Aborto en CDMX: claves para entender la discusión
El 4 de noviembre, las comisiones unidas de Igualdad de Género y Procuración de Justicia aprobaron la iniciativa que busca eliminar el delito de aborto en la CDMX. Desde 2007, la interrupción del embarazo por libre decisión se permite durante las primeras 12 semanas de gestación, y posterior a este plazo solamente puede practicarse legalmente bajo causales: violación o inseminación artificial no consentida, riesgo a la salud, alteraciones congénitas o genéticas graves, y conducta imprudencial o culposa. Pero el aborto aún es un delito; mujeres y personas gestantes siguen enfrentando el riesgo de ser señaladas como delincuentes.
El dictamen que está por discutirse en el Pleno propone la derogación (eliminación) de los artículos que castigan el aborto voluntario (autoprocurado y consentido), una vez cumplidas las primeras 12 semanas del embarazo, incluidas las causales, que serán innecesarias al aprobarse la eliminación del delito. Al mismo tiempo, el Capítulo V “Aborto” cambiará su denominación para llamarse “Interrupción Forzada del Embarazo”, subsistiendo únicamente el artículo 146, que contemplará una pena de cinco a ocho años de prisión para quien interrumpa el embarazo de mujer o persona gestante sin su consentimiento, en cualquier momento y por cualquier medio. Y si mediare violencia física o moral, de ocho a diez años de prisión.
Sacar el aborto del Código Penal no quiere decir que no haya una regulación en términos de quién puede acceder a los servicios, sino que en lugar de que exista como un delito se propone que se regule desde el ámbito sanitario. Aprobar esta reforma hará posible que mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar dejen de ser considerades delincuentes por ejercer su autonomía reproductiva, y convertirá a la CDMX en la entidad con el estándar más alto en la protección del derecho a decidir, tanto en México como en la región.
Para que la decisión de interrumpir un embarazo no represente peligro de sanción penal, es fundamental que el aborto ya no sea un delito: al eliminarlo se dejará de criminalizar, cosa que con la despenalización parcial no se ha logrado.
De acuerdo con datos del SESNSP, de enero de 2015 a septiembre de 2024, en la CDMX hubo 1,257 carpetas de investigación por el delito de aborto. Pese a que el número de entidades en las que se ha despenalizado parcialmente constituye actualmente más de un tercio del país, las carpetas de investigación que fueron abiertas por las fiscalías han ido al alza en algunas partes y no han desaparecido en el resto.
Recordemos que la criminalización va más allá de lo penal. Aunque se suele asumir que su expresión más dramática y agraviante consiste en que las mujeres o personas con capacidad de gestar sean sentenciadas y sancionadas penalmente, la criminalización se manifiesta en diferentes momentos del proceso penal, incluso desde la mera amenaza de la presentación de una denuncia. Asimismo, sus efectos pueden experimentarse de múltiples formas, como el estigma social y la negativa o el condicionamiento de servicios esenciales de salud, con afectaciones serias a su integridad personal.
Eliminar el delito de aborto resulta fundamental para que mujeres y personas gestantes dejen de enfrentar procesos penales y también dejen de ser criminalizadas tanto en los servicios de salud como en el ámbito social. Quienes interrumpen un embarazo podrán hacerlo sin la sombra del estigma, lo que traerá mayor libertad para hablar sobre el aborto, sin miedo, en cualquier ámbito. Eliminar el delito de aborto terminará con la criminalización de las personas que abortan, de quienes llevan a cabo el procedimiento y de quienes acompañan el proceso o brindan información.
Además de terminar con la criminalización, se fortalecerá el reconocimiento del aborto como un servicio esencial de salud y se abonará a garantizar el acceso a dicho servicio como parte del ejercicio de los derechos reproductivos. La regulación del aborto como un asunto estrictamente sanitario facilitará una atención oportuna, de calidad, respetuosa, no discriminatoria, con información basada en evidencia científica y libre de estigmas.
La derogación del delito reafirma el reconociento y garantía de los derechos reproductivos como derechos humanos, tal como lo establece el artículo 4º constitucional que, además del reconocimiento de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a la vida y a la libertad, en el párrafo segundo prevé el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; es decir, el derecho a la autonomía reproductiva.
Eliminar el delito de aborto erradicará las dudas que obstaculizan la labor del personal de salud: ya no tendrán que preguntarse por las semanas de gestación o si tienen que llamar al Ministerio Público; sólo tendrán que concentrarse en cumplir con su obligación, es decir, prestar servicios de salud reproductiva en las mejores condiciones posibles, lo cual dará mayor certidumbre para brindar atención e información a quienes deseen interrumpir un embarazo.
Desde GIRE seguiremos pugnando por que el dictamen aprobado en en Comisiones llegue al Pleno y que en la CDMX contemos con una regulación que reconozca plenamente que mujeres, hombres trans y personas no binaries somos sujetos morales plenos con la capacidad de tomar las decisiones que mejor convengan a nuestro proyecto de vida e intereses personales.
¡Fuera el aborto del código penal!
El retardante de incendios que se usa en California es uno de los más extendidos a nivel mundial.
Mientras los equipos de rescate luchan contra los devastadores incendios forestales en el sur de California, han surgido imágenes vívidas de aviones cisterna arrojando un polvo rojo y rosa brillante sobre los suburbios de Los Ángeles.
La llamativa sustancia, un popular retardante de fuego, es ahora una imagen común en la zona, cubriendo las entradas de las casas, los techos y los automóviles.
Las autoridades dijeron que se arrojaron miles de galones de la sustancia en la última semana para detener la propagación de las llamas.
Pero, ¿qué contiene exactamente y cómo ayuda a combatir los incendios forestales?
“Retardante” de fuego
El retardante de llama es un producto llamado Phos-Chek, que vende una empresa llamada Perimeter.
Se ha utilizado para combatir incendios en los EE.UU. desde 1963 y es el principal retardante de fuego a largo plazo utilizado por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. También es el retardante de fuego más utilizado en el mundo, según un informe de 2022 de Associated Press.
La fórmula exacta de Phos-Chek no es de conocimiento público, pero la empresa ha dicho en presentaciones anteriores que el producto es 80% agua, 14% sales de tipo fertilizante y 6% agentes colorantes e inhibidores de corrosión.
En cuanto a su color, la empresa dijo que es “una ayuda visual para pilotos y bomberos por igual”. Después de unos días de exposición a la luz solar, el color se desvanece a tonos tierra, dijo.
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El retardante generalmente se rocía alrededor de un incendio forestal en la vegetación y la tierra que es propensa a incendios para evitar que las llamas se propaguen a esa zona.
Según el Servicio Forestal de EE.UU., los retardantes “ralentizan la velocidad de propagación enfriando y recubriendo los combustibles, agotando el oxígeno del fuego y ralentizando la velocidad de combustión de los materiales a medida que las sales inorgánicas del retardante cambian la forma en que se queman los combustibles”.
Efectos secundarios
Su uso ha sido controvertido en el pasado por sus posibles efectos sobre el medio ambiente.
Una demanda presentada en 2022 por los Empleados del Servicio Forestal por la Ética Ambiental, una organización formada por empleados presentes y pasados del Servicio Forestal de Estados Unidos, acusó a la agencia federal de violar las leyes de agua limpia del país al arrojar retardantes de fuego químicos desde aviones sobre los bosques.
Argumentó que el químico mata a los peces y no es efectivo.
Al año siguiente, una jueza de distrito de Estados Unidos estuvo de acuerdo con los empleados, pero en su fallo permitió que el Servicio Forestal continuara usando el retardante mientras busca un permiso de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).
El caso atrajo la atención de las comunidades devastadas por incendios forestales en el pasado, incluida la ciudad de Paradise, California, que fue destruida por un incendio en 2018.
Su entonces alcalde, Greg Bolin, elogió la decisión del juez y dijo que garantiza que las comunidades “tengan una oportunidad de luchar” frente a los incendios.
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El Servicio Forestal le dijo a la cadena de radio NPR que este año eliminó gradualmente el uso de un tipo de fórmula Phos-Chek, Phos-Chek LC95, a favor de otro, MVP-Fx, diciendo que este último es menos tóxico para la vida silvestre.
El Servicio Forestal también tiene una prohibición obligatoria de arrojar retardantes de fuego en áreas ambientales sensibles, como vías fluviales y hábitats de especies en peligro de extinción.
Sin embargo, existen excepciones a la prohibición en los casos “en los que la vida humana o la seguridad pública estén amenazadas”.
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