la autonomía corporal, el derecho a afirmar la propia identidad de género y el derecho al placer sexual (Reproductive choice and reproductive justice).
Por su parte, GIRE entiende a la justicia reproductiva como el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que permiten que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar tengan poder y autodeterminación sobre su destino reproductivo. Para ello, es indispensable garantizar sus derechos humanos, es decir, tomar en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan su salud, sus derechos y el control de su vida. Esto supone que el Estado tiene la obligación de generar condiciones óptimas para la toma de decisiones.
Su consecución implica reconocer las barreras formales para el ejercicio de los derechos reproductivos y los factores estructurales sociales, políticos y económicos que permitan tener el poder y la autodeterminación sobre el propio destino reproductivo. Si bien todo esto se vincula con el derecho a decidir, para hacerlo efectivo es necesario desarticular los obstáculos que impiden tomar decisiones relativas a la reproducción.
GIRE trabaja para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos. A través de la incidencia en legislación y políticas públicas, acompañamiento de casos, investigación y comunicación busca lograr avances en materia de aborto, salud reproductiva (violencia obstétrica, muerte materna y reproducción asistida) y trabajo y cuidados.
* Luisa Fernanda Tello es investigadora y colaboradora de GIRE.
El grupo islamista que lideró la ofensiva que derrocó al régimen de Al Assad, HTS, utiliza una bandera muy similar a la que usan los talibanes en Afganistán desde hace décadas.
El nuevo primer ministro interino sirio, Mohamed al Bashir, presidió el martes su primera reunión en Damasco.
Detrás de Al Bashir ondeaban dos banderas: la “bandera de la revolución” siria, que es verde, blanca y negra con tres estrellas rojas en el centro, y una bandera blanca con el juramento musulmán de fe transcrito en negro.
Esta segunda bandera, que es la que utiliza oficialmente el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que controla partes de Siria, se parece a la bandera de los talibanes, que fue reinstaurada en Afganistán cuando el grupo islamista retomó el control del país en 2021.
HTS y otros grupos armados de la oposición tomaron el control de Siria cuando el régimen de Bashar al Assad cayó el 8 de diciembre.
El grupo había avanzado hacia el sur desde su bastión en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, a fines de noviembre.
Desde entonces, el líder del grupo, Abu Mohammed al Jolani (ahora conocido como Ahmed al Sharaa), ha estado tratando de tranquilizar a los sirios diciendo que habrá un gobierno unificado que represente a todas las diversas facciones minoritarias dentro del país, y que ningún grupo será perseguido.
También ha estado tratando de tranquilizar a la gente diciéndoles que no deben temer a un sistema de gobierno islámico.
Sin embargo, la aparición de esta bandera blanca ha suscitado un debate entre los sirios sobre qué mensaje envía sobre el futuro político de Siria.
“Furia” y miedo en las redes sociales sirias
El incidente “dejó a mucha gente en estado de shock”, informa el corresponsal especial del Servicio Árabe de la BBC, Feras Kilani, desde Siria.
“Esto sugiere que el nuevo gobierno podría seguir el modelo talibán y crear un Estado islámico gobernado por la ley sharía”, dice Kilani.
La sharía es el sistema legal islámico que, en su conjunto, es un código de conducta que determina todos los aspectos de la vida de los musulmanes.
Algunas personas expresaron su “decepción” por la aparición de la bandera en las redes sociales.
El activista político y periodista sirio Rami Jarrah dijo que la exhibición de una bandera islámica detrás de Al Bashir cuando se dirigía a los sirios es “un insulto”.
“Se supone que este hombre representa a los sirios de todos los orígenes religiosos, esto es un insulto escandaloso para todos nosotros”, escribió en X.
Otros han expresado su oposición a que se enarbole “cualquier bandera junto a la bandera de la revolución” en las instituciones gubernamentales.
“Hemos terminado con el partido Baaz y no queremos entrar en otro ciclo de agitación”, afirmó el periodista Nedal al Amari en X.
Pero otros sirios no tienen ningún problema con la bandera blanca, pues creen que no significa necesariamente que el gobierno talibán vaya a ser el modelo a seguir en Siria.
Algunos dicen que podría considerarse como la bandera de su partido, “siempre que permitan que otros partidos políticos estén representados” en Siria.
La “bandera del Talibán” plantea interrogantes
Los talibanes en Afganistán siguen una ideología sunita y yihadista extrema.
El grupo ha estado usando la bandera blanca con el juramento musulmán de fe escrito en negro desde que llegó al poder por primera vez en Afganistán en 1996.
HTS también ha estado usando esta misma bandera durante algún tiempo, y aparece en instituciones civiles que brindan servicios en la ciudad de Idlib.
Si bien la bandera de HTS y los talibanes es similar, un alto funcionario del gobierno talibán le dijo a la BBC que los dos grupos “no la han copiado el uno del otro”.
El gobierno talibán en Afganistán ha estado celebrando los logros políticos y militares de HTS en Siria, y expresó la esperanza de que esto conduzca al establecimiento de un “gobierno islámico” en el país.
Los partidarios de los talibanes y algunos de sus aliados distribuyeron dulces en reuniones en muchas provincias para celebrar la salida de Al Assad del poder.
La “conexión ideológica” entre los talibanes y HTS es una de las razones por las que los primeros se identifican con los segundos en Siria.
Un alto funcionario talibán, que trabaja en la oficina presidencial, escribió en su cuenta X: “La historia de Kabul y Damasco es la misma, ambas cayeron un domingo, ambas fueron capturadas en 11 días y los líderes de ambos países huyeron”.
Esa misma bandera apareció detrás de Al Jolani en su entrevista con CNN la semana pasada, junto a la “bandera de la revolución”.
Durante la entrevista, dijo que la gente no debería temer a un sistema de gobierno islámico, asegurando que todas las diversas facciones de la sociedad siria estarían representadas.
El experto en grupos islamistas en Siria, incluido el llamado Estado Islámico (EI), Aymenn al Tamimi, le dice a la BBC que el uso de la bandera muestra que HTS quiere representar “un proyecto de gobierno islámico” en Siria.
“Esta bandera es coherente con la posición de larga data [de HTS], mostrándose como representante de los sunitas de Siria”, añade.
Sin embargo, Al Tamimi explica que “sería muy difícil para HTS imponer el mismo modelo de gobierno que los talibanes, ya que la sociedad [siria] en general no aceptaría restricciones como privar a las niñas de la educación superior o el establecimiento de un gobierno autoritario que impida las elecciones populares”.
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