¿La rifa del tigre de las finanzas públicas?
La virtual presidenta enfrentará una muy difícil situación de finanzas públicas, pues la liga que estiró la presente administración no aguantará más. Los mercados lanzaron una advertencia no contra la concentración de poder, sino de lo que más les podría preocupar: la prometida reducción del déficit fiscal y la incertidumbre de las nuevas reglas del juego que pondrían en riesgo la capacidad de repago de la deuda pública. Como dice el colega Rodolfo de la Torre, los mercados no tienen problemas en lidiar con un déspota confiable.
En efecto, en otro espacio he sostenido que en la administración que termina el nivel de deuda pública si bien no tan catastrófica, termina justo en el borde, y que por eso las calificadoras no han reaccionado, aunque también afirmé que estaban ya en modo de alerta desde que inició este año 2024. Asimismo, le otorgaron el beneficio de la duda al gobierno saliente de que se reduciría el déficit de más de 5.5 % del PIB a 2.6 % para el 2025, como se planteó en los criterios de política económica del 2024 (ver gráfica abajo). Hoy el gobierno de transición (vía su actual y futuro secretario de Hacienda) ya elevó ligeramente la meta de dicho déficit a 3 % (elemento poco captado en la prensa).
El argumento que sostuvo el propio secretario a fines del año pasado es que la elevación del gasto público era único, y que ese recurso era fácilmente recortable debido a que dichos recursos provenientes de endeudamiento neto se destinarían a terminar las obras emblemáticas del presidente López Obrador. Si este fuera el caso, se estarían inaugurando el 100 % de las obras en los siguientes tres o cuatro meses; habrá que esperar. De otra manera, habrá que presupuestar recursos para el 2025 para concluirlas y que no queden como elefantes blancos. Esto, naturalmente les imprime presión a las finanzas públicas.
En adición, toca cumplir las promesas realizadas durante la campaña presidencial. Por una parte, se encuentra la de mantener las transferencias sociales existentes, las que seguirán incrementándose debido a que año con año habrá una población objetivo más numerosa, ya que en promedio unas 200 mil personas cumplen 65 años anualmente, lo que implica una mayor erogación de recursos públicos; además, las transferencias sociales que se prometieron en los diversos programas sociales que requerirán mayores desembolsos como, por ejemplo, transferencias a mujeres entre 60 y 64 años (con lo que se les otorga a las mujeres una pensión desde los 60 años), beca universal a estudiantes tipo las que introdujo en la Ciudad de México, aumento de pensiones a maestros, entre varias más (no juzgo la pertinencia de las mismas, solo el impacto presupuestario).
Más aún, también se prometió resarcir la reducción relativa de los recursos destinados a educación, ciencia y cultura, que la actual administración redujo abruptamente. Otra promesa es la de rehabilitar 18,000 kms de vías férreas y construir infraestructura para la instalación de 100 parques industriales. Más importante aún se encuentra la necesidad de obras en materia energética e hidráulica, urgentes en el país para atraer inversión (con el renacimiento de las asociaciones público-privadas se aliviaría esto último).
En suma, entre las promesas de campaña y el resarcimiento de partidas olvidadas en esta administración, y que deterioraron la calidad de los servicios públicos, y la reactivación urgente del mantenimiento de la infraestructura existente que se postergó (carreteras, edificios públicos, puertos, etc.), implica un aumento importante en el presupuesto. Además, como se mencionó antes, también está el compromiso de reducir el déficit público en más de 2 puntos porcentuales del PIB que requiere de una disminución abrupta de presupuesto. Si sumamos todo esto, en comparación con el presupuesto del 2024, implica una diferencia de alrededor de 4 a 5 puntos porcentuales del PIB. Sin duda, un compromiso de difícil consecución.
Esto podría solucionarse al menos temporalmente con un incremento de los recursos públicos para alcanzar la sostenibilidad fiscal, pero existe el otro compromiso de no realizar una reforma tributaria (alguien le susurró a la entonces candidata que no era necesaria). Peor aún, se insiste en transferir recursos a PEMEX, lo que ahonda aún más la necesidad de recursos públicos.
Como se aprecia, la virtual presidenta enfrenta una rifa del tigre financiera. Y esto es lo que les preocupa a los mercados. Más que lo de la reforma judicial, es la incertidumbre sobre las nuevas reglas y la capacidad de repago de la deuda (de aquí que la SHCP repagó el 12 de junio un bono con vencimiento de 2025 de pequeño monto, para señalizar lo contrario). Al final, los capitales son “golondrinos” y emigrarán cuando lo que vean no les guste. Estos días solamente externaron su preocupación mandando un mensaje de alerta. Están a la expectativa simplemente. Si deciden emigrar lo harán, y sin clemencia (las cosas pasan hasta que pasan, dice el adagio). Es la naturaleza de los mercados, y aunque nos parezcan mezquinos, éstos se deben a los clientes de sus países (por ejemplo, de eso depende la pensión de los ciudadanos europeos, gringos y japoneses). Aunque también pueden quedarse con un gobierno que, aunque autoritario, sea confiable en los términos que ellos requieren.
Reitero, hay dos elementos que deben incluirse en el plan de gobierno para solucionar el asunto. El primero es una reforma fiscal y, el segundo, reintroducir con un buen diseño las asociaciones público-privadas. De otra manera, ¿es la rifa del tigre de las finanzas públicas?
* Fausto Hernández Trillo es doctor en economía por la Universidad del Estado de Ohio. Es investigador nacional, con el máximo nivel III, del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, es profesor-investigador en el CIDE y forma parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?
El máximo tribunal señaló que el exmandatario no puede ser procesado por decisiones oficiales que tomó durante su mandato.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este lunes que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad parcial a la hora de ser procesado por acciones que llevó a cabo durante su período en la Casa Blanca.
El tribunal le otorgó el derecho a “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por aquellas acciones de carácter oficial que llevó a cabo durante su mandato.
Sin embargo, decidió que Trump carece de inmunidad en el caso de acciones no oficiales.
Los magistrados de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, emitieron el veredicto con 6 votos a favor y 3 en contra.
Una “victoria” para Trump
“Concluimos que, bajo nuestra estructura constitucional de separación de poderes, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad contra el procesamiento penal por actos oficiales durante su mandato”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en el documento que explica el veredicto.
Afirmó que, “al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales básicos, esta inmunidad debe ser absoluta”.
Matizó, sin embargo, que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley”.
Trump valoró la decisión como una “gran victoria para nuestra Constitución y democracia” en un post de su red social Truth Social.
La mayoría de los analistas consideran que el fallo supone una victoria para el republicano.
Por su parte, la campaña de Joe Biden para las elecciones expresó que el fallo de la Corte Suprema “no cambia los hechos” de lo que sucedió el 6 de enero de 2021 y afirmó que Trump “piensa que está por encima de la ley y está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar y conservar el poder”.
Esta fue también la opinión de una de los 3 jueces que votaron en contra, Sonia Sotomayor, quien ironizó que debido a esta sentencia “el presidente es ahora un monarca” que está “por encima de la ley”.
Los 3 casos contra el expresidente
Donald Trump, que siempre ha mantenido su inocencia, afronta tres casos penales.
El primero se vincula a sus denuncias de un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020 que perdió contra Joe Biden y el asalto al Capitolio perpetrado por sus seguidores el 6 de enero de 2021.
Los fiscales federales alegan que Trump presionó a funcionarios para revertir los resultados de los comicios, difundió deliberadamente mentiras sobre el supuesto fraude electoral y trató de explotar los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021 para retrasar la certificación de la victoria de Biden y permanecer en el poder.
Por ello fue acusado de cuatro cargos penales, entre ellos conspiración para menoscabar a Estados Unidos y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.
Otro caso separado también tiene que ver con las elecciones de 2020, en este caso en el estado de Georgia, donde perdió por un estrecho margen.
El expresidente y otras 18 personas están acusadas de conspirar criminalmente para revertir aquella derrota por medios ilícitos.
La investigación se basa en parte en una llamada telefónica filtrada en la que Trump pidió al principal funcionario electoral del estado que le “encontrara 11.780 votos”.
El tercer caso es el de los documentos clasificados de la Casa Blanca que el exmandatario habría llevado a su residencia de Mar-a-Lago después de dejar el cargo.
Se investiga, además, si obstruyó los esfuerzos del FBI para recuperar los archivos, así como la investigación criminal sobre su manejo de los mismos.
La mayoría de los cargos en este caso son por retención intencional de información de defensa nacional, algo recogido en la Ley de Espionaje.
El documento en el que los magistrados de la Corte Suprema explicaron su decisión contiene algunas pistas sobre qué actuaciones de Trump se consideran oficiales, y por tanto estarían protegidas por la inmunidad, y cuáles no.
Por ejemplo, sería una actuación oficial haber ordenado al Departamento de Justicia que debatiera con los estados sobre la investigación del supuesto fraude electoral.
También haber hablado con el entonces vicepresidente Mike Pence, a quien Trump presionó para que no certificara los resultados de las elecciones de 2020.
Asimismo, consideraron “oficiales” el discurso que Trump pronunció la mañana del 6 de enero de 2021 -en el que alentó a manifestantes a marchar hacia el Capitolio y sugiriendo que podría unirse a ellos- y los tweets que envió ese día.
Actuaciones “oficiales” y “no oficiales”
Los jueces de la Corte Suprema dejan en manos de tribunales inferiores determinar si ciertos actos se consideran “no oficiales”.
Uno de ellos es haber tratado de convencer a funcionarios estatales de que el presunto fraude electoral implicaba que estos debían cambiar los votos del estado a favor de Trump.
Otro es haber creado listas de los llamados “falsos electores” para que los estados las enviaran al Congreso a certificar que Trump había ganado las elecciones en lugares donde, en realidad, las perdió.
Ambos están relacionados con los cargos que el expresidente enfrenta en Georgia.
La campaña de Donald Trump para las elecciones de 2024 ha estado salpicada por varios escándalos judiciales.
A finales de mayo fue declarado culpable de 34 cargos en un juicio en Nueva York por falsificación de documentos para ocultar un pago a cambio de silencio a la exestrella porno Stormy Daniels.
El fallo convirtió a Trump en el primer expresidente estadounidense en la historia condenado en un juicio penal.
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