El ángulo más delicado de la reforma judicial
El 12 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reforma judicial. Ahí estuvieron jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, asociaciones de mujeres juezas y magistradas, representantes del Colegio de Secretarios del Poder Judicial Federal, y de las organizaciones de sociedad civil que conformamos el colectivo #LaJusticiaQueQueremos.
Entre el público había estudiantes del Movimiento Generación del 24 que han impulsado movilizaciones en las calles, el ministro Javier Laynez Potisek, periodistas, académicos de México y Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaitte, hizo un pronunciamiento sobre la situación en México. En fin…. En comentarios del personal de la Comisión, fue una de las audiencias más concurridas y que han generado mayores expectativas en dicho espacio internacional.
Una reforma judicial desvinculada de las personas
Un momento relevante en esta audiencia ante la CIDH fue la oportunidad de dar voz a personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Personas cuyos hijos, hijas, padres, madres, hermanos, amigos, un día ya no regresaron a casa, o fueron sacados de sus hogares a golpes, o cuyos cuerpos han sido encontrados mutilados, calcinados, en pedazos, o asesinados en vídeos grotescos. Víctimas de un infierno de violencia que no ha menguado y que el sistema de justicia (policías, ministerios públicos, comisiones de víctimas, comisiones de búsqueda y peritos) no ha solucionado. Estas víctimas que poco han tenido acceso a la justicia, saben que la reforma judicial tampoco es la solución. Saben que se necesita una reforma, pero no es ésta.
También se están violando los derechos laborales de quienes operan en el Poder Judicial y son parte de una carrera cuya meta era ser jueces, y ahora no lo podrán ser, a menos que se sometan a una campaña electoral. Así, se violan los derechos de las mujeres que lucharon por abrir mecanismos para ser juezas y magistradas, y de todas las personas que afrontaron concursos sumamente rigurosos para ocupar esos cargos, y ahora los ven cancelados ante su remoción en 2025 o 2027. Todas estas personas que han dedicado años de sus vidas al trabajo judicial, ven por tierra su esfuerzo y el futuro de sus familias.
Sobre todo, y el ángulo más delicado de la reforma, es que son violentados los derechos que dan sentido a la existencia de los poderes judiciales: el acceso a la justicia, que ésta sea independiente e imparcial, y el debido proceso. Todos estos pertenecen a la ciudadanía de a pie. En este artículo ampliamos las afectaciones a derechos humanos en materia de justicia penal, tema fundamental que ya abordamos en una colaboración previa.
Acceso a la justicia, independencia judicial y debido proceso
De los más de 100 mil casos de desaparición forzada, entre 2005 y marzo de 2022, los poderes judiciales Federal y estatales sólo han emitido 36 sentencias contra 26 personas. El problema para las familias víctimas es claro, los casos ni siquiera llegan a los jueces. Sus casos siguen entrampados en las Fiscalías, en investigaciones sin rumbo.
Esta situación se replica para casi todos los delitos en México. De acuerdo a Hallazgos 2023 de México Evalúa, en 2023, de más de 2 millones de procesos penales que se abrieron en las fiscalías, menos de 100 mil (3.6%) fueron vinculados a proceso; es decir, sólo estos casos llegaron ante un juez. El resto sigue en las fiscalías. En materia penal, el problema de acceso a la justicia no está en los poderes judiciales. El problema lo encontramos, pasos atrás, en las instituciones encargadas de la investigación y construcción de los casos: policías, fiscalías y autoridades que cuentan con información sobre la posible comisión de delitos.
Si la intención tan anunciada de la reforma es mejorar el acceso a la justicia, deberíamos empezar por las policías y fiscalías. Al parecer, en el actual gobierno hay una mayor claridad sobre este punto. Sólo tenemos que asegurarnos que las capacidades de investigación de las policías sean desde un enfoque civil y no militar. También, que las investigaciones (incluyendo el uso de inteligencia) tienen que darse en un marco de respeto de derechos bajo la vigilancia y supervisión judicial. Tenemos que vigilar que una vez que los casos lleguen ante los jueces, estos no obedecerán instrucciones de quienes los designaron como candidatos. Y que, durante el proceso y las audiencias, se respetaron los derechos de víctimas y personas procesadas. Ahí está el reto y la importancia de contar con jueces independientes e imparciales y que la justicia sea transparente.
¿Y ahora qué hacemos?
En este escenario de una reforma sin diagnóstico, sin plan de implementación, sin escuchar a las y los jueces y a quienes trabajan en los tribunales, y lo más desesperanzador, sin visión de mejora de los derechos de la ciudadanía, tenemos que identificar y construir espacios de esperanza.
Ante el avasallamiento contra los poderes judiciales y el riesgo de perder nuestros derechos, ¿hay alguna esperanza para la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer? En este momento hay varias propuestas, las resumo en estas tres:
- Observar y documentar desde sus muchas aristas el proceso de implementación de la reforma judicial en el ámbito federal, y no dejar de señalar los problemas y costos que representa.
- En el ámbito internacional, y aunque la batalla dure años, seguir alertando y comunicando las implicaciones de la reforma en el deterioro de un estado de derecho democrático y la pérdida de derechos de las personas.
- En el ámbito local, proponer y encontrar fórmulas que acerquen la justicia a las personas y que no fueron consideradas en la reforma judicial: justicia cívica, tribunales constitucionales locales, justicia digital, participación ciudadana en la construcción de políticas judiciales, jurados. Incluso construir, desde los estados, soluciones que permitan fortalecer la carrera judicial, a pesar de la obligación de realizar elecciones de cargos judiciales por voto popular.
Y desde los diferentes espacios (víctimas de violaciones de derechos humanos, sociedad civil, activistas, academia, estudiantes, periodistas, defensores de derechos, sector privado, jueces, personal judicial), articularnos y no perder de vista que al final del día lo que estamos defendiendo son nuestros derechos.
*Susana Camacho (@Su_Kmacho) es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
Analizamos las respuestas de los países implicados y qué consecuencias podrían tener los aranceles.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, disparó las alarmas en México, Canadá y China al anunciar este lunes que el primer día de su segunda presidencia, previsto para el 20 de enero, impondrá nuevos aranceles a los productos de estos tres países.
Trump dijo que la medida será parte de su lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, dos de los pilares de la campaña que le llevó a ganar las elecciones del pasado 5 de noviembre.
Expertos creen que, de concretarse, la medida podría causar un drástico aumento de los precios de muchos bienes, mientras algunos sostienen que se trata de una mera estrategia de negociación del próximo líder de Washington.
El anuncio del próximo líder de la Casa Blanca ha generado preocupación en los gobiernos mexicano, canadiense y chino, que han respondido de diferentes maneras.
Analizamos las principales claves de la nueva amenaza arancelaria de Trump.
1. ¿Qué anunció Trump?
El presidente electo adelantó que, tan pronto asuma el cargo el próximo 20 de enero, gravará con un 25% las importaciones desde Canadá y México, e impondrá un arancel adicional del 10% a las procedentes de China, según una publicación en su cuenta de la red Truth Social.
Trump aseguró que será una de sus “muchas primeras órdenes ejecutivas” y la justificó como una medida de su lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas a través de las “ridículas fronteras abiertas” de Estados Unidos.
“Miles de personas están cruzando por México y Canadá, trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos”, escribió.
Agregó que los nuevos aranceles permanecerán en vigor “hasta detener esta invasión de drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales a nuestro país”.
“Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo. Por este medio exigimos que usen este poder (…) y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto”, sentenció.
En cuanto a China, aseguró haber mantenido numerosas negociaciones con su gobierno sobre “las enormes cantidades de drogas, en particular fentanilo”, cuyos componentes llegan a Estados Unidos supuestamente desde el país asiático, “pero sin ningún resultado”.
“Hasta que detengan esto, estaremos cobrando a China un arancel adicional del 10%, agregado a cualquier otro arancel adicional, sobre todos sus muchos productos que entren en Estados Unidos”, especificó.
2. ¿Qué respondió Claudia Sheinbaum en una carta?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la amenaza de aranceles en una carta destinada a Trump que leyó en su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum insistió en que es imposible resolver el “fenómeno migratorio” o el consumo de drogas en Estados Unidos “con aranceles ni con intimidaciones”.
“Se requiere de cooperación y entendimiento económico recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes”.
También advirtió que esta medida perjudicaría a empresas binacionales como General Motors y Ford, afectando el empleo y la estabilidad económica de ambos países.
Defendió la importancia de respetar lo establecido en el T-MEC, firmado durante la primera presidencia de Trump (2017-2021) y en vigor desde 2020, y reiteró su intención de dialogar con el equipo del próximo mandatario para preservar la relación comercial.
También destacó que “la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial” para “seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos”.
Sheinbaum contestó a las acusaciones de Trump sobre la migración ilegal citando la reducción del 75% en encuentros diarios de migrantes en la frontera desde diciembre, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En cuanto a la “epidemia de fentanilo”, la consideró “un problema de consumo y de salud pública de la sociedad” estadounidense en la que México colabora “por razones humanitarias”.
Recordó que México ha confiscado toneladas de drogas y armas, y ha detenido a miles de personas relacionadas con el narcotráfico, y subrayó que los precursores químicos para las drogas sintéticas “entran de manera ilegal” desde Asia.
Finalmente, pidió que Trump también aborde “el tráfico ilegal de armas” desde Estados Unidos, país del que proviene “el 70% de las incautadas en México”.
3. ¿Qué dijeron los gobiernos de Canadá y China?
El anuncio del presidente electo estadounidense también generó preocupación en Canadá y China, cuyos gobiernos advirtieron de graves consecuencias económicas.
El gobierno canadiense subrayó la importancia de resolver las tensiones a través de negociaciones.
Su primer ministro, Justin Trudeau, mantuvo una primera conversación telefónica con Trump sobre comercio y seguridad fronteriza, y ambos acordaron proseguir los contactos.
Un portavoz de Trudeau señaló que “la economía de Canadá y la de Estados Unidos están profundamente integradas, y estas medidas perjudicarían a ambas naciones”.
Canadá es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio de bienes y servicios que supera los US$700.000 millones al año e implica a industrias clave, como la automotriz y la de productos agrícolas.
Por su parte, el gobierno chino alegó que “nadie ganará en una guerra comercial o arancelaria”, según dijo Liu Pengyu, portavoz de la embajada de China en Washington, en declaraciones a la BBC.
“China cree que la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa por naturaleza”, señaló.
Sin embargo, esta cooperación ha sido difícil de alcanzar en los últimos años: el 66,4% de las importaciones de productos chinos en EE.UU. y el 58,3% de las importaciones chinas de productos estadounidenses están sujetas a aranceles.
Sobre los componentes fabricados en China que se usan para fabricar narcóticos en Estados Unidos, Liu apuntó que la cooperación antidrogas “es uno de los entendimientos comunes importantes alcanzados entre el presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden durante su reunión en San Francisco en 2023”.
Aseguró que Pekín “ha notificado a Estados Unidos los avances logrados en las operaciones de aplicación de la ley relacionadas con los narcóticos”, “ha respondido a las solicitudes de Estados Unidos para verificar pistas sobre ciertos casos y ha tomado medidas”.
“Todo esto demuestra que la idea de que China permite conscientemente el flujo de precursores de fentanilo hacia Estados Unidos es completamente contraria a los hechos y la realidad”, afirmó.
4. ¿Qué importaciones recibe EE.UU. de los tres países?
Canadá, México y China son, en este orden, los principales socios comerciales de Estados Unidos.
En 2023, el valor conjunto de las importaciones estadounidenses de bienes y servicios procedentes de estos tres países fueron de casi US$1,5 billones, según la Oficina de Análisis Económico de Washington.
En 2022, el último año para el que existe un desglose completo de los tipos de bienes y servicios adquiridos, la principal exportación de Canadá a Estados Unidos fue petróleo crudo por valor de US$117.000 millones.
Esto representó el 60% de las importaciones totales brutas de petróleo crudo de Estados Unidos.
Desde China, las importaciones de computadoras y equipos audiovisuales ascendieron a más de US$100.000 millones.
La principal importación de México también fueron equipos informáticos, por valor de casi US$37.000 millones.
En segundo lugar se situaron los vehículos, que México exportó a EE.UU. por valor de US$34.000 millones en 2022.
5. ¿Cuáles serían las consecuencias de los aranceles anunciados por Trump?
La propuesta de Donald Trump podría tener importantes repercusiones económicas y políticas, especialmente en Estados Unidos, donde expertos advierten sobre un posible aumento de la inflación, tensiones comerciales prolongadas y cuestionamientos sobre el cumplimiento del T-MEC.
De aplicarse, los aranceles podrían encarecer significativamente productos básicos como alimentos, automóviles y bienes electrónicos en Estados Unidos, lo que afectaría directamente a los consumidores, según economistas.
Esto podría presionar al alza los precios en un contexto de lucha contra la inflación y con ello obligar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés elevadas, encareciendo aún más el crédito para hogares y empresas.
Por otro lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020, establece reglas claras para evitar la imposición unilateral de aranceles entre los socios comerciales.
El experto en política comercial Stephen Woolcock declaró a la BBC que las medidas propuestas por Trump “no están en línea con el acuerdo existente“.
Woolcock cree que la efectividad del T-MEC depende de la “confianza y cumplimiento por parte de las naciones involucradas”, y las medidas de Trump podrían erosionar esta base de cooperación.
En todo caso, algunos analistas creen que los aranceles podrían ser utilizados como una herramienta de presión para conseguir concesiones de los socios comerciales de Estados Unidos.
Según Randall Kroszner, exgobernador de la Reserva Federal, Trump probablemente emplea estas amenazas para lograr avances en temas sensibles como la inmigración y el tráfico de drogas.
Kroszner subraya que los aranceles tendrían un impacto menor en la economía estadounidense, donde las importaciones representan solo el 15 % del PIB, en comparación con México y Canadá, que dependen mucho más del comercio con Estados Unidos.
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