La primera infancia es, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, una etapa clave para el desarrollo humano. La inversión en este grupo poblacional no solo genera beneficios individuales, sino que transforma sociedades enteras. Por ello, las asignaciones presupuestarias deben reflejar la urgencia y promesa de transformación que se ha hecho en materia de la primera infancia.
Desde una mirada centrada en la niñez temprana, deberíamos asegurarnos de que cada niña y niño reciba un paquete integrado de servicios oportunos y de calidad que garantice su derecho a la salud, a una nutrición adecuada, al aprendizaje y desarrollo, y a la protección integral y especial. Ello requiere la confluencia de actores y sectores, que mediante mandatos claros, intervenciones bien diseñadas y coordinadas, y con presupuestos suficientes y asociados a resultados, garanticemos a cada niña y niño su bienestar, y aún más, la felicidad, como ya lo dijo la Presidenta el 12 de abril.
Este texto es una revisión rápida de las propuestas de la presidenta en sus 100 pasos y su correlación con el primer presupuesto de su mandato; así como un llamado a la acción que movilice las voluntades del Secretario de Hacienda, los legisladores y ejecutores de gasto a asignar más recursos en transformar la vida de las niñas y los niños pequeños hoy.
El documento “100 pasos para la transformación” enfatiza temas como la educación inicial, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, y el acceso universal a programas de salud y nutrición. Al comparar estas aspiraciones con las asignaciones presupuestarias consignadas en el Anexo 18 del PPEF 2025 vemos muchos correlatos que celebramos, así como algunos asuntos a los que debemos poner atención.
Por ejemplo, uno de los temas incluidos en los 100 pasos es el fortalecimiento de la educación inicial. Si pensamos en las modalidades escolarizadas de la educación inicial y su intersección con el sistema de cuidados, vemos noticias alentadoras. Por ejemplo, el programa de guarderías del IMSS proyecta en el Anexo 18 del PPEF un incremento del 8 % con mil 240 millones más, al pasar de $ 15 mil 285 millones en 2024 a $ 16 mil 525 millones para 2025. De igual modo, el programa de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE proyecta en el Anexo 18 un incremento del 19 % con $ 584.7 millones más, al pasar de $ 3 mil 013 millones en 2024 a $ 3 mil 597 millones para 2025.
No obstante, si pensamos en las modalidades No Escolarizadas de la Educación Inicial -porque no todas las niñas y los niños necesitan o deben estar en un centro de cuidado, pero aún así tienen derecho a aprender-, el escenario no muestra mejoras claras respecto del año anterior. El programa de Educación Básica Comunitaria de la SEP presenta en el Anexo 18 un incremento nominal de tan solo 3 %, lo cual no compensa el aumento inflacionario. Pasó de $ 5 mil 836 millones en 2024 a $ 5 mil 999 millones para 2025.
Por su parte, el único programa que tiene el mandato explícito de ampliar la cobertura de estos servicios -Programa de Expansión de la Educación Inicial de la SEP- tiene en el Anexo 18 exactamente el mismo presupuesto que el año pasado, a pesar de las necesidades urgentes de expansión de cobertura y calidad. Si bien el Anexo 1 del Proyecto de Decreto del PPEF 2025 señala que habrá $200 millones para el fortalecimiento de los servicios personales para las acciones de la expansión de la educación inicial para la SEP, estos aún no se ven reflejados en las asignaciones del programa dentro del Anexo 18.
En términos del bienestar y el combate a la pobreza con enfoque de infancias, observamos que en el Anexo 18 se reporta un incremento del 58 % con $ 28 mil 970 millones adicionales en el programa de becas Rita Cetina -antes Benito Juárez-, que contó en 2024 con $ 49 mil 869 millones, mientras que para el 2025 se propone asignarle un presupuesto de $ 78 mil 840 millones. No obstante, aún no sabemos qué porcentaje de estos recursos corresponderán específicamente a las niñas y los niños en preescolar, ya que el incremento pudiera ser resultado de la intención de universalizar, en una primera etapa, sólo al nivel de secundaria.
Por su parte, no vemos incrementos reales en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras de la Secretaría de Bienestar, que en el anexo 18 del PPEF proyecta sólo un incremento del 4 % con $109 millones más, al pasar de $ 2 mil 851 millones en 2024 a $ 2 mil 960 millones para 2025.
En lo que toca a salud vemos cambios alentadores, aunque también algunos puntos de enorme preocupación.
En los 100 pasos se da énfasis a la salud materna y neonatal en los primeros 1000 días de vida, y en el acceso a servicios de salud a los recién nacidos. Para el 2025, vemos con gusto que el Anexo 18 proyecta un incremento del 29 % para el programa de Salud materna, sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud (CNEGSR), al pasar de mil 325 millones en 2024 a mil 710 millones para 2025. De igual modo, el programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (IMSS- Bienestar) muestra en el Anexo 18 un incremento del 104 %, con $ 469 millones más, al pasar de $ 452 millones en 2024 a $921 millones para 2025. Por su parte, el Programa de Atención a la salud de personas sin seguridad social muestra en el Anexo 18 un incremento del 42 %, con $ 2 mil 612 millones más, al pasar de $ 6 mil 030 millones en 2024 a $ 8 mil 643 millones para 2025.
No obstante, en el mismo anexo vemos un decremento del 41 % en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Fondo del Ramo 33.
En la página 221 de los 100 pasos también se establece que se ampliarán las pruebas diagnósticas y tamizajes en el primer nivel de atención para mejorar la detección temprana de enfermedades en niños y población general. En este punto, observamos con agrado que tanto los programas del IMSS y el ISSSTE reportan en el Anexo 18 incrementos en sus programas de prevención y control de enfermedades (18 % y 29 %, respectivamente).
Los 100 pasos aseguran que se garantizará el abasto universal a todas las vacunas. Pese a ello, en el 2025 la asignación reportada en el Anexo 18 del Programa de Vacunación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), proyecta un decremento del 18 % con mil 029 millones menos, al pasar de $ 5 mil 601 millones en 2024 a $ 4 mil 571 millones para 2025. Este cambio es inexplicable y valdría mucho la pena que las autoridades hicieran explícito ante los legisladores qué justifica este recorte que se lee con gran preocupación a la luz de nuestro deseo compartido de mejorar la coberturas de vacunación en la infancia.
Este análisis desde una perspectiva de niñez temprana en relación solamente a los 100 pasos por la transformación arroja resultados mixtos, pero favorables en lo que refiere a programas muy puntuales como la prestación de servicio de cuidado infantil desde las instituciones de seguridad social, acceso a servicios de salud para población sin seguridad social, y becas para educación básica. Aún así necesitamos tener una conversación más profunda e integral, y un mandato claro y poderoso para una política de atención integral a la primera infancia desde el Plan Nacional de Desarrollo, que está por construirse.
De acuerdo con el marco del cuidado cariñoso y sensible, niñas y niños requieren acceso a servicios de salud, nutrición y seguridad social, oportunidades de aprendizaje, protección frente a la violencia y un cuidado cariñoso y sensible. Para proveer de todo esto, los gobiernos deben definir un paquete de intervenciones, bienes y servicios que deben garantizar desde la etapa preconcepcional hasta los 6 años de vida. Debe quedar muy claro el qué, el quién, el cómo y el cuándo. El primer esfuerzo de México para definir el qué fue la construcción de la Ruta Integral de Atenciones, y para definir los quiénes y los cómos fue la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (la ENAPI).
En el documento firmado por la hoy presidenta el 22 de abril de 2024, ella se comprometió a mantener actualizada y vigente esta estrategia. Para la nueva versión de la política nacional de primera infancia debemos impulsar un abordaje más compacto y centrado en cómo hacemos que los sectores implementen intervenciones claves, aborden enfoques integrales y se coordinen con otras Secretarías.
Para ello, necesitamos aprovechar la arquitectura institucional que ya tenemos y está reconocida en la Ley: el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este Sistema, independientemente de dónde se aloje su Secretaría Ejecutiva, es presidido por la Presidenta de la República, y desde ahí pueden marcarse las directrices de la nueva política de primera infancia. Además, ya está instalada la Comisión de Primera Infancia, que es el espacio natural donde debe ocurrir la coordinación interinstitucional.
Hay que empezar por definir unos resultados de desarrollo; es decir, cuáles son los indicadores de impacto con los que vamos a medir el éxito de nuestra política. En otras palabras: qué debemos ver en las niñas y niños para saber lo que estamos haciendo bien.
Así lo hizo Perú: definió los resultados, luego el paquete básico de intervenciones que cada niño y niña debe recibir para generar esos resultados, y luego alineó los presupuestos e incentivos para que los ejecutores y los gobiernos subnacionales actuaran en consecuencia. Este precioso esfuerzo se llama Presupuesto Basado en Resultados de Desarrollo Infantil. Así que, aprovechando la discusión presupuestal, le proponemos al Secretario Rogelio Ramírez de la O la exploración de este modelo y su adaptación para México.
Por último, invitamos a la presidenta Claudia Sheimbaum a darle mucho énfasis a la primera infancia en su Plan Nacional de Desarrollo. Esa mención explícita mandará un mensaje inequívoco al país del nivel de prioridad que este tema tiene en su agenda. No debemos olvidar que los más pobres entre los pobres son las niñas y los niños en primera infancia.
* Aranzazu Alonso es Directora Ejecutiva y Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia (@Pacto1aInfancia).
Un número récord de soldados rusos está siendo procesado por deserción. Muchos están siendo ayudados y ocultados por sus familias.
Los tribunales rusos han registrado un número récord de casos de soldados que desertan de sus unidades o no regresan a casa tras su tiempo de permiso, según una investigación del servicio ruso de la BBC. Muchos desertores se refugian en casa de familiares, quienes también corren el riesgo de ser procesados.
En la mañana del 23 de marzo de 2023, en un pueblo de la región de Stavropol en el sur de Rusia, un joven llamado Dmitry Seliginenko llevó a su novia en motocicleta para que pagara sus facturas en las oficinas de la autoridad local.
Seis meses antes había sido llamado a filas para combatir en Ucrania, en el marco de la movilización militar del presidente ruso Vladimir Putin.
En marzo de ese año debería haber vuelto al frente de combate.
Pero no regresó a su unidad tras 10 días de baja médica y ahora figuraba en la lista de personas buscadas por Rusia.
De camino por el pueblo, el joven fue localizado por su antiguo compañero de clase Andrei Sovershennov, que se había unido al cuerpo de policía tras terminar los estudios.
Sovershennov alertó a la policía militar y, poco después, tres hombres intentaron detener a Seliginenko mientras esperaba a su novia.
Seliginenko consiguió ponerse en contacto con su madre y su padrastro, que se dirigieron al pueblo para intervenir. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió después.
Según la versión oficial de la policía, el padrastro de Seliginenko, Aleksandr Grachov, agarró las esposas de Sovershennov y gritó: “Arréstenme a mí”. A continuación, supuestamente empujó a un oficial al suelo y empezó a golpearle.
Según la versión de la familia, fue Aleksandr Grachov quien supuestamente fue empujado al suelo y golpeado tras exigir ver una orden de detención contra su hijastro.
Ambos acabaron en el hospital, y Grachov fue acusado posteriormente de agresión a un policía.
Seliginenko, por su parte, se subió al coche de sus padres y se marchó.
El incidente generó un acalorado debate en un grupo de chat creado por los habitantes del pueblo.
La familia de Seliginenko afirma que su hijo ni siquiera estaba destinado a alistarse en el ejército; que no se le sometió a un examen médico adecuado para ver si realmente era apto para el servicio, y que fue enviado al frente a pesar de dar positivo en las pruebas del coronavirus.
En enero de 2023, Seliginenko presentó afecciones en su piel, causadas por el frío extremo, y se le dio tiempo libre para descansar. Dos días después de llegar a casa, fue sometido a una operación gástrica. La familia argumentó que Dmitry no era apto para el servicio militar y que debería haber sido evaluado por una comisión médica militar.
No todos en el grupo de chat simpatizaban con sus argumentos, y en respuesta la familia publicó este emotivo llamamiento a sus vecinos.
“Aquí estás viviendo cómodamente en nuestro pueblo, pero ¿quién de ustedes vendrá con nosotros a un hospital de Pyatigorsk, Budyonnovsk o Rostov para ver cuántos soldados heridos yacen ahí?… Antes de juzgar a los demás, pónganse en la piel de la madre y su hijo que ya han sufrido tanto… Tienen a sus maridos e hijos a su lado; ¡será mejor que recen para que a ustedes no les pase lo mismo!”.
En marzo de 2024, Aleksandr Grachov fue encontrado culpable de agresión y multado con 150.000 rublos (US$1.500).
Dmitry Seliginenko no ha vuelto a su unidad militar y se desconoce su ubicación actual.
Ninguno de los involucrados quiso hablar con la BBC.
A cientos de kilómetros del pueblo de la región de Stavropol, otros dos casos han sido llevados ante el juez en un tribunal de Buriatia, una república al otro lado de Rusia.
En el banquillo estaban el soldado Vitaly Petrov, que había desertado de su unidad, y su suegra, Lidia Tsaregorodtseva, que había intentado impedir que la policía local lo detuviera.
La BBC ha reconstruido lo sucedido a partir de documentos judiciales y del testimonio de personas familiarizadas con el caso, que no nombramos por razones de seguridad.
Vitaly Petrov, de 33 años, padre de dos hijos y originario de Sharalday, fue llamado a filas para combatir en Ucrania en 2022.
La región es una de las más pobres de Rusia. En otoño de 2022, tenía uno de los índices de movilización más altos del país, y también uno de los índices de muertes más elevados, según una investigación de la BBC y el medio de noticias independiente ruso Mediazona.
En junio de 2023, Petrov escapó de un hospital militar al que había sido enviado tras ausentarse previamente sin permiso y ser devuelto a la fuerza a su unidad a principios del mismo año.
Su suegra dice que él no era apto para el servicio militar y que sufría dolores de cabeza. Ella también declaró ante el tribunal que Petrov había sido objeto de violencia y extorsión en su unidad militar.
Los fiscales militares afirman que Petrov simplemente intentaba evitar ser enviado de nuevo al frente.
Durante el verano y el otoño de 2023, Petrov se escondió en casa de su suegra. Pasaba la mayor parte del día en el bosque cercano, buscando piñones, setas y frutos rojos, y volvía a casa de vez en cuando por la noche para dormir.
Grigory Sverdlin, activista de la ONG Run to the Forest, que ayuda a los soldados que han desertado a huir del país, calcula que alrededor del 30% de los desertores se quedan dentro de Rusia, mientras que el resto se va al extranjero. Según Mediazona, hay más de 13.000 casos en los tribunales rusos por cargos de deserción y ausencias sin permiso.
En diciembre de 2023, la policía armada se presentó en la casa por la noche para detener a Petrov.
Lo que ocurrió después tiene de nuevo versiones diferentes.
Tsaregorodtseva afirma que la policía derribó la puerta e irrumpió en la casa, apartándola a ella y a sus dos nietas pequeñas aterrorizadas mientras empezaban a registrar la vivienda y a levantar las tablas del suelo con un hacha.
También afirma que la policía no le mostró su identificación ni una orden judicial, algo que las autoridades niegan, según los documentos judiciales. También señalan que no registraron la casa ni movieron nada.
Tanto la familia como la policía afirman que Petrov salió de su escondite en el sótano y sus hijas corrieron hacia él.
En los documentos judiciales, tanto la familia como la policía se acusan mutuamente de violencia, ya que se produjo un altercado mientras los policías intentaban detener a Petrov.
Él fue arrastrado afuera de la casa y, según sus hijas pequeñas, la policía lo golpeó con una pistola eléctrica. El investigador principal del caso fue trasladado al hospital con quemaduras producidas por agua hirviendo durante el altercado.
Tanto Petrov como Tsaregorodtseva fueron procesados. Petrov fue condenado a seis años de prisión por ausentarse sin permiso. Su suegra fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 100.000 rublos (casi US$1.000) al agente de policía que resultó herido durante el altercado.
Una fuente familiarizada con el caso declaró a la BBC que la esposa de Vitaly Petrov se sentía aliviada de que su marido estuviera en la cárcel y no de vuelta en el frente de guerra.
Una fuente de la BBC también dijo que la guerra estaba pasando factura a los habitantes de las zonas rurales.
“Nos han quitado a todos los hombres de los pueblos, no queda nadie para hacer el trabajo duro, cuidar de los animales y prepararse para el invierno. Un niño está enfermo, el otro está muerto de miedo. Si me perdonan la expresión, en los pueblos sólo quedan las mujeres silbando al viento”.
La misma fuente dijo que muchos hombres de la localidad se sentían en “una situación imposible”: enviados a la guerra quisieran o no, mientras sus familias se quedaban luchando solas en casa.
Otro caso visto por la BBC fue el de un soldado condenado.
En enero de 2023, Roman Yevdokimov, de un pueblo de la frontera ruso-mongola, fue condenado a siete años de prisión por desertar de su unidad.
Este hombre de 34 años, que había sido condenado en dos ocasiones por robo, fue llamado al servicio militar en octubre de 2022 como parte de la movilización nacional de Putin.
Yevdokimov pasó sólo un mes en el ejército antes de ausentarse sin permiso y regresar a casa. Pasó un tiempo escondido en el bosque y sus familiares lo ocultaron en el sótano de la casa de su suegra, hasta que finalmente las autoridades militares lo atraparon y fue enviado a prisión.
Pero como delincuente convicto, le ofrecieron la oportunidad de ir a luchar a Ucrania, en lugar de cumplir su condena. Yevdokimov sobrevivió seis meses como soldado de asalto y, según las normas de entonces -que se han modificado-, fue liberado y regresó a casa en abril de 2024.
Su familia dice que los seis meses que pasó en el frente le han dejado traumatizado e incapaz de volver a su vida anterior. Ahora pasa gran parte del tiempo en el bosque, donde antes se escondía de la policía militar.
Como soldado de asalto reclutado en prisión en 2023, cuenta con un indulto oficial que anula su condena de siete años de cárcel por deserción, pero no hay documentos que demuestren que luchó en el ejército y resultó herido en acto de servicio.
Muchos veteranos de combate reclutados en prisión intentan ahora llevar al Ministerio de Defensa ruso ante los tribunales para exigir el reconocimiento de su estatus.
Pero para Yevdokimov, el viaje de cuatro horas a la oficina de reclutamiento más cercana para tratar de resolver sus problemas es simplemente demasiado como para considerarlo.
“Cuando lo fui a ver, él con algunos tragos encima, dijo: ‘¿Quizás debería inscribirme para ser un soldado por contrato?'”, dijo su hermana a la BBC.
“No lo dejaré ir y tiene miedo de dejarme porque sabe lo mucho que me preocupo por él. Pero quiere volver con sus compañeros, porque algunos se están muriendo y está preocupado por ellos. Está sufriendo por estar allí”.
Estos casos son sólo una pequeña fracción del elevado número que llega ahora a los tribunales.
Los registros oficiales muestran que en 2024, alrededor de 800 soldados fueron condenados cada mes por ausentarse sin permiso, no cumplir órdenes o desertar de sus unidades. Según Mediazona, esta cifra duplica la del año anterior y multiplica por más de 10 el número de condenas antes de la guerra.
No hay estadísticas oficiales sobre cuántos familiares han sido también condenados por ayudar a soldados que se han fugado.
*Información adicional de Olga Ivshina
Editora: Olga Shamina
Ilustraciones del equipo de periodismo visual ruso de la BBC
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