México padece graves problemas que ponen en alto riesgo el desarrollo socioeconómico del país y el futuro de las próximas generaciones. La instrumentación de políticas públicas erróneas y deshilvanadas, así como la inacción del gobierno en distintos ámbitos, han dado lugar a un escenario caracterizado por niveles de violencia e inseguridad que no se habían visto desde la Revolución Mexicana; desmantelamiento y deterioro de los sistemas de salud; persistencia de una educación de muy baja calidad; priorización del gasto público en programas -muchos de ellos de carácter clientelar-, en apoyos que no tienen una fuente propia de fondeo, como la pensión a adultos mayores, y en proyectos de inversión sin contar con un diagnóstico y sustento técnico sólido, que ha dado lugar a un desperdicio enorme de recursos fiscales y un déficit y deuda pública crecientes.
En adición a ello, México continúa exhibiendo tasas de crecimiento económico sumamente precarias (2.5 % en promedio en los últimos 30 años), lo que obstaculiza el objetivo de lograr mayores niveles de bienestar de la población. Si bien las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que en 2022 hubo una reducción de la pobreza, en gran medida esto se debe a las transferencias a grupos vulnerables que saca a una parte importante de la población de la línea de pobreza; sin embargo, el número de carencias sociales 1 ha aumentado 2 y, por tanto, las oportunidades de movilidad social. 3
Quisiera destacar cuáles son, en mi opinión, los cuatro grandes problemas que inciden directamente en la situación económica de México:
1. Ausencia de Estado de derecho. 4 Además de los niveles de inseguridad y crímenes de alto impacto que ponen en evidencia la debilidad del marco institucional, el gobierno actual ha intentado eliminar instituciones que representan contrapesos del poder; destacan las constantes descalificaciones al Poder Judicial y a los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA’s), tales como el INE, INAI, Cofece, etc. Las iniciativas que el presidente envío al Congreso el 5 de febrero pasado es una prueba de la búsqueda del poder absoluto, entre ellas: someter a elección popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); reducir el número de diputados federales de 500 a 300, a fin de eliminar a los diputados de representación proporcional, y la extinción de OCA’s.
Estudios empíricos muestran que existe una correlación muy alta entre PIB per-cápita e Índice de Desarrollo Humano con Estado de derecho. 5
2. Desequilibrio de las finanzas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2024, el déficit público representará 5 % del PIB y el saldo de la deuda pública alrededor de 50 %. El gasto no programable, en el que el gobierno federal no tiene margen de maniobra (participaciones a los estados, adeudos fiscales de años anteriores y el gasto en intereses) es de aproximadamente 28 % del gasto total; a esta cifra habría que agregar el gasto comprometido o ineludible, por concepto de transferencias a grupos vulnerables, entre estos, adultos mayores; apoyos a Pemex, sin que exista un plan de negocios que revierta su quiebra técnica; apoyos a CFE y empresas del Estado que no son ni serán rentables, entre ellas la refinería de Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya. Sin contar el gasto para sostener a las últimas tres empresas, el gasto no programable, más el ineludible ascendería a cerca de 60 % del gasto total, lo que deja con un margen de maniobra muy escaso para contingencias o ajustes que sean necesarios
Por otra parte, el rezago en la atención a los sectores como salud y educación, que se ha magnificado en la administración actual, exigirá en los próximos años una gran cantidad de recursos que, indefectiblemente, requerirá una reforma fiscal que, entre otras modalidades, incorpore a la economía informal.
3. Precariedad fiscal. Esta necesidad de obtener mayores ingresos fiscales se ubica en un contexto de enorme desconfianza en los tres niveles de gobierno con respecto a las decisiones sobre el gasto público y su destino. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado por la ilegalidad en la asignación de contratos, sin licitación pública, tal como obliga la ley en ciertos casos, y a la ausencia deliberada de información.
Si bien es urgente una reforma fiscal, considero que no debería proponerse al Congreso en tanto no exista un auténtico sistema de información y rendición de cuentas, con un seguimiento y evaluación por parte de organizaciones de la sociedad civil, que den fe del buen uso de recursos públicos. Mientras no exista dicho sistema, las personas no tendrán incentivo alguno para pagar impuestos, Asimismo, es indispensable que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda informe desde un inicio los criterios, parámetros y supuestos para la valuación de proyectos de inversión, y que en esta valuación también participe la sociedad civil.
4. Degradación del servicio público. México requiere funcionarios de gran capacidad y experiencia en las distintas áreas de la administración pública; más ahora, dada la gran complejidad de los problemas económicos, sociales y políticos, y el rezago en la atención de asuntos de enorme relevancia como, por ejemplo, la inversión en infraestructura hídrica. Sin embargo, se ha dado prioridad a gente sin experiencia y sin pericia que esté a la altura de los retos que México enfrenta.
* Sergio Fadl Kuri es profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Experto México, ¿cómo vamos?. Tiene amplia experiencia en el sector público, la banca de desarrollo y la administración de riesgos.
1 De acuerdo con la metodología del Coneval, las carencias sociales son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
2 La población con al menos una carencia social pasó de 84.6 millones de personas en 2018 a 84.7 millones en 2022, mientras que la población con al menos tres carencias aumentó de 25 millones de personas a 32.1.
3 La movilidad se da si las personas mejoran o empeoran su posición socioeconómica con respecto a la de su hogar de origen.
4 De acuerdo con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el Estado de derecho es “Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.”
5 Ver, por ejemplo, a Robert Barro, Determinants of economic growth: a cross-country empirical study, NBER working paper, agosto, 1996.
El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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