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El voto popular no es opción, pero la designación de personas ministras de la Corte sí debe mejorar
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El voto popular no es opción, pero la designación de personas ministras de la Corte sí debe mejorar
Estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero no con las propuestas de reforma a la integración del Poder Judicial. Sin un mecanismo de evaluación meritocrático, el proceso no garantiza la idoneidad de los perfiles y la imparcialidad de quienes se desempeñan en el cargo.
11 de febrero, 2024
Por: Adriana Aguilar
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Como saben, el 5 de febrero pasado el presidente de la República presentó 20 iniciativas de reforma –18 a la Constitución federal y dos a leyes secundarias– vinculadas a temas que, desde el inicio de su mandato, ha subrayado como prioritarios. Una de ellas está dirigida a modificar de manera importante la integración y el funcionamiento de los poderes judiciales, en particular del federal, frente al cual el mandatario ha mantenido una postura antagónica.

La iniciativa 1 implica la modificación de 15 artículos de la Constitución federal referidos a los siguientes temas: variación en la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos órganos nuevos –uno administrativo y otro disciplinario–; cambio en el sistema de sanciones y responsabilidades; establecimiento del voto popular como mecanismo de designación para personas ministras, magistradas y juezas –las dos categorías últimas tanto en el ámbito federal como local–, y cambios en tres procesos judiciales federales –controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparo–.

El acierto en el diagnóstico 

En un país en el que a diario se sabe de víctimas del sistema de impartición de justicia, resultaría falso y por demás irresponsable no admitir que el Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como local, requiere de una reforma profunda.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman la mala percepción que la población tiene sobre el personal juzgador. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 2 reporta que el 66 % de las personas mayores de 18 años considera que el personal juzgador vinculado a la materia de seguridad es corrupto. Por su parte, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 3 señala que menos de la mitad de la población, el 40.3 %, tiene confianza en las personas juezas y magistradas. Entonces, el panorama retratado en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, respecto de la falta de credibilidad y legitimidad del Poder Judicial frente a la sociedad, no es falso.

La exposición de motivos de la iniciativa contiene otro diagnóstico bien encaminado: los procesos de designación del personal juzgador se han hecho históricamente a espaldas de la ciudadanía, y es necesario que se generen mecanismos de participación que realmente tengan un impacto en la designación, es decir, que no sean simulados.

En efecto, estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero no con las propuestas de reforma. Con relación a la iniciativa de designación de personas ministras, magistradas y juezas por voto popular, en otras oportunidades 4 desde México Evalúa hemos explicado por qué el voto popular, sin un mecanismo de evaluación meritocrático, puede ser el punto de partida de un proceso que no garantiza la idoneidad de los perfiles y la imparcialidad de quienes se desempeñan en el cargo, entre otros perjuicios.

Por lo demás, hay que decir que la iniciativa del Ejecutivo carece de viabilidad, debido a que el partido oficial (Morena) no cuenta con la mayoría calificada necesaria en el Legislativo para la aprobación de reformas constitucionales, y dos de las principales fuerzas políticas, el PRI y el PAN, han manifestado que votarán en contra de las vinculadas al Poder Judicial. 5

Propuestas alternas para la designación de personas ministras

Frente al escenario planteado y reconociendo la necesidad de trabajar en una reforma judicial, desde el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, junto con la Fundación Konrad Adenauer, elaboramos el policy brief Propuestas para mejorar los procesos de designación de personas ministras, magistradas y juezas federales. Éste, además de apuntar al mejoramiento de la instancia de justicia, creemos que contiene planteamientos que, en su discusión y aprobación, pueden enfrentarse a menos resistencias en el entorno legislativo.

Con la certeza de que el proceso de designación actual de personas ministras de la Corte tiene importantes limitaciones y debe mejorarse, a continuación, enumeramos algunas propuestas para dar forma a un mecanismo que sí contribuya a garantizar la designación mejores perfiles:

En el mecanismo actual el Ejecutivo tiene un amplio margen de decisión en torno a quién ocupará el cargo de ministra o ministro de la Corte. Nosotras avizoramos un cambio sustancial: que sea el Congreso o el Pleno de la SCJN o del CJF, o un Comité integrado por una persona representante del Legislativo, otra del Ejecutivo, una de sociedad civil y otra del CJF, el que proponga la terna ya sea al Senado o al Ejecutivo (si la terna es presentada por el Senado) para que sea esta instancia la que designe.

Por otro lado, con el objetivo de evitar algún tipo de conflicto de interés, proponemos que a las prohibiciones previstas en la Constitución federal se añadan las siguientes: 1) el no tener una relación profesional, familiar y/o política con la Presidencia de la República o con las personas gobernadoras de los estados; 2) no militar en algún partido político y no ocupar cargos en estas instancias o haber sido postulado a algún cargo de elección popular por un partido, y 3) no tener vínculos con instancias religiosas y/o grandes corporaciones.

Otra cuestión a considerar es la de garantizar el equilibrio y pluralidad de los perfiles al interior de la Corte, de tal manera que en su conformación haya seis personas de carrera judicial y cinco externas a las instancias judiciales.

Asimismo (y quizá éste sea uno de los elementos más importantes), planteamos que en la normatividad se establezca la obligación de analizar los requisitos y prohibiciones con base en criterios objetivos. En particular, aludimos a los relativos a la capacidad, probidad, honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales previstos en el artículo 95 constitucional.

En el proceso de evaluación, más allá de la información contenida en los expedientes de las personas aspirantes, lo que proponemos es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo busquen allegarse de elementos extra que permitan un análisis exhaustivo de los perfiles. Por ejemplo, podrían revisar la evolución patrimonial de las y los aspirantes, sus declaraciones de intereses y referencias a ellas en medios de comunicación. En todo momento, la información obtenida deberá verificarse y respetarse el principio de presunción de inocencia.

Con relación a los plazos que tienen que cubrir las personas que sean designadas en sustitución de personas ministras que hayan renunciado o fallecido durante su encargo, la Constitución no es lo suficientemente clara. Es por lo anterior que, con la intención de preservar el principio de escalonamiento que inhibe la posibilidad de que algún presidente nombre a un número desproporcionado de ministros, proponemos que quien sustituya a la persona ministra saliente lo haga por el periodo que queda pendiente, y no por los 15 años completos del cargo.

Para que las personas que conforman las ternas cuenten con los perfiles idóneos, proponemos lo siguiente: 1) abrir una convocatoria pública en la que se precise los criterios de evaluación de las personas aspirantes; 2) que el Ejecutivo justifique por qué considera que las personas que conforman la terna son las más idóneas, y 3) que la Comisión de Justicia del Senado elabore cédulas de evaluación con base en criterios objetivos para valorar si las personas cumplen o no con los requisitos de elegibilidad e idoneidad.

En otro tema, a diferencia de la normatividad actual en la que no se prevén plazos específicos para el desarrollo de cada etapa del proceso de designación, nuestra propuesta apunta a establecer plazos mínimos y máximos para cada una de ellas, con el objetivo de que se tenga tiempo suficiente para que las personas interesadas puedan postularse, pero también para que la ciudadanía pueda manifestarse sobre las personas aspirantes.

Para el adecuado desarrollo del proceso de designación proponemos un plazo de hasta 126 días, contado desde el momento en el que el Ejecutivo presenta la terna al Senado hasta que se realiza la designación.

Otro elemento que nos parecen importante corregir del actual proceso de designación es la posibilidad de que el Ejecutivo repita en la segunda terna a aspirantes que ya habían sido contempladas y rechazadas en la primera. Para que esto no ocurra, proponemos que se establezca una suerte de candado: que en la segunda terna no se puedan incluir personas de la primera.

Por otro lado, para evitar que sea el Ejecutivo quien designe directamente en caso de que el Senado rechace las dos ternas o no haya designado en el tiempo establecido, proponemos que sea el Pleno de la Suprema Corte, por mayoría calificada, quien realice la designación.

Asimismo, es importante que durante todo el proceso se garantice la transparencia, o sea, que se publiquen todos los documentos derivados del proceso, en particular los expedientes de las personas aspirantes. Aunado a lo anterior, es preciso preservar la práctica de la publicidad de las comparecencias, su transmisión en tiempo real y grabación.

Por lo que toca a la participación ciudadana, consideramos que debería contemplarse la posibilidad de invitar a personas académicas (que estén libres de conflicto de interés) para que participen durante todo el proceso de designación. La objetividad en la evaluación se reforzaría.

Finalmente, dada la trascendencia del nombramiento en términos de desarrollo democrático, consideramos que debe abrirse la posibilidad de que como ciudadanía podamos impugnar la designación si ésta no se desarrolla conforme a lo establecido en la normatividad y estándares internacionales. 

Esperamos que las recomendaciones contenidas en nuestro documento Propuestas para mejorar los procesos de designación de personas ministras, magistradas y juezas federales abonen a la discusión sobre el diseño de un Poder Judicial de la Federación más eficiente e independiente en beneficio de todas y todos. Nuestra intención fue ir más allá del actual debate sobre el voto popular para poner sobre la mesa propuestas viables de mejora de la institución judicial. En otra ocasión abordaremos nuestras propuestas para mejorar la designación de personas magistradas y juezas.

Esperamos que el Poder Legislativo aproveche la coyuntura generada a partir de la presentación de las iniciativas del presidente, para desarrollar ejercicios de parlamento abierto y que entre todas y todos trabajemos en la conformación de instituciones fortalecidas para beneficio de nuestra democracia.

Adriana Aguilar es investigadora del programa de Transparencia en la justicia de México Evalúa. La autora agradece la revisión de Pablo García.

 

1 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial,

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. [Presentaciones ejecutivas].

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021. [Presentación de resultados].

4 La iniciativa puede consultarse aquí.

Pantin, L. (25 de julio de 2023). Ni a Morena le conviene que los juzgadores pasen por las urnas. Proceso.

Pantin, L. y Quezada, A. (28 de julio de 2021). ¿Estamos listos para elegir a los magistrados por voto popular? Proceso.

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Cómo es IK-3, la temida prisión en Siberia en la que murió el opositor ruso Alexei Navalny
2 minutos de lectura
Cómo es IK-3, la temida prisión en Siberia en la que murió el opositor ruso Alexei Navalny
Estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero no con las propuestas de reforma a la integración del Poder Judicial. Sin un mecanismo de evaluación meritocrático, el proceso no garantiza la idoneidad de los perfiles y la imparcialidad de quienes se desempeñan en el cargo.
16 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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Se sintió mal y desfalleció. Es todo lo que se sabe de momento de la muerte del más férreo opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, de 47 años.

El Servicio Penitenciario Federal de Rusia confirmó la noticia desde la cárcel en la que se encontraba, conocida como la colonia “Lobo Polar” y considerada una de las prisiones más duras de Rusia.

Al penal situado en el remoto distrito autónomo de Yamalia, en el Círculo Polar Ártico, se dirigieron los abogados del fallecido disidente político.

Fue trasladado allí a principios de diciembre del año pasado después de estar desaparecido durante dos semanas.

Reapareció en esta colonia de régimen especial a unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú, donde las temperaturas se acercan a -40°C en invierno.

Lejos de su familia y colaboradores, Navalny vio restringido su régimen de visitas, así como el acceso a cartas o correos electrónicos.

Heredera de los gulags soviéticos

Las colonias de régimen especial son instituciones con las condiciones de detención más severas. Según el Código Penal de Rusia, allí se envía a los condenados a cadena perpetua o a “reincidencia de delitos especialmente peligrosos”.

Las colonias penales son descendientes de los gulags de la era soviética, los famosos campos de trabajo de la era de Stalin donde miles de rusos perdieron la vida entre entre 1930 y 1950.

Hasta 170 prisioneros eran recluidos estrechamente en cada celda. Se estima que 20 millones de personas murieron durante el reino del terror de Stalin.

Navalny, que compareció recientemente ante el tribunal a través de un enlace de vídeo, dijo que estaba satisfecho con las condiciones en la colonia. “Estoy mejor aquí que en el IK-6”, comparó con la anterior prisión.

Fundada en 1961, la colonia penal IK-3 se construyó en el lugar del antiguo Gulag 501.

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