¿Quiénes acceden a servicios de aborto?
El 2 de junio se cumplió un año de la despenalización parcial del aborto en Baja California Sur y, además de celebrar que las mujeres y personas con capacidad de gestar ya no pueden ser sancionadas por ejercer su derecho a decidir en esa entidad, nos interesa saber cómo ha sido el acceso a servicios de aborto a partir de este logro.
Desde GIRE realizamos solicitudes de acceso a la información (SAI) para conocer el número de abortos realizados en ese estado de la República mexicana durante el periodo comprendido del 14 de junio de 2022 al 31 de enero de 2023, pidiendo que se desagregara la información por género y edad de las usuarias, unidad donde fueron atendidas y método utilizado, entre otros datos.
Con base en dichas solicitudes sabemos que en Baja California Sur:
- 140 mujeres accedieron a servicios de aborto
- Usuarias de 20, 22 y 26 años fueron quienes más accedieron a servicios de aborto
- El Benemérito Hospital General con Especialidades “Juan María de Salvatierra’’, ubicado en La Paz, fue la institución donde se brindaron más servicios de aborto (95), seguido del Hospital General de Cabo San Lucas (29)
- 3 % de los abortos realizados fueron con medicamento; 42.9 % fueron por aspiración manual endouterina (AMEU) y 2.9 % por legrado uterino instrumental (LUI)
Hemos realizado este tipo de SAI a los servicios de salud de todas las entidades que han despenalizado el aborto y aunque se ha pedido desagregar la información respecto al género de las usuarias —especificando que se entienda por usuarias mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar —, las respuestas siempre mencionan mujeres. También se han realizado SAI pidiendo que se desagregue la información por sexo y por identidad de género, y las respuestas han sido mujeres y no aplica, respectivamente.
Las SAI nos permiten conocer las barreras que existen en el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo e identificar información que el Estado omite publicar y respecto de la cual no existen estadísticas públicas disponibles o no están suficientemente desagregadas.
En materia de aborto solicitamos información desagregada respecto al género porque no sólo las mujeres requieren servicios de aborto. Quienes se identifican como hombres trans y personas no binarias también abortan; sin embargo, no se tienen datos sobre su acceso a este servicio de salud.
Es probable que tal vacío sea producto de los prejuicios y estereotipos que imperan en las instituciones de salud en torno a la diversidad de género, pero también a la escasa importancia que se le ha dado a contar con esta información para poder elaborar protocolos de atención diferenciados y acordes a las necesidades de quienes acuden a los servicios de aborto.
La información pública sobre cuántas personas y quiénes efectivamente acceden a la interrupción legal del embarazo posibilita conocer en qué medida se está implementando —o no— lo establecido en la legislación respecto al aborto legal. Tanto la existencia como la accesibilidad de dicha información es esencial para conocer el nivel de cumplimiento del Estado mexicano en cuanto a sus obligaciones, los pendientes más urgentes y los posibles caminos para lograr justicia reproductiva para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Son ya 11 los estados de la República mexicana que han despenalizado parcialmente el aborto y es imprescindible que en cada uno de ellos existan datos públicos en torno al acceso a la interrupción legal del embarazo, desagregados por sexo e identidad de género. La inexistencia de información respecto a hombres trans y personas no binarias que solicitan servicios de aborto imposibilita conocer y atender las necesidades específicas de quienes no se identifican como mujeres. Además, propicia violaciones a sus derechos reproductivos y perpetúa actos discriminatorios al brindarles atención bajo el supuesto de que sólo las mujeres abortan.
Celebramos los avances para el ejercicio del derecho a decidir en estas entidades y también nos sumamos a la exigencia de promover, difundir y respetar la autonomía reproductiva tanto de mujeres como de hombres trans y personas no binarias. Desde nuestra trinchera seguimos trabajando por el derecho a la información como una vía para garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas y todes.
La cifra de personas asesinadas durante el fin de semana podría alcanzar hasta 184, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
Algunos recibieron disparos, otros puñaladas o machetazos. Todos eran señalados de brujería.
Al menos 110 personas, en su mayoría de edad avanzada, fueron brutalmente asesinadas por miembros de pandillas en la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un grupo de derechos humanos.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) dijo que un líder de una pandilla local los había atacado después de que su hijo enfermara y posteriormente muriera.
Según se informa, el líder de la pandilla consultó a un sacerdote vudú que culpó de la misteriosa enfermedad del niño a los ancianos locales que practicaban “brujería”
Naciones Unidas afirmó que el número de personas asesinadas en Haití en lo que va del año a causa de la creciente violencia de las pandillas había alcanzado “una asombrosa cifra de 5,000”.
Aunque todavía se están conociendo los detalles de la masacre, el alto responsable para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, elevó el lunes a 184 el número de personas asesinadas durante el fin de semana “en actos de violencia orquestados por el líder de una poderosa banda”.
Prácticas vudú
Los asesinatos ocurrieron en el barrio Cité Soleil de la capital.
Según los informes, los miembros de la banda secuestraron a decenas de residentes mayores de 60 años de sus casas en la zona de Muelle Jérémie, los acorralaron y luego los mataron a tiros o a puñaladas, con cuchillos y machetes.
Los residentes informaron haber visto cuerpos mutilados quemados en las calles.
La RNDDH estimó que el viernes murieron 60 personas, mientras que el sábado se detuvo y asesinó a otras 50, después de que el hijo del líder de la banda muriera a causa de su enfermedad.
Si bien la RNDDH dijo que todas las víctimas tenían más de 60 años, otro grupo de derechos humanos dijo que también habían sido asesinadas algunas personas más jóvenes que habían tratado de proteger a los ancianos.
Los medios locales informaron que las pandillas habían buscado a personas mayores que se cree que practican el vudú porque al líder de la banda le habían dicho que la enfermedad de su hijo había sido causada por ellos.
Los grupos de derechos humanos dijeron que el hombre que había ordenado los asesinatos era Monel Felix, también conocido como Mikano.
Se sabe que Mikano controla Muelle Jérémie, una zona estratégica en el puerto de la capital.
Según Romain Le Cour Grandmaison, un experto en Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), la zona es pequeña pero difícil de penetrar para las fuerzas de seguridad.
Los medios locales dijeron que la banda de Mikano había impedido a los residentes salir de Muelle Jérémie, por lo que la noticia de los asesinatos tardó en difundirse.
El grupo forma parte de la alianza de pandillas Viv Ansanm, que controla gran parte de la capital haitiana.
Repunte de la violencia
Haití se ha visto envuelto en una ola de violencia de pandillas desde el asesinato en 2021 del entonces presidente, Jovenel Moïse.
Los datos recopilados por GI-TOC muestran que hubo un descenso en la tasa de asesinatos entre mayo y septiembre de este año, después de que las bandas rivales alcanzaran una tregua incómoda.
Sin embargo, los intentos de las bandas de expandir su territorio más allá de sus bastiones en la capital han dado lugar a incidentes particularmente sangrientos en los últimos dos meses, en los que los residentes comunes son cada vez más los blancos de los ataques, en lugar de los miembros de bandas rivales.
El 3 de octubre, 115 habitantes locales fueron asesinados en la pequeña ciudad de Pont-Sondé, en el departamento de Artibonite.
Al parecer, la banda Gran Grif llevó a cabo esa masacre en represalia por el hecho de que algunos residentes se unieran a un grupo de vigilantes para resistir los intentos de Gran Grif de extorsionar a los lugareños.
Si se confirma la cifra de muertos que ha dado la ONU por los asesinatos de este fin de semana en Cité Soleil, se trataría del incidente más mortífero de lo que va de año.
Dado que las bandas controlan aproximadamente el 85% de Puerto Príncipe y zonas cada vez más extensas del interior, cientos de miles de haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 700.000 personas (la mitad de ellas niños) están desplazadas internamente en todo el país.
Los miembros de las bandas suelen recurrir al abuso sexual, incluida la violación en grupo, para sembrar el terror entre la población local.
En un informe publicado hace dos semanas, la investigadora de Human Rights Watch Nathalye Cotrino escribió que “el estado de derecho en Haití está tan quebrado que los miembros de los grupos criminales violan a niñas o mujeres sin temer ninguna consecuencia”.
Los intentos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, dirigida por Kenia, de sofocar la violencia han fracasado hasta ahora.
La fuerza policial internacional llegó a Haití en junio para reforzar a la Policía Nacional Haitiana, pero no cuenta con los fondos necesarios ni con el equipo necesario para enfrentarse a las bandas fuertemente armadas.
Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición (TPC, por sus siglas en inglés), el organismo creado para organizar las elecciones y restablecer el orden democrático, parece estar en crisis.
El TPC reemplazó al primer ministro interino el mes pasado y parece haber hecho pocos progresos en la organización de las elecciones.
“Reinan sobre una montaña de cenizas”, escribe Romain Le Cour Grandmaison, de GI-TOC, sobre el consejo en su informe.
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