¿En manos de quién está la paz y la seguridad en México?
El 25 de julio de 2024, un conflicto armado soterrado, de intensidad media y cuya administración pendía de alfileres, se abrió de capa ante la ciudadanía para mostrar su beligerancia. Presenciamos así la extinción del Cártel de Sinaloa como lo conocimos hasta entonces: una organización criminal altamente cohesionada y caracterizada por su perfil “empresarial”.
El engaño de Joaquín Guzmán López al capo Ismael “El Mayo” Zambada para subirlo a un avión y entregarse ambos a las autoridades norteamericanas en El Paso, Texas, marcó la declaración de guerra total entre las dos principales facciones de uno de los cárteles dominantes a nivel nacional.
El baño de plomo de este conflicto inició en las postrimerías de la administración de López Obrador y ha ocupado la atención del gobierno de Claudia Sheinbaum. Un conflicto transexenal que amenaza con incendiar vastas regiones del país y que, de acuerdo con el reporte diario de homicidios, en los primeros 42 días del gobierno generó 222 asesinatos en el epicentro del conflicto, Sinaloa. Para dimensionar la escala del enfrentamiento, en el mismo periodo, entidades caracterizadas por las disputas entre grupos criminales reportaron menos víctimas: Sonora reportó 111; Guerrero, 163; y Chiapas, 96.
La preocupación por Sinaloa es tal que, ocho días después de iniciado el nuevo gobierno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado por el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa, visitaron la entidad. Nada cambió, pero, al menos, cuidó el flanco de la opinión pública con su presencia.
México, la piñata política de Estados Unidos
Además de su trascendencia social, este conflicto es relevante porque dejó ver que la autoridad mexicana puede ser borrada con una facilidad aterradora por el Gobierno de Estados Unidos y por una organización criminal como el Cártel de Sinaloa. Expuso que la agenda de seguridad de las agencias norteamericanas no está alineada con la de México: ellos van por capos, no por el cese de la violencia en nuestro territorio. Para ellos, es irrelevante si una detención incendia el país. Tanto Biden como Trump mostraron que México es y será la piñata política para complacer a su electorado en temas de seguridad.
El comportamiento del gobierno estadounidense es normal y entendible. Gracias a la asimetría de poder con México y nuestra dependencia económica, tiene los medios y los incentivos. Pero sorprende que el gobierno mexicano, consciente de esa asimetría y de la tensión por el ingreso de fentanilo a los Estados Unidos, no haya implementado acción alguna para atemperar los motivos para intervenir en la agenda de seguridad mexicana.
No hubo inteligencia por parte del gobierno mexicano para conocer las negociaciones entre la facción de “Los Chapitos” y las autoridades norteamericanas. Ni siquiera a través del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se le señaló de haber participado en la operación —por acción u omisión— para la detención de “El Mayo”. Las instancias para la política bilateral no mediaron decisión alguna entre las agencias de seguridad de ambos países.
Los programas sociales no combaten al crimen
Las facciones criminales en disputa también son conscientes de las limitadísimas capacidades del gobierno mexicano para mediar o hacer valer el Estado de derecho. El 24 de octubre de 2024, en Culiacán, Sinaloa, la facción de “Los Chapitos” colocó en un cruce peatonal una “narcomanta”. Contenía tres afirmaciones: 1) el Ejército mexicano trabaja para la facción de “Los Chapitos” por sus amplios recursos económicos; 2) la detención de “El Max” —operador de la facción de “La Mayiza”— y la aniquilación de 19 sicarios por parte del Ejército, fue posible porque la otra facción “le puso el dedo”; y 3) “Así como entregamos a tu papá, te vamos a entregar a ti con USA”. Una amenaza al hijo y líder actual de la facción de “El Mayo”, Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito flaco”.
La tercera afirmación es lapidaria con el Gobierno federal. Da cuenta de que las organizaciones criminales ven a la autoridad en los Estados Unidos, no en Claudia Sheinbaum. Al parecer, Donald Trump no tendrá que enviar tropas a México: “La Chapiza” amenaza con actuar como la policía norteamericana que opera en México.
La falta de capacidad del gobierno mexicano para estar al tanto de la detención y actuar con inteligencia para contener a los generadores de violencia que detonarían el conflicto armado en Sinaloa y otras entidades federativas, es clara consecuencia del desmantelamiento de las instituciones de seguridad e inteligencia durante la administración de López Obrador. La lección es que los programas sociales no crean eficacia, ni inteligencia, ni capacidades policiales. Voltear la mirada de los problemas, mucho menos.
Las nefastas consecuencias de “las otras prioridades”
El gobierno de Sheinbaum, aunque escurridizo ante la opinión pública para tomar con seriedad el tema la violencia en el país, ha puesto sobre la mesa una agenda para construir instituciones, capacidades, inteligencia y botones para poder reaccionar ante los desafíos de los grupos del crimen organizado. Muy bien. No será rápido, ni sencillo. Primero debe pagar las facturas que AMLO le heredó como consecuencia de las “otras prioridades” en las que concentró su gobierno, a saber: las transferencias monetarias no condicionadas como política de atención a las causas de la violencia, generar “austeridad y ahorros” sacrificando los recursos de los municipios para temas de seguridad y deteriorar las capacidades policiales en favor de la militarización de la seguridad pública.
Fracasar en establecer límites a los grupos del crimen mediante la inteligencia y la fuerza del Estado, implicaría degradar aún más el orden público. Las consecuencias se observan en el control territorial de las organizaciones y en la descomposición social en entidades como Guerrero y Chiapas. Hoy la paz y la seguridad en México no está en las manos del Gobierno. Está en manos de las autoridades norteamericanas, léase Trump.
*Yair Mendoza (@yair_mendozacg) es maestro en ciencia política, profesor universitario e investigador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa (@mexevalua).
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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