Las mujeres que el Estado decide no ver
NINA quiere estudiar una carrera universitaria. Tiene el deseo y la determinación, pero no tiene CURP. Y no la tiene no porque “no quiera”, sino porque el concepto mismo de Estado-nación no contempla su existencia.
¿Cuánto vale el deseo de una mujer de estudiar, trabajar o construir un proyecto de vida, si el sistema decide que no existe porque no cuenta con un documento? ¿A cuántas funcionarias y funcionarios públicos les importan realmente las vidas de mujeres como ella? Pareciera que importan más los protocolos que la dignidad.
La realidad es que muchísimas mujeres quedamos fuera. No solo de los servicios, sino del derecho a ser reconocidas. El acceso a servicios depende de comprobantes de domicilio, identificaciones, documentos migratorios, constancias y citas que la vida en violencia, migración y precariedad no permite conseguir. Y, aun así, el discurso institucional es “Ninguna mujer se queda sin atención”. Pero la práctica dice otra cosa: el sistema está diseñado para atender a quienes ya tienen todo resuelto.
El impacto de quedar fuera es profundo. Funciona como una estructura más de dominación y alienación: una forma silenciosa de hacer que las mujeres nos sintamos desgastadas, insuficientes, aisladas, solas, vulnerables e indiferentes. Porque eso es lo que provoca la burocracia cuando se impone sobre la emergencia.
Y esta exclusión no es casual. Se sostiene en un sistema económico que nos lastima, que nos excluye, pero que nos necesita para sostenerse. Sin las explotadas no hay explotadores. La precariedad no es un error: es un método. El desgaste no es una consecuencia: es una herramienta de control.
Desde la atención psico-jurídica en Sin Fronteras intentamos visibilizar y acompañar los procesos de las mujeres para que puedan integrarse de manera digna. Pero eso es más que un servicio, es un compromiso ético de construir conciencia crítica. Solo desde la contextualización de nuestra realidad podemos sentirnos acompañadas en nuestros sentires. Porque cuando entendemos que no somos nosotras contra el mundo, sino nosotras dentro de un sistema injusto, el aislamiento pierde fuerza.
Como Trabajadora Social, mi postura es compleja y dolorosa. Mis intervenciones buscan garantizar el acceso a derechos, detectar problemáticas y gestionar soluciones. Pero ¿qué hago cuando las problemáticas que atiendo todos los días no son fallas individuales, sino consecuencias directas de la estructura política y económica que permea cada aspecto de nuestras vidas?
¿Qué hago cuando exigir al Estado mejores condiciones, mejores políticas públicas, se siente igual que no hacer nada? La respuesta la encontré con el tiempo y con las mujeres mismas: no hay que cuestionar en singular, sino en plural. La única forma de atender la raíz del problema es la colectividad, la comunidad, el acompañamiento.
La creación de vínculos y redes de apoyo que se convierten en salvavidas en una sociedad que cae en pedazos mientras el individualismo y el aspiracionalismo nos consumen. Si el sistema político nos quiere solas, cansadas y sin futuro, entonces la comunidad será siempre la grieta por donde entra la dignidad.
* Marianna Malinalli Calleja Martha es trabajadora social y especialista en prevención de la violencia y construcción de paz; colabora como auxiliar de acompañamiento psicosocial en Sin Fronteras.
Nicolás Maduro solicitó ayuda de la OPEP para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo un comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) solicitando ayuda para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos que atenta contra la producción de crudo del país y la estabilidad de los mercados globales.
La solicitud de ayuda fue enviada en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y las más de 20 naciones miembros, y fue publicada en la red social Telegram.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, escribe Maduro.
El mandatario denuncia que, con sus acciones, Estados Unidos “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.
Según Caracas, las continuas operaciones militares de EE.UU. en el Caribe constituyen una violación de la ley internacional que “vulnera flagrantemente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho internacional”.
El gobierno de Maduro sostiene que las acciones de Washington buscan “desestabilizar” el país sudamericano y afectar su capacidad de exportación.
La carta pide solidaridad a los miembros de la OPEP frente a lo que considera una escalada que, de continuar, “pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional”.
Maduro aseguró que Venezuela se “mantendrá firme” en la protección de sus recursos naturales y que no “sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”.
Concluyó solicitando al secretario general que convoque “a la unión soberana sin perturbaciones externas”.
Presión militar y aislamiento
El envío de la carta coincidió con la segunda conferencia ministerial de la OPEP y en medio de los bombardeos de la fuerza naval estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que Maduro cataloga de una “campaña de hostigamiento y amenaza”.
Según la misiva, los más de 20 bombardeos han resultado en el “asesinato extrajudicial” de más de 80 personas.
EE.UU. ha desplegado una enorme presencia militar frente a las costas de Venezuela con más de 14 buques de guerra incluyendo el portaviones más grande y sofisticado del mundo.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, una supuesta organización narcotraficante a la que va a designar como “organización terrorista”.
Este fin de semana, el anuncio del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela ha forzado a la gran mayoría de aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos, aumentando la presión sobre Maduro y aislando aún más al país.
La medida ha dejado a innumerables pasajeros venezolanos varados en el extranjero sin posibilidad de regresar por vía aérea.
La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.
El gobierno de Maduro expresó que había activado un plan de emergencia para el regreso de sus ciudadanos en el exterior y acusó a Washington de imponer un bloqueo de facto.
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