Lo que no toca la reforma judicial: la impunidad
Quienes están a favor de la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador y ya aprobada por la Cámara de Diputados suelen promover los beneficios que tendrá para la democratización del Poder Judicial y el acceso a la justicia. Afirman con total convicción que fue el pueblo, de manera mayoritaria, quien decidió impulsar esta reforma a través de su voto, lo que le otorgaría legitimidad democrática.
Es difícil imaginar que, con esta reforma, la justicia en México tendrá la efectividad que tanto demanda la sociedad. Como se ha señalado en muchos espacios de discusión, la propuesta carece de una perspectiva integral sobre los problemas y necesidades que enfrenta la justicia en México. En el mejor de los casos, parte de un diagnóstico incompleto sobre el problema público que busca resolver: la impunidad.
La justicia no son solamente los jueces
Hay que recordar que el sistema de justicia, además del fuero federal, comprende el fuero común (con 32 jurisdicciones, una por entidad federativa) y una diversidad de materias con especificidades en el diseño y operación de las instancias involucradas.
Tan sólo en la materia penal, la justicia se ejerce a través de un entramado normativo e institucional que abarca las policías, los centros de justicia para las mujeres, las fiscalías, las comisiones de atención a víctimas, los servicios periciales, las unidades de medidas cautelares, las defensorías públicas, los sistemas penitenciarios y los poderes judiciales. Todas estas instancias tienen que funcionar de manera coordinada para cumplir con los principios, derechos y procedimientos que establece la Constitución Política Federal, los tratados internacionales y demás disposiciones legales aplicables.
Para ilustrar los retos específicos del sistema de justicia penal —que no son propios de los poderes judiciales—, basta con ver algunas cifras. De acuerdo con nuestro reporte Hallazgos 2022, en ese año las fiscalías estatales iniciaron 2,246,885 procedimientos derivados de las carpetas de investigación por presuntos hechos delictivos. De ellos, al cierre del año, 52.3 % continuaron en trámite (o proceso de investigación), 43 % fueron resueltos por alguna determinación ministerial que no representa una solución efectiva para las víctimas (como el no ejercicio de la acción penal o el envío de los expedientes al archivo temporal) y sólo en el 4.3 % hubo una vinculación a proceso. Esto significa que en menos del 5 % de los casos denunciados la resolución era competencia de los jueces locales, ya sea por juicio oral, procedimiento abreviado o suspensión condicional del proceso.
Políticas públicas que sí abordan el problema
Es evidente que uno de los mayores retos que enfrenta la justicia en México tiene que ver con las capacidades de las fiscalías para procurar justicia, considerando el volumen, diversidad y complejidad de los casos que año con año conoce. En México Evalúa hemos impulsado desde hace varios años la persecución penal estratégica como una herramienta de política pública para optimizar los recursos disponibles de las fiscalías (que por cierto suelen ser muy limitados). Esta optimización se logra al establecer criterios de priorización de los fenómenos delictivos. Cada tipo de delito cuenta con su propio modelo y estrategia de investigación, así como formas de atención diferenciada conforme al perfil de las personas involucradas.
En nuestra iniciativa Hallazgos / Red Justicia buscamos que en los procesos de elaboración de las políticas de persecución penal a nivel local se consideren mecanismos de participación de la sociedad civil y la academia —tales como foros, mesas de trabajo y consultas—. De hecho, actualmente trabajamos con actores locales de la sociedad civil y las fiscalías estatales de Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas en el diseño de mecanismos de seguimiento y retroalimentación de dichas políticas.
¿Sólo la votación define a lo democrático?
Más allá del discurso oficialista, lo democrático de una decisión, política o reforma legal —constitucional en este caso—, incluye más elementos de los que se han considerado y no justifica la cerrazón para considerar otras perspectivas y argumentos, e incorporar otros aspectos del problema que se pretende resolver.
El tema no es menor ya que hablamos de que la justicia es un bien público y una aspiración de nuestra sociedad. La elección directa por voto popular de jueces, ministros y magistrados no es el único mecanismo para democratizar y hacer más efectiva la justicia, y claramente no el mejor en este caso, ya que implica más riesgos que ventajas.
La legitimidad de los jueces y la de las fiscalías
¿Por qué no incluir en esta reforma a las fiscalías tanto federal como estatales? Si se trata de legitimidad, como argumentan algunos promotores de la reforma, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 nos revela que no hay diferencias significativas entre las fiscalías y los jueces en términos de legitimidad (o falta de). 55 % de la población consideró efectivo el desempeño del Ministerio Público y las Fiscalías, mientras que en el caso de los jueces fue de 58.3 %. Asimismo, 58 % de la población confía en los agentes del Ministerio Público, y 59.1 % confía en los jueces. Sin embargo, 57.8 % de la población percibe que los agentes del Ministerio Público son corruptos, y 66 % percibe que los jueces son corruptos. Es decir, el problema está en ambas áreas.
Desde México Evalúa lo hemos advertido reiteradamente: el principal problema de la justicia penal en México no radica tanto en los poderes judiciales, como en las fiscalías. La reforma no resolverá el grave problema de impunidad que alcanza el 96.3 % de los casos, sin contar la llamada cifra negra que son los delitos que ni siquiera se denuncian o en los que no se abre una carpeta de investigación, y que nos dice que solo 7 de cada 100 delitos sí llegan al sistema de justicia.
No olvidemos estos datos, porque serán una de las líneas de base con las que mediremos los efectos de esta eventual reforma sobre la efectividad de la justicia penal. Dicho sea de paso, nos preocupa que va a agravar el problema, y no ayudará a resolverlo.
* Jorge Carbajal es investigador del Programa de Justicia de México Evalúa.
La antigua casa de campo del líder nazi Joseph Goebbels es un lastre para el Estado, demasiado costosa para restaurar además de sus vínculos con un pasado funesto.
¿Qué hacer con una otrora gran casa de campo, construida en un terreno de unas 17 hectáreas a la orilla de un idílico lago, pero tristemente vinculada a uno de los personajes más macabros de la historia?
La propiedad está abandonada desde el año 2000, le cuesta al Estado un dineral mantenerla y nadie la quiere comprar.
¿La única opción? Regalarla.
Esa es la más reciente propuesta de las autoridades del estado de Berlín para deshacerse de lo que fue el retiro veraniego de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Adolf Hitler.
“Se la ofrezco a quien quiera hacerse del lugar, tomarla como un regalo del Estado federado de Berlín”, declaró en mayo el ministro de Finanzas, Stefan Evers, ante el Parlamento estatal.
Apodada por Goebbels como “Villa Bogensee”, por el lago aledaño que queda unos 15 kilómetros al norte del área metropolitana de Berlín, la propiedad decaída y abandonada se ha vuelto un lastre económico para el gobierno local, que debe pagar por su mantenimiento y seguridad.
No obstante, sigue siendo un sitio de atracción para algunos visitantes que se abren paso por entre la maleza para atisbar por entre los ventanales lo que fue una lujosa mansión con decenas de habitaciones
Por la preocupación de que el triste legado del lugar pueda atraer a grupos extremistas, las autoridades quieren la propiedad sea destinada a trabajar con fines sociales
Una organización que representa a judíos europeos propone convertirla en un centro de comunicación y psicología política y combatir discursos de odio.
De no encontrar una solución satisfactoria, su destino podría ser la completa demolición y allanamiento del área, para las cuales ya está preparado el gobierno local, según Stefan Evers.
La historia de la villa en Bogensee
Joseph Goebbels fue uno de los aliados más cercanos a Hitler. Ocupó el cargo de ministro de Propaganda nazi y brevemente canciller del Tercer Reich. Era un demagogo conocido por sus dotes de orador que utilizó para difundir su ideología antisemita y de guerra total.
Bogensee, un lago ovalado en el estado alemán de Brandemburgo y rodeado de un parque natural, fue dedicado a Goebbels por la administración de la ciudad de Berlín en 1936, cuando el dirigente nazi cumplió 39 cumpleaños.
El lugar contaba con una lujosa mansión que el ministro remodeló para incluir unas 40 habitaciones, decenas de aposentos para huéspedes y servicio, aire acondicionado, planta de tratamiento de agua, una sala privada de cine de 100 metros cuadrados y hasta un búnker.
Fue un retiro campestre para él, su esposa y seis hijos. Alejado de Berlín, en la soledad del bosque, el ministro de Propaganda se deleitaba en poder trabajar y leer en silencio sin recibir llamadas telefónicas ni correspondencia, según escribió en su diario.
Pero la villa también fue sede de veladas sociales con líderes nazis, artistas y actores. Goebbels, que tenía la reputación de poseer un gran apetito sexual, supuestamente utilizó el lugar como “nido de amor” para su relaciones secretas.
Al final de la guerra, cuando Goebbels se suicidó con su esposa -tras envenenar a sus seis hijos- el área de Bogensee fue ocupada por el Ejército Rojo por casi un año y luego sirvió temporalmente como un hospital militar.
Durante el período en que Alemania estuvo dividida, los predios fueron tomados por el ala de las juventudes del Partido Comunista de Alemania Oriental, que estableció una escuela de liderazgo con un centro de entrenamiento y varios bloques residenciales.
Tras la reunificación alemana en 1990, el complejo regresó a ser propiedad del estado federal de Berlín, pero la ciudad capital no pudo darle un uso.
¿Qué hacer con un lugar ensombrecido por el pasado?
En 2015, se fundó una asociación de desarrollo para preservar el edificio y usarlo como una academia internacional con miras a la educación en las áreas de crisis. Pero el proyecto se abandonó y la ciudad desistió de querer readaptarla o siquiera venderla.
En las afueras de lo que fue la lujosa villa, la maleza ha crecido alrededor de la mansión, impidiendo el paso a la sala de cine donde Goebbels proyectó sus películas de propaganda.
Las telarañas cubren las ventanas de los cuartos, las vigas de soporte se están cayendo y el polvo se ha apoderado de los salones.
El mantenimiento de la propiedad le cuesta al gobierno local unos US$300.000 al año, tan solo para evitar que se derrumbe completamente.
La restauración no sólo sería un proyecto sumamente costoso, sino que abriría toda una lata de gusanos en torno a la polémica de cuánto conservar de la historia nazi de Alemania al tiempo que las nuevas generaciones no quieren sepultar el pasado, por oscuro y complejo que sea.
Esas son las consideraciones que crean el dilema para las autoridades de qué hacer con este patrimonio.
“La historia del lugar es precisamente la razón por la que Berlín nunca dejaría esta construcción en manos privadas donde existiría el riesgo de que pudiera ser mal utilizada”, expresó el ministro Stefan Evers.
Propuesta inesperada
Tras los comentarios de exasperación hechos ante parlamentario estatal por Evers en mayo pasado, que ofreció regalar la mansión y el terreno, hubo una oleada de posibles prospectores de todo el mundo, informó el diario The New York Times.
Hubo indagaciones hechas por un dermatólogo que quería abrir un centro de cuidados de la piel, así como de varios especuladores inmobiliarios, según expresó Evers al diario. Pero ninguno de estos fue considerado apto, señaló el político.
Un grupo de extrema derecha llamado el movimiento Reichsbürger, del que algunos de sus miembros enfrentan un juicio por tratar de derrocar el gobierno, también hizo indagaciones que fueron rápidamente rechazadas.
Sin embargo, una de las propuestas más interesantes vino de uno de los lugares más inesperados.
La Asociación Judía Europea (EJA, por sus siglas en inglés) que representa a cientos de comunidades judías en ese continente, expresó interés en explorar la posibilidad de convertir el lugar en un centro de libre expresión y combate contra el discurso del odio.
El presidente de la EJA, el rabino Menachem Margolin, le escribó una carta al ministro berlinés, expresando su oposición a que la antigua villa de Goebbels fuera demolida, proponiendo convertirla en un centro de estudios para combatir todo tipo de odio.
“Convirtamos ese predio que propagaba la maldad absoluta en una fuente para propagar el bien. Sería una importante victoria moral”, escribió el rabino Margolin.
Evers respondió que el gesto es digno de atención, pero indicó que el asunto es de financiación y el gobierno estatal está preparado para seguir adelante con la demolición si no se encuentra la solución adecuada.
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