Problemas y retos de México en el mediano y largo plazo
México padece graves problemas que ponen en alto riesgo el desarrollo socioeconómico del país y el futuro de las próximas generaciones. La instrumentación de políticas públicas erróneas y deshilvanadas, así como la inacción del gobierno en distintos ámbitos, han dado lugar a un escenario caracterizado por niveles de violencia e inseguridad que no se habían visto desde la Revolución Mexicana; desmantelamiento y deterioro de los sistemas de salud; persistencia de una educación de muy baja calidad; priorización del gasto público en programas -muchos de ellos de carácter clientelar-, en apoyos que no tienen una fuente propia de fondeo, como la pensión a adultos mayores, y en proyectos de inversión sin contar con un diagnóstico y sustento técnico sólido, que ha dado lugar a un desperdicio enorme de recursos fiscales y un déficit y deuda pública crecientes.
En adición a ello, México continúa exhibiendo tasas de crecimiento económico sumamente precarias (2.5 % en promedio en los últimos 30 años), lo que obstaculiza el objetivo de lograr mayores niveles de bienestar de la población. Si bien las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que en 2022 hubo una reducción de la pobreza, en gran medida esto se debe a las transferencias a grupos vulnerables que saca a una parte importante de la población de la línea de pobreza; sin embargo, el número de carencias sociales 1 ha aumentado 2 y, por tanto, las oportunidades de movilidad social. 3
Quisiera destacar cuáles son, en mi opinión, los cuatro grandes problemas que inciden directamente en la situación económica de México:
1. Ausencia de Estado de derecho. 4 Además de los niveles de inseguridad y crímenes de alto impacto que ponen en evidencia la debilidad del marco institucional, el gobierno actual ha intentado eliminar instituciones que representan contrapesos del poder; destacan las constantes descalificaciones al Poder Judicial y a los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA’s), tales como el INE, INAI, Cofece, etc. Las iniciativas que el presidente envío al Congreso el 5 de febrero pasado es una prueba de la búsqueda del poder absoluto, entre ellas: someter a elección popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); reducir el número de diputados federales de 500 a 300, a fin de eliminar a los diputados de representación proporcional, y la extinción de OCA’s.
Estudios empíricos muestran que existe una correlación muy alta entre PIB per-cápita e Índice de Desarrollo Humano con Estado de derecho. 5
2. Desequilibrio de las finanzas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2024, el déficit público representará 5 % del PIB y el saldo de la deuda pública alrededor de 50 %. El gasto no programable, en el que el gobierno federal no tiene margen de maniobra (participaciones a los estados, adeudos fiscales de años anteriores y el gasto en intereses) es de aproximadamente 28 % del gasto total; a esta cifra habría que agregar el gasto comprometido o ineludible, por concepto de transferencias a grupos vulnerables, entre estos, adultos mayores; apoyos a Pemex, sin que exista un plan de negocios que revierta su quiebra técnica; apoyos a CFE y empresas del Estado que no son ni serán rentables, entre ellas la refinería de Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya. Sin contar el gasto para sostener a las últimas tres empresas, el gasto no programable, más el ineludible ascendería a cerca de 60 % del gasto total, lo que deja con un margen de maniobra muy escaso para contingencias o ajustes que sean necesarios
Por otra parte, el rezago en la atención a los sectores como salud y educación, que se ha magnificado en la administración actual, exigirá en los próximos años una gran cantidad de recursos que, indefectiblemente, requerirá una reforma fiscal que, entre otras modalidades, incorpore a la economía informal.
3. Precariedad fiscal. Esta necesidad de obtener mayores ingresos fiscales se ubica en un contexto de enorme desconfianza en los tres niveles de gobierno con respecto a las decisiones sobre el gasto público y su destino. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado por la ilegalidad en la asignación de contratos, sin licitación pública, tal como obliga la ley en ciertos casos, y a la ausencia deliberada de información.
Si bien es urgente una reforma fiscal, considero que no debería proponerse al Congreso en tanto no exista un auténtico sistema de información y rendición de cuentas, con un seguimiento y evaluación por parte de organizaciones de la sociedad civil, que den fe del buen uso de recursos públicos. Mientras no exista dicho sistema, las personas no tendrán incentivo alguno para pagar impuestos, Asimismo, es indispensable que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda informe desde un inicio los criterios, parámetros y supuestos para la valuación de proyectos de inversión, y que en esta valuación también participe la sociedad civil.
4. Degradación del servicio público. México requiere funcionarios de gran capacidad y experiencia en las distintas áreas de la administración pública; más ahora, dada la gran complejidad de los problemas económicos, sociales y políticos, y el rezago en la atención de asuntos de enorme relevancia como, por ejemplo, la inversión en infraestructura hídrica. Sin embargo, se ha dado prioridad a gente sin experiencia y sin pericia que esté a la altura de los retos que México enfrenta.
* Sergio Fadl Kuri es profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Experto México, ¿cómo vamos?. Tiene amplia experiencia en el sector público, la banca de desarrollo y la administración de riesgos.
1 De acuerdo con la metodología del Coneval, las carencias sociales son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
2 La población con al menos una carencia social pasó de 84.6 millones de personas en 2018 a 84.7 millones en 2022, mientras que la población con al menos tres carencias aumentó de 25 millones de personas a 32.1.
3 La movilidad se da si las personas mejoran o empeoran su posición socioeconómica con respecto a la de su hogar de origen.
4 De acuerdo con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el Estado de derecho es “Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.”
5 Ver, por ejemplo, a Robert Barro, Determinants of economic growth: a cross-country empirical study, NBER working paper, agosto, 1996.
Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
- “Es muy duro saber que corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”: el migrante que huyó del Tren de Aragua y busca protección en EE.UU.
- “Estoy pensando en irme de EE.UU.”: la desesperanza de los migrantes que llegaron legalmente al país ante las restricciones impuestas ahora por Trump
- Los mapas que muestran en qué países de América Latina están los migrantes venezolanos, el mayor éxodo de la historia de la región
