Tierras que arden, vidas que huyen: el costo humano del cambio climático y el desmantelamiento del apoyo internacional
La movilidad humana ha dejado de ser un fenómeno limitado a conflictos armados o crisis económicas. Hoy los efectos adversos provocados por el cambio climático son uno de los principales factores que fuerza a las personas a desplazarse dentro y fuera de sus países. Según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 28 millones de desplazamientos asociados a desastres socio-naturales, una cifra que supera incluso a los desplazamientos por conflictos armados.
Estos desplazamientos tienen múltiples causas y son las poblaciones rurales, costeras y periféricas son las más vulnerables, ya que carecen de los recursos para adaptarse o resistir los embates climáticos. Hablar de estas personas no es hablar de números, sino de personas, familias que pierden sus hogares, infancias que dejan la escuela, comunidades enteras que desaparecen del mapa y en suma, la ausencia de un marco jurídico claro, ya que estas personas no tienen el estatus de refugiadas bajo la Convención de 1951, lo que los deja sin acceso a protección internacional. La mayoría de ellas terminan siendo desplazadas internas, reubicados en condiciones precarias dentro de sus propios países. Otras optan por migrar hacia ciudades saturadas, cayendo en la pobreza urbana o la informalidad laboral. Quienes cruzan fronteras enfrentan estigmatización, detención o deportación.
Además, los impactos de este tipo de desplazamiento son desiguales, para las mujeres y niñas, los pueblos indígenas, para las personas con discapacidad y con enfermedades crónico-degenerativas y adultas mayores; quienes sufren mayor exposición a violencia, pérdida de su territorio y de su cultura y para las personas con discapacidad ya que quedan desprotegidas por sistemas que no consideran sus necesidades.
Para Sin Fronteras IAP, desde 2018 hemos posicionado el tema ante diferentes actores, nacionales y regionales, inclinándonos por llevar la voz de personas que han perdido todo, enfocándonos específicamente por la integración y la búsqueda de oportunidades de empleo acordes a su experiencia y vida anterior en país de origen y apoyar en la construcción de un plan de vida, sin dejar a un lado la incidencia pública y social.
Como se puede observar a lo largo de la historia, las organizaciones de la sociedad civil hemos sido actores fundamentales. Muchas han brindado albergue, alimentos, atención médica, asistencia legal, acompañamiento psicosocial y espacios seguros para las poblaciones afectadas por causas climáticas y otros desastres y de igual forma hemos liderado procesos de documentación, incidencia y propuestas legislativas para el reconocimiento de estas personas, colaborando en espacios internacionales como las Conferencias de las Partes, con amicus curiae ante la Corte Interamericana para la Opinión Consultiva Chile y Colombia, La Revisión del Pacto Mundial de Migración en Santiago de Chile y la Construcción de la Declaración de Chile en 2024, así como ante distintos mecanismos de las Naciones Unidas. Sin embargo, hoy estos avances enfrentan una amenaza silenciosa: la drástica reducción del financiamiento internacional.
Hoy, mientras el mundo discute sobre energías limpias y reciclaje, hay millones de personas empacando sus vidas en mochilas porque sus casas quedaron bajo el agua, sus cultivos murieron o el aire se volvió irrespirable. Y al mismo tiempo, quienes les tendían una mano están cerrando sus puertas por falta de apoyo.
Los efectos adversos del cambio climático no solo destruyen bosques y arrecifes: destruyen hogares, familias, sueños y culturas enteras. Y si no fortalecemos a quienes protegen a estas poblaciones, no solo estamos fallando como especie, sino enterrando nuestra propia capacidad de responder éticamente al presente y al futuro.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, el mayor acto ambiental no es plantar un árbol. Es mirar de frente a las víctimas de las emergencias actuales y asegurar que no caminaremos en soledad en esta era incierta.
*Sandra Elizabeth Alvarez Orozco es directora general de Sin Fronteras IAP.
Referencias:
ACNUR (2023), Global Trends: Forced Displacement 2023, disponible aquí.
ALVAREZ (2019), Desplazamiento interno por desastres industriales y/o tecnológicos, disponible aquí.
Banco Mundial (2021), Groundswell Part II: Acting on Internal Climate Migration (2021), disponible aquí.
CIVICUS (2024), State of Civil Society Report 2024, disponible aquí.
IDMC (2024), Global Report on Internal Displacement 2024, disponible aquí.
InterAction (2025), Informes sobre impacto de recortes presupuestarios a ONG humanitarias, disponible aquí.
IPCC (2023), Sixth Assessment Report (AR6), 2023 Sección: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, disponible aquí.
OECD (2024), Development Aid at a Glance 2024, disponible aquí.
OIM (2024) Informe: World Migration Report 2024, disponible aquí.
SIN FRONTERAS (2024), Ecos del camino: Reflexiones sobre movilidad humana y cambio climático, disponible aquí.
Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López fueron expulsados a Guatemala después de más de dos décadas de vivir en Florida. Los videos con los que sus hijos le piden ayuda al mandatario estadounidense cuentan con millones de visualizaciones.
Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López habían conseguido aquello con lo que muchos migrantes sueñan cuando dejan atrás su país.
Llegaron de Guatemala a Estados Unidos como novios hace 22 años. Se casaron, tuvieron cuatro hijos y se establecieron en Apopka, Florida, donde compraron una casa y levantaron una empresa cementera que hoy da empleo a 16 personas.
Sin embargo, haber cruzado la frontera de forma irregular nunca dejó de perseguirlos.
Y a pesar de años de esfuerzos por obtener el estatus legal, más recientemente con la solicitud para una visa U que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya había determinado como legítima, este junio acabaron deportados y separados de sus hijos, quienes permanecen en territorio estadounidense.
“Tener aplicaciones de visa pendientes no impide la expulsión de EE.UU.”, le contestó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a BBC Mundo al ser consultado sobre este caso.
Es una historia particular que, sin embargo, se ha vuelto cada vez más recurrente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia”.
Y sobre todo desde que el arquitecto de sus políticas migratorias, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, confirmara que estableció un mínimo 3.000 arrestos diarios de indocumentados como el objetivo a alcanzar.
A pesar del contexto, Beverly, la hija mayor de los Juárez que, a sus 21 años, se ha vuelto cabeza de familia, está lejos de tirar la toalla.
Junto a César (15 años), Josué (13) y Valery (9), ha protagonizado una serie de videos en los que pide ayuda al presidente con la deportación de sus padres y que cuentan con millones de visualizaciones en redes sociales.
“He aparcado mis sueños para hacerme cargo de mis hermanos y tratar de traer a mis padres de vuelta”, le dice a BBC Mundo.
Odisea legal
“Entiendo que nadie quiere violadores, asesinos, pedófilos en este país, pero esta es gente trabajadora, que aporta a la sociedad, paga sus impuestos y genera empleos”, le dice a BBC Mundo Grisel Ybarra, la abogada que representa a los Juárez desde 2021 en su cruzada por regularizarse en EE.UU.
Ybarra subraya que, tras haber ingresado de forma ilegal el 25 de mayo de 2003, “el único error” de sus clientes fue no haberse presentado a una primera cita ante un tribunal de migración.
Algo que no hicieron por “miedo y desconocimiento del proceso”, aclara.
“Cuando llegamos éramos apenas unos niños, yo con 19 años y mi (ahora) esposa sin haber ni siquiera cumplido los 17”, cuenta Esvin Juárez por teléfono desde Guatemala.
La Patrulla Fronteriza los interceptó nada más cruzar a Río Grande City, Texas, y los dejó libres con la condición de que compareciesen ante el juez local cuando fueran llamados a ello.
Pero la pareja siguió con su plan: ir a asentarse a la zona rural a 17 kilómetros noroeste de Orlando, en Florida, donde por aquel entonces vivían el padre y una hermana de él.
Así que cuando llegó la citación para la audiencia en Texas, ellos ya estaban a más de 2.000 kilómetros, en Apopka.
Como consecuencia de ello, el juez emitió una orden final de deportación contra ellos, algo confirmado a BBC Mundo por el DHS.
Los Juárez trataron de que su caso se reabriera y durante años recurrieron a recursos legales para retrasar su expulsión del país, presentándose religiosamente a sus citas en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Orlando, mientras buscaban la manera de regularizarse.
Visa para víctimas de crimen
Cuando en 2021 les comunicaron que no les iban a otorgar más aplazamientos en los procedimientos de deportación, Esvin y su hermano fueron víctimas de un atraco armado en el patio de su negocio de cemento.
“Una bala rebotó en el piso y por poco no le saca el ojo”, dice Ybarra, quien recuerda que aun así su cliente mostró reticencias a acudir a urgencias por si lo detenían.
La abogada le recomendó no solo ir al hospital, sino también reportar el incidente ante la policía.
Con la certificación policial de que su cliente colaboró en la investigación del caso –un documento que tardó años en llegar–, la letrada presentó en 2024 una solicitud para la visa U.
Creada por el Congreso con el objetivo de motivar a las víctimas a ayudar a las agencias del orden público en la investigación de crímenes sin temor a ser deportadas, el estatus no inmigrante U permite a sus beneficiarios y familiares vivir y trabajar en EE.UU. por hasta cuatro años, con posibilidad de extensiones.
Recién en diciembre los Juárez recibieron una notificación bona fide o “de buena fe” con la que USCIS, tras verificar antecedentes y evaluar si hay “riesgo de fraude o posibles amenazas para la seguridad nacional y pública”, determina que una solicitud es legítima.
Aunque es solo una revisión preliminar, posibilita la protección temporal contra la deportación mientras se espera la decisión final sobre la visa.
Así que el matrimonio esperaba que, por medio de una acción diferida, podrían seguir con sus vidas y sus trabajos en EE.UU.
Pero al tratarse esta de una discreción procesal —queda a discreción del funcionario de turno conceder el aplazamiento—, cuando el 30 de mayo acudieron a la oficina del ICE junto a la abogada, Esvin quedó detenido y sujeto a deportación.
Su esposa correría la misma suerte, siendo arrestada el 12 de junio y reuniéndose con él en Guatemala dos días después.
“Esvin Juárez es un inmigrante ilegal criminal de Guatemala. Mientras estuvo en EE.UU. fue hallado culpable de conducir bajo los efectos (del alcohol) y de poseer documentos falsificados”, le informó a BBC Mundo el DHS a través de un mensaje atribuible a la subsecretaria Tricia McLaughlin.
“Se le emitió una orden final de deportación en 2003, hace más de dos décadas. Agotó todos los recursos legales y no le quedan alivios legales por los que seguir luchando”, remarca el DHS, confirmando que un juez también ordenó la deportación de su esposa.
La abogada de Esvin subraya que las infracciones de tránsito mencionadas por el DHS ya las tuvo USCIS en cuenta al revisar los antecedentes -que no incluyen delitos graves- antes de emitir el primer visto bueno para la visa U. BBC Mundo pudo revisar tanto las cartas enviadas a USCIS como la determinación bona fide emitida por el organismo.
“La única base para la deportación de este matrimonio es haber entrado de forma ilegal a Estados Unidos y haber perdido la cita en la corte en 2003”, sostiene Ybarra.
A lo que añade que ingresar al país sin permiso por un lugar que no es designado puerto de entrada no es un crimen, sino un delito menor, por lo que no podría denominarse “criminal” a su cliente.
12 días para dejarlo todo atado
Desde que Trump regresara a la Casa Blanca en enero con la promesa de deportar a 11 millones de indocumentados, las detenciones se han multiplicado.
Estas han tenido lugar en calles, iglesias, escuelas, tribunales, centros urbanos y también en el campo.
Desde el inicio de las redadas, funcionarios del gobierno han insistido en que el blanco de las operaciones son criminales y aquellos que podrían constituir una amenaza para la seguridad pública.
Sin embargo, de acuerdo a un rastreador de datos, un número significativo de inmigrantes indocumentados detenidos no cuentan con antecedentes penales.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse (Nueva York) que compila cifras de inmigración, estima que de las 51.302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44% no tenía historial, más allá de haber ingresado a EE.UU. sin permiso.
“Lamentablemente, el de mis padres no es un caso único”, le dice a BBC Mundo Beverly Juárez, la hija mayor del matrimonio.
“¿Dónde está papá? ¿Por qué llevas esa tobillera?”, cuenta que le preguntó a su madre cuando la vio salir de la oficina de ICE con un grillete con GPS incorporado.
Le habían dado 12 días para arreglar todo lo necesario y regresar, con un boleto para volar a Guatemala “no más tarde del 14 de junio”, para ser oficialmente detenida y puesta en procedimiento de deportación.
Beverly recuerda aquellos días de “una locura absoluta”, en los que intentaron por todos los medios parar la deportación de su padre y, al no conseguirlo, se concentraron en hacer presión para traerlo de regreso mientras buscaban la manera de levantar la orden de expulsión de su madre.
Videos virales
Al tiempo que su abogada acudía al Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito, una corte federal, con una moción de emergencia de suspensión de deportación, los hermanos recurrieron a TikTok.
En la red social, una serie de videos en los que repiten formato —posando en fila en el jardín de su casa, mirando de frente mientras la primogénita lee a cámara, dirigiéndose al mandatario— acumulan millones de visualizaciones.
“Presidente Trump y secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem, mi nombre es Beverly Juárez y esta es mi familia. Puede que no conozcan a mi padre, porque están muy ocupados, pero hoy queremos pedirles ayuda”, arranca diciendo uno que ya ha sido visto más de nueve millones de veces.
“Optamos por las redes sociales por su alcance, porque puedes llegar a un amplio rango de personas y conseguir apoyos de una forma más eficiente que acudiendo a despachos o haciendo llamadas y mandando correos electrónicos”, le explica a BBC Mundo.
Pero no todo ha sido virtual. También protestó frente a la oficina de ICE en Orlando el 13 de junio, en la víspera de la deportación de su madre, donde posteriormente habló ante los medios.
Representantes de organizaciones comunitarias como Hope CommUnity Center y la coalición Immigrants Are Welcome Here acompañaron a la familia y exigieron un alto a las deportaciones.
Y las congresistas estatales demócratas Anna V. Eskamani, Rita Harris y Johanna López también estuvieron presentes en el acto, en el que expresaron su apoyo y pidieron revisar los procesos de detención de inmigrantes con trámites migratorios activos.
La presión ciudadana suma, considera la abogada Ybarra, mientras se agota la vía legal, acudiendo de nuevo al tribunal federal para presentar una acción por presunta violación del debido proceso y “abuso de discrecionalidad”.
“Beverly nos salió toda una guerrera”, dice Esvin Juárez orgulloso desde Guatemala, donde dice sentirse arropado. Reunido con su mujer, están barajando cómo proceder “con cabeza fría”.
Su primogénita espera instrucciones en Apopka, mientras hace malabares para mantener a sus hermanos distraídos y con el ánimo alto, encargarse del papeleo y cumplir con sus crecientes obligaciones en la empresa de sus padres.
“Por suerte las vacaciones de verano me dan un respiro”, dice la joven, quien también cursa ingeniería mecánica en la Universidad de Florida Central (UCF).
Pero duda que tras el receso pueda retomar los estudios.
“Las clases son presenciales y la universidad me queda a una hora de casa. Así que no va a ser fácil seguir estudiando, mientras aprendo más sobre el negocio del cemento, ahora que me he convertido en una especie de madre de tres hijos”, reconoce.
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