A través de sus ojos
… Yo les dije que no estábamos haciendo nada malo y que no debían tratarnos como criminales. Ahí fue cuando uno de los policías notó mi acento hondureño. Inmediatamente los policías nos dijeron: “¡y además de gays, son ilegales!”.
Esta es la experiencia de Horacio, un joven hondureño quien después de haber sido detenido arbitrariamente por la policía mientras paseaba a su perro, fue privado de su libertad en una estación migratoria, en donde fue víctima de tortura y malos tratos por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. La historia de Horacio nos refleja la realidad de muchas otras personas extranjeras en situación de vulnerabilidad en México, donde la discriminación comienza por perfilamientos raciales, de nacionalidad, étnicos, sexo, de identidad de género u orientación sexual, entre muchos otros.
“… Los haitianos se integran muy rápidamente; buscan trabajo, quieren trabajar, se integran muy bien en diferentes comunidades de nuestro país, los venezolanos no. Hay algunas versiones de personas que dicen que los venezolanos no quieren trabajar y hay quienes dicen que no saben trabajar…”. 1
Esto se escucha decir a Javier Alatorre en su ya conocido noticiero antes de presentar un reportaje enfocado en una narrativa discriminatoria hacia una nacionalidad en particular. Es importante tomar en cuenta que el tratamiento de las personas en los medios está basado en ideas fijas. Las personas estamos más dispuestas a creer en imágenes mentales preexistentes, así como en estereotipos, que llegar a un juicio del pensamiento crítico. 2 Esto nos ha llevado a asociar la movilidad humana con la criminalidad, precariedad, enfermedades, desempleo, suciedad, etc. Narrativas como esta, por parte de los medios de comunicación -al igual que muchas otras- terminan vulnerando derechos debido a algún acontecimiento que puede ser ocasional, en el cual se omite la dimensión de la problemática, o el contexto en el que se encuentran las personas no es relatado. Así mismo, las personas quedan expuestas al escrutinio e inquisición pública; solo basta con ver los comentarios de Facebook de este tipo de notas para identificarlo.
Así como encontramos expresiones discriminatorias por parte de las autoridades mexicanas, al igual que en los medios de comunicación, la población civil y las instituciones privadas, estamos lejos de exentarnos de actitudes hostiles, de rechazo y violencia hacia personas en situación de vulnerabilidad en un contexto de movilidad humana.
Me sentía muy emocionada cuando me dieron mi residencia permanente, pensé que ya podía hacer mi vida aquí, tranquila. Llevaba un año sin trabajo al momento que me entregaron mi documentación, me dijeron que con esta ya podía comenzar a trabajar en un empleo con prestaciones. Ahora llevo un año más desde aquel día buscando trabajo, siento que el mundo se me viene encima cuando a cada lugar al que me postulo me contestan con un “no contratamos extranjeros”.
Todas estas expresiones de discriminación convergen en las barreras que enfrentan de manera cotidiana las personas al momento de acceder a sus derechos. De acuerdo al CONAPRED: “Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros”. 3
Si bien hablar de una sociedad libre de discriminación puede resultar un tanto utópico, también es cierta la importancia de generar acciones necesarias que construyan puentes entre las personas en situación de movilidad humana y las poblaciones de acogida en distintos niveles. Así mismo, la apertura a estos espacios fomenta la inclusión social de las personas que llegan a nuestro país en contextos de violencia y precariedad; facilita cohesión social; construyen comunidades empáticas y solidarias, al igual que garantiza el acceso a Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales. Debido a esto, podemos promover diferentes acciones de acuerdo a cada sector del país, así como las localidades, para fomentar una inclusión integral.
En el sector público: es importante generar estrategias gubernamentales, al igual que políticas públicas a nivel local y federal que protejan la integridad, así como los derechos humanos de las personas en esta situación, siendo estas un pilar en la capacitación de las y los funcionarios de todos los niveles de gobierno.
En los medios de comunicación: cambiar las narrativas, al igual que el lenguaje estigmatizante por mensajes que den a conocer los contextos de precarización y violencia que enfrentan las personas mediante miradas objetivas libres de estereotipos y prejuicios.
En el sector privado: fomentar la fuerza laboral de las personas en situación de movilidad, actualizarse de manera periódica respecto a los lineamientos y rutas de contratación de esta población. Sensibilizar a directivos, personal operativo, al igual que equipos de reclutamiento respecto a temáticas raciales y xenófobas
Comunidad: Fomentar espacios de diálogo, intercambio cultural, divulgación de información confiable referente a población en movilidad humana, así como participación ciudadana de las comunidades de acogida.
Es cierto que muchos de nosotros estamos lejos de vivir las experiencias que muchas de las personas en situación de movilidad humana han vivido, pero abordar la vulnerabilidad desde perspectivas empáticas, solidarias y responsables ayuda a que la mirada y los esfuerzos de inclusión sean a través de sus ojos.
* Ramsés López es Gestor de vinculación y proyectos psicosociales de Sin Fronteras (@Sinfronteras_1).
1 Mexicanos se quejan de migrantes venezolanos que solo extienden la mano y no trabajan. Azteca Noticias, 30 febrero de 2023. Youtube.
2 Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: MacMillan.
3 CONAPRED. Consejo Nacional Para Prevenir La Discriminación. Recuperado el 27 de febrero de 2023. Disponible aquí.
Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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