Lo que no toca la reforma judicial: la impunidad
Quienes están a favor de la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador y ya aprobada por la Cámara de Diputados suelen promover los beneficios que tendrá para la democratización del Poder Judicial y el acceso a la justicia. Afirman con total convicción que fue el pueblo, de manera mayoritaria, quien decidió impulsar esta reforma a través de su voto, lo que le otorgaría legitimidad democrática.
Es difícil imaginar que, con esta reforma, la justicia en México tendrá la efectividad que tanto demanda la sociedad. Como se ha señalado en muchos espacios de discusión, la propuesta carece de una perspectiva integral sobre los problemas y necesidades que enfrenta la justicia en México. En el mejor de los casos, parte de un diagnóstico incompleto sobre el problema público que busca resolver: la impunidad.
La justicia no son solamente los jueces
Hay que recordar que el sistema de justicia, además del fuero federal, comprende el fuero común (con 32 jurisdicciones, una por entidad federativa) y una diversidad de materias con especificidades en el diseño y operación de las instancias involucradas.
Tan sólo en la materia penal, la justicia se ejerce a través de un entramado normativo e institucional que abarca las policías, los centros de justicia para las mujeres, las fiscalías, las comisiones de atención a víctimas, los servicios periciales, las unidades de medidas cautelares, las defensorías públicas, los sistemas penitenciarios y los poderes judiciales. Todas estas instancias tienen que funcionar de manera coordinada para cumplir con los principios, derechos y procedimientos que establece la Constitución Política Federal, los tratados internacionales y demás disposiciones legales aplicables.
Para ilustrar los retos específicos del sistema de justicia penal —que no son propios de los poderes judiciales—, basta con ver algunas cifras. De acuerdo con nuestro reporte Hallazgos 2022, en ese año las fiscalías estatales iniciaron 2,246,885 procedimientos derivados de las carpetas de investigación por presuntos hechos delictivos. De ellos, al cierre del año, 52.3 % continuaron en trámite (o proceso de investigación), 43 % fueron resueltos por alguna determinación ministerial que no representa una solución efectiva para las víctimas (como el no ejercicio de la acción penal o el envío de los expedientes al archivo temporal) y sólo en el 4.3 % hubo una vinculación a proceso. Esto significa que en menos del 5 % de los casos denunciados la resolución era competencia de los jueces locales, ya sea por juicio oral, procedimiento abreviado o suspensión condicional del proceso.
Políticas públicas que sí abordan el problema
Es evidente que uno de los mayores retos que enfrenta la justicia en México tiene que ver con las capacidades de las fiscalías para procurar justicia, considerando el volumen, diversidad y complejidad de los casos que año con año conoce. En México Evalúa hemos impulsado desde hace varios años la persecución penal estratégica como una herramienta de política pública para optimizar los recursos disponibles de las fiscalías (que por cierto suelen ser muy limitados). Esta optimización se logra al establecer criterios de priorización de los fenómenos delictivos. Cada tipo de delito cuenta con su propio modelo y estrategia de investigación, así como formas de atención diferenciada conforme al perfil de las personas involucradas.
En nuestra iniciativa Hallazgos / Red Justicia buscamos que en los procesos de elaboración de las políticas de persecución penal a nivel local se consideren mecanismos de participación de la sociedad civil y la academia —tales como foros, mesas de trabajo y consultas—. De hecho, actualmente trabajamos con actores locales de la sociedad civil y las fiscalías estatales de Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas en el diseño de mecanismos de seguimiento y retroalimentación de dichas políticas.
¿Sólo la votación define a lo democrático?
Más allá del discurso oficialista, lo democrático de una decisión, política o reforma legal —constitucional en este caso—, incluye más elementos de los que se han considerado y no justifica la cerrazón para considerar otras perspectivas y argumentos, e incorporar otros aspectos del problema que se pretende resolver.
El tema no es menor ya que hablamos de que la justicia es un bien público y una aspiración de nuestra sociedad. La elección directa por voto popular de jueces, ministros y magistrados no es el único mecanismo para democratizar y hacer más efectiva la justicia, y claramente no el mejor en este caso, ya que implica más riesgos que ventajas.
La legitimidad de los jueces y la de las fiscalías
¿Por qué no incluir en esta reforma a las fiscalías tanto federal como estatales? Si se trata de legitimidad, como argumentan algunos promotores de la reforma, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 nos revela que no hay diferencias significativas entre las fiscalías y los jueces en términos de legitimidad (o falta de). 55 % de la población consideró efectivo el desempeño del Ministerio Público y las Fiscalías, mientras que en el caso de los jueces fue de 58.3 %. Asimismo, 58 % de la población confía en los agentes del Ministerio Público, y 59.1 % confía en los jueces. Sin embargo, 57.8 % de la población percibe que los agentes del Ministerio Público son corruptos, y 66 % percibe que los jueces son corruptos. Es decir, el problema está en ambas áreas.
Desde México Evalúa lo hemos advertido reiteradamente: el principal problema de la justicia penal en México no radica tanto en los poderes judiciales, como en las fiscalías. La reforma no resolverá el grave problema de impunidad que alcanza el 96.3 % de los casos, sin contar la llamada cifra negra que son los delitos que ni siquiera se denuncian o en los que no se abre una carpeta de investigación, y que nos dice que solo 7 de cada 100 delitos sí llegan al sistema de justicia.
No olvidemos estos datos, porque serán una de las líneas de base con las que mediremos los efectos de esta eventual reforma sobre la efectividad de la justicia penal. Dicho sea de paso, nos preocupa que va a agravar el problema, y no ayudará a resolverlo.
* Jorge Carbajal es investigador del Programa de Justicia de México Evalúa.
Un análisis de los detalles clave de la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump y sus implicaciones para Europa, América Latina y el mundo.
La Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump ha generado alarma entre los aliados más cercanos de Estados Unidos y marca un alejamiento dramático de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense de décadas.
El documento de 33 páginas, divulgado por el gobierno hace unos días, presenta el mundo primordialmente como un escenario económico, resaltando los acuerdos bilaterales y el nacionalismo económico por encima del multilateralismo y la promoción de la democracia.
La estrategia refleja las “cepas más ideológicas” del gobierno de Trump, comentó el corresponsal de BBC News en el Departamento de Estado, Tom Bateman, en el podcast The Global Story del Servicio Mundial de la BBC.
Esta también tiene implicaciones para América Latina, tanto en cómo se relaciona Washington con los cada vez más numerosos gobiernos de derecha, hasta la nueva versión de la Doctrina Monroe, que reafirma a la región como el “patio trasero” de EE.UU.
Igualmente impactante es lo que el documento omite, sin casi una sola crítica hacia adversarios tradicionales como Rusia y China.
En cambio, reserva el lenguaje más cargado para con Europa, lo que dio pie a la preocupación a lo largo de las capitales europeas.
“Eliminación civilizacional”
Mientras que anteriores estrategias de seguridad nacional tendían a reafirmar los valores y prioridades compartidos de EE.UU. con los países europeos, este documento toma un giro diferente.
Europa será “irreconocible en 20 años a menos”, declara, por la acogida del continente a las instituciones multilaterales y sus políticas migratorias, que se han convertido en una influencia corruptora de la “identidad occidental”.
En esa sección, la estrategia crudamente declara que los estados de Europa enfrentan lo que llama la “eliminación civilizacional”.
Los líderes europeos han quedado, por lo menos en privado, “horrorizados” por el documento, dijo al podcast nuestro corresponsal en el Departamento de Estado.
“No están sorprendidos de que esta sea la postura ideológica de algunas partes del gobierno, pero verlo articulado dentro de un documento formal de política es bastante preocupante para ellos”, expresó.
Un “divorcio”
La reacción en Europa de lado y lado del espectro político no se ha hecho esperar.
El diario francés de izquierda Le Monde catalogó el quiebre como un “divorcio”, señalando que marca una ruptura histórica con la era posterior al final de la Segunda Guerra Mundial
“El divorcio está finalizado, pendiente de la división de bienes”, escribe el diario en su artículo.
Más diciente aún en términos de la prensa francesa, indica el corresponsal Tom Bateman, es el comentario del diario conservador Le Figaro sobre la aparente contradicción de lo que afirma el documento sobre lo que llama la “pretensión del no intervencionismo” por un lado y, por el otro, el intervencionismo explícito en el caso de los países europeos.
La estrategia textualmente indica la intención de EE.UU. de cultivar la resistencia de los partidos de oposición en los países europeos. Eso implica apoyo a partidos de extrema derecha como el AfD en Alemania, el Partido Reforma en Reino Unido, y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, entro otros.
Es un apoyo explícito a los movimientos políticos en Europa que abogan por un nacionalismo económico y una oposición férrea a la migración, que el documento tilda de “partidos patrióticos”.
El paralelo con América Latina
La estrategia hacia Europa sería una repetición de cómo ha accionado el gobierno de Trump en relación con América Latina, opina el corresponsal de la BBC.
En Argentina, por ejemplo, menciona el rescate económico que Trump aprobó para el gobierno de Javier Milei días antes de que su partido enfrentara elecciones legislativas que definirían el futuro de su proyecto político.
“Eso fue interpretado por los opositores (de Milei) como una evidente interferencia por Estados Unidos”, expresó Tom Bateman.
Ese apoyo se repitió antes de las recientes elecciones en Honduras, cuando Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años en EE.UU. por narcotráfico, al tiempo que manifestó su apoyo al candidato de derecha Nasry “Tito” Asfura.
Lo mismo se ha visto en Brasil, con los ataques de Trump contra los tribunales de ese país que condenaron al expresidente de corte “trumpista” Jair Bolsonaro por su intento de golpe tras haber perdido las elecciones en 2022.
El “corolario Trump” a la Doctrina Monroe
La nueva estrategia realza al continente americano, referido como el “Hemisferio Occidental”, como un principal foco de la política exterior de EE.UU.
El gobierno quiere “asegurarse… de que la región permanezca estable y suficientemente bien gobernada para evitar y desalentar la migración masiva hacia Estados Unidos”, lee el documento.
La estrategia introduce la idea de un “corolario Trump” a la doctrina Monroe, posicionando la táctica del gobierno como una secuela a la política del presidente James Monroe en el siglo XIX afirmando la primacía de EE.UU. en el continente americano y repeliendo la interferencia de los poderes coloniales europeos.
El gobierno considera esta renovada atención como necesaria para contrarrestar la influencia de China en América Latina, señala nuestro corresponsal, a pesar de que China no está mencionada directamente en el documento.
China ha logrado obtener demasiada posición económica en la región, según Trump, aunque su insinuación de que está “operando” el Canal de Panamá no es literalmente verdad.
Los recientes esfuerzos diplomáticos, incluyendo la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a países latinoamericanos a comienzos de año, son una señal de la intención de Washington de reafirmar su dominio tanto económico como estratégico en la región.
Aunque la estrategia no se extiende en la dimensión militar de esta política, la campaña de bombardeos aéreos contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y la presencia de múltiples acorazados y personal militar estadounidense frente a las costas de Venezuela subraya la amenaza del uso de fuerza militar.
Un deterioro anunciado
El deterioro de las relaciones entre EE.UU. y Europa ha sido aparente durante meses.
Una de las primeras señales de la actitud del gobierno de Trump hacia Europa se produjo en enero, cuando el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, emitió un cáustico ataque contra las democracias europeas, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que reprendió a sus líderes por ignorar las preocupaciones de sus votantes sobre la migración y la libertad de expresión.
Pero en la práctica, esta incómoda relación se ha desarrollado en otro escenario; la guerra en Ucrania.
El documento parece sugerir que Europa no ha entendido las dinámicas de poder que están en juego y que Estados Unidos debe invertir energía diplomática para estabilizar la región.
La Unión Europea está acusada de obstaculizar los esfuerzos de Washington por termina la guerra en Urania, según el documento, y que EE.UU. deber “restablecer una estabilidad estratégica hacia Rusia”, que a su vez “estabilizaría las economías europeas”.
El mensaje central es que Ucrania debería permanecer siendo un estado viable pero eso requiere reconocer la posición dominante de Rusia.
Donald Trump está “perdiendo la paciencia” con Europa y Ucrania, señala nuestro corresponsal.
“Está claro… la presión está sobre los europeos para que asientan a una postura que los ucranianos básicamente interpretan como una capitulación”, comentó en el podcast.
La tensión en torno a Ucrania ya se manifestó en momentos de alto perfil, incluyendo la reunión en el Despacho Oval de Trump y Vance con el presidente Volodymyr Zelensky en febrero, en la que tacharon al presidente ucraniano de “irrespetuoso” y “desagradecido”.
Los líderes europeos ahora enfrentan la realidad de que EE.UU. podría presionar para lograr un resultado mucho más preferencial para Moscú que para Kyiv.
Rusia recibió con beneplácito la Estrategia de Seguridad Nacional, describiéndola como “ampliamente consistente” con su visión.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional ya ha reconformado los debates en Washington y a lo largo de Europa.
Sus implicaciones para Ucrania, las relaciones EE.UU.-Europa y el orden global más amplio siguen desarrollándose.
Pero el documento deja una cosa inequívocamente clara: el gobierno de Trump pretende redefinir las prioridades de la política exterior de EE.UU. y espera que sus aliados se adapten a esa nueva realidad.
*Con información adicional del podcast The Global Story del Servicio Mundial de la BBC
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