¿Desaparecerá la voz de las personas privadas de la libertad?
Uno de los enfoques más humanos para abordar temas penales es el que se centra en las víctimas. Esta visión no debe opacar otras experiencias, como las de las personas procesadas y sentenciadas que están cumpliendo sanciones. En términos de datos e información sobre esta población, son pocas las fuentes gubernamentales que se centran en la perspectiva de las personas privadas de la libertad.
En este contexto, la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria Privada de Libertad (Enpol), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es la única levantada por la autoridad centrada en la opinión y experiencia de las personas procesadas y sentenciadas que están en reclusión.
A pesar de su relevancia para el estudio integral del sistema de justicia penal, no hay certeza de futuros levantamientos de esta encuesta. Desafortunadamente, solo existen dos ediciones de la Enpol: 2016 y 2021, y no hay información de cuándo será la próxima, porque su periodicidad es indeterminada. De hecho, la edición de 2021 es casi un milagro, pues se había anunciado su suspensión en 2019 debido a los recortes presupuestales del Inegi.
¿De qué trata la Enpol?
La Enpol incluye preguntas relacionadas a la experiencia del usuario desde el momento de la detención, hasta las condiciones de internamiento en prisiones, e incluso respecto a sus expectativas después de salir. Es decir, nos revela información sobre policías, ministerios públicos, defensores, jueces y personal penitenciario, desde el punto de vista de las personas justiciables en materia penal.
Así, por ejemplo, la Enpol recaba datos sobre la escolaridad de las personas recluidas y razones por las que abandonaron sus estudios; si padecen de enfermedades y si son atendidas en prisión, si las personas han considerado el suicidio mientras cumplen con su pena y si tienen alguna adicción, entre otros aspectos. También contempla preguntas dirigidas a grupos específicos. Por ejemplo, se les pregunta a las mujeres sobre las condiciones de embarazo y la crianza en reclusión, y si las personas hablan alguna lengua de pueblos originarios.
La Enpol surge para dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Su propósito ha sido “generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.” En otras palabras, permite conocer a grandes rasgos el pasado, presente y expectativas del futuro de las personas privadas de la libertad en México. Lo anterior con perspectiva de género y de derechos humanos.
Las preguntas que revelan la verdad de la vida en prisión
Si bien existen otras herramientas estadísticas que generan datos en materia penal, hay temas que son exclusivos de la Enpol. Por ejemplo, ¿cuál es la etapa del proceso penal que concentra más actos de corrupción? ¿La detención se realizó con algún tipo de violencia? ¿Qué porcentaje de la población penitenciaria no está sentenciada? ¿A qué tipo de defensa tuvieron acceso las personas sentenciadas y procesadas?
Hablemos de lo que perderíamos si se deja de levantar la Enpol. Ninguna otra encuesta en México nos dice que 67 % de las mujeres en prisión son madres, o que más de 60 % de las personas privadas de la libertad tienen apenas educación básica. Tampoco, que más de la mitad tenía un ingreso mensual previo a la sentencia de 5,500 pesos.
Ninguna otra fuente explora las experiencias de poblaciones vulnerables (comunidad LGBTI+, personas indígenas, personas con discapacidad), los antecedentes sociodemográficos y jurídicos de la persona, ni las condiciones de maternidad en prisión. Estos datos no sólo son estadísticas: son la base para construir políticas públicas que respondan a un diagnóstico real del sistema penal en su conjunto.
Asimismo, esos datos tienen el potencial de ser insumos para investigaciones en diferentes campos. Desde el ámbito del desarrollo económico, podrían ser el primer acercamiento para analizar el impacto de la prisión en las dinámicas familiares, y entender cómo la exclusión económica y social influye en la reincidencia. Concretamente, la Enpol incluye preguntas como: “¿Tiene dependientes económicos?” y “¿Con quién viven sus hijos ahora?”.
La urgencia de diseñar políticas públicas para las personas encarceladas
En materia de derechos humanos, la encuesta proporciona insumos clave para identificar abusos de autoridad y tortura, ya que a las personas recluidas se les pregunta: “¿Cuándo lo arrestaron, la autoridad aplicó fuerza física para someterlo?”, “¿Fue presionado a dar información durante el interrogatorio?”, “¿La autoridad permitió o realizó alguna agresión física durante su estancia en el Ministerio Público?”, entre muchos otros detalles que nos dan un panorama de las condiciones que viven las personas encarceladas y del comportamiento de los operadores del sistema de justicia penal en México.
Finalmente, en términos de justicia, ayuda a medir el impacto de la reforma del sistema de justicia penal porque es posible comparar las experiencias de las personas sentenciadas en el viejo y nuevo sistema, ya que un reactivo recupera el año de detención y año de sentencia. En este sentido, podemos contrastar el acceso a defensorías, la calidad de audiencias y los tipos de resolución judicial implementados en ambos sistemas.
Por todo lo anterior, esperemos que Inegi anuncie pronto la próxima edición de la Encuesta, pues la calidad y cantidad de los datos sobre un tema reflejan el interés social y de las autoridades. Además, un levantamiento en lo inmediato sería pertinente para dar guía al diseño de políticas públicas en materia de justicia penal del gobierno entrante.
* Valeria Campuzano es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
El Vaticano había ordenado en 2023 una investigación y en 2024 ya había apartado al fundador de una comunidad que llegó a tener miles de miembros.
El papa Francisco disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana, la comunidad religiosa católica con sede en Perú investigada durante años por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos por parte de su fundador y otros responsables.
Un comunicado de la Asamblea del Sodalicio confirmó una noticia que se había filtrado días antes en el portal especializado en información eclesiástica Infovaticana.
El comunicado del Sodalicio no da detalles de una decisión sobre la que el Vaticano no ha hecho aún ningún anuncio oficial. No es habitual que el Papa disuelva una comunidad religiosa católica aunque esté envuelta en un escándalo.
El Sodalicio, formado por laicos y sacerdotes católicos, fue fundado en Perú por Luis Fernando Figari en 1971 y llegó a contar con unos 20.000 miembros en América Latina y Estados Unidos.
Reconocido oficialmente como comunidad religiosa por el papa Juan Pablo II en 1997, el grupo ha sido objeto de varias investigaciones por parte de la fiscalía peruana y el Vaticano en la última década.
Un informe encargado por la sociedad publicado en 2017 concluyó que Figari y otros exmiembros de alto rango habían abusado de al menos 19 menores y 10 adultos.
Cómo se ha llegado hasta aquí
En 2023, tras años de denuncias, el papa Francisco envió a Perú al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, con la misión de investigar los numerosos abusos presuntamente cometidos en el seno del Sodalicio.
En 2024, la Santa Sede expulsó del grupo a Figari, que negó haber cometido delito alguno.
La periodista Pao Ugaz, coautora del libro “Mitad monjes, mitad soldados” sobre los escándalos de la sociedad, le dijo a BBC Mundo cuando se conoció la expulsión de Figari que se trataba de “una decisión valiente” que “anuncia el principio del fin de una organización que hasta ahora había gozado de impunidad”.
La decisión final sobre una sociedad ampliamente percibida como ejemplo de abuso e impunidad era esperada desde hacía meses por sus críticos.
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