¿Será que Trump sea quien suspenda la reforma judicial?
Las elecciones extraordinarias para elegir ministros, magistrados y jueces, planeadas para el 1º junio de 2025, están a la vuelta de la esquina. En cuatro meses se renovarán la mitad de los cargos jurisdiccionales federales (881 entre ministros, magistrados y jueces de distrito) y un importante número de jueces estatales en al menos 19 entidades federativas.
Ese proceso electoral se ha caracterizado por la poca dedicación y el escaso tiempo para expedir la regulación e implementación necesarias. Hemos sido testigos de la aprobación de normatividad sin discusiones de fondo, ausencia de rutas de ejecución claras, carencia de contrapesos en la toma de decisiones en la conducción de este proceso y, sobre todo, la improvisación constante. Todo con tal de ejecutar la elección extraordinaria en los tiempos marcados por el Gobierno anterior.
Por si fuera poco, desde hace un par de semanas, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la agenda marcada es muy clara: migración ilegal y fentanilo. El factor común en ambos puntos es el señalamiento de corrupción y colusión de autoridades mexicanas con la delincuencia organizada.
¿Qué factor es esencial para abordar de modo eficiente casos de tráfico de personas, tráfico de drogas y corrupción? Un sistema de justicia robusto que investigue, procese y juzgue de manera transparente. La coyuntura nos obliga a hacer un alto para priorizar problemas y soluciones que necesitamos implementar para fortalecer la justicia en México.
Riesgo de cooptación de jueces por la delincuencia organizada
En este sentido, vale la pena valorar los llamamientos que se han hecho desde diferentes espacios sobre los riesgos de elegir a jueces y juezas mediante el voto popular, ya que se incrementa el riesgo de cooptación por la delincuencia organizada. La Relatora para las Naciones Unidas, Margaret Satterhwaite, y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) han alertado sobre este escenario.
La postura de la presidenta Claudia Sheimbaum frente a las exigencias de Trump ha generado una expectativa sobre el cumplimiento de compromisos. En algún punto, estos acuerdos deberían concretarse en casos llevados ante los tribunales. Es una tarea de enormes proporciones, ya que hasta el momento las respuestas del sistema de justicia no han correspondido al tamaño del problema.
Por ejemplo, tratándose de delitos de tráfico de personas, entre enero a diciembre de 2024, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo se iniciaron 749 carpetas de investigación por delitos establecidos en la Ley de Migración. Esto, asumiendo que por México pasan millones de migrantes ilegales que son presas de redes criminales.
El caso de la investigación y persecución de delitos establecidos en la Ley de Delincuencia Organizada en relación con delitos contra la salud no es muy diferente. En el mismo periodo, y también de acuerdo al SESNSP, sólo se reportan 69 carpetas de investigación de delincuencia organizada ligada a delitos contra la salud.
¿Qué acciones en el terreno de la justicia tenemos que demostrar para comprobar que estamos cumpliendo con el compromiso de combatir estas empresas criminales? Será necesario investigar, perseguir y juzgar de manera pública y transparente a las personas responsables. En esta respuesta, además del trabajo de los jueces, es necesario replantear el papel de policías y fiscales.
La necesidad de construir un sistema de justicia más fuerte
Por ello es pertinente impulsar el cumplimiento de la reciente reforma constitucional al artículo 21. Esta modificación permite a las policías investigar y al SESNSP coordinar acciones en todo el país. Así se abre la posibilidad para que las policías puedan interactuar con las fiscalías de manera más activa en la investigación de delitos. Esta es una pieza clave: la colaboración de policías y fiscalías. Pero este esfuerzo resultará insuficiente si no contamos con jueces que tengan las capacidades, habilidades y cualidades profesionales y éticas.
¿Cómo enfrentar este reto con jueces federales y estatales que posiblemente no tengan experiencia, o que de plano hayan sido colocados por actores con intereses afines a la delincuencia organizada?
En este momento parece oportuno valorar nuestras prioridades y demostrar que estamos trabajando para construir un sistema de justicia más fuerte. La elección de jueces por voto popular no parece ofrecernos una solución en este sentido. Así como en este gobierno la estrategia de seguridad impulsa una agenda de investigaciones criminales profesionales, también el contexto actual podría ofrecernos una oportunidad para discutir y debatir a profundidad las estrategias para contar con un mejor poder judicial.
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
La aprobación por parte de la FDA de un nuevo tipo de medicamentos contra el dolor agudo promete ser un arma efectiva para limitar el uso de los adictivos opioides.
En Estados Unidos dicen que se trata de una epidemia y cada año causa decenas de miles de muertes que pudieron ser evitables.
Los fallecimientos por sobredosis de analgésicos opioides dejaron en ese país más de 80.000 muertes en el año de 2022, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Una de las principales causas detrás de este problema reside en que estos medicamentos son muy eficaces para combatir el dolor, lo que hace que sean recetados con relativa frecuencia, pese a que -al mismo tiempo- tienen un gran potencial de generar adicción.
Un nuevo medicamento para el tratamiento de dolores agudos, recién aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. , promete ahora convertirse en una herramienta importante en la lucha contra esta crisis de los opioides.
El medicamento, que tiene el nombre de suzetrigina y que se comercializará en EE.UU. como Journavx, fue fabricado por Vertex Pharmaceuticals y es parte de un nuevo tipo de analgésicos que modulan la señal de dolor en el sitio que se emite, en vez de hacerlo en los receptores del cerebro, como lo hacen los opioides.
Esto, aseguran los expertos, eliminaría el riesgo de dependencia y adicción que tiene el consumo de opioides, particularmente en situaciones de dolores agudos como cirugías o accidentes.
“La aprobación de hoy es un hito importante en el manejo del dolor agudo”, dijo Jacqueline Corrigan-Curay, la directora encargada del centro de evaluación e investigación de medicamentos de la FDA, “una nueva clase de terapia analgésica no-opioide ofrece la oportunidad de mitigar ciertos riesgos asociados con el uso de un opioide para el dolor y le ofrece otra opción a los pacientes”.
La aprobación es la primera en más de 20 años que se le otorga a un nuevo tipo de analgésico, algo que muestra las dificultades a las que se enfrentan los investigadores a la hora de tratar el dolor.
Un nuevo mecanismo
Durante los últimos 30 años, el doctor Stephen Waxman, de la Universidad de Yale (EE.UU.) ha estado investigando los mecanismos que usa el cuerpo para expresar dolor.
Sus estudios se enfocaron principalmente en los nervios del sistema periférico -los que comunican órganos y extremidades al sistema nervioso central y, luego, al cerebro- y las moléculas químicas que estos usan para comunicarle al cerebro señales de dolor.
“Los opioides funcionan como una llave y un candado dentro del cerebro”, impidiendo la llegada de esas señales, explicó Waxman a BBC Mundo.
“El cáliz sagrado de la investigación del dolor era el de encontrar las moléculas en nuestros nervios periféricos y que pudiéramos bloquear esas señales”.
Con su equipo de Yale, Waxman experimentó con diferentes compuestos que lograran bloquear una molécula conocida como NAV 1.8, una especie de batería que le permite a los nervios enviar señales de dolor al cerebro.
Al enfocarse en la emisión de la señal, en vez de la recepción en el cerebro, se evitan muchos de los efectos secundarios relacionados a los opioides.
“No toca el cerebro, así que no tiene los efectos secundarios como adormecimiento, confusión, visión doble o pérdida de balance y no tiene potencial adictivo. Así que realmente es un gran paso hacia adelante”, indica el experto, quien no trabaja para Vertex pero es consultor de compañías que están desarrollando medicamentos similares.
Aunque la aprobación de la FDA se hizo para el tratamiento de dolores agudos, Waxman explicó que aún se desconoce si este tipo de medicamentos puedan tratar dolores crónicos o ciertos dolores específicos para los cuales hay muy pocos tratamientos.
Los retos del dolor
Aunque el proceso para la aprobación de cualquier medicamento, desde sus etapas de investigación hasta su salida al mercado, puede tomar entre 15 y 20 años, el dolor es un área particularmente difícil para estudiar.
“Creo que los retos asociados al desarrollo de un medicamento para el dolor son mayores que los que tiene el desarrollo de una vacuna, o un medicamento para las enfermedades inflamatorias o para el cáncer”, dice Waxman.
“Puedes medir esas enfermedades, puedes hacer un examen de sangre y buscar biomarcadores -evidencia molecular de la presencia de alguna enfermedad en el cuerpo-. El dolor es una respuesta subjetiva”, agrega.
El experto explica que medir el dolor, a través de encuestas en las que se le pide al paciente que defina la intensidad en una escala de uno al diez, puede llevar a resultados irregulares, dado a que otros factores, como el sueño o la ansiedad, pueden aumentar la percepción de dolor.
Es por eso que Waxman considera la nueva aprobación de la suzetrigina como un hito que espera le abra las puertas a nuevas maneras de combatir el dolor.
“El trabajo está en su infancia. No veremos su madurez sino en 10 o 15 años, pero creo realmente que tendremos terapias para el dolor personalizadas e individualizadas, basada en el genoma, en algún punto de los próximos 10 o 15 años”.
La lucha contra los opioides
La llegada de la suzetrigina, y de los medicamentos que puedan aparecer luego de su aprobación en EE.UU., puede ser también un mecanismo para reducir la exposición de personas sanas a los opioides en situaciones médicas.
Esto debido a su inmenso potencial adictivo: según datos del Hospital General de Massachussetts, entre el 9 y el 13 por ciento de los pacientes que usan analgésicos opioides después de una cirugía terminan generando un consumo crónico.
Es una cifra alarmante, teniendo en cuenta que solo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, EE.UU. reportó casi 58.000 muertes por sobredosis de opioides, a pesar de inmensos recursos y programas para reducir el impacto de este tipo de sustancias en las comunidades.
Dentro de las políticas del gobierno de Donald Trump, el mandatario ha usado el aumento de aranceles como un instrumento para presionar tanto a China como a México y Canadá para que aumenten sus esfuerzos para impedir el ingreso del opioide sintético fentanilo a EE.UU.
Pero los expertos concuerdan en que nuevos tipos de medicamentos como la suzetrigina deben ser parte de una estrategia a largo plazo para evitar el ingreso de pacientes sanos en un mundo del que difícilmente pueden salir.
“La FDA ha apoyado durante mucho tiempo el desarrollo de tratamientos para el dolor sin opioides,” dijo la agencia en su comunicado.
“Como parte del Marco de Prevención de Sobredosis de la FDA, la agencia ha publicado un borrador de orientación destinado a fomentar el desarrollo de analgésicos sin opioides para el dolor agudo y ha otorgado subvenciones para apoyar el desarrollo y la difusión de pautas de práctica clínica para el manejo de afecciones con dolor agudo”, agregó.
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