Aborto en CDMX: claves para entender la discusión
El 4 de noviembre, las comisiones unidas de Igualdad de Género y Procuración de Justicia aprobaron la iniciativa que busca eliminar el delito de aborto en la CDMX. Desde 2007, la interrupción del embarazo por libre decisión se permite durante las primeras 12 semanas de gestación, y posterior a este plazo solamente puede practicarse legalmente bajo causales: violación o inseminación artificial no consentida, riesgo a la salud, alteraciones congénitas o genéticas graves, y conducta imprudencial o culposa. Pero el aborto aún es un delito; mujeres y personas gestantes siguen enfrentando el riesgo de ser señaladas como delincuentes.
El dictamen que está por discutirse en el Pleno propone la derogación (eliminación) de los artículos que castigan el aborto voluntario (autoprocurado y consentido), una vez cumplidas las primeras 12 semanas del embarazo, incluidas las causales, que serán innecesarias al aprobarse la eliminación del delito. Al mismo tiempo, el Capítulo V “Aborto” cambiará su denominación para llamarse “Interrupción Forzada del Embarazo”, subsistiendo únicamente el artículo 146, que contemplará una pena de cinco a ocho años de prisión para quien interrumpa el embarazo de mujer o persona gestante sin su consentimiento, en cualquier momento y por cualquier medio. Y si mediare violencia física o moral, de ocho a diez años de prisión.
Sacar el aborto del Código Penal no quiere decir que no haya una regulación en términos de quién puede acceder a los servicios, sino que en lugar de que exista como un delito se propone que se regule desde el ámbito sanitario. Aprobar esta reforma hará posible que mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar dejen de ser considerades delincuentes por ejercer su autonomía reproductiva, y convertirá a la CDMX en la entidad con el estándar más alto en la protección del derecho a decidir, tanto en México como en la región.
Para que la decisión de interrumpir un embarazo no represente peligro de sanción penal, es fundamental que el aborto ya no sea un delito: al eliminarlo se dejará de criminalizar, cosa que con la despenalización parcial no se ha logrado.
De acuerdo con datos del SESNSP, de enero de 2015 a septiembre de 2024, en la CDMX hubo 1,257 carpetas de investigación por el delito de aborto. Pese a que el número de entidades en las que se ha despenalizado parcialmente constituye actualmente más de un tercio del país, las carpetas de investigación que fueron abiertas por las fiscalías han ido al alza en algunas partes y no han desaparecido en el resto.
Recordemos que la criminalización va más allá de lo penal. Aunque se suele asumir que su expresión más dramática y agraviante consiste en que las mujeres o personas con capacidad de gestar sean sentenciadas y sancionadas penalmente, la criminalización se manifiesta en diferentes momentos del proceso penal, incluso desde la mera amenaza de la presentación de una denuncia. Asimismo, sus efectos pueden experimentarse de múltiples formas, como el estigma social y la negativa o el condicionamiento de servicios esenciales de salud, con afectaciones serias a su integridad personal.
Eliminar el delito de aborto resulta fundamental para que mujeres y personas gestantes dejen de enfrentar procesos penales y también dejen de ser criminalizadas tanto en los servicios de salud como en el ámbito social. Quienes interrumpen un embarazo podrán hacerlo sin la sombra del estigma, lo que traerá mayor libertad para hablar sobre el aborto, sin miedo, en cualquier ámbito. Eliminar el delito de aborto terminará con la criminalización de las personas que abortan, de quienes llevan a cabo el procedimiento y de quienes acompañan el proceso o brindan información.
Además de terminar con la criminalización, se fortalecerá el reconocimiento del aborto como un servicio esencial de salud y se abonará a garantizar el acceso a dicho servicio como parte del ejercicio de los derechos reproductivos. La regulación del aborto como un asunto estrictamente sanitario facilitará una atención oportuna, de calidad, respetuosa, no discriminatoria, con información basada en evidencia científica y libre de estigmas.
La derogación del delito reafirma el reconociento y garantía de los derechos reproductivos como derechos humanos, tal como lo establece el artículo 4º constitucional que, además del reconocimiento de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a la vida y a la libertad, en el párrafo segundo prevé el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; es decir, el derecho a la autonomía reproductiva.
Eliminar el delito de aborto erradicará las dudas que obstaculizan la labor del personal de salud: ya no tendrán que preguntarse por las semanas de gestación o si tienen que llamar al Ministerio Público; sólo tendrán que concentrarse en cumplir con su obligación, es decir, prestar servicios de salud reproductiva en las mejores condiciones posibles, lo cual dará mayor certidumbre para brindar atención e información a quienes deseen interrumpir un embarazo.
Desde GIRE seguiremos pugnando por que el dictamen aprobado en en Comisiones llegue al Pleno y que en la CDMX contemos con una regulación que reconozca plenamente que mujeres, hombres trans y personas no binaries somos sujetos morales plenos con la capacidad de tomar las decisiones que mejor convengan a nuestro proyecto de vida e intereses personales.
¡Fuera el aborto del código penal!
La juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo como presidente, coloca a la oposición en Venezuela en una situación difícil tras no haber sido capaz de concretar una transición en el poder pese a asegurar que derrotó al actual gobernante en las elecciones del 28 de julio.
La trayectoria política de la oposición venezolana es como una suerte de montaña rusa en la que cada ascenso suele estar sucedido por una bajada vertiginosa con fuertes curvas.
En esa ruta probablemente la mayor subida ocurrió durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio cuando, de acuerdo con las actas publicadas por la oposición, su candidato, Edmundo González, obtuvo casi el 70% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro, quien buscaba permanecer en el cargo.
Las actas de la oposición fueron convalidadas por estudios independientes y por el Centro Carter, que envió una misión de observación internacional a Venezuela.
Adicionalmente, decenas de gobiernos optaron por no legitimar la reelección de Maduro, tomando en consideración que el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados pormenorizados de las votaciones ni permitió una auditoría internacional e independiente que permitiera verificar sus cifras.
Si las actas que avalan el triunfo de González son ciertas, la oposición obtuvo una victoria apabullante el 28J que debió haber abierto el camino para una transición política en Venezuela y que debió haberse concretado el pasado 10 de enero.
Pero eso no fue lo que ocurrió.
Ese día, Maduro se juramentó para cumplir un tercer periodo en la presidencia de Venezuela, mientras González permaneció en el extranjero donde se encuentra asilado desde septiembre de 2024 para evadir una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República, organismo afín al gobierno.
Así, las expectativas de cambio político en Venezuela terminaron de entrar en una fuerte caída que ya se había iniciado con la represión de las protestas postelectorales de la oposición -durante las cuales hubo según el gobierno más de 2.000 detenidos, incluyendo menores de edad-, que continuó con el exilio de González y que se ha visto marcada recientemente por la detención por razones políticas de 83 personas en los primeros 12 días de enero, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
Las autoridades venezolanas no han admitido que todas estas personas se encuentren detenidas. Y, cuando lo han hecho, suelen alegar que los arrestados estaban vinculados a algún plan desestabilizador.
Ante este escenario, ¿cuáles son las opciones que le quedan a la oposición en Venezuela?
¿El fin de las grandes manifestaciones?
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que, según la teoría política, los procesos de transición ocurren cuando hay unos niveles de presión que hacen que para el gobierno sea muy costoso permanecer en el poder.
“Si nos vamos a lo teórico, no habrá transición política mientras los niveles de presión no hagan que el gobierno considere que resulta mejor negocio, por decirlo así, negociar su salida del poder y tratar de obtener garantías, amnistía, lo que se pueda obtener, que mantener el poder”, dice Alarcón.
“Normalmente, cuando un gobierno negocia su salida del poder es porque siente de alguna manera que no tiene las condiciones para sostener el poder y eso justamente es lo que no ha ocurrido en Venezuela”, agrega.
Ante la consulta de BBC Mundo, el experto explica que siguiendo esa perspectiva teórica, quizá la opción que le queda a la oposición sea seguir con lo que ya estaba haciendo: intentar movilizar a la población internamente para generar presión, al mismo tiempo que busca coordinar con la comunidad internacional para que genere también presión desde afuera.
Pero el camino de la teoría a la práctica no está libre de obstáculos y, en este caso concreto, durante los últimos meses muchos analistas han destacado lo difícil que puede resultar ahora para la oposición ejercer presión interna a través de grandes manifestaciones de calle como las que ha realizado en el pasado, entre otros motivos porque -sobre todo tras la represión postelectoral- hay miedo a protestar.
De hecho, durante los últimos meses son muchos los venezolanos, incluso sin ningún tipo de activismo político, que han adoptado la práctica de borrar constantemente sus mensajes en WhatsApp y redes sociales para evitar la posibilidad de que funcionarios de los cuerpos de seguridad los detengan en la calle y terminen arrestándolos tras encontrar en sus celulares algún contenido político que consideren inapropiado.
A esto se suman las detenciones de periodistas y de defensores de derechos humanos como el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Carmen Beatriz Fernández, analista de la consultora DatastrategIA y doctora en comunicación pública de la Universidad de Navarra, piensa que las grandes manifestaciones de calle ya no tienen tanto sentido.
“Creo que el 10 de enero marca una lógica distinta en la acción política para la oposición. Ahora necesitan cuidarse más. Empiezan a tener sentido otras cosas más pequeñas, realizadas por organizaciones menos verticales, menos visibles, a escala micro y semi-independientes, como modelo de organización de acción política”, apunta.
Colette Capriles, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, indica que probablemente en este momento la oposición atenderá, sobre todo, a la preservación de los partidos y de todos los liderazgos.
Reconstruir las capacidades políticas
Luego de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, el desánimo se ha propagado en una parte de la oposición y han circulado mensajes que, en algunos casos, cuestionan incluso los esfuerzos que se hicieron de cara a las elecciones del 28 de julio.
En ese sentido, Capriles indica que ese evento fue muy importante como expresión clara de la voluntad del pueblo.
Considera que quizá a la oposición le convendría hacer recuento de una serie de activos de los que aún dispone.
“El ánimo de la gente para ir a votar y, luego, defender su voto y contribuir por un trabajo colaborativo a tener ese capital político es algo que siempre hay que considerar. Ese es el gran activo para empezar”, señala.
Capriles piensa que en Venezuela los partidos políticos y, en general, los actores políticos están nuevamente frente al dilema de reconstruir sus capacidades, sus relaciones con las bases y con los ciudadanos.
“Ahí también va a ocupar probablemente un lugar importante la capacidad de la propia sociedad civil, de los movimientos sociales”, apunta.
La experta cree que el momento actual demanda nuevas estrategias y mucho liderazgo de parte de la oposición.
“El liderazgo no es poner mensajes en redes sociales. Eso forma parte, pero creo que la gente quiere también ser escuchada y asegurarse de que todo no está perdido. Ahora hay un momento emocional, pero después viene la vida cotidiana y ahí es donde las personas se enfrentan con las cosas que les hicieron votar contra Maduro”, señala.
Explica que a la oposición le convendría entender qué fue lo que movió la gente a votar.
“La gente vota contra el estado actual de cosas, por lo que la oposición tiene la posibilidad de capitalizar el deseo de cambio, valorarlo y fortalecerlo”, indica.
Cohesionar a los descontentos
Desde hace varios años, una visión predominante en la oposición venezolana es que hace falta debilitar la cohesión en torno a los actores que apoyan al gobierno de Maduro.
Ese fue un elemento clave en la política de sanciones aplicada durante el primer gobierno de Donald Trump que con su discurso de “todas las opciones están sobre la mesa” buscaba crear fisuras entre los actores que respaldan a Maduro.
“Creo que la oposición podría apostar a la cohesión de los que son mayoría, en lugar de apostar al quiebre de la coalición dominante. El trabajo es al revés. Conseguir esa cohesión que hace que la gente entienda que no es que hay un plan que nadie conoce, sino que el plan es la propia gente haciendo cosas, organizándose en su comunidad y reclamando sus derechos. Entonces, es un trabajo de otro tipo”, apunta Capriles.
Advierte que ese enfoque implica mucho esfuerzo, mucho liderazgo y una relación distinta incluso con la opinión pública, pues tal vez el trabajo no tenga que venir dado simplemente por declaraciones públicas, sino más bien de la vinculación cotidiana con la gente.
“Todo esto implica el abandono de una promesa de cambio inmediato y eso es quizás el precio más caro que la oposición tendría que pagar. Parte del entusiasmo tal vez de la gente era ver la victoria como muy cerca y ahora esto se ha alejado”, indica.
Retos inmediatos
Más allá de decepcionar a quienes buscaban un cambio político en Venezuela, la juramentación de Maduro trajo consigo nuevos e inmediatos retos para la oposición, pues el gobernante venezolano anunció una reforma constitucional, así como la convocatoria a tres elecciones en 2025: alcaldes, gobernadores y Asamblea Nacional.
De esta forma, Maduro ha tomado la iniciativa política y ha puesto a la oposición en un difícil dilema.
“La intención del gobierno llamando a elecciones es generar incentivos para dividir a la oposición. Cuando tú llamas a una elección de gobernadores y de alcaldes, empieza el gran debate entre los partidos, entre los que quieren ir a la elección y los que no”, señala Benigno Alarcón.
“El problema que tienen los partidos de la oposición es que después de lo sucedido con las elecciones del 28J, la gente no tiene ningún incentivo para votar. Ir a una elección cuando ya fuiste a una, la ganaste por mucho y no se respetó el resultado, hace muy poco probable que en la próxima elección la gente salga a votar y a apoyarte”, agrega.
Carmen Beatriz Fernández, por su parte, advierte sobre la posibilidad de que en Venezuela no se sigan haciendo elecciones como las que se hicieron hasta el 28 de julio, con un sistema electoral automatizado y con muchos puntos de auditoría del proceso, vistas las irregularidades denunciadas por la oposición en los últimos comicios.
“Es probable que estas nuevas elecciones sean más parecidas a las que se hicieron para escoger jueces de paz, que fueron manuales y muy arbitrarias. No digo que la oposición tenga o no que participar. Hay que evaluar cada situación y cada convocatoria por separado”, dice.
Para Fernández, es posible que las elecciones del futuro en su país “se parezcan más al sistema cubano, donde la gente vota permanentemente pero no elige”.
La mirada desde el exterior
Una de las fortalezas de la oposición, según Carmen Beatriz Fernández, reside en el hecho de que hasta ahora ha habido sintonía entre los venezolanos que están en el país y los que están en la diáspora.
De acuerdo con datos de la ONU, unos 7,89 millones de venezolanos emigraron en la última década.
“Una cosa que la oposición podría seguir haciendo es la integración entre la Venezuela de afuera y la Venezuela de adentro. Hay sociedades que han sufrido diásporas importantes, donde se genera una animadversión entre el país de adentro y el país de afuera. En el caso venezolano, no ha pasado así y eso favorece a la oposición, porque su lucha se consolida y se fortalece cuando trabajan unidas la Venezuela de adentro y la Venezuela de afuera como un solo país”, apunta.
Otro elemento destacable fronteras afuera es el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha generado una cierta incertidumbre dada la fuerza con la que el político estadounidense se implicó durante su primer mandato en la crisis política venezolana.
Abundan las especulaciones sobre si Trump buscará una negociación pragmática con Maduro o si retomará el camino de las sanciones duras.
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en señalar que el hecho de que una parte importante de la comunidad internacional ponga en duda la legitimidad de Maduro es algo que puede ayudar a la oposición en su búsqueda de un cambio político.
Esto, no obstante, no es garantía de cambio, pues ya en 2019 unos 60 gobiernos del mundo respaldaron al opositor Juan Guaidó cuando se juramentó como presidente interino de Venezuela, mientras Maduro siguió gobernando el país.
Colette Capriles cree que el hecho de que haya una lectura internacional sobre la crisis venezolana puede ayudar a encausar el conflicto político.
“Eso pudiera ayudar a que se presione para volver a construir un espacio de negociación. Habrá que volver a construir un espacio donde pueda haber unos consensos mínimos que funcionaron en el pasado, porque eso fue lo que permitió que hubiera primarias opositoras y elecciones el 28 de julio”, afirma.
“Eso es importante destacarlo cuando dicen que la negociación no sirvió. La negociación sirvió para lo que estaba diseñada: lograr una elección que mostró inequívocamente la voluntad de cambio de la población. Más temprano que tarde será necesario algún tipo de negociación que reconozca esa voluntad de cambio y plantee una ruta para la transición política”, agrega.
La montaña rusa de la oposición venezolana prosigue su recorrido.
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