¿En manos de quién está la paz y la seguridad en México?
El 25 de julio de 2024, un conflicto armado soterrado, de intensidad media y cuya administración pendía de alfileres, se abrió de capa ante la ciudadanía para mostrar su beligerancia. Presenciamos así la extinción del Cártel de Sinaloa como lo conocimos hasta entonces: una organización criminal altamente cohesionada y caracterizada por su perfil “empresarial”.
El engaño de Joaquín Guzmán López al capo Ismael “El Mayo” Zambada para subirlo a un avión y entregarse ambos a las autoridades norteamericanas en El Paso, Texas, marcó la declaración de guerra total entre las dos principales facciones de uno de los cárteles dominantes a nivel nacional.
El baño de plomo de este conflicto inició en las postrimerías de la administración de López Obrador y ha ocupado la atención del gobierno de Claudia Sheinbaum. Un conflicto transexenal que amenaza con incendiar vastas regiones del país y que, de acuerdo con el reporte diario de homicidios, en los primeros 42 días del gobierno generó 222 asesinatos en el epicentro del conflicto, Sinaloa. Para dimensionar la escala del enfrentamiento, en el mismo periodo, entidades caracterizadas por las disputas entre grupos criminales reportaron menos víctimas: Sonora reportó 111; Guerrero, 163; y Chiapas, 96.
La preocupación por Sinaloa es tal que, ocho días después de iniciado el nuevo gobierno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado por el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa, visitaron la entidad. Nada cambió, pero, al menos, cuidó el flanco de la opinión pública con su presencia.
México, la piñata política de Estados Unidos
Además de su trascendencia social, este conflicto es relevante porque dejó ver que la autoridad mexicana puede ser borrada con una facilidad aterradora por el Gobierno de Estados Unidos y por una organización criminal como el Cártel de Sinaloa. Expuso que la agenda de seguridad de las agencias norteamericanas no está alineada con la de México: ellos van por capos, no por el cese de la violencia en nuestro territorio. Para ellos, es irrelevante si una detención incendia el país. Tanto Biden como Trump mostraron que México es y será la piñata política para complacer a su electorado en temas de seguridad.
El comportamiento del gobierno estadounidense es normal y entendible. Gracias a la asimetría de poder con México y nuestra dependencia económica, tiene los medios y los incentivos. Pero sorprende que el gobierno mexicano, consciente de esa asimetría y de la tensión por el ingreso de fentanilo a los Estados Unidos, no haya implementado acción alguna para atemperar los motivos para intervenir en la agenda de seguridad mexicana.
No hubo inteligencia por parte del gobierno mexicano para conocer las negociaciones entre la facción de “Los Chapitos” y las autoridades norteamericanas. Ni siquiera a través del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se le señaló de haber participado en la operación —por acción u omisión— para la detención de “El Mayo”. Las instancias para la política bilateral no mediaron decisión alguna entre las agencias de seguridad de ambos países.
Los programas sociales no combaten al crimen
Las facciones criminales en disputa también son conscientes de las limitadísimas capacidades del gobierno mexicano para mediar o hacer valer el Estado de derecho. El 24 de octubre de 2024, en Culiacán, Sinaloa, la facción de “Los Chapitos” colocó en un cruce peatonal una “narcomanta”. Contenía tres afirmaciones: 1) el Ejército mexicano trabaja para la facción de “Los Chapitos” por sus amplios recursos económicos; 2) la detención de “El Max” —operador de la facción de “La Mayiza”— y la aniquilación de 19 sicarios por parte del Ejército, fue posible porque la otra facción “le puso el dedo”; y 3) “Así como entregamos a tu papá, te vamos a entregar a ti con USA”. Una amenaza al hijo y líder actual de la facción de “El Mayo”, Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito flaco”.
La tercera afirmación es lapidaria con el Gobierno federal. Da cuenta de que las organizaciones criminales ven a la autoridad en los Estados Unidos, no en Claudia Sheinbaum. Al parecer, Donald Trump no tendrá que enviar tropas a México: “La Chapiza” amenaza con actuar como la policía norteamericana que opera en México.
La falta de capacidad del gobierno mexicano para estar al tanto de la detención y actuar con inteligencia para contener a los generadores de violencia que detonarían el conflicto armado en Sinaloa y otras entidades federativas, es clara consecuencia del desmantelamiento de las instituciones de seguridad e inteligencia durante la administración de López Obrador. La lección es que los programas sociales no crean eficacia, ni inteligencia, ni capacidades policiales. Voltear la mirada de los problemas, mucho menos.
Las nefastas consecuencias de “las otras prioridades”
El gobierno de Sheinbaum, aunque escurridizo ante la opinión pública para tomar con seriedad el tema la violencia en el país, ha puesto sobre la mesa una agenda para construir instituciones, capacidades, inteligencia y botones para poder reaccionar ante los desafíos de los grupos del crimen organizado. Muy bien. No será rápido, ni sencillo. Primero debe pagar las facturas que AMLO le heredó como consecuencia de las “otras prioridades” en las que concentró su gobierno, a saber: las transferencias monetarias no condicionadas como política de atención a las causas de la violencia, generar “austeridad y ahorros” sacrificando los recursos de los municipios para temas de seguridad y deteriorar las capacidades policiales en favor de la militarización de la seguridad pública.
Fracasar en establecer límites a los grupos del crimen mediante la inteligencia y la fuerza del Estado, implicaría degradar aún más el orden público. Las consecuencias se observan en el control territorial de las organizaciones y en la descomposición social en entidades como Guerrero y Chiapas. Hoy la paz y la seguridad en México no está en las manos del Gobierno. Está en manos de las autoridades norteamericanas, léase Trump.
*Yair Mendoza (@yair_mendozacg) es maestro en ciencia política, profesor universitario e investigador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa (@mexevalua).
Yoon es investigado por insurrección por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una medida que provocó una grave crisis política en Corea del Sur.
El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue arrestado por las autoridades del país asiático en la mañana de este miércoles luego de varias horas de tensión en los alrededores de su residencia.
Yoon, quien está siendo investigado por insurrección y abuso de poder, es el primer presidente surcoreano en la historia en ser detenido durante su mandato. Su destitución aún debe ser confirmada por la Corte Constitucional surcoreana.
La operación se extendió durante casi seis horas, desde las 4:20 am (hora local) hasta pasadas las 10:00 am.
Los más de mil agentes de policía que llegaron a la residencia presidencial fueron recibidos por multitudes tanto a favor como en contra de Yoon, y tuvieron que superar varias barreras en su camino hacia la puerta de la residencia del mandatario.
El 3 de enero, más de 150 agentes de policía lo intentaron durante horas, pero fueron superados en número: primero por una multitud de seguidores del presidente, y luego por un muro humano de escoltas de seguridad dentro de la propiedad.
Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, después de que declarara la ley marcial en el país y desatara una caótica jornada en Seúl.
Tras una votación de los legisladores, quedó formalmente despojado de sus poderes y a la espera de un juicio.
Sin embargo, Yoon había permanecido hasta este miércoles refugiado en la residencia presidencial, protegido por la guardia presidencial, y se había negado a cooperar con las autoridades, ignorando todas las citaciones para ser interrogado.
El lunes 13 de enero comenzó el juicio de destitución en su contra, pero terminó a los cuatro minutos, porque Yoon no se estaba presente.
Por ello, los fiscales habían expresado que no les quedaba más remedio que detenerlo.
Tras consumarse la detención este miércoles, se hizo pública una declaración grabada en video del destituido presidente, en la que dice que aceptó comparecer ante la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), a pesar de que considera que se está llevando a cabo una “investigación ilegal” en su contra.
En el video dice que lo hace para evitar “cualquier desagradable derramamiento de sangre”.
También, afirma que el Estado de derecho en el país se ha roto, y que ni el organismo que lo investiga, ni el tribunales que dictó la orden de detención, tienen potestad para hacerlo.
Los seguidores de Yoon permanecieron fuera de la residencia presidencial a lo largo de la mañana del miércoles expresando su apoyo al presidente destituido y tratando de evitar su arresto.
Quién es Yoon y por qué lo arrestaron
Yoon, un fiscal estrella convertido en político, llegó al poder tras ganar popularidad entre los votantes conservadores gracias a una plataforma antifeminista y una postura de línea dura respecto a Corea del Norte.
Pero tras llegar a la presidencia en 2022, se vio envuelto en escándalos personales y enfrentó a una oposición cada vez más poderosa.
A medida que se acumulaban sus problemas políticos, Yoon declaró la ley marcial el 3 de diciembre, con lo cual sumió a Corea del Sur, un país con una democracia estable desde hace 40 años, en el caos político.
Su apuesta resultó ser un fracaso, que desembocó en su destitución por parte del Parlamento e investigaciones penales.
Desde su destitución, Yoon ha resistido los intentos arrestarlo, lo que ha sumido al país en una mayor agitación política.
Aunque está suspendido, Yoon permanecerá en el cargo hasta que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirme su destitución.
Cuando Yoon hizo su breve declaración de ley marcial en diciembre, citó amenazas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del Norte para justificar medida.
Pero pronto quedó claro que su decisión no había sido impulsada por amenazas externas, sino por sus propios problemas políticos internos.
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