En nuestra entrega anterior activamos un tema desdibujado en la agenda pública: la necesidad de fortalecer a las policías municipales. Presentamos evidencia de que la mayoría de las corporaciones de policías municipales del país no cuentan con las prestaciones laborales mínimas establecidas en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC). Una muestra: 50 % de los policías reciben sólo bono anual, vacaciones, bono vacacional y seguro de vida; el 22 % goza de beneficios médicos institucionales y menos del 10 % cuenta con crédito a la vivienda y pensión de jubilación, todo eso con un sueldo promedio de menos de 13,639 pesos.
La anterior circunstancia nos motivó a proponer un estándar básico y uno complementario de las condiciones de trabajo mínimas que deberían tener los agentes de estas corporaciones, con el fin de mejorar su vida, promover el engrosamiento de sus filas y, sobre todo, regenerar su capacidad de prevenir y atender la violencia en el país.
Sin embargo, no hay estándar ambicioso que pueda cumplirse si no averiguamos primero cuánto cuesta hacerlo realidad, y si no se incrementa –y se sostiene en el largo plazo– el presupuesto de estas policías.
Actualmente, los recursos que financian a las corporaciones policiales municipales provienen de las secretarías de Seguridad de los municipios, fondeadas con recursos municipales y estatales, así como por fondos federales. Pues bien, estos recursos en la mayoría de los municipios no son suficientes, y menos para dar a los policías las prestaciones establecidas en la ley. Una muestra más: los recursos provenientes de la Federación destinados a seguridad estatal y municipal han pasado de 36,100 millones en 2012 a 25,500 millones en 2022, caída que ha afectado particularmente a los municipios, ya que algunos dependen en gran medida de estos recursos.
En México Evalúa consideramos que se pueden diversificar las fuentes de financiamiento y ampliar los montos disponibles si se logra una mayor recaudación de impuestos y derechos municipales y estatales. Allí está la gran área de oportunidad, junto con la colaboración del sector privado y la sociedad.
El área con mayor potencial está en el cobro del predial, ya que la mayoría de los municipios se encuentran muy lejos de su potencial recaudatorio en este sentido. Mientras que en unos pocos municipios 80 % de las propiedades de bienes raíces pagan su predial, como Zapopan, hay otros, como Mexicali, en los que menos del 50 % de ellas lo pagan. Adicionalmente, los valores catastrales de las propiedades se encuentran lejos de los valores comerciales actuales; por ejemplo, San Pedro Garza García tiene valores catastrales equivalentes al 70 % del valor comercial, pero Hermosillo tan sólo de 10 %.
Se puede instrumentar una variedad de cambios para maximizar el potencial recaudatorio del predial (sin subir la tasa impositiva). Entre los más evidentes están la actualización del valor catastral, la formalización de propiedades, la implementación de un programa de inspecciones, la mejora de la infraestructura pública y la diversificación de los métodos de pago del impuesto. Además, sería conveniente minimizar la captura política de las juntas catastrales, las cuales impiden la evolución del cobro del predial al limitar cambios tendientes a incrementar la recaudación.
Otra oportunidad para obtener fondos adicionales está en la sobretasa al Impuesto Sobre la Nómina (ISN). Este impuesto estatal, que actualmente va desde 2 % al 4 % en el conjunto de entidades, podría incrementarse a través de una sobretasa en las entidades que tengan margen para hacerlo. Una empresa pequeña promedio, por ejemplo, pagaría cerca de 10 mil pesos al año con un incremento de 0.5 puntos porcentuales al ISN. En todo caso, es recomendable que la sobretasa se destine a un fideicomiso que incluya un porcentaje específico para el mejoramiento de las condiciones de los policías municipales. Allí está el ejemplo exitoso de Chihuahua, donde se creó el Ficosec, un fideicomiso apartidario y sin fines de lucro fondeado por el incremento al ISN, cuya finalidad es impulsar la competitividad y la seguridad locales. Una de las características más importantes de Ficosec es la transparencia y la participación del sector privado en la decisión sobre el uso de los recursos.
Implementar un Derecho de Protección Policial, propuesto en el MNPJC vigente, a través del cobro de una cuota fija a los negocios (dependiendo de su tamaño), es también una prometedora fuente de ingresos municipales. Para hacer realidad esta propuesta se requeriría de un diálogo cercano y cuidadoso con la comunidad de empresarios, cuyas necesidades y preocupaciones deben ser consideradas a la hora de definir los lineamientos de operación de los ingresos colectados.
Desde México Evalúa proponemos a los municipios grandes la creación de fundaciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad a través de la mejora de las condiciones de los policías. Este tipo de fundaciones deberían poder recibir donativos, a partir de los cuales se financiarían con toda transparencia programas que impacten en el bienestar de los policías municipales. Este tipo de esquemas son muy capaces estrechar la relación entre la policía y las comunidades.
Independientemente de las formas de financiamiento elegidas, lo más importante para lograr la sostenibilidad en el largo plazo es la creación de instrumentos que garanticen que los recursos se invierten en el mejoramiento de las condiciones de los policías; que sean transparentes, fiscalizables y que consideren las necesidades de los empresarios y de la ciudadanía.
Es relevante preguntarnos: ¿cómo cuidamos a las personas en cuyas manos ponemos nuestra seguridad e, incluso, nuestra vida? ¿Estamos todos de acuerdo en que un policía debería poder comprar una casa o tener una pensión? ¿Estamos dispuestos a hacer algo al respecto?
Esperen pronto los detalles de nuestras propuestas.
* Elsy Alcalá es investigadora del programa de Gasto Público de México Evalúa.
Esto es lo que se sabe del sofisticado ataque del que Líbano y Hezbolá culpan a Israel.
Miles de personas resultaron heridas en Líbano tras la explosión casi simultánea en todo el país de aparatos buscapersonas que eran utilizados por miembros del grupo armado Hezbolá para comunicarse.
Al menos 9 personas murieron en las explosiones, y cientos más fueron atendidas en hospitales de todo el país. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 2,750 personas resultaron heridas, 200 de ellas de gravedad.
Hezbolá y Líbano culparon a Israel del ataque. Las autoridades israelíes se han negado a hacer comentarios por el momento.
Funcionarios estadounidenses y de otros países citados por el New York Times aseguraron que las explosiones se produjeron como resultado de la implantación por parte de Israel de material explosivo en un lote de buscapersonas importado recientemente a Líbano.
Esto es lo que se sabe.
Las explosiones comenzaron en el sur de Beirut y otras zonas de Líbano el martes por la tarde hacia las 15:45 hora local.
Los testigos afirmaron que vieron salir humo de los bolsillos de la gente y luego se produjeron pequeñas explosiones que sonaban como fuegos artificiales o disparos.
En un video que circuló en redes sociales se observa una explosión en el bolsillo del pantalón de un hombre que estaba de pie junto a la caja registradora de una tienda.
Las explosiones continuaron durante aproximadamente una hora, según informó la agencia de noticias Reuters.
Poco después, decenas de personas comenzaron a llegar a hospitales en todo Líbano, y varios testigos relataron escenas de confusión masiva. La mayoría de los afectados presentaba heridas en las manos y el rostro.
Una fuente cercana a Hezbolá le dijo a AFP que uno de los muertos era hijo de un parlamentario de Hezbolá, y que la hija de 10 años de otro miembro de Hezbolá también murió.
El jefe de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, no resultó herido en las explosiones, informó Reuters.
Mojtaba Amani, embajador de Irán en Líbano, es uno de los heridos. Otras 14 personas resultaron heridas por explosiones en Siria.
Según señala el corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, desde el comienzo del conflicto de Gaza el año pasado, Hezbolá había advertido a sus miembros de que no utilizaran teléfonos celulares por temor a que pudieran ser manipulados o rastreados por agentes de inteligencia israelíes, por lo que estaban usando aparatos buscapersonas -conocidos también como mensáfonos o beepers en inglés- para comunicarse.
Los analistas no tardaron en expresar su asombro por la magnitud del ataque del martes, que dijeron que “no tiene precedentes”.
Según informó The New York Times, funcionarios de varios países aseguraron que las explosiones de los aparatos buscapersonas se explican porque estos fueron alterados por Israel antes de llegar a Líbano.
Según las mismas fuentes, en cada buscapersonas se habría implantado entre 28 y 57 gramos de material explosivo junto a su batería y un interruptor que podía ser accionado de manera remota.
Una fuente le dijo al The Wall Street Journal que los dispositivos afectados procedían de un envío que Hezbolá había recibido en los últimos días.
Este tipo de ataques en la cadena de suministro son una preocupación creciente en el mundo de la ciberseguridad, dado que recientemente se han producido muchos incidentes de alto nivel provocados por hackers que logran acceder a ciertos productos mientras están en fase de desarrollo.
Pero estos ataques se limitan normalmente al software. Los ataques a la cadena de suministro de hardware son mucho menos frecuentes, ya que implican acceder directamente al dispositivo.
En palabras del experto de seguridad Dmitri Alperovitch, el de este martes se trata de “quizás uno de los ataques a la cadena de suministro físico más extensos de la historia”.
De momento, nadie se ha atribuido la autoría de las explosiones, pero el primer ministro libanés y Hezbolá responsabilizaron a Israel.
Los funcionarios al tanto de la operación citados por The New York Times también dijeron que Israel estuvo detrás de lo ocurrido.
El primer ministro libanés, Najib Mikati, afirmó que las explosiones representan una “grave violación de la soberanía libanesa y un crimen bajo todos los estándares”.
Hezbolá, por su parte, señaló en su comunicado a Israel de ser “plenamente responsable de esta agresión criminal que, además, tuvo como objetivo a civiles”.
“Este enemigo traicionero y criminal recibirá sin duda su justo castigo por esta agresión pecaminosa, lo espere o no”, añadió.
Las autoridades israelíes no han respondido a las acusaciones, pero analistas independientes coinciden en que parece probable que esté detrás del ataque.
El profesor Simon Mabon, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Lancaster, explicó a la BBC: “Sabemos que Israel tiene precedentes en el uso de tecnología para rastrear a sus objetivos”, pero calificó la magnitud de este ataque como “sin precedentes”.
Lina Khatib, de la organización británica Chatham House, afirmó que el ataque sugiere que Israel se ha infiltrado “profundamente” en la “red de comunicaciones” de Hezbolá.
El ataque es extraordinario no solo porque infiltrarse en la cadena de suministro de un hardware es inusual.
“Hezbolá se enorgullece de sus estrictas medidas de seguridad, perfeccionadas a lo largo de décadas de enfrentamientos directos con Israel”, explica Emily Harding, exanalista de la CIA, quien añade que una falla de seguridad de esta magnitud resulta muy vergonzosa para el grupo armado.
“No sólo es físicamente dañina, sino que también les hará cuestionarse todo su aparato de seguridad”, dijo a la BBC.
“Yo esperaría que lleven a cabo una intensa investigación interna”, agregó Harding.
Hezbolá depende en gran medida de los aparatos buscapersonas para sus comunicaciones.
Hace tiempo que abandonaron los teléfonos móviles por ser demasiado vulnerables, como demostró el asesinato por parte de Israel del fabricante de bombas de Hamás Yahya Ayyash en 1996.
Pero un miembro de Hezbolá le dijo a la agencia de noticias AP que los buscapersonas que explotaron eran de una marca nueva que el grupo no había utilizado antes.
Hezbolá es aliado de Irán, archienemigo de Israel en la región. El grupo forma parte del Eje de Resistencia de Teherán y lleva meses librando una guerra de bajo nivel con Israel, intercambiando a menudo cohetes y misiles a través de la frontera norte israelí. Comunidades enteras han sido desplazadas en ambos lados.
Las explosiones de este martes se produjeron pocas horas después de que el gabinete de seguridad de Israel declarara como objetivo de guerra oficial el regreso seguro de los residentes del norte del país a sus hogares.
El primer ministro Benjamin Netanyahu le dijo a un funcionario estadounidense que Israel “haría lo necesario para garantizar la seguridad” del país.
Este mismo martes, Israel había anunciado que un ataque mató a tres miembros de Hezbolá cerca de la frontera y Hezbolá también dijo que llevó a cabo ataques con drones y misiles contra tropas israelíes.
En total, 589 personas han muerto en Líbano desde octubre pasado, según el ministerio de Salud de ese país. Del lado israelí, han muerto 46 personas según información del gobierno.
A pesar de las continuas tensiones, los observadores afirman que hasta ahora ambas partes han intentado contener las hostilidades sin cruzar la línea hacia una guerra a gran escala. Pero se teme que la situación se salga de control, pues Hezbolá ya amenazó con responder a las explosiones de los aparatos buscapersonas.
Una vocera de la ONU calificó los acontecimientos de este martes como “extremadamente preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta que se producen en un contexto extremadamente volátil”.
Nicholas Blanford, miembro del centro de estudios estadounidense Atlantic Council, advirtió que los dirigentes de Hezbolá se enfrentan ahora “a una presión extrema de sus filas y simpatizantes para tomar fuertes represalias”, y describió este como “el momento más peligroso” del conflicto Hezbolá-Israel desde octubre.
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