El derecho de acceso a la información y los órganos de control interno (parte 2)
En los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales se señala que, a diciembre de 2022, las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contaron con 1,122 órganos internos de control (OIC) u homólogos, es decir, un número diferente a los datos concentrados mencionados en la primera parte de este análisis.
Respecto de esos 1,122 OIC, el número de personas servidoras públicas adscritas para 2022 fue de 4,171, una disminución de 65.5 % respecto de 2020, cuando se reportaron 12,103. En el desglose que tiene que ver con la integración prevista por el Artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), se reportaron 1,576 personas servidoras públicas adscritas a las áreas de investigación en 2022 —frente a 4,377 en 2020—, 1,039 adscritas a las áreas de sustanciación (2022) —en oposición a 2,296 en 2020— y 900 adscritas a las áreas de resolución o sanción (2022) —ante 2,250 en 2020.
Como parte del ejercicio de la función de control interno, en 2022 se aplicaron 24,054 auditorías a los 2,469 gobiernos municipales mexicanos. Sin embargo, de ese total, sólo 3,443 fueron hechas por OIC; del resto, 15,902 por contraloría interna, 3,022 por entidad de fiscalización superior, 854 por Auditoría Superior de la Federación, 427 por secretaría de la contraloría estatal, 130 por Secretaría de la Función Pública y 276 por “otra autoridad”. Si se tiene en cuenta como referencia el número de 1,122 OIC municipales, se puede observar que estos hicieron, en promedio, 3.06 auditorías cada uno en el período anual de 2022, es decir, un resultado magro respecto del volumen de gasto público y mandatos que entrañan las administraciones municipales en conjunto.
Otro enfoque de análisis de los datos de auditorías a las administraciones municipales es el de su direccionamiento. Por ejemplo, de las 24,054 auditorías hechas en total, 18,769 se concentraron en instituciones de la administración pública. En este caso, una de las hipótesis posibles es que ese número se integró en gran medida por auditorías de cumplimiento financiero que, como se sabe, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “revisan que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto”. Es decir, no tienen que ver con la vigilancia del desempeño. Del resto de las auditorías, únicamente 3,118 fueron a obra pública y 1,348 a fondos y subsidios federales. Las 716 restantes se concentraron en “otros rubros”.
Acerca del ejercicio de la función de control interno en el ámbito estatal, los datos tampoco son halagüeños. Conforme al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, actualizado al 27 de noviembre de 2023, los gobiernos estatales tuvieron 906 OIC en 2022, una disminución de 4.6 % frente a los datos de 2021 (950). Esos OIC de las administraciones estatales tuvieron 4,217 personas servidoras públicas adscritas en 2022, 38.2 % menos que en 2021. Por lo que hace a la integración que establece la LGRA, en 2022 hubo: 2,230 personas servidoras públicas en áreas de investigación —contra 2,403 en 2021—, 707 en sustanciación —frente a 513 en 2021— y 583 en resolución o sanción —ante 364 de 2021.
En el caso del ámbito estatal, durante 2022 se hicieron 6,923 auditorías, lo que significó una disminución de 31.9 % respecto de 2021, en que se hicieron 10,159. De esas 6,923, 3,444 fueron hechas por los OIC, 1,128 por las secretarías de contraloría, 1,059 por la Auditoría Superior de la Federación, 1,016 por entidades de fiscalización superior, 145 por la Secretaría de la Función Pública y 131 por “otra autoridad”.
En términos de la función de control interno en el gobierno federal, el Censo Nacional de Gobierno Federal 2023, actualizado al 21 de marzo de 2024, señala que la Administración Pública Federal (APF) tuvo 206 OIC en 2022, es decir, una disminución de 3.7 % respecto de 2021. El número de personas servidoras públicas adscritas a los OIC disminuyó, frente a los datos de 2021, en 47 %. En relación con la integración de los OIC: 1723 personas en áreas de investigación (1738 en 2021), 1003 personas en áreas de sustanciación (785 en 2021) y 11 en resolución o sanción (frente a 523 en 2021).
Frente a los datos ofrecidos por los censos de gobierno, respecto de la función de control interno, es posible decir que las estructuras en esa materia no están a día de hoy en condiciones de cumplir a cabalidad con las obligaciones que ya tienen. Si tenemos en cuenta eso, la idea de que puedan hacerse cargo, además, de las atribuciones de los órganos garantes destruidos, no sólo es una ficción, también una broma de pésimo gusto. A menos, desde luego, que la intención sea hacer naufragar definitivamente la garantía de los derechos consagrados en el artículo 6 de la Constitución y ponerlos a dormir el sueño de los justos, igual que el derecho de petición del artículo 8 constitucional.
* Jaime Hernández Colorado (@jhcolorado) es director general de Nosotrxs.
Las decisiones que tomen Donald Trump y Xi Jinping tendrán fuertes repercusiones en la región, mientras los países latinoamericanos tendrán que lidiar con sus propios desafíos.
Los mayores socios comerciales de América Latina son Estados Unidos y China.
Por eso, las decisiones que se toman en Washington o Pekín tienen repercusiones a miles de kilómetros de distancia.
Este año, la mayor incertidumbre económica para Latinoamérica parece venir del lado estadounidense, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero.
¿Impondrá aranceles a los productos provenientes de México? ¿Comenzará una nueva guerra comercial con China? ¿Deportará a millones de inmigrantes indocumentados latinoamericanos? Esas son algunas de sus promesas, pero no está claro si efectivamente las implementará, ni cuál sería su alcance.
El otro gran factor de incertidumbre es qué pasará con la desaceleración de la economía china, uno de los mayores compradores de materias primas del mundo.
Y en el frente interno de cada país, hay también grandes incógnitas, como los resultados del experimento económico de Javier Milei en Argentina, o el rumbo que tomará en México el gobierno de Claudia Sheinbaum en su primer año en el poder.
Mientras las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a un moderado crecimiento del 2,5% para Latinoamérica en 2025, los datos indican que la inflación está bajando gradualmente en la región, desde los increíbles máximos que alcanzó después de la pandemia.
En cuanto a elecciones presidenciales, las grandes economías no van este nuevo año a las urnas, pero sí lo harán Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras, en comicios que vale tener en cuenta por su potencial efecto en las perspectivas económicas.
Aquí te presentamos 3 temas cruciales que van a marcar el escenario económico latinoamericano en 2025.
1. Las decisiones de Donald Trump
Una potencial guerra arancelaria impulsada por el presidente electo de EE.UU. es uno de los grandes temas que estarán en la agenda 2025.
Trump prometió a fines de noviembre que, a través de una orden ejecutiva, impondrá aranceles a los productos procedentes de Canadá, México y China en su primer día de mandato.
El impuesto arancelario sería de 10% para los productos chinos y de un gigantesco 25% para los productos mexicanos y canadienses, según sus declaraciones.
“¡Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales pongan fin a esta invasión de nuestro país!”, escribió Trump en la red Truth Social hace unas semanas.
Algunos economistas como Gerardo Esquivel, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creen que es muy difícil que ese anuncio se materialice.
“Es un llamado a iniciar una negociación con ventaja”, le dijo a BBC Mundo. Si aplicaran los aranceles, explica, habría efectos muy negativos para todas las economías involucradas.
Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, tampoco vislumbra una posible aplicación generalizada de aranceles para todos los productos mexicanos.
Si llega a concretarse, “serían aranceles en sectores muy específicos, estratégicos”.
Podrían incluir, por ejemplo, al acero y el aluminio, o a algunos productos agropecuarios, pero mientras no afecten a todos los productos, es poco probable que tengan un efecto negativo para la economía en su conjunto.
Lo que sí puede lograr Trump con el anuncio, agregó, es aumentar la presión sobre el gobierno mexicano y “conseguir concesiones” en temas como la renegociación del tratado comercial TMEC entre EE.UU., México y Canadá y las políticas migratorias.
Desde el punto de vista de las inversiones, mientras no se despejen las nubes sobre el asunto arancelario, es posible que algunos proyectos se vean afectados.
“La incertidumbre es un lastre para las decisiones de inversión”, dijo Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics, en diálogo con BBC Mundo.
Esa incertidumbre está haciendo que en la actualidad algunas empresas estadounidenses que tenían planes de invertir en México, los estén retrasando, agregó.
2. La incógnita de China
Otro asunto a tener en cuenta es la situación de la economía de China, especialmente porque el gigante asiático es el principal socio comercial de varios países sudamericanos.
China ha disminuido su históricamente rápido crecimiento y por ese motivo, los economistas hablan de una desaceleración.
Los consumidores chinos están comprando menos, importantes empresas han recortado salarios y contrataciones, el mercado inmobiliario continúa en una profunda crisis, y millones de egresados universitarios enfrentan grandes dificultades para acceder al mercado laboral.
¿Cómo le afecta esto a América Latina? Básicamente la región ha sido, y sigue siendo, una gran exportadora de materias primas a China.
Cuando en China hubo un boom inmobiliario y el país crecía a toda velocidad, su economía estaba hambrienta de soja, acero, cobre y muchas otras materias primas latinoamericanas.
Pero ahora, esa demanda ha bajado y sus efectos se han sentido en la región.
Sin embargo, algunos expertos creen que el gobierno de Xi Jinping tomará medidas en 2025.
“Nuestro equipo económico está esperando que Pekín haga un esfuerzo bastante grande para tratar de sostener el crecimiento a través de estímulos fiscales y monetarios”, señaló Felipe Hernández.
Es posible que el gobierno chino entregue subsidios a las empresas de manufactura y al sector de la construcción para que no se desplome, argumentó por su parte Domene.
Si lo hace, agregó “podría subir artificialmente esa demanda, incluso en el caso de una guerra comercial con Estados Unidos”.
Si Washington y Pekín se enfrascan en una guerra comercial, podría ocurrir una especie de efecto cascada, o efecto contagio hacia latinoamérica, advierten algunos analistas, por la fuerte conexión comercial entre la región y esos dos países.
3. Los desafíos internos de las mayores economías de la región
Latinoamérica tiene el desafío económico de aumentar su crecimiento.
En una región con altos niveles de pobreza y desigualdad, y donde la mitad de las personas trabaja en el mercado informal, es decir, tiene trabajos esporádicos, sin contrato, y sin ninguna protección social, el crecimiento económico -inclusivo y sostenible- es considerado un elemento clave
Muchos expertos consideran que un crecimiento cercano al 2,4% o al 2,5% este año no será suficiente para las necesidades que tiene la región.
Con esa estimación en la mira, persistirá “el bajo ritmo de creación de empleo, la elevada informalidad y las significativas brechas de género en los mercados laborales de la región”, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, en su Informe Preliminar de las Economías publicado en diciembre.
Por el lado de la política monetaria, los bancos centrales latinoamericanos han estado avanzando progresivamente en bajar las tasas de interés para que el costo de pedir dinero prestado no sea tan alto.
Así, con tasas más bajas, las empresas se animan a pedir créditos bancarios para financiar nuevos proyectos de inversión y la gente se anima a endeudarse para comprar, por ejemplo, una casa.
El otro gran tema, además de tener empleo, es la inflación, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.
Sobre este asunto, los expertos creen que en América Latina la inflación seguirá bajando.
“Como estamos anticipando debilidad en el crecimiento y la demanda interna, no vemos muchas presiones por el lado de los precios. Eso ayudará a que la inflación siga disminuyendo”, dijo Hernández.
Los bancos centrales han estado luchando por controlar el brote inflacionario que recorrió el mundo después de la pandemia. Al principio subieron las tasas a toda velocidad y luego entraron en un ciclo restrictivo.
Y, aunque actualmente el costo del crédito ha bajado, las tasas aún siguen por encima de un nivel considerado como “deseable” en muchas de las economías latinoamericanas.
“La inflación está regresando a niveles controlados, aunque todo el mundo dice que las cosas siguen estando muy caras. No es que las cosas no estén caras. Lo que pasa es que la velocidad con que habían aumentado en los últimos años ha descendido de forma notable”, explicó Domene.
Es que tras alcanzar en 2022 un máximo del 8,2% en la región, ahora se acerca a una mediana de 3,4% en 2024, según la Cepal, una disminución que debería continuar el 2025.
Sin embargo, el riesgo inflacionario podría venir principalmente por el lado del tipo de cambio, apuntó Hernández, ya que las monedas regionales pueden depreciarse frente al dólar en 2025, lo cual encarecería los productos importados.
Uno de los grandes problemas que enfrentarán las economías latinoamericanas el próximo año es la falta de recaudación para las arcas fiscales, especialmente en países como Colombia o México.
Para hacer frente a este problema, tanto Sheinbaum en México, como Lula da Silva en Brasil, tienen en sus planes un ajuste fiscal para tratar de evitar un mayor deterioro de las cuentas públicas y frenar el endeudamiento.
Con poco dinero en las arcas públicas y un alto nivel de deuda, será probablemente difícil para los gobiernos regionales navegar las presiones políticas para que aumenten el gasto público y respondan a las demandas sociales de millones de personas que no han logrado salir de la pobreza.
Pese a todo, y aunque los coletazos que dejó la pandemia siguen presentes, 2025 no se ve tan complicado como los años anteriores.
Aunque lo que haga el nuevo gobierno de Estados Unidos tendrá efectos directos tanto en México como en el resto de la región.
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