A unos días de que el Poder Ejecutivo presente el paquete económico para el 2024, vale la pena analizar en qué contexto se aplicarán las últimas medidas de política fiscal y si existe margen para su aplicación. Después de un sexenio lleno de controversias por diferentes temas ligados a la coyuntura política, el último presupuesto de este gobierno es un punto clave para evaluar el estado de las finanzas públicas y del crecimiento económico en México.
Desde el inicio de este sexenio se ha debatido sobre el motivo de las políticas de austeridad y, en general, sobre si los efectos de estas acciones beneficiaron o perjudicaron a la economía mexicana, en particular durante la pandemia de Covid-19. Para muchas voces, México contaba con capacidad para incrementar su deuda pública, pero el gobierno federal optó, a lo largo de todo el sexenio, por mantener su deuda en un nivel cercano al que la anterior administración dejó (alrededor del 50 % respecto al PIB). De esta forma, el gobierno tuvo que buscar ingresos sin aumentar impuestos y sin endeudarse más.
Aunado a lo anterior, es necesario cuestionarnos si los resultados de las políticas económicas de este gobierno dejaron un margen favorable para la siguiente administración o si, por el contrario, seguimos requiriendo una reforma fiscal que genere mayor seguridad sobre el presupuesto público, tanto en la generación de ingresos como en la forma en que se gasta.
Las formas de medir el estado de las finanzas públicas en México pueden variar dependiendo de los parámetros que se ponderen. No obstante, tomando en consideración distintos criterios tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, es posible generar un índice que nos hable de la capacidad con la que hoy en día cuenta el gobierno para aumentar su deuda pública. Este indicador es interesante, pues nos habla no solo del balance público (ingresos menos egresos), sino también de la perspectiva que los inversionistas (públicos y privados) tienen sobre el país.
Nota: el índice muestra el nivel relativo de la capacidad fiscal para contratar deuda a través de los últimos 20 años. Un mayor nivel en el índice implica una mayor capacidad, mientras que un menor índice implica una reducción de ésta. 1
Tal y como se puede observar, el índice en cuestión tiende a subir cuando el gobierno presenta balances públicos sanos (2005-2007, 2017-2018) y a disminuir cuando hay periodos en los que el gasto público se ve comprometido por crisis (2008, 2020) o por etapas en las que se priorizan proyectos estructurales del Estado (2013-2015). Asimismo, vale la pena señalar que este índice es sensible a las condiciones macroeconómicas del entorno internacional, es decir, al tipo de cambio, a la subida de tasas de interés y a las primas de riesgo, que de diferentes formas afectan la capacidad de contraer obligaciones (deuda) para un país.
De acuerdo con lo que este índice nos sugiere, la capacidad fiscal para contraer deuda pública en México ha venido disminuyendo desde el 2008. Esta caída se logró detener en el 2016 y, posteriormente, podríamos decir que ese nivel se ha mantenido constante, sin contar la contracción que la pandemia provocó. Este hecho es interesante pues, a pesar de las políticas de austeridad, la capacidad fiscal de México mantuvo un nivel similar al que dejó la administración anterior, por lo que es factible señalar que, si bien el no aumentar la deuda pública mantuvo estable este nivel, las medidas del gobierno no han generado una mejora.
En retrospectiva, se podría señalar que, dado el contexto vivido, mantener ese nivel es ya un logro, pero un análisis más profundo nos debería preocupar, pues las políticas de este gobierno han generado un recorte en áreas estratégicas y la visión de esta administración ha dejado a un lado la necesidad de preocuparse por los escenarios menos favorables en un futuro (lejano o cercano). Aquí es donde nace la relevancia de la capacidad de endeudamiento para el país, pues en un escenario adverso, los fondos destinados a desastres (naturales o humanos) deberán ser compensados de alguna u otra manera. Incluso si México sigue contando con la suerte de las circunstancias, este indicador debería ser evaluado por las posibles candidatas y el posible candidato a la presidencia, pues si bien parece que este sexenio dejó el mismo piso fiscal con el que inició, la realidad es que ese piso hoy es más frágil.
De acuerdo con los pre-criterios del Paquete Económico para el 2024, el gobierno federal mantendrá su política económica de forma consistente respecto a los años anteriores. Es decir, los principales proyectos que el gobierno financiará se centrarán en rubros de infraestructura (como el tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec) y programas sociales. No obstante, en este mismo documento el gobierno federal estima que el gasto programable se reduzca en 249 mil 353 millones de pesos respecto al aprobado para el 2023 (poco menos de 5 por ciento). Lo anterior en función de que el gobierno federal está previendo un superávit primario del 0.7 % del PIB impulsado por el aumento de los ingresos tributarios, aún con estimaciones a la baja en los ingresos petroleros por un impacto tanto en el tipo de cambio como en los precios del crudo y del gas.
Conforme a la coyuntura política que nos espera el siguiente año, el detalle del gasto en programas sociales seguramente será criticado o usado en favor de diferentes campañas electorales. Pero, para el análisis macroeconómico, las lecciones que nos ha dejado la evolución del índice mostrado a lo largo de los últimos 20 años nos dicen que es necesario contar con un mecanismo para amortiguar choques inesperados en la economía (según reportes del gobierno federal, el país cuenta con amortiguadores financieros equivalentes al 3.8 % del PIB; sin embargo, no se brinda un mayor detalle), más aún cuando se tiene un periodo expansivo de gasto en materia de seguridad social. Esto debido a que dichos programas son altamente rígidos, es decir, no es fácil recortar tales presupuestos, pues ello involucraría un alto costo social y político.
Desde esta perspectiva, vale la pena preguntarnos si la política de austeridad cumplió su objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica de México, y si es así, ¿a qué costo?
La siguiente administración deberá contemplar un proyecto que involucre un aumento tanto del espacio fiscal (entendido como los recursos disponibles del gobierno sin incurrir en un mayor endeudamiento), como en su capacidad de endeudamiento. Para el primer punto, será importante preguntarnos cuáles programas son cruciales para el funcionamiento del país en todos los posibles escenarios, y, para el segundo, contar con un programa de amortiguadores financieros que permitan al gobierno seguir financiando el gasto en programas sociales sin tener que recurrir a una mayor política de austeridad o a un aumento en la deuda pública para sostener estos compromisos.
Estas medidas apuntan y exigen a una reforma fiscal completa que tenga por objetivo no solo aumentar los ingresos del Estado, sino también optimizar los egresos y, ahora más que nunca, asegurar los compromisos sociales que el gobierno ha concretado con la población en el corto y mediano plazo.
* Rodrigo Núñez Sánchez (@RgoNunez) es Lic. en Economía por el ITAM y Lic. en Derecho por la UNAM. Actualmente se desempeña como consultor de datos y tecnología y es profesor de Economía en el ITAM.
1 Para el cálculo de este índice se utilizó una metodología de Análisis de Componentes Principales con variables de sostenibilidad de la deuda pública y privada, balance público y crecimiento económico. El detalle de este cálculo puede ser compartido por el autor escribiéndole a su correo: [email protected]
5 preguntas para consultar a los venezolanos si respaldan la reclamación de un enorme territorio en disputa con otro país.
Eso planteó el gobierno de Venezuela este domingo 3 de diciembre al convocar un referendo sobre el futuro del Esequibo, un territorio controlado por Guyana pero que Caracas considera como suyo.
Los venezolanos aprobaron las propuestas del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen la creación del estado Guayana Esequiba como parte del territorio venezolano, además de un plan para otorgarles la ciudadanía venezolana a sus habitantes.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que se computaron 10.554.320 votos, sin aclarar si corresponden al mismo número de votantes o se contaron 5 votos por elector en referencia a las 5 diferentes preguntas.
Todas las cuestiones planteadas recibieron un respaldo de más del 95%, según el CNE.
“Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba”, afirmó Maduro tras la jornada electoral.
“El pueblo venezolano ha hablado alto y claro y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela sin discriminación”, añadió.
Pero mientras el gobierno de Maduro celebraba lo que consideró como una “victoria nacional”, Guyana, que ha asegurado que no tiene nada que discutir sobre la soberanía del Esequibo, les ha pedido a sus ciudadanos que no se dejen “infundir miedo” por los eventos en el vecino país.
El presidente de Guyana, Irfaan Alí, aseguró el domingo en un evento con música y bailes en el Estadio de Providencia, al sur de la capital, Georgetown, que su país no sería “pisoteado”.
“Tengo un mensaje para el presidente Maduro y el vicepresidente, nada de lo que digan, ninguna cantidad de propaganda o mentiras generará miedo en mi corazón o en el corazón de cualquier guyanés”, declaró.
El pasado viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Venezuela “abstenerse de cualquier acción que altere la situación que prevalece en el territorio en disputa”, aunque no prohibió la realización del referendo, tal y como solicitaba Guyana.
Mientras los venezolanos aprobaron una consulta que Guyana ha denunciado como una amenaza existencial, te resumimos la disputa que enfrenta a ambos países sudamericanos y explicamos por qué es controvertido el referendo.
El Esequibo -también conocido como la Guayana Esequiba- es un territorio al oeste del río Esequibo, en el norte de Sudamérica, que comprende 159.500 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales.
Alberga seis de las diez regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, así como un tercio de sus 800.000 habitantes.
“El Esequibo es un territorio tres veces más grande que Costa Rica, donde viven casi 300.000 personas”, le dice a BBC Mundo el geógrafo guyanés Temitope Oyedotun, profesor de la Universidad de Guyana.
El Esequibo se encuentra en pleno corazón del Escudo Guayanés, una región geográfica al noreste de América del Sur que, además de ser una de las formaciones más antiguas de la Tierra, está minada de recursos naturales y minerales.
Según el geógrafo venezolano Reybert Carrillo, el territorio comparte características similares con su vecino Arco Minero del Orinoco, un área de explotación de más de 111.800 kilómetros cuadrados que cuenta con grandes reservas de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita y aluminio, entre otros minerales.
En el Esequibo se encuentra la mina de oro Omai, una de las más grandes del Escudo Guayanés y una de las mayores fuentes de ingresos de Guyana.
Sólo entre 1993 y 2005 Omai produjo más de 3,7 millones de onzas de oro.
Pero en las aguas territoriales de la zona en disputa también se encuentra una inmensa riqueza petrolera.
Desde 2015 hasta la fecha, la multinacional ExxonMobil y sus socios han realizado 46 descubrimientos que han elevado las reservas de petróleo de Guyana a alrededor de 11.000 millones de barriles, lo que representan cerca de 0,6% del total mundial.
La mayoría de las reservas se encuentran en un bloque de petróleo y gas de 26.000 kilómetros cuadrados conocido como Stabroek, frente a la costa atlántica del país, que se encuentra parcialmente en aguas territoriales de la región disputada por Venezuela.
Los inesperados hallazgos han hecho que Guyana, un país de 800.000 habitantes, se convierta en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y se espera que su PIB crezca 25% este año, tras haberse expandido 57,8% en 2022.
Además de los recursos minerales, el Esequibo cuenta con importantes recursos hídricos.
“Hay una extensa red de ríos como Cuyuní, Mazaruní, Kuyuwini, Potaro, Rupununi”, explica el geógrafo Temitope Oyedotun, de la Universidad de Guyana.
Para Reybert Carrillo, ese será el recurso más importante de la región en varias décadas.
Cuando España fundó la Capitanía General de Venezuela el Esequibo formaba parte de la subentidad territorial y tras obtener su independencia en 1811 Venezuela se quedó con el control de su soberanía.
Pero la situación comenzó a complicarse cuando Reino Unido firmó un pacto con Países Bajos para adquirir alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados al oriente de Venezuela.
El tratado no definía la frontera occidental de lo que pasaría a ser la Guayana Británica y por eso Londres designó en 1840 al explorador Robert Schomburgk para definirla.
Poco después se dio a conocer la “Línea Schomburgk“, un trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales.
Cuatro décadas después se publicó una nueva versión de la Línea Schomburgk que reclamaba aun más territorio.
En el año 1895 Estados Unidos intervino bajo la Doctrina Monroe tras denunciar que la frontera había sido ampliada de “manera misteriosa” y recomendó que la disputa fuera resuelta en un arbitraje internacional.
En 1899 se emite el Laudo Arbitral de París, un dictamen favorable a Reino Unido con el que el territorio queda oficialmente bajo dominio británico.
Pero cuatro décadas después se hizo público un memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost -parte de la defensa de Venezuela en el Laudo Arbitral de París-, en el que denunció que el laudo fue una componenda política y que los jueces no fueron imparciales.
Las revelaciones de Severo Mallet-Prevost y otros documentos sirvieron para que Venezuela declarara el laudo como “nulo e írrito” y reactivara su reclamo.
Tres meses antes de otorgarle la independencia a Guyana en 1966, Reino Unido pacta con Venezuela el Acuerdo de Ginebra que reconoce el reclamo de Venezuela y que busca encontrar soluciones satisfactorias para resolver la disputa.
Entre 1982 y 1999 ambos países intentaron resolver el diferendo a través del mecanismo de buenos oficios de la ONU, que nunca arrojó resultados concretos.
Durante el gobierno de Hugo Chávez el diferendo se archivó, en parte debido a las buenas relaciones entre el fallecido presidente venezolano y Georgetown.
Pero esto cambió cuando comenzaron a descubrirse decenas de yacimientos de petróleo en áreas costeras de la zona en disputa en el año 2015.
Las tensiones entre Venezuela y Guyana han aumentado progresivamente desde entonces.
Ahora, sin embargo, los intereses del gobierno de Maduro no son sólo económicos, sino también políticos.
Críticos aseguran que el referendo tiene un tinte nacionalista en un momento en el que en 2024 se celebrarán elecciones presidenciales y poco después de las primarias de la oposición, en la que se eligió a María Corina Machado como rival de Maduro.
El oficialismo ha convocado varias manifestaciones “de unión nacional” para “defender” el Esequibo y está tratando de que figuras del mundo del entretenimiento se involucren en la disputa. El llamado es la unión nacional.
“Es hora de dejar de lado todas las parcialidades, las políticas, religiosas o personales”, ha pedido el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
A mediados de septiembre el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, propuso organizar un referendo para consultar a los venezolanos sobre los “derechos” del país sobre el Esequibo.
Un mes más tarde, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, anunció que la consulta tendría lugar el 3 de diciembre.
Según el gobierno guyanés, el referendo representa una amenaza para la integridad territorial de Guyana y le pidió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que lo detenga
Pero Venezuela finalmente lo llevó a cabo.
El referendo en cuestión constó de cinco preguntas, para las que el gobierno pidió cinco síes:
El presidente Maduro inició a principios de noviembre una campaña que calificó como “pedagógica, alegre e inclusiva” de cara al referendo, que incluye lecciones de historia televisadas ofrecidas por él mismo, así como concentraciones en varias partes del país en las que se reparten folletos al ritmo del reguetón.
Su gobierno está alentando a los votantes a responder “sí” a todas las preguntas, pero no ha detallado cómo crearía el estado si los votantes aprueban sus propuestas.
Para Caracas se trata de “recuperar” un territorio que siempre ha visto como suyo.
Venezuela considera que el río Esequibo al este de la región es una frontera natural reconocida al momento de la independencia de España.
Pero Guyana alega que el asunto quedó zanjado con el Laudo Arbitral de París de 1899.
Sin embargo, Caracas afirma que esa sentencia es nula debido a las irregularidades encontradas en la decisión y además rechaza cualquier intromisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el asunto. En abril de este año la CIJ se declaró competente para ver el caso, aunque cualquier dictamen podría demorar años.
Venezuela no reconoce que la CIJ tenga competencia. Sólo reconoce el Acuerdo de Ginebra como único instrumento válido para solucionar el conflicto y dice que la disputa debe ser resuelta entre ambos países.
Georgetown ve el referendo del 3 de diciembre como un “plan siniestro de Venezuela para apoderarse de territorio guyanés” y dice estar barajando “todas las opciones” para defenderlo.
El vicepresidente Bharrat Jagdeo anunció a finales de noviembre la visita al país de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos y no descartó el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio guyanés.
“Vamos a trabajar con nuestros aliados para garantizar que planifiquemos para todas las eventualidades (…) Nunca estuvimos interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional”, aseguró.
Maduro, quien se muestra inflexible en su nueva misión, afirma que los distintos sectores políticos y sociales de su país se encuentran unidos en defensa del Esequibo y ha ofrecido discursos junto a las Fuerzas Armadas sobre la disputa.
Su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó el 24 de noviembre que la disputa “no es una guerra armada, por ahora”, pero acusó al presidente de Guyana, Irfaan Alí, de provocar a Venezuela con apariciones recientes desde el territorio en disputa vestido de militar y rodeado del ejército.
Los analistas anticipan un apoyo masivo a las propuestas del gobierno venezolano, en un país en el que la reivindicación del Esequibo efectivamente une a chavistas y opositores como ningún otro tema.
El resultado del referendo no será vinculante para el derecho internacional, pero muchos temen una escalada mayor.
“Que nadie cometa ni un solo error. El Esequibo es nuestro, cada centímetro cuadrado”, ha advertido el presidente de Guyana, precisando que Georgetown no cederá ni una “pulgada” de territorio.
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