Aborto en CDMX: claves para entender la discusión
El 4 de noviembre, las comisiones unidas de Igualdad de Género y Procuración de Justicia aprobaron la iniciativa que busca eliminar el delito de aborto en la CDMX. Desde 2007, la interrupción del embarazo por libre decisión se permite durante las primeras 12 semanas de gestación, y posterior a este plazo solamente puede practicarse legalmente bajo causales: violación o inseminación artificial no consentida, riesgo a la salud, alteraciones congénitas o genéticas graves, y conducta imprudencial o culposa. Pero el aborto aún es un delito; mujeres y personas gestantes siguen enfrentando el riesgo de ser señaladas como delincuentes.
El dictamen que está por discutirse en el Pleno propone la derogación (eliminación) de los artículos que castigan el aborto voluntario (autoprocurado y consentido), una vez cumplidas las primeras 12 semanas del embarazo, incluidas las causales, que serán innecesarias al aprobarse la eliminación del delito. Al mismo tiempo, el Capítulo V “Aborto” cambiará su denominación para llamarse “Interrupción Forzada del Embarazo”, subsistiendo únicamente el artículo 146, que contemplará una pena de cinco a ocho años de prisión para quien interrumpa el embarazo de mujer o persona gestante sin su consentimiento, en cualquier momento y por cualquier medio. Y si mediare violencia física o moral, de ocho a diez años de prisión.
Sacar el aborto del Código Penal no quiere decir que no haya una regulación en términos de quién puede acceder a los servicios, sino que en lugar de que exista como un delito se propone que se regule desde el ámbito sanitario. Aprobar esta reforma hará posible que mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar dejen de ser considerades delincuentes por ejercer su autonomía reproductiva, y convertirá a la CDMX en la entidad con el estándar más alto en la protección del derecho a decidir, tanto en México como en la región.
Para que la decisión de interrumpir un embarazo no represente peligro de sanción penal, es fundamental que el aborto ya no sea un delito: al eliminarlo se dejará de criminalizar, cosa que con la despenalización parcial no se ha logrado.
De acuerdo con datos del SESNSP, de enero de 2015 a septiembre de 2024, en la CDMX hubo 1,257 carpetas de investigación por el delito de aborto. Pese a que el número de entidades en las que se ha despenalizado parcialmente constituye actualmente más de un tercio del país, las carpetas de investigación que fueron abiertas por las fiscalías han ido al alza en algunas partes y no han desaparecido en el resto.
Recordemos que la criminalización va más allá de lo penal. Aunque se suele asumir que su expresión más dramática y agraviante consiste en que las mujeres o personas con capacidad de gestar sean sentenciadas y sancionadas penalmente, la criminalización se manifiesta en diferentes momentos del proceso penal, incluso desde la mera amenaza de la presentación de una denuncia. Asimismo, sus efectos pueden experimentarse de múltiples formas, como el estigma social y la negativa o el condicionamiento de servicios esenciales de salud, con afectaciones serias a su integridad personal.
Eliminar el delito de aborto resulta fundamental para que mujeres y personas gestantes dejen de enfrentar procesos penales y también dejen de ser criminalizadas tanto en los servicios de salud como en el ámbito social. Quienes interrumpen un embarazo podrán hacerlo sin la sombra del estigma, lo que traerá mayor libertad para hablar sobre el aborto, sin miedo, en cualquier ámbito. Eliminar el delito de aborto terminará con la criminalización de las personas que abortan, de quienes llevan a cabo el procedimiento y de quienes acompañan el proceso o brindan información.
Además de terminar con la criminalización, se fortalecerá el reconocimiento del aborto como un servicio esencial de salud y se abonará a garantizar el acceso a dicho servicio como parte del ejercicio de los derechos reproductivos. La regulación del aborto como un asunto estrictamente sanitario facilitará una atención oportuna, de calidad, respetuosa, no discriminatoria, con información basada en evidencia científica y libre de estigmas.
La derogación del delito reafirma el reconociento y garantía de los derechos reproductivos como derechos humanos, tal como lo establece el artículo 4º constitucional que, además del reconocimiento de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a la vida y a la libertad, en el párrafo segundo prevé el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; es decir, el derecho a la autonomía reproductiva.
Eliminar el delito de aborto erradicará las dudas que obstaculizan la labor del personal de salud: ya no tendrán que preguntarse por las semanas de gestación o si tienen que llamar al Ministerio Público; sólo tendrán que concentrarse en cumplir con su obligación, es decir, prestar servicios de salud reproductiva en las mejores condiciones posibles, lo cual dará mayor certidumbre para brindar atención e información a quienes deseen interrumpir un embarazo.
Desde GIRE seguiremos pugnando por que el dictamen aprobado en en Comisiones llegue al Pleno y que en la CDMX contemos con una regulación que reconozca plenamente que mujeres, hombres trans y personas no binaries somos sujetos morales plenos con la capacidad de tomar las decisiones que mejor convengan a nuestro proyecto de vida e intereses personales.
¡Fuera el aborto del código penal!
Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
Un millón para empezar
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
- La cifra récord de más de 2 millones de arrestos en la frontera con México.
- El incremento de más de 1 millón de solicitudes de asilo.
- La llegada de 500 mil migrantes beneficiados por permisos humanitarios (parole) provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
“Quieren quitarme a mi mamá”
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
La opción de un TPS
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
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