Hacia 2026: los desafíos y las posibilidades para la justicia reproductiva en México
En los últimos años, México ha experimentado transformaciones profundas en materia de derechos reproductivos. Gracias al trabajo sostenido de organizaciones feministas, colectivas, defensoras de derechos humanos, personal de salud y personas aliadas en el ámbito público, el reconocimiento de estos derechos ha avanzado de manera significativa. Sin embargo, estos avances conviven con resistencias sociales, vacíos normativos y prácticas institucionales que continúan obstaculizando la toma de decisiones reproductivas en condiciones de libertad y seguridad. De cara a 2026, el reto no es menor: convertir los avances jurídicos en derechos plenamente ejercidos en la vida cotidiana.
Uno de los principales desafíos sigue siendo la persistencia de marcos penales que castigan el aborto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones históricas que declaran inconstitucional la criminalización del aborto voluntario, varios congresos locales y el Congreso de la Unión aún no han armonizado su legislación conforme a estos precedentes. Estados como Guanajuato ilustran esta tensión: aun con sentencias favorables, las reformas legislativas no avanzan o son sistemáticamente bloqueadas. El desafío será lograr que los precedentes judiciales se traduzcan en cambios efectivos para el derecho a decidir y omitir el uso de la regulación penal.
Este incumplimiento no es una cuestión abstracta. Tiene consecuencias directas en la vida de las personas y sus familias. La criminalización del aborto continúa generando miedo, estigmatización y violencia institucional, especialmente contra mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en contextos de mayor vulnerabilidad. Investigaciones como Maternidad o Castigo. Hacia la despenalización del aborto en México documentan cómo el enfoque punitivo deja huellas profundas no solo legales, sino también emocionales y sociales. Erradicar esta lógica de castigo sigue siendo una tarea urgente.
Otro reto clave es cerrar la brecha entre la ley y los servicios de salud. La despenalización, por sí sola, no garantiza el acceso real al aborto seguro. Persisten barreras como la falta de información, una objeción de conciencia mal regulada y aplicada, así como profundas desigualdades territoriales e institucionales en la oferta de servicios. En este contexto, resulta fundamental fortalecer las capacidades y los recursos —humanos, financieros y materiales— de las instituciones públicas de salud, para que puedan cumplir con su obligación de brindar atención en salud reproductiva oportuna, de calidad y con enfoque de derechos.
La violencia obstétrica y la muerte materna constituyen otro desafío central. Los datos públicos analizados en investigaciones recientes, como ¿Qué dicen los datos públicos? Radiografía de la violencia obstétrica y la muerte materna, muestran que estas problemáticas siguen afectando de manera desproporcionada a mujeres en situación de pobreza, indígenas, jóvenes o que viven con una discapacidad. Combatirlas implica transformar prácticas médicas arraigadas, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y colocar la autonomía reproductiva en el centro de la atención en salud. El reto será pasar del diagnóstico a la implementación de soluciones estructurales e institucionales.
Durante este año, y gracias a la confianza y valentía de quienes han visto vulnerados sus derechos reproductivos, desde GIRE hemos acompañado decenas de procesos jurídicos. Si bien se han obtenido resoluciones favorables y avances en el cumplimiento de medidas de reparación, el desafío persiste: garantizar reparaciones integrales que incluyan garantías de no repetición.
Mantener el diálogo y el trabajo de asesoría técnica con instituciones públicas, tanto a nivel local como nacional, seguirá siendo un frente indispensable. No obstante, el reto será consolidar estos espacios de intercambio y traducirlos en políticas públicas sostenibles, con impacto real en la vida de las personas. En este sentido, la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud reproductiva representa uno de los pendientes más urgentes de la agenda pública.
Otro desafío fundamental es sostener y ampliar las alianzas al interior del movimiento por la justicia reproductiva. El trabajo colaborativo entre organizaciones, colectivas y activistas ha sido clave para avanzar incluso en contextos adversos. Fortalecer estas redes, especialmente en los estados donde persiste la criminalización, será esencial para acompañar a más personas y para impulsar reformas legislativas y políticas públicas. Iniciativas como Argumentario, un esfuerzo regional entre Colombia, Argentina y México, muestran el valor de una mirada latinoamericana compartida.
En el terreno cultural, el desafío es profundizar la transformación de las narrativas sociales sobre el aborto. Aunque millones de personas han sido alcanzadas por campañas como Abortitlán, el estigma sigue presente en los medios de comunicación, las redes sociales, las conversaciones familiares y los discursos políticos. A ello se suman los cambios en las políticas de las plataformas digitales, que han impuesto nuevas restricciones y obligan a replantear estrategias de comunicación y disputa del sentido común.
Finalmente, un reto transversal será garantizar que los avances alcanzados no retrocedan. En un contexto regional y global donde los derechos reproductivos enfrentan amenazas constantes, la vigilancia ciudadana, la documentación y acompañamiento de casos, y la movilización social seguirán siendo herramientas indispensables. La Marea Verde ha avanzado, pero aún no ha llegado a todos los territorios ni a todas las personas.
De cara a 2026, el desafío es claro: transitar de la regulación penal de los procesos reproductivos a la garantía plena de derechos; del reconocimiento legal al acceso efectivo; del discurso a prácticas institucionales de calidad, libres de violencia y estigma. Lograrlo no solo beneficiará a quienes deciden sobre su presente y su futuro reproductivo, sino que contribuirá a una sociedad más justa, igualitaria y democrática.
* Rebeca Ramos (@rebecabouquets) es directora de @GIRE_mx.
¿Cuál es la situación de la economía de Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump? Lo analizamos.
La captura del expresidente Nicolás Maduro ha abierto una etapa de incertidumbre no solo en Venezuela, sino también en el país que hasta ahora ha sido su principal aliado.
“Cuba está lista para caer”, declaró el presidente Donald Trump un solo día después de que el sábado 3 de enero fuerzas estadounidenses atacaran Caracas de madrugada y se llevaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para juzgarlos en Nueva York.
Trump ha reiterado en los pasados días que el régimen cubano se sostiene por el suministro de petróleo de Venezuela y, si este se corta, quedará sin ingresos y colapsará por sí solo sin necesidad de una intervención militar.
Desde La Habana, las autoridades condenaron reiteradamente la operación estadounidense en Caracas y prometieron defenderse en caso de ataque, pero en ningún momento han refutado el pronunciamiento de Trump sobre la situación límite de la economía cubana.
En este contexto, surgen varias preguntas: ¿cómo está hoy Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump?
Una economía al límite
La economía cubana atraviesa una situación crítica, algo que ni siquiera el gobierno trata ya de ocultar.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoció que “no se trata de una crisis más”, sino de “la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo”.
El país lleva años atrapado en la recesión, incapaz de pagar sus múltiples deudas u obtener financiación externa, con una producción en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
El producto interior bruto (PIB) se contrajo más de un 4% hasta el tercer trimestre de 2025, según el último dato oficial, y el cierre del año apuntaba a un resultado incluso peor por el agravamiento de la crisis energética y el impacto del huracán Melissa.
El gran problema es que la debacle afecta a todos los sectores, comenzando por el productivo.
La producción industrial en 2024 fue la más baja en 40 años, según los datos más recientes del gobierno, y todo apunta a que en 2025 se habría reducido aún más.
La agricultura está bajo mínimos por el ineficiente sistema de gestión estatal, la falta de fertilizantes y combustible; el turismo internacional —una fuente clave de divisas— cerró 2025 con cifras estimadas por debajo de los dos millones de visitantes, las peores en más de 20 años con excepción de la pandemia.
A esto se suma una grave escasez de medicamentos en un contexto de brotes simultáneos de dengue, zika y chikungunya, y la reducción al mínimo de la cartilla de racionamiento, que desde hace años no garantiza la supervivencia de las familias.
Los cubanos también sufren la inflación: el peso cubano ha caído en picado frente al dólar en los últimos años y el último dato de junio de 2025 refleja una subida interanual del 14,75% en los precios al consumidor.
Por si fuera poco, el embargo financiero y comercial que EE.UU. impone a Cuba desde 1960, endurecido por Trump en sus dos mandatos, aporta una losa extra a la pesada carga que ya soporta una economía derrotada, sin apenas margen de maniobra y aislada de los mercados internacionales.
Lo más delicado de la crisis cubana, en todo caso, es la situación límite en la que se encuentra su sistema energético.
“En muchas partes del país los cortes eléctricos no bajan de 20 horas al día. Quiere decir que solamente tienen luz cuatro horas, y eso es una situación difícil”, indica a BBC Mundo el economista Omar Everleny, exdirector del centro de estudios de la economía cubana de la Universidad de la Habana.
Al margen del precario estado de las centrales eléctricas en la isla, los apagones responden sobre todo a la escasez del petróleo que las abastece; una escasez cuyo impacto se extiende al transporte, la producción y la vida cotidiana.
Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para funcionar con normalidad y produce por su cuenta aproximadamente 40.000, por lo que depende en gran parte del crudo que recibe del exterior.
Más en concreto, de dos proveedores casi exclusivos: Venezuela y México.
¿Cuánto depende del petróleo de Venezuela?
La relación económica entre Cuba y Venezuela se ha reducido en los últimos años a un intercambio muy específico.
“Cuba aporta servicios médicos, educacionales, entrenadores deportivos y ahora se confirmó -aunque ya lo sabíamos- que también de seguridad y militares a cambio de petróleo venezolano”, indica a BBC Mundo el economista Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington DC.
Esto se debe, señala, a que Venezuela apenas exporta otros bienes, Cuba carece de divisas para pagar sus compras de crudo y tampoco existen ya inversiones bilaterales relevantes desde la retirada de PDVSA de la isla en 2017.
Durante años, el petróleo de Venezuela fue el principal sostén del sistema energético cubano, con el envío de unos 100.000 barriles diarios en la cumbre de la alianza entre Hugo Chávez y Fidel Castro a inicios de este siglo.
El flujo, sin embargo, se ha ido reduciendo de forma sostenida según diferentes estimaciones, a falta de datos oficiales fiables.
Omar Everleny explica que de aquellos niveles iniciales se pasó a promedios “de 58.000 barriles diarios, luego a 38.000 y finalmente, en 2025, nunca se sobrepasaron los 30.000 y en algunos meses llegaron a caer hasta los 18.000”.
“Cuba ya estaba adaptándose a esa disminución sistemática del flujo desde Venezuela”, puntualiza.
La agencia Reuters estima que Venezuela envió a Cuba un promedio de 27.000 barriles diarios, según datos de seguimiento de tanqueros y documentos de PDVSA, lo que estaría cubriendo, hasta ahora, casi la mitad del déficit energético que arrastra la isla.
¿Y del crudo de México?
En el caso de México, la petrolera estatal Pemex confirmó en diciembre, en un informe presentado ante autoridades bursátiles de Estados Unidos, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado a Cuba unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de derivados entre enero y septiembre de 2025, con un valor aproximado de US$400 millones.
El portal de noticias mexicano Proceso recoge que en los diez primeros meses de 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba crecieron un 121% en comparación con el mismo período del año anterior.
Ante esto, surge una pregunta: Si Cuba está en bancarrota, ¿cómo hace frente a los pagos del petróleo mexicano?
Ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni Pemex ni su subsidiaria han ofrecido una respuesta clara.
Preguntada por un periodista local, Sheinbaum afirmó en una rueda de prensa que los envíos de petróleo mexicano a Cuba van por dos vías: “contratos” y “ayuda humanitaria”.
Pese a los datos antes mencionados, la presidenta aseguró que “no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular”.
Cuba despliega personal médico en México (se otorgaron 3.650 visados a doctores en los últimos 7 años, según el último dato oficial de la cancillería mexicana el pasado octubre) pero se desconoce si este servicio se remunera en parte con petróleo.
“Supongo que Cuba no está pagando por ese petróleo porque, si Cuba pudiera comprar petróleo cuando lo necesita, lo compraría en cualquier lugar. El problema es que no tiene dinero y le debe a todo el mundo”, sentencia el economista Ricardo Torres.
En todo caso, la falta de claridad sobre su naturaleza y los mecanismos de pago ha puesto los envíos de crudo mexicano a Cuba en el foco de debate.
Lo que hasta ahora era un intercambio discreto ha pasado a adquirir una dimensión geopolítica, ya que determina en gran medida la supervivencia energética de Cuba, especialmente si se corta el flujo del suministro venezolano.
Esto no ha pasado desapercibido en Estados Unidos: altos funcionarios y congresistas han comenzado a prestar atención a los envíos de petróleo mexicano a Cuba, según indican fuentes de Washington a medios como Reuters y Financial Times, si bien por ahora no se han emitido amenazas o sugerido posibles sanciones al gobierno de Sheinbaum.
¿Caerá Cuba, como dice Trump?
Entonces, ¿qué espera a Cuba en 2026? ¿Se quedará sin combustible? ¿Puede colapsar como dice Trump?
Cualquier respuesta a estas preguntas sería especulativa, por lo que solo es posible analizar el escenario actual en busca de pistas.
El gobierno cubano ha prometido que 2026 será un año de recuperación económica, con un crecimiento del 1% del PIB si se recuperan el turismo, las exportaciones, la producción, los servicios y la financiación.
Sin embargo, ni los más optimistas dentro y fuera de la isla creen que esto sea posible.
La posible reducción del suministro de petróleo podría dejar casi a oscuras un país que ya sufre cortes eléctricos de varias horas al día, dificultar aún más la producción y el transporte de bienes básicos y disuadir a posibles visitantes extranjeros.
A esto se suma que unos 2,7 millones de cubanos han huido de la isla desde la pandemia en un éxodo migratorio masivo, según datos del demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos.
Con ellos Cuba no solo ha perdido más de una cuarta parte de su población -de más de 11 millones a entre 8 y 9 millones según diferentes cálculos- sino también a una parte importante de los jóvenes cualificados que podrían ayudar a sacar adelante su economía.
Un corte total del petróleo venezolano, cerca de un tercio de la demanda energética de Cuba, representaría un golpe devastador.
“Si esto pasa, y creo que va a pasar, pondría al país en una situación límite, porque ¿cuánto más puedes quitarle la electricidad a la gente? Ya sería quitársela completamente”, indica el economista Ricardo Torres.
Torres opina que, aun manteniendo el suministro mexicano, el sistema eléctrico y el transporte de la isla estarían en riesgo de paralización casi completa.
El economista recuerda, además, que Trump todavía tiene cartas bajo la manga para dañar aún más a Cuba, como suspender los vuelos, eliminar o reducir los envíos de dinero, o cortar completamente las exportaciones de algunos productos exentos del embargo estadounidense.
Los expertos no creen, en todo caso, que una asfixia económica total de la economía cubana fuerce necesariamente un cambio político.
El reciente éxodo se llevó a las pocas figuras que quedaban de la oposición dentro de la isla gobernada por el Partido Comunista (único legal) y el régimen de Díaz-Canel ha intensificado su represión sobre la disidencia hasta prácticamente desactivarla desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
“Aunque nos devuelvan a la época de las cavernas, esto no va a cambiar”, declaró un cubano desde el anonimato a BBC Mundo, en una frase que encarna el ambiente de pesimismo y resignación que impera dentro de la isla.
Por otra parte, las opciones de ayuda externa a corto plazo son limitadas: los aportes de aliados lejanos como Rusia o China han sido hasta ahora marginales en comparación con el petróleo venezolano.
Cuba acumula además importantes deudas con ellos, por lo que no se espera que redoblen sus inversiones o amplíen su financiación, y tampoco se vislumbran otras fuentes de financiación externa para un país excluido de los circuitos internacionales de crédito y en situación de morosidad con sus acreedores, entre ellos el Club de París.
Así, más que un colapso inmediato e inminente, lo que la mayoría de los expertos vaticinan para Cuba es una profundización de la crisis hacia un punto límite difícil de sostener.
“Ya la gente en Cuba está sobreviviendo. Si tú tienes apagones, falta de medicamentos, comida y transporte, estás en un nivel mínimo de sobrevivencia. Entonces, pasar del piso no sé si se pueda, pero estamos muy cerca del último lugar a donde se puede bajar”, apunta el economista Omar Everleny.
Sin un solo indicio de salida a la crisis, las consecuencias en términos políticos, sociales y humanitarios de llegar a ese escenario extremo es, por el momento, una incógnita.
BBC Mundo solicitó a autoridades cubanas una entrevista para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
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