Pemex: retos y oportunidades del nuevo plan de hidrocarburos
Los datos
Mucho se ha argüido y discutido sobre lo que significa Pemex para las finanzas públicas. Hay más interrogantes que certezas, pues a pesar de que la petrolera está sujeta en un nuevo marco normativo, no pareciera solucionar la problemática de fondo.
Los resultados del 2024 fueron negativos, y nuevamente fue evidente la delicada situación de Pemex. En el cuarto trimestre del año registró una pérdida neta por 191 mil millones de pesos, mientras que para el año completo la pérdida neta fue por un monto de 621 mil millones de pesos, representando el 1.8 % del PIB, y resulta ser la mayor pérdida en una década, incluyendo 2020, año atípico por la pandemia y el cierre de las actividades económicas.
La compleja situación operativa se observa en todos los renglones empezando por la producción; el gobierno no ha logrado estabilizarla, pues los hidrocarburos líquidos (que incluye producción de crudo como condensados) se ubicaron en 1.68 millones de barriles diarios, lo que representa una caída de 10.0 % respecto al cuarto trimestre de 2023. Para el año completo la producción ascendió a 1.77 millones de barriles diarios, mostrando una reducción del 6.2 % y muy lejos de los objetivos delineados en el 2018 con el plan de rescate de Pemex, que estimaba un incremento en la producción de 2.69 millones de barriles diarios. La caída en la producción deja en evidencia la falta de inversión y el revés que ha significado el cambio de estrategia en materia energética.
El error: refinación
Desde hace varios años el viraje sobre el destino de la petrolera ha resultado en un deterioro constante de los resultados operativos. Por segmentos, en Exploración y Producción (E&P), que había sido el segmento rentable y generador de utilidades, perdió 37 mil millones de pesos en el 2024 ante los menores precios, la reducción en producción y la caída en las ventas de exportación. Pero la verdadera problemática reside en Transformación Industrial (TI), segmento que demuestra la quema constante de flujo de efectivo, pues al cierre del 2024 arrojaba una pérdida bruta de 215 mil millones de pesos y a nivel neto una pérdida de 585 millones de pesos. Para ser más claros lo que significan estos números, a Pemex refinación (TI) le cuestan más los insumos que usa para producir gasolinas que el precio al que las vende.
Estos resultados muestran que la ideología sobre la soberanía energética es una falacia, y una enorme oportunidad de darle reversa al destino de lo que Pemex explota y dedica a la demanda interna. Para dejar de perder dinero hay que dejar de refinar.
La deuda y la abultada carga de proveedores
La deuda total de Pemex cerró al cuarto trimestre de 2024 en 2 mil millones de pesos o 100 mil millones de dólares, representando el 5.8 % del PIB. El saldo con proveedores ascendió a la friolera de 24 mil millones de dólares, que comparado con el registro que se tenía en el 2018 se multiplicó por tres veces. Pareciera que en los últimos años Pemex modificó su estructura financiera de financiar sus operaciones con el mercado (porque le resulta sumamente oneroso) a hacerlo a través de sus proveedores.
El panorama y la situación de Pemex es sumamente complejo a nivel financiero. En ese sentido, vale la pena revisar los apoyos del gobierno federal, la estrategia operativa de la empresa y los cambios en las leyes y regulaciones.
En 2025, en el presupuesto de Egresos de la Federación se prevén aportaciones por 136 mil millones de pesos para la amortización de deuda, a un tipo de cambio de 20.5 pesos por dólar, que representan 6.6 mil millones de dólares, nivel suficiente para cubrir vencimientos, aunque deja clara la enorme dependencia de la administración pública para poder mantener a Pemex a flote.
El plan 2025-2030
Recientemente se modificó el marco normativo de la petrolera y la definición de ser una empresa productiva del Estado, cuyo objetivo también incluía generar utilidades, a ser una empresa pública del Estado, cuya finalidad no es ganar dinero y que no es considerada un monopolio. Lo que habla más explícitamente del apoyo que continuará necesitando del gobierno al no perseguir fines económicos.
Sin embargo, pareciera que, aunque de manera muy discreta, hay una prelación de la lógica económica sobre los ideales políticos, pues se percibe un ligero cambio en la política energética. Esta administración reconoce la imperiosa necesidad de capital (recursos), mientras que el erario público se comprometió a lograr la consolidación fiscal. En ese tenor resulta indispensable convencer a los privados de invertir en la petrolera. La nueva legislación propone abrir la puerta al capital privado en inversiones mixtas o designaciones directas a través de tres figuras: asignaciones para desarrollo propio, las asignaciones para desarrollo mixto y los contratos para la exploración y extracción. Sin embargo, el enorme reto reside en incentivar a la inversión privada de la mano con el Estado, con un socio estratégico como Pemex, y demostrar que es un socio confiable para atraer inversiones, aunque tiene una vulnerabilidad considerable. Hoy más que nunca se vuelve fundamental la participación de la inversión privada para lograr los objetivos de producción de Pemex.
En términos de carga tributaria, se estableció un nuevo derecho diseñado como regalía sin posibilidad de deducciones, que reemplaza a los tres derechos anteriores: derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho por utilidad compartida, los cuales se consolidan en el derecho petrolero para el bienestar, con tasas del 30 % para hidrocarburos y 11 % para gas natural no asociado, con una fórmula que varía en función del precio.
Pemex sigue atrapado en una problemática estructural compleja, por la enorme ineficiencia operativa y el elevado endeudamiento. Posiblemente a la vuelta del tiempo se permita más abiertamente la inversión privada en el sector energético y que sea algo más que un viraje discreto de esta administración.
* Alejandra Marcos Iza (@alemarcosi) es Directora de Análisis y Estrategia de Intercam Grupo Financiero, Embajadora y miembro de la mesa directiva de Mujeres en Finanzas (MEF) y experta México, ¿cómo vamos?
El departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
“Estados Unidos no ha estado educando bien a sus alumnos desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe que esto es lo correcto”.
Con estas palabras se refería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su decisión de desmantelar el Departamento de Educación, algo que hace mucho tiempo están pidiendo los conservadores.
El mandatario estadounidense firmó este jueves la orden ejecutiva con la que se pone en marcha el proceso de eliminación de esta agencia.
“El cierre ocurrirá lo más rápido posible”, dijo Trump durante la firma, afirmando que Estados Unidos “gasta mucho más dinero en educación que cualquier otro país”, pero está “casi al final de la lista en términos de éxito”.
La eliminación total del Departamento de Educación requiere de la aprobación del Congreso.
Desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Educación ya anunció planes para recortar aproximadamente la mitad de su personal.
Fundado en 1979, este departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
Trump y sus aliados acusan a la agencia de adoctrinar a los jóvenes con material racial, sexual y político.
Cuál es su función
Un error común es creer que el Departamento de Educación opera las escuelas estadounidenses y establece los planes de estudio. En verdad, esa responsabilidad recae en los estados y en los distritos locales.
La agencia lo que hace es supervisar los programas de préstamos estudiantiles y administrar las becas Pell, que ayudan a estudiantes de bajos recursos a acceder a la universidad.
También ayuda a financiar programas de apoyo a estudiantes con discapacidades y a estudiantes que viven en la pobreza.
Además, el departamento hace cumplir las leyes vinculadas a la protección de los derechos civiles diseñadas para evitar la discriminación por motivos de raza o sexo en las escuelas financiadas con fondos federales.
De cuánto es su presupuesto
El presupuesto asignado al departamento fue de US$238.000 millones en el año fiscal 2024, lo que representa menos del 2% del presupuesto federal total.
La agencia cuenta con unos 4.400 empleados, la menor cantidad de cualquier departamento con rango de ministerio.
La mayor parte de la financiación pública para las escuelas estadounidenses proviene de los gobiernos estatales y locales.
En 2024, Education Data Initiative estimó que Estados Unidos invirtió un total de poco más de US$857.000 millones en educación primaria y secundaria, lo que equivale a US$17.280 por alumno.
Las opciones de Trump
Por sí solo, Trump no puede cerrar totalmente el departamento.
El presidente no solo necesita la aprobación del Congreso para deshacerse del departamento, sino que posiblemente necesite una mayoría especial en el Senado de 60 de los 100 senadores.
Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, por lo que necesitan que al menos siete demócratas voten a favor de la abolición de la agencia, una apuesta políticamente improbable.
Incluso en la Cámara de Representantes, Trump podría tener dificultades para conseguir el apoyo necesario.
En una votación el año pasado para abolir el Departamento de Educación, que fue adjunta como enmienda a otro proyecto de ley, la decisión no se adoptó porque 60 republicanos se unieron a todos los demócratas de la Cámara para votar en contra.
Trump ha tomado medidas para reducir otros departamentos gubernamentales en las últimas semanas, a pesar de las dudas sobre la legalidad de dichas medidas.
Un borrador de la orden de Trump para desmantelar el Departamento de Educación, obtenido el mes pasado por The Washington Post, reconocía que solo el Congreso puede deshacerse de la agencia por completo, pero la orden ejecutiva firmada este jueves pone en marcha su reducción gradual.
Los empleados de Educación se encuentran entre aquellos que están en el foco de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir la fuerza laboral federal.
Qué pasa con los préstamos
El Departamento de Educación supervisa una enorme cartera de préstamos a estudiantes universitarios, que según Trump se transferirá a otra agencia gubernamental.
“No creo que el Departamento de Educación deba gestionar los préstamos. No les incumbe”, exlamó Trump.
Los expertos afirman que lo más probable es que la cartera -que incluye más de US$1,5 billones en préstamos obtenidos por más de 40 millones de estadounidenses- se transfiera al Tesoro de Estados Unidos.
Un informe de la Casa Blanca indica que le corresponde a la secretaria de Educación, Linda McMahon, garantizar la “prestación ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.
Pase lo que pase, los prestatarios seguirán teniendo que devolver los préstamos.
Las sentencias judiciales y las políticas de Trump han revertido algunos cambios que el expresidente Joe Biden intentó implementar para reducir los costos de los préstamos y perdonar algunas deudas.
Por qué los republicanos quieren abolirlo
La idea de eliminar el Departamento de Educación ha sido planteada por los republicanos casi desde su existencia.
Durante la campaña presidencial de 1980, Ronald Reagan presionó para su desmantelamiento.
Históricamente, los republicanos se han opuesto a la centralización de la política educativa, creyendo que es mejor dejarla en manos de cada estado y cada ciudad.
Más recientemente, han acusado al Departamento de Educación de imponer a los niños lo que describen como una ideología política woke, incluyendo cuestiones de género y raza.
Los aliados de Trump también quieren ampliar la opción escolar, lo que permitiría a los estudiantes y a las familias utilizar fondos públicos para elegir alternativas privadas o religiosas a las escuelas públicas.
Los conservadores argumentan que las funciones del Departamento de Educación deberían estar a cargo de otras agencias.
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