Es común escuchar a la ciudadanía quejarse sobre el desempeño y dudosa eficacia de las policías en México, pero no es tan usual conocer las condiciones adversas que enfrentan a diario. En una de las épocas más violentas del país, las y los policías en México tienen que trabajar no sólo con el estigma de una profesión poco reconocida, sino bajo condiciones laborales desfavorables.
Por ejemplo, su salario. La evidencia muestra que los policías tienen sueldos que limitan la dignificación de su servicio público. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, tres de cada diez policías reciben mensualmente entre 9 mil y 13 mil pesos netos, cifra por debajo del salario digno que para esta labor recomiendan las autoridades a nivel federal. Ese salario digno promedio a nivel nacional en 2024 es de 16,668 pesos netos. En otras palabras, más de la cuarta parte de los policías gana menos, en promedio, de lo que las mismas autoridades recomiendan.
Si hablamos de sus prestaciones laborales, la situación también es insuficiente. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 sólo uno de cada dos policías cuenta con aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida. Sin embargo, la mayoría no tiene cobertura de seguridad social, ni otras prestaciones relevantes para su profesión como atención psicológica, o acceso gratuito a gimnasios.
Policías sin hogar propio
Entre estas carencias, la falta de acceso a la vivienda es especialmente crítica. La última información disponible del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 indica que sólo 8 de cada 100 policías municipales a nivel nacional tienen acceso a crédito para la vivienda como prestación laboral, y apenas 6 de cada 100 reciben algún tipo de apoyo para adquirir un bien raíz. Las cifras son alarmantes, pues claramente las y los policías no están recibiendo los derechos que se les extienden directamente desde la Constitución.
Para complicar lo anterior, el trabajo policial se cataloga como riesgoso, lo que dificulta que una institución financiera autorice créditos hipotecarios. Así, la desprotección se combina con la falta de inclusión en el sistema financiero tradicional, y eso es un doble castigo.
Si de por sí es difícil reclutar y retener a estos profesionales, estas carencias definitivamente no ayudan. Menos aún si las comparamos con las tácticas más efectivas de grupos criminales para reclutar —tal como señaló Mariana Campos, directora de México Evalúa, en una columna de opinión de octubre pasado.
Desde luego, la falta de acceso a una vivienda digna es una situación crítica a nivel nacional, no solamente en las instituciones policiales. Se necesitan al menos 8.2 millones de viviendas en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indica que el 45 % de las casas de México enfrenta una situación de precariedad tanto en su construcción como en su equipamiento, infraestructura y acceso a servicios básicos. Estos déficits impactan de manera significativa a los sectores menos favorecidos de la población, pero es especialmente grave para aquellas personas que no tienen acceso a los instrumentos financieros para hacerse de una vivienda… como las policías.
La buena noticia: sí hay solución al problema
Ya hay propuestas para mejorar la accesibilidad al financiamiento de vivienda para policías, incluyendo subsidios gubernamentales y programas de financiación local adaptados a sus necesidades y riesgos específicos. Por ejemplo, recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) creó un programa piloto para otorgar, en una primera etapa, servicios de vivienda para los policías municipales de Mérida. Con el éxito de esta experiencia, otros municipios en Nuevo León y en Hidalgo ya se unieron al programa de forma permanente.
A pesar de ser un paso en la dirección correcta, la adopción generalizada del programa se ve limitada por cuestiones normativas y financieras por parte de los municipios. Por un lado, deben asegurarse que la normativa local permita que el Infonavit otorgue los servicios de vivienda, lo que puede requerir cambios de leyes estatales y municipales; por otro lado, los municipios deben asegurar una partida específica para el pago del Infonavit en el primer año y los subsecuentes. Es aquí donde la debilidad de las finanzas municipales se vuelve el principal reto para mejorar las condiciones laborales de la policía.
Es por todo esto que este tipo de iniciativas deben estar formalmente establecidas mediante leyes o reglamentos. Este paso legal proporciona una base sólida y duradera para su implementación; además de que garantiza la asignación continua de fondos y recursos.
Contar con una vivienda estable no solamente mejoraría la calidad de vida de los policías; también tendría un impacto positivo en su eficacia laboral. Dicho de otro modo, fomentar que la policía tenga casa propia puede ser una herramienta efectiva para fortalecer las estrategias de reclutamiento y retención. Esto generaría en las corporaciones policíacas un entorno laboral más atractivo y seguro que, en consecuencia, resultaría en una vida más segura para la ciudadanía.
Las escuelas segregadas para niños de ascendencia mexicana existieron en suroeste de EE.UU. durante décadas. En una de ellas, en la pequeña ciudad texana de Marfa, celebraron un día una peculiar ceremonia.
“Ya habíamos asistido a funerales de familiares antes, así que entendimos que allí se estaba celebrando un entierro. Lo que no sabíamos era por qué”… Ni de quién.
Así recuerda Jessi Silva aquella mañana de 1954 en la que se encontró en el patio de su escuela, rodeada de otros alumnos, observando un hoyo recién cavado.
Allí estaba también Maggie Marquez, quien por aquel entonces cursaba cuarto grado. Nada más entrar a clase, se había percatado de que el día no iba a ser como cualquier otro.
“Cuando llegué al salón la maestra nos dio pedazos de papel y nos pidió que escribiéramos en ellos: ‘No hablaré español ni en la escuela ni durante el receso’”, le contó décadas después a StoryCorps, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuyo objetivo es registrar, preservar y compartir historias.
Obedientes, siguieron las instrucciones al pie de la letra. La profesora agarró todos los papelitos, los dobló y los metió en una caja de cigarros, tal como lo habían hecho el resto de los docentes del centro.
A aquello le siguió una procesión al patio, donde introdujeron el estuche en el agujero cavado junto a un asta en el que ondeaba la bandera estadounidense.
Burial of Mr. Spanish, llamaron a la ceremonia, “El entierro del señor español”.
A partir de aquel momento el idioma de sus ancestros, la lengua materna de estas dos mujeres, que tienen hoy 76 y 80 años, quedaba prohibida en las instalaciones.
Marquez, sin embargo, recuerda que se rebeló ante el entierro simbólico del español.
De vuelta al aula, le dijo a sus compañeras: “Nadie me va a hacer que deje de hablar en español”.
“Lo que no sabía es que tenía a la maestra detrás, y me llevó a la oficina del director”, contó.
La jornada acabó con unos azotes.
Ocurrió en la Escuela Primaria Blackwell, en Marfa, un desértico pueblo de Texas situado a unos 95 kilómetros de la frontera con México.
Pero bien pudo haber pasado en cualquiera de las otras escuelas exclusivas para niños con ascendencia mexicana que existieron en el suroeste de Estados Unidos desde inicios del siglo hasta entrada la década de los 60, como parte de una segregación de facto cuyas consecuencias —según apuntan expertos e investigaciones varias— se sienten aún hoy.
Separados pero… ¿iguales?
A diferencia de la discriminación sufrida por los afroestadounidenses, sobre todo en los estados sureños, donde primaba el lema “separados pero iguales”, la aplicada contra los mexicano-estadounidenses no era por mandato legal sino una práctica común.
Los distritos escolares decidían si separaban o no a los estudiantes de ascendencia mexicana o a los latinos de otros orígenes, y muchos así lo hicieron en Arizona, California, Nuevo México, Texas.
En este último estado, para la década de 1940, existían las llamadas Mexican Schools (“Escuelas mexicanas”) en más de 120 ciudades que se mantuvieron hasta 1965, cuando se logró la integración.
Por la Escuela Primaria Blackwell, fundada en 1889, pasaron miles de estudiantes de entre primer y octavo grado; alumnos de origen mexicano que estudiaron con menos recursos que sus pares blancos, con materiales descartados por estos, en aulas con mobiliario de segunda mano.
Y el entierro del español no fue el único recuerdo de discriminación.
Otro día una alumna fue obligada a bañar a otra de piel más oscura por considerársela “sucia”.
En los años 50, los futbolistas de Blackwell eran considerados lo suficientemente buenos como para conformar equipo con menores anglos, pero no tanto como para que compartieran vestuarios.
“En Marfa aprendí lo que era el racismo”, le dijo Jesusita Williams Silva, quien empezó a estudiar en Blackwell en 1956, a Texas Monthly. “(Lo aprendí) Al ver a mi madre siendo rechazada en la tienda porque era hispana, al ver que mi padre no cobraba lo suficiente por ser hispano, al ver a la gente humillar a mis padres frente a sus hijos”.
En aquel entonces, en la puerta de algunos restaurantes había carteles que decían “Ni perros ni mexicanos”. En los cines, solo se podían sentar en los balcones superiores y bañarse solo los lunes, cuando el agua estaba más sucia, en las piscinas municipales.
La inevitable asimilación
En las escuelas segregadas, junto a la política que obligaba a comunicarse solo en inglés, justificada sobre la base de que era necesaria para brindarles a unos alumnos con “deficiencias lingüísticas” una formación efectiva, los educadores usaron prácticas pedagógicas y promovieron actividades que imponían valores e ideales blancos y de clase media.
El objetivo era que fueran lo más “estadounidenses posible”, escribió en su libro Culture, language, and the Americanization of Mexican children (“Cultura, lenguaje y la americanización de niños mexicanos”) Gilbert G. González, profesor de la Universidad de California y pionero de la disciplina de los Estudios Latinos y Chicanos.
La asimilación fue, en muchos casos, inevitable.
“No quería hablar español, no quería vestir como mexicana”, le contó Janie Martínez, quien asistió a una de esas escuelas, a Lilliana P. Saldaña, investigadora de la Universidad de Texas-San Antonio.
Saldaña incluyó su caso en un ensayo que aborda los traumas sufridos por una serie de mexicano-estadounidenses en el sistema educativo segregado y cómo eso los llevó a formarse como maestros.
“Durante sus años universitarios hizo todo lo posible por deshacerse de todo lo que la caracterizaba como mexicana y, cuando se graduó, pidió que su diploma dijera ‘Janie’ en lugar de ‘Juanita’. Tampoco les enseñó español a sus hijos, una decisión de la que hoy se arrepiente”, escribe Saldaña.
“Cómo los trataban los maestros y maestras, cómo el sistema escolar les cambió el nombre o hizo que se lo cambiaran, cómo los hizo sentirse avergonzados de ser pobres y mexicanos, del barrio… Eso fueron razones por las que tomaron la decisión muy consciente de ser docentes en su propia comunidad y de impulsar el bilingüismo”, le dice Saldaña a BBC Mundo.
También hubo reacciones más generalizadas, como la creación de las llamadas “escuelitas”.
“Fueron comunes en muchas comunidades fronterizas. Las familias mexicano-estadounidenses las establecían, a veces en alguna de las casas, tras recolectar fondos entre ellas mismas”, explica Saldaña.
“Eran independientes, gerenciadas por las propias familias, no estaban bajo el control estatal, y reclutaban a las maestras en México, que hablaban español pero que también tenían experiencia como educadoras”, prosigue.
La segregación y la consiguiente asimilación también tuvo costos a distintos niveles, consecuencias que siguen sintiéndose hoy y que varios estudios han tratado de retratar.
De acuerdo a un estudio del Pew Research Center publicado el año pasado, el 75% de los latinos de EE.UU. aseguran que pueden mantener una conservación en un español bueno o muy bueno. Pero entre los de tercera generación, son menos de un tercio los que son capaces de ello.
La integración y el desentierro
En un fallo conocido como Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó en 1954 que las leyes estatales que establecían la segregación racial en las escuelas públicas eran inconstitucionales.
Aunque la integración tardó años en alcanzar todos los rincones del país, y en muchos casos requirió de la intervención federal.
A Marfa llegó en 1965, con la apertura de una nueva escuela primaria que acogió tanto a los alumnos del antiguo colegio para niños de ascendencia anglosajona como a los de Blackwell.
Esta última sigue hoy en pie, uno de los pocos ejemplos de escuelas segregadas que no han sido demolidas.
Aunque en su día constaba de varios edificios, hoy luce sola, blanca y discreta, en el sector sur de la pequeña ciudad y rodeada de modestas casas de adobe, un bloque de viviendas sociales y la sede de la Patrulla Fronteriza del sector.
Tras años de trabajo de un grupo de exalumnos y miembros de la comunidad, agrupados bajo la Alianza de la Escuela Blackwell, el 17 de octubre de 2022 fue designada Sitio Histórico Nacional, y ahora alberga un museo y centro comunitario con fotografías, objetos varios y la recreación de un aula.
“En el catálogo de los Sitios Históricos Nacionales hay pocos sitios que hablan de la historia mexicano-estadounidense moderna. Así que Blackwell está realmente a la vanguardia para empezar a contar esas historias nunca contadas”, le dice Daniel O. Hernandez, el presidente de la Alianza, a BBC Mundo.
“No podemos entender la dinámica racial y étnica de Estados Unidos hoy sin conocer lo que sucedió antes, cómo se trató a la gente, cómo la sociedad anglosajona justificó ese trato y qué consecuencias tuvo”, escribió su antecesora, Gretel Enck.
Quienes estudiaron en Blackwell tienen hoy 60, 70, incluso más años.
En 2007, un grupo de ellos se reunió en la antigua escuela, para un evento inspirado en el entierro de “Mr. Spanish”.
En el centro estaba Maggie Márquez, quien de un pequeño ataúd de madera contrachapada que había sido enterrado específicamente para la ceremonia, sacó un diccionario español.
Entre vítores, lo alzó y exclamó: “¡Yo tengo el español!”.
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