Índice de Progreso Social 2015-2022: un avance en el largo camino hacia el bienestar
En 2022 se registró una buena recuperación de la economía, con un crecimiento anual acumulado de 3.1 % y una recuperación de cinco de los seis sectores más importantes de la economía. Sin embargo, el PIB per cápita se mantuvo en niveles similares al de 2014. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Acaso nos brindan una idea de la evolución de la calidad de vida de la población mexicana? Si bien el PIB per cápita nos brinda una primera aproximación sobre el nivel de vida de la población, es preciso considerar indicadores complementarios para tener una visión panorámica del bienestar en el país. El crecimiento es necesario para el progreso social, pero no es suficiente.
Para ello, es preciso ir más allá del PIB y prestar atención al Índice de Progreso Social (IPS), el cual ofrece una perspectiva integral al ser una medición del desempeño social en las entidades del país considerando un rango de indicadores sociales y ambientales agrupados en tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas (NHB), Fundamentos del Bienestar y Oportunidades.
México, ¿cómo vamos?, junto a la iniciativa Social Progress Imperative, presenta la serie IPS 2015-2022 para México con el objetivo de ofrecer una herramienta que permite conocer las variables en las que es preciso voltear la mirada para formular políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.
En 2022, el puntaje en el IPS se registra en 65.6 de 100 posibles; el nivel más alto en la serie. Asimismo, todas las entidades registran un puntaje superior respecto a 2021 y, a excepción de seis estados (Colima, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala), en 2022 mantienen el nivel más alto en su registro.
A pesar de los avances en el IPS, persisten notables desigualdades en cuanto al desempeño a nivel estatal. Mientras Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León se posicionan como las tres entidades con mejor desempeño con puntajes superiores a 72 puntos; Guerrero, Oaxaca y Chiapas se mantienen en los tres últimos lugares no solo en 2022, también a lo largo de la serie desde 2015, con puntajes inferiores a 57 puntos. La brecha entre la entidad con el mejor puntaje (Ciudad de México) y el estado con el peor desempeño (Guerrero) no se limita a una diferencia de 28 puntos, pues más allá de la cifra, esta disparidad debe interpretarse como una llamada de alerta para promover el bienestar en las regiones menos favorecidas, garantizando un desarrollo equitativo y sostenible en todo el territorio.
Ahora bien, en relación al desempeño de cada una de las dimensiones, Necesidades Humanas Básicas nos permite conocer cuál es la evolución de la calidad y disponibilidad de servicios y condiciones necesarias para otorgar un nivel de vida adecuado a la población. Después de las caídas en 2020 y 2021 en NHB, relacionadas por el impacto de la pandemia en el componente de Nutrición y cuidados médicos básicos, en 2022 se observa una buena recuperación alcanzando 74.2 puntos; el nivel más alto en su serie.
Para conocer cuál es la calidad de la educación y la información disponible en cada entidad o bien, si el estado está usando sus recursos de manera sustentable, es preciso analizar la dimensión de Fundamentos del Bienestar. La cual incrementó 2.8 puntos respecto a 2021, pero sigue sin recuperarse el nivel observado previo al impacto de la pandemia (2019), además se mantiene 2.5 puntos por debajo desde su último pico en 2015.
Finalmente, si nos preguntamos si las personas son libres para tomar sus decisiones sin restricciones, cuál es la cobertura y calidad de la educación superior o bien, si hay personas excluidas de la sociedad por motivos como orientación sexual, entonces debemos prestar atención a la dimensión de Oportunidades, la dimensión con puntaje más bajo, la cual el cual alcanzó 56.5 puntos en 2022.
A pesar del incremento en los puntajes de las tres dimensiones a nivel nacional, es esencial destacar las marcadas disparidades existentes entre las diferentes entidades. Ciudad de México ostenta la primera posición en dos de las tres dimensiones, mientras que Guerrero se encuentra en la última posición tanto en la dimensión de NHB como en la dimensión de Oportunidades, y ocupa el tercer lugar en la dimensión de Fundamentos del Bienestar.
Es importante señalar que el bajo desempeño de Guerrero ha sido una constante a lo largo de la serie y el reciente impacto por el huracán Otis supondrá un desafío adicional para su progreso social. De ahí la importancia de contar con herramientas medibles para conocer el impacto de un fenómeno, identificando las áreas más afectadas y complementando la información previamente disponible sobre aquellas que requerían mejoras. Esta información es esencial para buscar propuestas que vayan más allá de la mera restauración del nivel previo al desastre natural, ya que dicho nivel en sí mismo demandaba mejoras sustanciales.
En relación a lo anterior, Guerrero se encuentra entre las entidades con mayor pobreza laboral, rezago educativo y carencia por acceso a los servicios de salud. Estos desafíos no son aislados, pues un mayor progreso social está inversamente relacionado con estos indicadores. Lo anterior implica que a medida que estos componentes exhiben un peor desempeño, el progreso social tiende a disminuir.
En suma, el desempeño registrado en el IPS 2022 refleja una buena recuperación en el nivel nacional y en cada una de las dimensiones. Sin embargo, es preciso reconocer las profundas disparidades regionales que persisten en el país, ya que un progreso desigual no solo obstaculiza un desarrollo equitativo a nivel nacional, sino que también restringe el pleno potencial de crecimiento económico y social. Así el IPS, como herramienta de medición, ofrece una visión precisa de estas disparidades; su importancia radica en utilizarlo como un medio para proponer soluciones que busquen incrementar el bienestar en México.
* Sandra Martínez (@sandrammarpe) es analista en México, ¿cómo vamos?
Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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