La primera infancia abarca hasta los 6 años de edad. Quienes convivimos con niñas y niños en esta etapa podemos notar que es un período crucial en la vida. Vemos el rápido aprendizaje de todo cuanto está a su alrededor, pero también vemos su vulnerabilidad, dependen de nosotros para estar bien. Esa relación de dependencia del entorno que los rodea pone a niñas y niños en una situación delicada porque sabemos que vivimos en un país donde no todos lograrán estar bien, ni en su primera infancia ni después.
A finales del año pasado, las noticias sobre la reducción de la pobreza en México generaron opiniones divididas. A primera vista, la disminución parece ser una victoria digna de celebración, pero una mirada más profunda revela que, pese a los avances, aún queda un largo camino por recorrer, especialmente cuando se trata de los derechos fundamentales de niñas y niños.
Según la definición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando cuenta con al menos una de las seis carencias sociales posibles: alimentación de calidad, rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad y acceso a servicios básicos de la vivienda y calidad y espacios de la vivienda, y los ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias, como comprar ropa o algunos servicios como internet. Esta situación se agrava cuando una persona se encuentra en pobreza extrema, puesto que ocurre cuando los ingresos no son suficientes ni siquiera para alimentarse y cuentan por lo menos con tres carencias de las seis.
Algunos de los datos que considero más relevantes relacionados con la situación de pobreza y pobreza extrema en niñas y niños en primera infancia son:
Desde el Pacto por la Primera Infancia diariamente luchamos por un futuro más justo y equitativo, pero el camino es complejo y está lleno de indiferencia; pese a ello, hemos logrado avances, consúltalos aquí. Es crucial movilizar a la sociedad y a los futuros líderes políticos hacia un compromiso real y tangible por mejorar las vidas de nuestras niñas y niños.
Les invitamos a exigir a las y los candidatos a puestos de elección popular que se comprometan a mejorar la vida de las niñas y niños a través de la Firma del Pacto por la Primera Infancia, que es un documento que busca cumplir 12 Metas, una de ellas relacionada con la reducción de la pobreza y pobreza extrema. Además, también asegura un seguimiento y apoyo a las acciones gubernamentales que beneficien directamente a la primera infancia por parte del Pacto.
La inversión en el bienestar de las niñas y niños no sólo es un acto de justicia, sino también la semilla para el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Únanse a este esfuerzo colectivo, porque cada paso que damos hacia la erradicación de la pobreza en la primera infancia es un paso hacia un México más justo y próspero.
Si quieres conocer más datos, te invito a consultar el estudio de pobreza en el micrositio.
* Ixchel Beltrán es Investigadora del Pacto por la Primera Infancia (@Pacto1aInfancia).
La ley aprobada en el Congreso, que será promulgada este viernes por el presidente, incluye cambios radicales en los impuestos, la seguridad social y más.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el extenso proyecto de ley de impuestos y gastos de Donald Trump, lo que representa una victoria significativa y reñida para el presidente y su agenda nacional.
Tras una ardua sesión en el Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 218 votos a favor y 214 en contra este jueves por la tarde. El martes, el proyecto fue aprobado en el Senado por un solo voto.
Trump había dado al Congreso, controlado por los republicanos, hasta el 4 de julio para enviarle la versión final del proyecto de ley y así promulgarlo, algo que hará este viernes en una ceremonia especial.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el proyecto de ley podría añadir US$3,3 billones al déficit federal en los próximos 10 años y dejar a millones de personas sin cobertura sanitaria, una previsión que la Casa Blanca cuestiona.
La legislación genera ahorros mediante recortes a las prestaciones publicas para alimentación y sanidad, y la reducción de las exenciones fiscales para proyectos de energía limpia.
Además, cumple dos de las principales promesas de campaña de Trump: hacer permanentes sus recortes de impuestos de 2017 y eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extras y los beneficiarios de la Seguridad Social, con un coste de US$4,5 billones en 10 años.
Se destinarán unos US$150.000 millones a seguridad fronteriza, centros de detención y agentes de inmigración. Otros US$150.000 millones se destinarán a gasto militar, incluyendo el programa de defensa antimisiles “cúpula dorada” del presidente.
Los demócratas, que habían recurrido a maniobras procesales para retrasar la votación en la Cámara de Representantes, criticaron duramente el proyecto de ley final.
Lo describieron como una medida que priva a millones de estadounidenses de la atención médica y los subsidios alimentarios, a la vez que otorgaba recortes de impuestos a los ricos.
A continuación, te presentamos algunos de los puntos clave de la polémica ley.
En su primer mandato, Trump firmó la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, que bajó los tributos a corporaciones y personas de la mayoría de los niveles de ingresos.
Trump había promocionado la ley como una norma que estimularía el crecimiento económico, pero expertos argumentan que ha beneficiado más a los estadounidenses adinerados.
Disposiciones clave de esa ley vencerán en diciembre, pero el extenso proyecto de ley presupuestaria votado este jueves hará que esas reducciones de impuestos sean permanentes.
Para ayudar a financiar los recortes de impuestos en otras áreas, los republicanos han añadido restricciones y requisitos adicionales a Medicaid, el programa de salud del que dependen millones de estadounidenses con discapacidades y bajos ingresos.
Los cambios a Medicaid, uno de los componentes más importantes del gasto federal, han sido una fuente importante de conflicto.
Uno de los cambios son los nuevos requisitos laborales para adultos sin hijos y sin discapacidades.
Para calificar, a partir de diciembre de 2026 deberán trabajar al menos 80 horas al mes.
Otro cambio propuesto al programa es exigir que la reinscripción a Medicaid pase de ser anual a semestral.
Los inscritos también tendrán que proporcionar verificaciones adicionales de ingresos y residencia.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que casi 12 millones de estadounidenses podrían perder su cobertura médica para finales de la próxima década como resultado de los cambios propuestos.
En la campaña electoral, Trump prometió eliminar los impuestos sobre las prestaciones del Seguro Social: pagos por jubilaciones o pensiones para personas con discapacidad.
El proyecto de ley no cumple esa promesa, pero sí aumenta temporalmente la deducción estándar hasta en US$6.000 anuales para algunas personas mayores de 65 años. Esta deducción estaría vigente entre 2025 y 2028.
No podrán beneficiarse las personas mayores con ingresos más bajos que ya no pagan impuestos sobre el Seguro Social, quienes optan por solicitar sus beneficios antes de cumplir los 65 años y quienes superan un umbral de ingresos definido.
También se han incorporado reformas al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), utilizado por más de 40 millones de estadounidenses de bajos ingresos.
El proyecto de ley exige que los estados contribuyan más al programa, que actualmente está financiado en su totalidad por el gobierno federal.
El gobierno seguirá financiando íntegramente las prestaciones para los estados con una tasa de error en los pagos inferior al 6%, pero los estados con tasas de error más altas asumirán entre el 5% y el 15% de los costos del programa.
El cambio entrará en vigor en 2028.
El proyecto de ley también añade requisitos de trabajo para los afiliados al programa SNAP sin discapacidades que no tengan dependientes.
La disposición de “sin impuestos sobre las propinas” del proyecto de ley fue una de las promesas de campaña de Trump.
La versión final del proyecto de ley permitirá a los trabajadores deducirse hasta US$25.000 en propinas y hasta US$12.500 (US$25.000 en el caso de una declaración conjunta) en horas extras, pero estas deducciones son temporales y terminan el 31 de diciembre de 2028.
Una de las divisiones más notables entre los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado era la propuesta del Senado de exenciones fiscales para energías limpias.
Aunque ambos pedían el fin de los créditos fiscales federales para energías limpias de la era Biden, los republicanos del Senado aprobaron una eliminación gradual.
Por ejemplo, el Senado ha ampliado el plazo para que las empresas que construyen parques eólicos y solares sigan beneficiándose de los créditos fiscales.
Sin embargo, tanto la versión de la Cámara baja como la del Senado buscaron denegar los créditos a empresas cuyas cadenas de suministro puedan tener vínculos con una “entidad extranjera preocupante”, como China.
Las empresas que comiencen la construcción este año podrían calificar para la exención fiscal completa. Esta se reduce al 60% si comienzan la construcción en 2026 y al 20% si comienzan en 2027. El crédito desaparecería en 2028.
Ahora que el proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, su siguiente paso es pasar por el despacho del presidente para su promulgación oficial.
La Casa Blanca afirma que el presidente Trump lo firmará en una ceremonia el 4 de julio a las 17:00 hora local (21:00 GMT).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó a la aprobación del proyecto de ley con un mensaje breve en redes sociales: “¡VICTORIA!”, escribió, junto a una imagen de la bandera estadounidense.
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