El poder de la diversidad: la inclusión LGBT+ como motor de progreso
Mientras lees estas palabras, las banderas arcoíris, símbolo de la comunidad LGBTIQ+, se alzan y ondean desde las alturas, pintando de colores las calles de la Ciudad de México y muchos otros lugares del mundo. Las redes sociales, los noticieros y las conversaciones cotidianas nos invitan a reflexionar sobre la diversidad sexo-genérica, la inclusión y los derechos humanos. Si bien hemos avanzado mucho, todavía queda un largo camino por recorrer.
Es crucial prestar atención a este camino, ya que, según la Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del INEGI, al menos 1 de cada 20 personas en México forma parte de la comunidad LGBTI+. En 2021, el INEGI publicó los resultados de este importante estudio estadístico, que busca comprender la cantidad y estructura de la población de 15 años en adelante que se identifica dentro de esta comunidad. Esta información es fundamental para desarrollar políticas públicas que mejoren la realidad y el bienestar de este grupo históricamente discriminado y excluido.
La ENDISEG reveló varios hallazgos, pero destacan tres datos clave: a) el 4.8 % de la población total en México se considera lesbiana, gay/homosexual, bisexual o pansexual, lo que equivale a 4.6 millones de personas; b) 908.6 mil personas se identifican como personas trans y/o no binarias, y c) la mayoría de la población LGBTI+ en México son jóvenes (33.3 % tienen entre 15 y 19 años, 20.4 % tienen entre 20 y 24 años, y 13.8 % tienen entre 25 y 29 años).
La ENDISEG también proporciona datos relevantes sobre las características sociodemográficas de esta población, lo cual resulta crucial para comprender las dinámicas económicas y laborales que la caracterizan. Según los datos del INEGI, el 64.3 % de la población LGBTI+ participa activamente en la economía. Las personas que forman parte de la disidencia sexo-genérica en México se encuentran principalmente en los siguientes grupos ocupacionales: actividades de apoyo y agropecuarios (24.6 %), profesionistas y técnicos (18.4 %) y comerciantes (16.9 %). Por otro lado, solo el 4.6 % ocupa cargos como funcionarios, directores y jefes.
Es importante reconocer que la comunidad LGBT+ no solo está conformada por personas con derechos, sino también por capital humano y fuerza laboral con la capacidad de contribuir a la economía nacional. Para que puedan prosperar en su vida laboral sin discriminación, es fundamental garantizar un entorno incluyente. Por lo tanto, la inclusión de la diversidad sexo-genérica en México no debe verse únicamente como un tema de derechos humanos, sino como una oportunidad para construir una cultura de innovación y promover la competitividad económica.
De hecho, gracias a esfuerzos estadísticos realizados por organizaciones como la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, personas Trans e Intersexuales (ILGA), la CEPAL, la Human Rights Campaign y Amnistía Internacional, ahora sabemos que las empresas y los Estados que trabajan hacia la igualdad y la inclusión acceden a una serie de oportunidades para el desarrollo, el crecimiento y el progreso económico.
La inclusión de la comunidad LGBT+ en el mercado laboral local y nacional permite a las empresas y organizaciones atraer, reclutar y retener los mejores talentos, evitando la fuga de cerebros. Además, resulta atractivo no solo para personas LGBT+, sino también para aliados heterosexuales que valoran trabajar en entornos diversos. Asimismo, la inclusión abre las puertas a dinámicas internacionales y globales relacionadas con el nearshoring y la expansión global de empresas que ya tienen la inclusión LGBT+ institucionalizada en sus países de origen. Esto no solo atrae talento extranjero LGBT+ y no LGBT+, sino también inversión extranjera directa, ya que el respeto por los derechos humanos en una sociedad es un reflejo de un Estado de derecho consolidado con instituciones sólidas. Estos aspectos son valorados por aquellos que buscan establecer sus capitales en mercados confiables y seguros.
Por otro lado, ser una empresa y un Estado respetuosos con los derechos humanos de las personas de la disidencia sexo-genérica también permite acceder a otros mercados. Se ha demostrado que tanto las personas LGBT+ como aquellos que valoran la diversidad y la inclusión ajustan sus hábitos y preferencias de consumo hacia empresas y proyectos que se rigen por principios incluyentes. Estos beneficios se traducen en un aumento de la productividad y la competitividad de los negocios, empresas y economías nacionales, mejorando así el nivel de vida de las personas al aumentar su ingreso real y su poder adquisitivo. De hecho, según datos del Banco Mundial y el Instituto Williams, la homofobia puede tener costos significativos para las economías nacionales, como ocurrió en el caso de India, que perdió aproximadamente 30,900 millones de dólares debido a pérdidas laborales relacionadas con la discriminación por homofobia.
En conclusión, considerando que la mayoría de las personas LGBT+ en México son jóvenes entre los 15 y los 29 años, es previsible que aquellas empresas que no logren mantenerse a la vanguardia de las estrategias y normativas laborales globales, caracterizadas por ser incluyentes y diversas, no puedan atraer a la fuerza laboral joven ni conectar con los clientes locales, nacionales y globales. Esto dificultará su supervivencia en un mercado global e interconectado que valora la diversidad y la inclusión.
Que junio y el resto del año se conviertan en una oportunidad para promover la inclusión LGBT+ en el ámbito laboral, pues así estaremos rompiendo barreras y derribando prejuicios, abriendo el camino para un futuro en el que todas las personas sean valoradas por su talento y capacidad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
Entonces sí, la inclusión es un buen negocio, pero también es un paso hacia una sociedad más igualitaria y respetuosa. Y eso, sin duda, es algo por lo que vale la pena luchar.
* Daniela Hernández Sánchez (@DanHdezSa) es Coordinadora de Comunicación en México, ¿cómo vamos?
Si se aplican, como ha prometido hacerlo Trump el 1 de febrero, los aranceles tendrán efecto en México y Canadá, pero también perjudicarán el bolsillo de los estadounidenses.
No es raro pensar en los aranceles como una especie de “castigo” a los productos extranjeros y a los países que los fabrican.
Sin embargo, el “efecto lavadora” ayuda a explicar por qué también las empresas nacionales y los consumidores locales terminan pagando los costos de los aranceles.
Antes de llegar ahí, vale la pena revisar en qué está la discusión actual.
En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está considerando imponer el 1 de febrero un 25% de aranceles a todos los productos mexicanos y canadienses, y un 10% a los productos provenientes de China.
La medida está relacionada con la percepción del mandatario estadounidense sobre la mala gestión de los gobiernos de esos países en relación con la migración y el narcotráfico.
Inesperadamente, la amenaza también le cayó a Colombia, cuando el presidente de EE.UU. amenazó a ese país con imponer un 25% de impuesto a sus exportaciones, luego de que el gobierno de Gustavo Petro se negara a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares con ciudadanos colombianos deportados.
Sin embargo, todo quedó en nada, porque Petro terminó aceptando a sus deportados y Trump no le impuso ningún arancel.
La postura de Trump sobre el tema migratorio ha sido bastante clara: “Como todo el mundo sabe, miles de personas están entrando en masa a través de México y Canadá, llevando el crimen y las drogas a niveles nunca vistos”.
Los aranceles permanecerán, advirtió, “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales pongan fin a esta invasión de nuestro país”.
Sobre la imposición de un arancel tan alto como un 25% -y tan amplio que abarcaría todos los productos mexicanos y canadienses-, expertos en comercio y relaciones internacionales entrevistados por BBC Mundo han expresado un cierto nivel de escepticismo.
“El arancel ligado a la migración y al fentanilo es una especie de extorsión”, le dice a BBC Mundo el economista mexicano Luis de la Calle, quien participó en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el anterior tratado de libre comercio, NAFTA.
Otros economistas, como Gerardo Esquivel, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), piensan que una amenaza de esa magnitud “no es creíble”. “Lo que quiere es empezar una negociación con ventaja”.
Así también le comenta a BBC Mundo Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, quien tampoco vislumbra una aplicación generalizada a todos los productos mexicanos.
¿Qué tiene que ver todo esto con las lavadoras?
La retórica de Trump es que los aranceles les quitan dinero a las empresas extranjeras para “enriquecer a los estadounidenses”.
La duda que surge con esa afirmación es que, al mirar las experiencias pasadas, ese no siempre ha sido el caso, dado que los aranceles que Trump aplicó en su primer gobierno, además de afectar a empresas extranjeras, también perjudicaron a compañías locales y a los propios consumidores estadounidenses, según varias investigaciones académicas.
Lejos de enriquecerlas, las familias tuvieron que pagar precios más altos. Y la recaudación tributaria producto de la imposición de los aranceles fue muy baja en comparación a lo que recauda el gobierno a través de impuestos individuales y corporativos.
Un ejemplo que sirve para ilustrar esto es el caso del impuesto a las lavadoras extranjeras que Trump aplicó en 2018 durante su primer mandato.
Una investigación elaborada por tres reconocidos economistas, Aaron Flaaen, Ali Hortacsu y Felix Tintelnot, llegó a la conclusión de que el precio de las lavadoras en Estados Unidos subió 12% como efecto directo de ese arancel.
La idea del arancel, que es un impuesto a los productos importados, era proteger a los productores locales contra el masivo ingreso de lavadoras muy baratas desde el exterior, en lo que se conoce como un caso de competencia desleal o dumping.
“Aunque se crearon algunos empleos, los consumidores pagaron un costo muy alto”, le dice a BBC Mundo Felix Tintelnot, profesor de la Universidad de Duke en EE.UU. y coautor de la investigación.
Los estadounidenses en su conjunto pagaron cerca de US$820.000 más en la compra de lavadoras, por cada empleo creado. “No fue un buen negocio para ellos”.
Eso es precisamente lo que hemos llamado el “efecto lavadora”: el aumento de precios que pagaron las familias estadounidenses.
Así también lo explica Inga Fechner, economista senior de Comercio Global del equipo de investigación del banco ING en Alemania.
En última instancia, “los consumidores cargan el costo del conflicto comercial”.
Una de las lecciones que dejó esa experiencia es que no solo subió el precio de las lavadoras importadas, sino que los productores locales también los aumentaron.
Sí, es cierto que no todos los aranceles son iguales. Y que la amenaza actual de Trump contra México y Canadá no tiene nada que ver con las acusaciones de competencia desleal, dirigidas especialmente contra los productos chinos.
Sin embargo, el caso de las lavadoras no es un ejemplo aislado.
No es un caso aislado
Si miramos lo que pasó en el primer gobierno de Donald Trump, abundan los análisis de datos que muestran cómo la imposición de aranceles también tuvo efectos negativos sobre la economía y los consumidores estadounidenses.
“Un estudio tras otro han demostrado que los aranceles estadounidenses aplicados desde 2017 han sido transferidos en su totalidad a los compradores estadounidenses”, argumentan Kimberly Clausing y Mary Lovely, economistas del Peterson Institute for International Economics (PIIE), un centro de investigación independiente con sede en Washington D.C.
Otros centros de estudio, como el conservador Tax Foundation, llevan años publicando investigaciones sobre los perjuicios económicos ocasionados por los aranceles dentro de EE.UU.
“Han tenido un impacto negativo neto en la economía del país”, asegura un reciente análisis de Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la organización.
“Los aranceles han elevado los precios y reducido la producción y el empleo”, agrega.
Esas conclusiones son refutadas por aliados del presidente Trump como Peter Navarro, actual asesor comercial del gobierno.
Su planteamiento es que los aranceles no subieron ningún precio durante el primer gobierno del mandatario.
“Tuvimos cero inflación debido a los aranceles”, dijo en declaraciones a la prensa local, sin entregar más detalles.
Romper un acuerdo comercial
Aunque sin duda el arancel le provoca daño al país afectado, el primero que tiene que pagar ese impuesto es el importador estadounidense en la aduana cuando ingresa los productos extranjeros.
Si se aplica un arancel de 25%, por ejemplo, el importador estadounidense que ingresa aguacates, tomates, partes de automóviles, cerveza, acero, o cualquier otro producto mexicano, tiene que pagar ese valor extra.
Como al importador le resulta más caro ingresar el producto, una parte del sobreprecio o todo el costo extra, suele ser traspasado al consumidor final, en este caso el estadounidense, generando un aumento de la inflación.
En el caso de los productos mexicanos y canadienses, la situación es más compleja porque los tres países de América del Norte han mantenido acuerdos de libre comercio desde hace tres décadas. El primero fue el NAFTA y el segundo, que continúa vigente, es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.
Aplicar aranceles “sería romper con la idea de un acuerdo comercial”, explica Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública, IMCO. “Es como decir ‘no me interesa'”.
Pero los tres países se necesitan mutuamente porque han construido cadenas de producción que a través de los años se han enlazado estrechamente, con empresas binacionales o fábricas que dependen de las exportaciones y las importaciones.
El principal socio comercial de Estados Unidos es México, país que destina más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense.
Muchas de las empresas estadounidenses dependen de la manufactura que hacen en México y, si ya no pueden ingresar los productos a un precio competitivo, estarán en serios problemas.
“No creo que el presidente Trump no tenga ganas de hacerlo, pero no creo que un arancel universal sea viable”, dice Moy.
Para ella, sí es más viable un arancel específico sobre determinados bienes.
¿Qué pasó en el primer gobierno de Trump?
“Esto ya ocurrió antes”, le dice a BBC Mundo Xóchitl Pimienta, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México.
Durante su primer gobierno, en 2018, Trump impuso temporalmente aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio, una medida que provocó alarma en empresas mexicanas y estadounidenses, pero que además terminó encareciendo los productos que compran las familias estadounidenses.
Pimienta explica que se hicieron muchas investigaciones sobre el efecto en los precios que terminó pagando el consumidor final en EE.UU.
Una de ellas arrojó que algunos productos como autos, lavadoras, licuadoras y muchos otros, subieron de precio entre 8% y 20% en EE.UU., tras la imposición de los aranceles a esos productos metálicos.
Otro estudio determinó que el aumento arancelario les costó a las familias estadounidenses alrededor de US$1.200 al año en sus compras.
En el pasado también hubo amenazas. Trump le advirtió a México que aplicaría un arancel de 5% a todos los productos mexicanos, si el gobierno no tomaba medidas para frenar la migración.
Pero a final de cuentas, ese arancel no se concretó. Sin embargo, el solo anuncio generó incertidumbre y cierto nivel de especulación de precios, comenta la experta.
Si esta vez el gobierno aplica aranceles a México, como lo ha prometido, los más afectados serán el sector automotriz, el agrícola, los productos alimentarios (como el aguacate, los tomates, las fresas, los pimientos), la cerveza y el tequila, el sector de electrónica (como las pantallas para celulares) y el manufacturero, además del petrolero.
Una vez más, dice Pimienta, “el consumidor final en Estados Unidos se verá afectado”.
Ante un escenario como ese, Trump tendría que lidiar con presiones inflacionarias que él prometió bajar durante su campaña, una promesa electoral que le ayudó a regresar a la Casa Blanca en medio de un clima de insatisfacción por el alto costo de la vida.
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